Este martes el ministro para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, denunció ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) los efectos negativos que trae consigo el bloqueo financiero impuesto de manera arbitraria por parte del gobierno de los Estados Unidos (EEUU) contra Venezuela.
Durante su intervención en el Segmento de Alto Nivel del 41° período de sesiones de la Conferencia de la FAO, desde Roma-Italia, el canciller enfatizó que “nuestro país está sometido a un bloqueo, pero a pesar de ello, nuestro compromiso es absoluto, seguimos haciendo grandes esfuerzos en medio de una agresión, y este foro es oportuno para denunciar los ataques y medidas coercitivas que le hacen daño a los pueblos”.
Por otro lado, ratificó el compromiso del gobierno venezolano con el desarrollo y cumplimiento de la Agenda 2030, como parte del Plan de la Patria 2019-2025.
“El compromiso con los Objetivos del Milenio que fueron cumplidos en el ámbito de la alimentación y nutrición antes de 2015 y ahora el desarrollo sostenido con la agenda 20 30 es absoluto”, expresó.
La conferencia tiene por propósito evaluar el estado de la alimentación y la agricultura, reseñó Telesur.
Este martes el ministro para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, denunció ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) los efectos negativos que trae consigo el bloqueo financiero impuesto de manera arbitraria por parte del gobierno de los Estados Unidos (EEUU) contra Venezuela.
Durante su intervención en el Segmento de Alto Nivel del 41° período de sesiones de la Conferencia de la FAO, desde Roma-Italia, el canciller enfatizó que “nuestro país está sometido a un bloqueo, pero a pesar de ello, nuestro compromiso es absoluto, seguimos haciendo grandes esfuerzos en medio de una agresión, y este foro es oportuno para denunciar los ataques y medidas coercitivas que le hacen daño a los pueblos”.
Por otro lado, ratificó el compromiso del gobierno venezolano con el desarrollo y cumplimiento de la Agenda 2030, como parte del Plan de la Patria 2019-2025.
“El compromiso con los Objetivos del Milenio que fueron cumplidos en el ámbito de la alimentación y nutrición antes de 2015 y ahora el desarrollo sostenido con la agenda 20 30 es absoluto”, expresó.
La conferencia tiene por propósito evaluar el estado de la alimentación y la agricultura, reseñó Telesur.
El Banco Central de Nicaragua (BCN) informó la emisión de nuevos billetes de 500 y 1.000 córdobas, la moneda nacional, que comenzarán a circular a partir del 8 julio próximo, en medio de la crisis sociopolítica y económica que vive el país desde abril de 2018.
El presidente del BCN, Ovidio Reyes, afirmó en rueda de prensa que la circulación de los nuevos billetes, impresos en sustrato de polímero, fue aprobada por el Consejo Directivo en octubre de 2017 con el fin de fortalecer la calidad y seguridad de los billetes, tomando en cuenta los avances en tecnologías de impresión.
También para abastecer la demanda del público por billetes de alta denominación y reponer aquellos que se retiran de circulación debido a su deterioro, indicó.
Los nuevos billetes tienen los siguientes atributos: alta durabilidad, lo cual implicará ahorros sustanciales en la emisión de billetes; mayor dificultad de falsificación, ya que incorpora medidas de seguridad de última generación; y amabilidad con el medio ambiente, debido a que una vez destruido, el material de desecho de los billetes será reciclable, explicó.
El funcionario precisó que sus dimensiones son de 156 milímetros de longitud y 67 milímetros de altura, con colores y diseños similares a los de circulación actual.
Con esta nueva emisión, el BCN completa toda la familia de billetes en sustrato de polímero iniciada en 2009, con lo cual Nicaragua será de los primeros países en contar con toda sus denominaciones impresas en sustrato de polímero, destacó Reyes.
Los billetes de 500 y 1.000 córdobas (unos 15 y 30 dólares, respectivamente) actualmente en circulación, impresos en sustrato de papel de algodón, conservarán su valor y continuarán circulando junto a los billetes nuevos, hasta ser retirados de manera gradual, conforme a su deterioro, de acuerdo con la información. (https://hydeparkrecords.com/)
El nuevo billete de 500 córdobas es de color rojo y el diseño destaca la Catedral de León en el anverso y el volcán Momotombo en el reverso, igual que el que ya se encuentra en circulación, con la diferencia que está impreso en sustrato de polímero y con mayores medidas de seguridad.
El billete de 1.000 córdobas es de color verde y el diseño destaca la histórica hacienda San Jacinto en el anverso -donde el general José Dolores Estrada a la cabeza de 180 patriotas derrotó a 300 estadounidenses encabezados por William Walker, que pretendían apoderarse de Centroamérica-, y el castillo de la Inmaculada Concepción en Río San Juan en el reverso.
En la economía nicaragüense circulan siete denominaciones de billetes diferentes: de 10 (0,30 dólares), 20 (0,60 dólares), 50 (1,50 dólares), 100 (3 dólares), 200 (6 dólares), 500 (15 dólares) y 1.000 córdobas (30 dólares).
El producto interno bruto (PIB) de Nicaragua se contrajo un 3,8 % el año pasado, según el Banco Central.
El Gobierno calculaba, antes de la crisis sociopolítica que atraviesa desde el 18 de abril del año pasado, que la economía del país crecería en 2018 entre un 4,5 y un 5 %, con una inflación acumulada que se situaría entre un 5,5 y un 6,5 %.
El Gobierno de Daniel Ortega proyecta un decrecimiento de -1,01 % este año, según datos oficiales, mientras que la no gubernamental Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), un centro de pensamiento independiente, prevé otra contracción de entre el -7,3 % y -10,9 %.
Desde abril de 2018 Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 326 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 595 y el Gobierno reconoce 200.
El Banco Central de Nicaragua (BCN) informó la emisión de nuevos billetes de 500 y 1.000 córdobas, la moneda nacional, que comenzarán a circular a partir del 8 julio próximo, en medio de la crisis sociopolítica y económica que vive el país desde abril de 2018.
El presidente del BCN, Ovidio Reyes, afirmó en rueda de prensa que la circulación de los nuevos billetes, impresos en sustrato de polímero, fue aprobada por el Consejo Directivo en octubre de 2017 con el fin de fortalecer la calidad y seguridad de los billetes, tomando en cuenta los avances en tecnologías de impresión.
También para abastecer la demanda del público por billetes de alta denominación y reponer aquellos que se retiran de circulación debido a su deterioro, indicó.
Los nuevos billetes tienen los siguientes atributos: alta durabilidad, lo cual implicará ahorros sustanciales en la emisión de billetes; mayor dificultad de falsificación, ya que incorpora medidas de seguridad de última generación; y amabilidad con el medio ambiente, debido a que una vez destruido, el material de desecho de los billetes será reciclable, explicó.
El funcionario precisó que sus dimensiones son de 156 milímetros de longitud y 67 milímetros de altura, con colores y diseños similares a los de circulación actual.
Con esta nueva emisión, el BCN completa toda la familia de billetes en sustrato de polímero iniciada en 2009, con lo cual Nicaragua será de los primeros países en contar con toda sus denominaciones impresas en sustrato de polímero, destacó Reyes.
Los billetes de 500 y 1.000 córdobas (unos 15 y 30 dólares, respectivamente) actualmente en circulación, impresos en sustrato de papel de algodón, conservarán su valor y continuarán circulando junto a los billetes nuevos, hasta ser retirados de manera gradual, conforme a su deterioro, de acuerdo con la información. (https://hydeparkrecords.com/)
El nuevo billete de 500 córdobas es de color rojo y el diseño destaca la Catedral de León en el anverso y el volcán Momotombo en el reverso, igual que el que ya se encuentra en circulación, con la diferencia que está impreso en sustrato de polímero y con mayores medidas de seguridad.
El billete de 1.000 córdobas es de color verde y el diseño destaca la histórica hacienda San Jacinto en el anverso -donde el general José Dolores Estrada a la cabeza de 180 patriotas derrotó a 300 estadounidenses encabezados por William Walker, que pretendían apoderarse de Centroamérica-, y el castillo de la Inmaculada Concepción en Río San Juan en el reverso.
En la economía nicaragüense circulan siete denominaciones de billetes diferentes: de 10 (0,30 dólares), 20 (0,60 dólares), 50 (1,50 dólares), 100 (3 dólares), 200 (6 dólares), 500 (15 dólares) y 1.000 córdobas (30 dólares).
El producto interno bruto (PIB) de Nicaragua se contrajo un 3,8 % el año pasado, según el Banco Central.
El Gobierno calculaba, antes de la crisis sociopolítica que atraviesa desde el 18 de abril del año pasado, que la economía del país crecería en 2018 entre un 4,5 y un 5 %, con una inflación acumulada que se situaría entre un 5,5 y un 6,5 %.
El Gobierno de Daniel Ortega proyecta un decrecimiento de -1,01 % este año, según datos oficiales, mientras que la no gubernamental Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), un centro de pensamiento independiente, prevé otra contracción de entre el -7,3 % y -10,9 %.
Desde abril de 2018 Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 326 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 595 y el Gobierno reconoce 200.
El Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) confirmó que está en «fase avanzada» el procedimiento estipulado en las leyes nacionales para cancelar el certificado de operador aéreo de la aerolínea Pawa Dominicana, suspendida por incumplimiento de pagos.
Una información suministrada por el organismo corroboró lo expresado por su director general, Alejandro Herrera, en el sentido de que la ley dominicana sobre aviación civil tiene la potestad de modificar, suspender o cancelar el certificado de un operador aéreo que no cumpla con los requisitos que esa ley estipula, «como es el caso» de la aerolínea Pawa Dominicana.
El IDAC recordó que Pawa fue suspendida por presunto incumplimiento de pago de las tasas y servicios aeronáuticos y aeroportuarios, y a la fecha no ha presentado un informe correctivo de sus fallas, por lo que, en los próximos días, se le hará llegar a sus representantes la notificación de cancelación definitiva de su licencia.
Herrera declaró recientemente, que en el caso de Pawa ya no hay negociación y que todo está en manos de la Justicia, y en ese aspecto las autoridades judiciales están dando sus pasos.
El fecha 26 de enero de 2018 el IDAC suspendió las operaciones de esa aerolínea, medida que también fue acogida por la Junta de Aviación Civil (JAC) y Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), empresa que administra varias terminales en el país, incluyendo el de Las Américas, que sirve a Santo Domingo.
Pawa Dominicana operó en sus inicios vuelos hacia San Martín, Aruba y Curazao saliendo desde el Aeropuerto Internacional de Las Américas, y luego incorporó otras rutas como Miami (EE.UU.), La Habana y San Juan, Puerto Rico.
IDAC aseguró que el mal manejo económico de Pawa y el incumplimiento de sus obligaciones como operador aéreo provocó que las autoridades aeronáuticas del país suspendieran sus actividades comerciales.
En abril de 2018 la Procuraduría General de la República remitió a la Fiscalía de la provincia Santo Domingo la denuncia del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) y la Junta de Aviación Civil (JAC) contra Pawa.
En la instancia estas entidades establecen que el dinero que dicha línea aérea le cobraba a los pasajeros y que debió de entregar al Estado a través de los pagos de las tasas aeronáutica y aeroportuaria, presuntamente eran desviados a otro destino.
Los denunciantes aseguran que además de sus instituciones resultaron afectadas con el incumplimiento de dichos pagos otros organismos como la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Seguridad Social, Aerodom, así como el Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil, entre otros
Los aviones que utilizaba la aerolínea se encuentran en la terminal de Las Américas desde que sus operaciones fueron suspendidas.
Pawa Dominicana formaba parte del Grupo Cóndor, un conglomerado venezolano de transporte aéreo que ioncluía a las también desaparecidas Aserca y SBA Airlines, cuyo accionista mayoritario era el empresario Simeón García, quien está solicitado por las autoridades dominicanas.
Ante la crisis del sector aeronáutico nacional, García toma la decisión, después de años de lucha con los requisitos regulatorios, abrir una línea aérea que interconectara a todos los destinos del Caribe, tanto angloparlante como las antillas mayores, con Santo Domingo como Hub.
La siguiente etapa era entrar en el mercado estadounidense con Miami de cabeza de puente y expandirse a Suramérica por Cartagena de Indias, en Colombia, porque el mercado venezolano era -y no hab ía sanciones estadounidenses- un mercado de alto riesgo.
Aparentemente, la debacle vino por una situación de insolvencia que afectó a todas las operaciones y comenzó en Venezuela, cuando se recortaron las operaciones de SBA -antes Santa Bárbara Airlines- que solo tenía vuelos a Panamá y Miami. A partir de ahí, la operación de Pawa, muy exigente desde el punto de vista financiero, se hizo insostenible y después de la catástrofe dominicana, Aserca, que en un momento fue líder del mercado venezolano, quedó limitadas a unas nada rentables rutas locales y también suspendió sus operaciones, también por insolvencia.
El Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) confirmó que está en «fase avanzada» el procedimiento estipulado en las leyes nacionales para cancelar el certificado de operador aéreo de la aerolínea Pawa Dominicana, suspendida por incumplimiento de pagos.
Una información suministrada por el organismo corroboró lo expresado por su director general, Alejandro Herrera, en el sentido de que la ley dominicana sobre aviación civil tiene la potestad de modificar, suspender o cancelar el certificado de un operador aéreo que no cumpla con los requisitos que esa ley estipula, «como es el caso» de la aerolínea Pawa Dominicana.
El IDAC recordó que Pawa fue suspendida por presunto incumplimiento de pago de las tasas y servicios aeronáuticos y aeroportuarios, y a la fecha no ha presentado un informe correctivo de sus fallas, por lo que, en los próximos días, se le hará llegar a sus representantes la notificación de cancelación definitiva de su licencia.
Herrera declaró recientemente, que en el caso de Pawa ya no hay negociación y que todo está en manos de la Justicia, y en ese aspecto las autoridades judiciales están dando sus pasos.
El fecha 26 de enero de 2018 el IDAC suspendió las operaciones de esa aerolínea, medida que también fue acogida por la Junta de Aviación Civil (JAC) y Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), empresa que administra varias terminales en el país, incluyendo el de Las Américas, que sirve a Santo Domingo.
Pawa Dominicana operó en sus inicios vuelos hacia San Martín, Aruba y Curazao saliendo desde el Aeropuerto Internacional de Las Américas, y luego incorporó otras rutas como Miami (EE.UU.), La Habana y San Juan, Puerto Rico.
IDAC aseguró que el mal manejo económico de Pawa y el incumplimiento de sus obligaciones como operador aéreo provocó que las autoridades aeronáuticas del país suspendieran sus actividades comerciales.
En abril de 2018 la Procuraduría General de la República remitió a la Fiscalía de la provincia Santo Domingo la denuncia del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) y la Junta de Aviación Civil (JAC) contra Pawa.
En la instancia estas entidades establecen que el dinero que dicha línea aérea le cobraba a los pasajeros y que debió de entregar al Estado a través de los pagos de las tasas aeronáutica y aeroportuaria, presuntamente eran desviados a otro destino.
Los denunciantes aseguran que además de sus instituciones resultaron afectadas con el incumplimiento de dichos pagos otros organismos como la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Seguridad Social, Aerodom, así como el Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil, entre otros
Los aviones que utilizaba la aerolínea se encuentran en la terminal de Las Américas desde que sus operaciones fueron suspendidas.
Pawa Dominicana formaba parte del Grupo Cóndor, un conglomerado venezolano de transporte aéreo que ioncluía a las también desaparecidas Aserca y SBA Airlines, cuyo accionista mayoritario era el empresario Simeón García, quien está solicitado por las autoridades dominicanas.
Ante la crisis del sector aeronáutico nacional, García toma la decisión, después de años de lucha con los requisitos regulatorios, abrir una línea aérea que interconectara a todos los destinos del Caribe, tanto angloparlante como las antillas mayores, con Santo Domingo como Hub.
La siguiente etapa era entrar en el mercado estadounidense con Miami de cabeza de puente y expandirse a Suramérica por Cartagena de Indias, en Colombia, porque el mercado venezolano era -y no hab ía sanciones estadounidenses- un mercado de alto riesgo.
Aparentemente, la debacle vino por una situación de insolvencia que afectó a todas las operaciones y comenzó en Venezuela, cuando se recortaron las operaciones de SBA -antes Santa Bárbara Airlines- que solo tenía vuelos a Panamá y Miami. A partir de ahí, la operación de Pawa, muy exigente desde el punto de vista financiero, se hizo insostenible y después de la catástrofe dominicana, Aserca, que en un momento fue líder del mercado venezolano, quedó limitadas a unas nada rentables rutas locales y también suspendió sus operaciones, también por insolvencia.
El economista Francisco Rodríguez reiteró su propuesta de un programa de petróleo por alimentos para Venezuela, con el objetivo de mitigar los efectos negativos que las sanciones pueden tener sobre la economía.
“Si bien la responsabilidad principal de la crisis recae en las políticas de Chávez y Maduro, que despilfarraron el mayor boom petrolero de la historia venezolana, nuestra investigación indica que las sanciones económicas tienen efectos sobre los sectores más vulnerables y que tenemos que pensar en cómo atenderlos”, sostuvo.
El economista jefe de Torino Economics presentó los resultados del estudio Sanciones y la economía venezolana: lo que dicen los datos, el cual presenta un análisis exhaustivo de las consecuencia e implicaciones de las sanciones económicas impuestas por el gobierno de Estados Unidos sobre el régimen de Nicolás Maduro.
“Aunque las sanciones buscan propiciar una salida democrática a la crisis venezolana, se corre el riesgo de que terminen contribuyendo a exacerbar la crisis humanitaria”, afirmó el economista.
Rodríguez explicó que, al hablar de sanciones, hay que distinguir entre tres modalidades: sanciones personales, que buscan castigar a los culpables de corrupción y violaciones de derechos humanos; sanciones financieras, que limitan el endeudamiento de la nación y la industria petrolera; y sanciones petroleras, que restringen la venta de petróleo venezolano a Estados Unidos.
El estudio publicado por Torino Economics analiza el impacto de los distintos tipos de sanciones económicas. Utilizando una base de datos de 37 economías petroleras, que representan el 95% de la producción petrolera del mundo, la investigación abordó los efectos que las sanciones financieras y petroleras han tenido sobre la economía venezolana.
“Los resultados del estudio indican que las sanciones han afectado negativamente a la producción petrolera de Venezuela”, indicó Rodríguez. “Si bien se puede discutir técnicamente la magnitud del efecto, es indudable que las sanciones han llevado a una merma de los ingresos petroleros”.
Sin embargo, el economista resaltó que las sanciones fueron un elemento secundario en la configuración de la crisis económica venezolana, la cual se debe fundamentalmente a las malas políticas económicas de las últimas dos décadas.
Rodríguez sugirió ir más allá de la discusión sobre el levantamiento de las sanciones. “En lo que tenemos que estar pensando es en cómo mitigamos el efecto que pueden tener las sanciones sobre los sectores más vulnerables,” dijo, al reiterar que los compromisos de ayuda humanitaria obtenidos son insuficientes para lidiar con la magnitud de la emergencia.
El economista recomendó seguir el ejemplo del programa de petróleo por alimentos de Irak entre 1996 y 2003, que permitió al país vender petróleo solo para utilizar los ingresos para la compra de bienes esenciales. “La comunidad internacional no retiró las sanciones al régimen de Saddam Hussein”, afirma Rodríguez. “Lo que hizo fue crear el programa de petróleo por alimentos que permitió proteger a las familias iraquíes de los efectos de estas sanciones”.
El economista Francisco Rodríguez reiteró su propuesta de un programa de petróleo por alimentos para Venezuela, con el objetivo de mitigar los efectos negativos que las sanciones pueden tener sobre la economía.
“Si bien la responsabilidad principal de la crisis recae en las políticas de Chávez y Maduro, que despilfarraron el mayor boom petrolero de la historia venezolana, nuestra investigación indica que las sanciones económicas tienen efectos sobre los sectores más vulnerables y que tenemos que pensar en cómo atenderlos”, sostuvo.
El economista jefe de Torino Economics presentó los resultados del estudio Sanciones y la economía venezolana: lo que dicen los datos, el cual presenta un análisis exhaustivo de las consecuencia e implicaciones de las sanciones económicas impuestas por el gobierno de Estados Unidos sobre el régimen de Nicolás Maduro.
“Aunque las sanciones buscan propiciar una salida democrática a la crisis venezolana, se corre el riesgo de que terminen contribuyendo a exacerbar la crisis humanitaria”, afirmó el economista.
Rodríguez explicó que, al hablar de sanciones, hay que distinguir entre tres modalidades: sanciones personales, que buscan castigar a los culpables de corrupción y violaciones de derechos humanos; sanciones financieras, que limitan el endeudamiento de la nación y la industria petrolera; y sanciones petroleras, que restringen la venta de petróleo venezolano a Estados Unidos.
El estudio publicado por Torino Economics analiza el impacto de los distintos tipos de sanciones económicas. Utilizando una base de datos de 37 economías petroleras, que representan el 95% de la producción petrolera del mundo, la investigación abordó los efectos que las sanciones financieras y petroleras han tenido sobre la economía venezolana.
“Los resultados del estudio indican que las sanciones han afectado negativamente a la producción petrolera de Venezuela”, indicó Rodríguez. “Si bien se puede discutir técnicamente la magnitud del efecto, es indudable que las sanciones han llevado a una merma de los ingresos petroleros”.
Sin embargo, el economista resaltó que las sanciones fueron un elemento secundario en la configuración de la crisis económica venezolana, la cual se debe fundamentalmente a las malas políticas económicas de las últimas dos décadas.
Rodríguez sugirió ir más allá de la discusión sobre el levantamiento de las sanciones. “En lo que tenemos que estar pensando es en cómo mitigamos el efecto que pueden tener las sanciones sobre los sectores más vulnerables,” dijo, al reiterar que los compromisos de ayuda humanitaria obtenidos son insuficientes para lidiar con la magnitud de la emergencia.
El economista recomendó seguir el ejemplo del programa de petróleo por alimentos de Irak entre 1996 y 2003, que permitió al país vender petróleo solo para utilizar los ingresos para la compra de bienes esenciales. “La comunidad internacional no retiró las sanciones al régimen de Saddam Hussein”, afirma Rodríguez. “Lo que hizo fue crear el programa de petróleo por alimentos que permitió proteger a las familias iraquíes de los efectos de estas sanciones”.
Facebook, a la cabeza de un grupo de más de 100 corporaciones financieras y tecnológicas multinacionales, anunció el lanzamiento de su moneda diigital Libra, y su cartera digital Calibra, que estará disponible en 2020.
Por supuesto, el anunció ha generado un amplio debate. Algunos sostienen que se trata del anuncio de una histórica revolución de los sistemas de pago a escala global, que terminará con la completa desmaterialización del dinero y el establecimiento de un nuevo sistema financiero global descentralizado e incluyente.
Para otros, hay amenazas. La llegada de Libra supone amenazas para la seguridad de las transacciones, se teme por la trazabilidad de las operaciones, el manejo de datos, la protección de la privacidad y los riesgos financieros implícitos.
El Banco de Pagos Internacionales de Basilea hizo este domingo 23 de junio advertencias muy claras sobre los riesgos de concentración de mercados y vulnerabilidades de seguridad. Hay que recordar los conflictos que ha enfrentado Facebook por las debilidades que ha mostrado su sistema de protección de datos. (https://fishingcharterskauai.com/)
Sin embargo, lo importante es conocer qué es Libra y cómo se espera que funcione, de acuerdo con el portal especializado en tecnología, Xataca.com
– Libra es una moneda digital basada en Blockchain que estará apoyada por más de 100 grandes compañías financieras, entre ellas MasterCard, Visa o Paypal, y es la base, la moneda digital en la que se basarán el resto de servicios de pagos.
– Calibra será una cartera digital que permitirá almacenar y utilizar la nueva moneda digital Libra, una plataforma de pagos para Facebook, Messenger y WhatsApp que existirá como aplicación independiente en iOS y Android. Es una cartera conectada para todo el mundo y multiplataforma que permitirá enviar dinero rápidamente y estará basada en la nueva moneda digital Libra.
– La Asociación Libra es una organización independiente sin fines de lucro cuya sede estará en Suiza. Entre los 28 miembros fundadores se encuentran compañías de pagos como Mastercard, Visa o Paypel, empresas de tecnología como eBay, Lyft, Uber, Spotify, o la propia Facebook Calibra y compañías especializadas en Blockchain, como Anchorage o Coinbase.
– Libra (≋) es una moneda de código abierto basada en Blockchain, al igual que otras criptomonedas como Bitcoin.
– Calibra funcionará como una plataforma de pagos de Facebook. El sistema de pagos donde se podrá almacenar, enviar y a través del cual podremos pagar con la moneda Libra. Se ha formalizado también como una empresa subsidiaria de Facebook que actuará de forma independiente. La compañía ya ha activado un enlace para registrarse.
– La plataforma de pagos de Calibra estará disponible como aplicación independiente en Google Play y la App Store, además se podrá utilizar directamente en las aplicaciones de WhatsApp y Messenger. Es decir, Calibra será la encargada de permitir poder enviar dinero a través de las aplicaciones de Facebook.
– La Libra será una moneda convertible en monedas locales. Al hacer estas conversiones, la aplicación de Calibra mostrará la tasa de cambio para saber exactamente cuánto dinero se obtendrá. El uso de Calibra no estará exento de comisiones.
– Cuando Calibra esté disponible, se necesitará presentar un documento de identificación oficial para registrarte en la cuenta. Esto es debido a que al ser una moneda legal, se quiere evitar fraudes y comprobar la identidad real de las personas.
– Facebook explica que «la actividad de cada transacción en Calibra será privada y jamás se hará pública». El enfoque de privacidad de los datos de los consumidores es uno de los aspectos que ha sido más detallado.
– Salvo en casos limitados, Calibra no compartirá información de cuentas ni datos financieros con Facebook, ni con ningún tercero sin el consentimiento del cliente. Por ejemplo, la información y los datos financieros no se utilizarán para mejorar los anuncios de Facebook. Si bien, sí habrá algunas excepciones: prevención de fraudes y delitos, cumplimiento de la ley, proveedores de servicios y procesamientos de pagos y datos globales. Adicionalmente, explican que Calibra usará los datos globales de Facebook que no estén vinculados a la cuenta de Calibra para mejorar el producto.
– Todas las cuentas de Calibra estarán verificadas y la aplicación contará con protecciones contra el fraude. Además, tendrá herramientas de informes y un servicio de atención al cliente dedicado en la aplicación. Adicionalmente, en el caso de que se realice una transacción no autorizada, se garantiza un reembolso total.
– Calibra hará efectiva los regímenes de sanciones internacionales y promete cumplir los programas de sanciones de los EE.UU, la Unión Europea y la ONU.
– Inicialmente Calibra estará disponible en países seleccionados, aunque se irá ampliando la disponibilidad a partir de 2020, fecha de su lanzamiento. Pese a que otras compañías se encuentran en la Asociación Libra, se espera que Calibra sea el primer monedero digital en ser compatible con Libra.
Facebook, a la cabeza de un grupo de más de 100 corporaciones financieras y tecnológicas multinacionales, anunció el lanzamiento de su moneda diigital Libra, y su cartera digital Calibra, que estará disponible en 2020.
Por supuesto, el anunció ha generado un amplio debate. Algunos sostienen que se trata del anuncio de una histórica revolución de los sistemas de pago a escala global, que terminará con la completa desmaterialización del dinero y el establecimiento de un nuevo sistema financiero global descentralizado e incluyente.
Para otros, hay amenazas. La llegada de Libra supone amenazas para la seguridad de las transacciones, se teme por la trazabilidad de las operaciones, el manejo de datos, la protección de la privacidad y los riesgos financieros implícitos.
El Banco de Pagos Internacionales de Basilea hizo este domingo 23 de junio advertencias muy claras sobre los riesgos de concentración de mercados y vulnerabilidades de seguridad. Hay que recordar los conflictos que ha enfrentado Facebook por las debilidades que ha mostrado su sistema de protección de datos. (https://fishingcharterskauai.com/)
Sin embargo, lo importante es conocer qué es Libra y cómo se espera que funcione, de acuerdo con el portal especializado en tecnología, Xataca.com
– Libra es una moneda digital basada en Blockchain que estará apoyada por más de 100 grandes compañías financieras, entre ellas MasterCard, Visa o Paypal, y es la base, la moneda digital en la que se basarán el resto de servicios de pagos.
– Calibra será una cartera digital que permitirá almacenar y utilizar la nueva moneda digital Libra, una plataforma de pagos para Facebook, Messenger y WhatsApp que existirá como aplicación independiente en iOS y Android. Es una cartera conectada para todo el mundo y multiplataforma que permitirá enviar dinero rápidamente y estará basada en la nueva moneda digital Libra.
– La Asociación Libra es una organización independiente sin fines de lucro cuya sede estará en Suiza. Entre los 28 miembros fundadores se encuentran compañías de pagos como Mastercard, Visa o Paypel, empresas de tecnología como eBay, Lyft, Uber, Spotify, o la propia Facebook Calibra y compañías especializadas en Blockchain, como Anchorage o Coinbase.
– Libra (≋) es una moneda de código abierto basada en Blockchain, al igual que otras criptomonedas como Bitcoin.
– Calibra funcionará como una plataforma de pagos de Facebook. El sistema de pagos donde se podrá almacenar, enviar y a través del cual podremos pagar con la moneda Libra. Se ha formalizado también como una empresa subsidiaria de Facebook que actuará de forma independiente. La compañía ya ha activado un enlace para registrarse.
– La plataforma de pagos de Calibra estará disponible como aplicación independiente en Google Play y la App Store, además se podrá utilizar directamente en las aplicaciones de WhatsApp y Messenger. Es decir, Calibra será la encargada de permitir poder enviar dinero a través de las aplicaciones de Facebook.
– La Libra será una moneda convertible en monedas locales. Al hacer estas conversiones, la aplicación de Calibra mostrará la tasa de cambio para saber exactamente cuánto dinero se obtendrá. El uso de Calibra no estará exento de comisiones.
– Cuando Calibra esté disponible, se necesitará presentar un documento de identificación oficial para registrarte en la cuenta. Esto es debido a que al ser una moneda legal, se quiere evitar fraudes y comprobar la identidad real de las personas.
– Facebook explica que «la actividad de cada transacción en Calibra será privada y jamás se hará pública». El enfoque de privacidad de los datos de los consumidores es uno de los aspectos que ha sido más detallado.
– Salvo en casos limitados, Calibra no compartirá información de cuentas ni datos financieros con Facebook, ni con ningún tercero sin el consentimiento del cliente. Por ejemplo, la información y los datos financieros no se utilizarán para mejorar los anuncios de Facebook. Si bien, sí habrá algunas excepciones: prevención de fraudes y delitos, cumplimiento de la ley, proveedores de servicios y procesamientos de pagos y datos globales. Adicionalmente, explican que Calibra usará los datos globales de Facebook que no estén vinculados a la cuenta de Calibra para mejorar el producto.
– Todas las cuentas de Calibra estarán verificadas y la aplicación contará con protecciones contra el fraude. Además, tendrá herramientas de informes y un servicio de atención al cliente dedicado en la aplicación. Adicionalmente, en el caso de que se realice una transacción no autorizada, se garantiza un reembolso total.
– Calibra hará efectiva los regímenes de sanciones internacionales y promete cumplir los programas de sanciones de los EE.UU, la Unión Europea y la ONU.
– Inicialmente Calibra estará disponible en países seleccionados, aunque se irá ampliando la disponibilidad a partir de 2020, fecha de su lanzamiento. Pese a que otras compañías se encuentran en la Asociación Libra, se espera que Calibra sea el primer monedero digital en ser compatible con Libra.
En una carta fechada el 22 de mayo de 1930, el general Juan Vicente Gómez, dictador de Venezuela desde 1908, instruyó al presidente encargado de la República, Juan Bautista Pérez -a quien se le llamaba a sotto voce, por supuesto, Juan «el bobo»- que destinara una partida para pagar el saldo completo de la deuda externa de la República que, en aquel momento, ascendía a 210 millones de bolívares.
Ese pasivo, adquirido desde los tiempos de los gobiernos del general Antonio Guzmán Blanco y que había originado que, en 1903, las potencias europeas bloquearan los puertos venezolanos para demandar pagos pendientes, fue cancelado en su totalidad como un homenaje a El Libertador para conmemorar el centenario de su fallecimiento, pues Gómez también era bolivariano.
En la actualidad, ni siquiera el saldo real de la deuda está claro.
Una investigación de la Sub Comisión de Crédito y Deuda Pública de la Asamblea Nacional logró determinar la existencia de pasivos por alrededor de 133.000 millones de dólares, que podrían llegar a más de 140.000 millones si se contabiliza la denominada deuda comercial, que incluye los pasivos por expropiaciones, dólares autorizados y no liquidados, pagos pendientes a proveedores y otros conceptos.
El trabajo fue realizado junto con el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (Cedice) y la firma de consultoría financiera Ecoanalítica.
La economista y secretaria de la entidad parlamentaria, Adriana Martella, señaló que a mayo de 2019, Venezuela tiene en default 11.170 millones de dólares, que se sepa. La República tiene vencidos 5.000 millones de dólares en capital y 2.000 millones en intereses, mientras que Pdvsa tiene solo por concepto de intereses 3.500 millones de dólares vencidos.
Con China, Venezuela ha acumulado pasivos por una suma que se estima en 54.000 millones de dólares en un lapso de ocho años, culminados en 2018, de los cuales debe 19.200 millones.
«Esta es una demostración de que la estrategia es de default selectivo. A China si se le paga puntualmente», dijo la economista Adriana Martella a Fedecámaras Radio.
Con Rusia existe un pasivo pendiente de 3.000 millones de dólares, básicamente por suministro de armamento y equipos militares. Además, hay que contabilizar una deuda de 5.000 millones con organismos multilaterales, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
La secretaria de la Sub Comisión de Crédito y Deuda Pública de la AN, Adriana Martella, dijo en el programa de Cedice, transmitido por la emisora digital de Fedecámaras, que es urgente entrar en un proceso de reestructuración de la deuda, y ya la administración del presidente del parlamento y mandatario encargado reconocido por más de 50 países, Juan Guaidó, ha dado pasos concretos en ese sentido, y existe una estrategia en proceso.
«Tenemos vencimientos en 2021 y 2035, que significan una presión, pero con el cese de la usurpación ese proceso se adelantará».
Existe el debate sobre la legalidad de las deudas con China y Rusia, porque no consta que hayan pasado los controles legales, pero es una cuestión que no se puede determinar ahora.
«En la opinión de Adriana Martella, no podemos resolver esta situación sin un «haircut» -un descuento sobre el valor de la deuda pactado con los acreedores-, pero no sabemos si se será parecido al realizado a la deuda argentina, que muchos dicen fue muy alto. En el caso de la deuda de la República existe la ventaja de contar con una Cláusula de Acción Colectiva, que nos permite reestructurar sin el acuerdo de la totalidad de los acreedores. Los bonos de Pdvsa no tienen esta cláusula», explica la funcionaria parlamentaria.
«Cada venezolano debe alrededor de 5.000 dólares», dice Martella.
El costo del refinanciamiento no será bajo, porque el otro elemento es que la deuda se adquirió a costos de 10% y 12% en dólares, debido a que el perfil de riesgo de Venezuela en tiempos de revolución siempre fue comprometido.
Pero, lo cierto es que las cifras oficiales existen. Fueron publicadas sorpresivamente por el Banco Central de Venezuela en mayo pasado aún no se sabe bien por qué razón, después de cuatro años de «silencio estadístico».
A valores de mercado, la deuda externa total de la República ascendió a 111.114 millones de dólares al cuarto trimestre de 2018, de los cuales la mayor parte estaba representada en préstamos -36.253 millones de dólares-, porque los mercados financieros internacionales ya estaban prácticamente cerrados para Venezuela antes de que hubiera sanciones estadounidenses. ¿La razón? Las primas de riesgo que la República debía pagar eran exorbitantes.
En valores nominales, la deuda externa se elevó a 151.209 millones de dólares, al cuarto trimestre de 2018, como resultado del mayor peso nominal de los bonos y pagarés, de manera que en estos instrumentos había pasivos por 51.717 millones de dólares, los cuales a precios de mercado se valoraban en 11.654 millones, una desvalorización de 77,46%.
En los 19 años corridos entre el cuarto trimestre de 1999 y el mismo período de 2018, la deuda externa reconocida por el BCV aumentó 200,17% a precios de mercado, a partir de un saldo de 37.016, al cierre del primer año de gobierno del ex presidente Hugo Chávez.
A valores nominales, los pasivos externos subieron 270,43% en el mismo período.
Ahora será muy difícil que un presidente o presidenta imite la resolución del general Juan Vicente Gómez, pues la deuda actual es simplemente impagable.
En una carta fechada el 22 de mayo de 1930, el general Juan Vicente Gómez, dictador de Venezuela desde 1908, instruyó al presidente encargado de la República, Juan Bautista Pérez -a quien se le llamaba a sotto voce, por supuesto, Juan «el bobo»- que destinara una partida para pagar el saldo completo de la deuda externa de la República que, en aquel momento, ascendía a 210 millones de bolívares.
Ese pasivo, adquirido desde los tiempos de los gobiernos del general Antonio Guzmán Blanco y que había originado que, en 1903, las potencias europeas bloquearan los puertos venezolanos para demandar pagos pendientes, fue cancelado en su totalidad como un homenaje a El Libertador para conmemorar el centenario de su fallecimiento, pues Gómez también era bolivariano.
En la actualidad, ni siquiera el saldo real de la deuda está claro.
Una investigación de la Sub Comisión de Crédito y Deuda Pública de la Asamblea Nacional logró determinar la existencia de pasivos por alrededor de 133.000 millones de dólares, que podrían llegar a más de 140.000 millones si se contabiliza la denominada deuda comercial, que incluye los pasivos por expropiaciones, dólares autorizados y no liquidados, pagos pendientes a proveedores y otros conceptos.
El trabajo fue realizado junto con el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (Cedice) y la firma de consultoría financiera Ecoanalítica.
La economista y secretaria de la entidad parlamentaria, Adriana Martella, señaló que a mayo de 2019, Venezuela tiene en default 11.170 millones de dólares, que se sepa. La República tiene vencidos 5.000 millones de dólares en capital y 2.000 millones en intereses, mientras que Pdvsa tiene solo por concepto de intereses 3.500 millones de dólares vencidos.
Con China, Venezuela ha acumulado pasivos por una suma que se estima en 54.000 millones de dólares en un lapso de ocho años, culminados en 2018, de los cuales debe 19.200 millones.
«Esta es una demostración de que la estrategia es de default selectivo. A China si se le paga puntualmente», dijo la economista Adriana Martella a Fedecámaras Radio.
Con Rusia existe un pasivo pendiente de 3.000 millones de dólares, básicamente por suministro de armamento y equipos militares. Además, hay que contabilizar una deuda de 5.000 millones con organismos multilaterales, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
La secretaria de la Sub Comisión de Crédito y Deuda Pública de la AN, Adriana Martella, dijo en el programa de Cedice, transmitido por la emisora digital de Fedecámaras, que es urgente entrar en un proceso de reestructuración de la deuda, y ya la administración del presidente del parlamento y mandatario encargado reconocido por más de 50 países, Juan Guaidó, ha dado pasos concretos en ese sentido, y existe una estrategia en proceso.
«Tenemos vencimientos en 2021 y 2035, que significan una presión, pero con el cese de la usurpación ese proceso se adelantará».
Existe el debate sobre la legalidad de las deudas con China y Rusia, porque no consta que hayan pasado los controles legales, pero es una cuestión que no se puede determinar ahora.
«En la opinión de Adriana Martella, no podemos resolver esta situación sin un «haircut» -un descuento sobre el valor de la deuda pactado con los acreedores-, pero no sabemos si se será parecido al realizado a la deuda argentina, que muchos dicen fue muy alto. En el caso de la deuda de la República existe la ventaja de contar con una Cláusula de Acción Colectiva, que nos permite reestructurar sin el acuerdo de la totalidad de los acreedores. Los bonos de Pdvsa no tienen esta cláusula», explica la funcionaria parlamentaria.
«Cada venezolano debe alrededor de 5.000 dólares», dice Martella.
El costo del refinanciamiento no será bajo, porque el otro elemento es que la deuda se adquirió a costos de 10% y 12% en dólares, debido a que el perfil de riesgo de Venezuela en tiempos de revolución siempre fue comprometido.
Pero, lo cierto es que las cifras oficiales existen. Fueron publicadas sorpresivamente por el Banco Central de Venezuela en mayo pasado aún no se sabe bien por qué razón, después de cuatro años de «silencio estadístico».
A valores de mercado, la deuda externa total de la República ascendió a 111.114 millones de dólares al cuarto trimestre de 2018, de los cuales la mayor parte estaba representada en préstamos -36.253 millones de dólares-, porque los mercados financieros internacionales ya estaban prácticamente cerrados para Venezuela antes de que hubiera sanciones estadounidenses. ¿La razón? Las primas de riesgo que la República debía pagar eran exorbitantes.
En valores nominales, la deuda externa se elevó a 151.209 millones de dólares, al cuarto trimestre de 2018, como resultado del mayor peso nominal de los bonos y pagarés, de manera que en estos instrumentos había pasivos por 51.717 millones de dólares, los cuales a precios de mercado se valoraban en 11.654 millones, una desvalorización de 77,46%.
En los 19 años corridos entre el cuarto trimestre de 1999 y el mismo período de 2018, la deuda externa reconocida por el BCV aumentó 200,17% a precios de mercado, a partir de un saldo de 37.016, al cierre del primer año de gobierno del ex presidente Hugo Chávez.
A valores nominales, los pasivos externos subieron 270,43% en el mismo período.
Ahora será muy difícil que un presidente o presidenta imite la resolución del general Juan Vicente Gómez, pues la deuda actual es simplemente impagable.
La decisión del BCV de aumentar el encaje legal -porción de los depósitos que las instituciones financieras deben congelar a manera de reserva- impide disponer de dinero para facilitar el crédito, así como el ingreso de fondos a circular y limita las posibilidades para el financiamiento de las tarjetas de crédito. Los fondos incluyen todos los recursos en efectivo para efectuar operaciones, incluyendo créditos y formas similares.
Un análisis efectuado por la Federación de Trabajadores Bancarios (Fetrabanca) revela que el hecho de que cada entidad financiera mantenga represados los recursos recibidos disminuye las posibilidades de creación de dinero, vulnerando así su principal actividad. Las instituciones necesitan recursos para invertir y financiar sus proyectos, además de la función social que les corresponde. De allí que el aumento del encaje legal genera resultados negativos para el sector financiero, con su correspondiente incidencia en la vida económica del país.
Explica Claudio Rivas, Secretario General de esta organización, que la aplicación de esta medida afecta a los pocos empresarios que mantienen activas sus compañías a pesar de las circunstancias económicas reinantes. Todo este conjunto de factores adversos afecta la fortaleza del sector, ya que las instituciones bancarias comienzan a sentir el efecto de esta decisión en la realización de sus operaciones.
-Si bien es cierto que la hiperinflación registró una desaceleración durante los meses de febrero y marzo respecto a la tasa de inflación que se experimentó a finales de 2018, ello no significa que existe un control institucional de este fenómeno. Al contrario, se observa la presencia de una «camisa de fuerza» que por momentos intenta controlar el valor del dólar paralelo sin lograr resultados positivos, tomando en cuenta los incrementos que se producen en forma sistemática con sus consecuencias en la vida diaria.
El directivo Rivas llamó la atención sobre la incidencia negativa que este hecho ejerce en el sector de trabajadores de la banca, que aprecia cómo merman los depósitos de los clientes tradicionales, lo que crea un clima de zozobra e incertidumbre que en nada beneficia la dinámica de la economía nacional.
La solución a problemas de rentabilidad amerita que la entidad financiera atienda una serie de elementos (margen de operaciones, manejo de activos y uso rentable de la deuda) siguiendo la premisa de que el costo de capital requiere ser inferior al rendimiento de los activos.
Dijo finalmente que se encienden las alarmas en las instituciones financieras y se impone la adopción de medidas que los ayude a sobrevivir este trance, que se avizora peligroso si permanece inalterable en el tiempo.
La decisión del BCV de aumentar el encaje legal -porción de los depósitos que las instituciones financieras deben congelar a manera de reserva- impide disponer de dinero para facilitar el crédito, así como el ingreso de fondos a circular y limita las posibilidades para el financiamiento de las tarjetas de crédito. Los fondos incluyen todos los recursos en efectivo para efectuar operaciones, incluyendo créditos y formas similares.
Un análisis efectuado por la Federación de Trabajadores Bancarios (Fetrabanca) revela que el hecho de que cada entidad financiera mantenga represados los recursos recibidos disminuye las posibilidades de creación de dinero, vulnerando así su principal actividad. Las instituciones necesitan recursos para invertir y financiar sus proyectos, además de la función social que les corresponde. De allí que el aumento del encaje legal genera resultados negativos para el sector financiero, con su correspondiente incidencia en la vida económica del país.
Explica Claudio Rivas, Secretario General de esta organización, que la aplicación de esta medida afecta a los pocos empresarios que mantienen activas sus compañías a pesar de las circunstancias económicas reinantes. Todo este conjunto de factores adversos afecta la fortaleza del sector, ya que las instituciones bancarias comienzan a sentir el efecto de esta decisión en la realización de sus operaciones.
-Si bien es cierto que la hiperinflación registró una desaceleración durante los meses de febrero y marzo respecto a la tasa de inflación que se experimentó a finales de 2018, ello no significa que existe un control institucional de este fenómeno. Al contrario, se observa la presencia de una «camisa de fuerza» que por momentos intenta controlar el valor del dólar paralelo sin lograr resultados positivos, tomando en cuenta los incrementos que se producen en forma sistemática con sus consecuencias en la vida diaria.
El directivo Rivas llamó la atención sobre la incidencia negativa que este hecho ejerce en el sector de trabajadores de la banca, que aprecia cómo merman los depósitos de los clientes tradicionales, lo que crea un clima de zozobra e incertidumbre que en nada beneficia la dinámica de la economía nacional.
La solución a problemas de rentabilidad amerita que la entidad financiera atienda una serie de elementos (margen de operaciones, manejo de activos y uso rentable de la deuda) siguiendo la premisa de que el costo de capital requiere ser inferior al rendimiento de los activos.
Dijo finalmente que se encienden las alarmas en las instituciones financieras y se impone la adopción de medidas que los ayude a sobrevivir este trance, que se avizora peligroso si permanece inalterable en el tiempo.
Después de años de mal manejo y estantes vacíos, la cadena de Abastos Bicentenario termina de desaparecer, después de haber pretendido ser un emblema del modelo de comercialización socialista de bienes de primera necesidad, tras la expropiaciones de las cadenas de Automercados Cada e hipermercados Éxito, por parte del ex presidente Hugo Chávez Frías en 2010.
Indica un reportaje que publica TalCual que de la red han sido despedidos 10.000 trabajadores sin respetar sus derechos laborales y en condiciones precarias, después que la administración de Nicolás Maduro ordenó reestructurar la red en 2016, supuestamente para enfrentar la corrupción dentro de la red pública.
El cierre del último de los locales, ubicado en Charallave, se producirá próximamente y, de acuerdo con la nota, los locales serán ocupados por la empresa Salva Foods que maneja una red llamada Tiendas CLAP, la cual aparentemente nada tiene que ver con el programa de suministro de alimentos del gobierno chavista.
Lea completo el reportaje de TalCual
Después de años de mal manejo y estantes vacíos, la cadena de Abastos Bicentenario termina de desaparecer, después de haber pretendido ser un emblema del modelo de comercialización socialista de bienes de primera necesidad, tras la expropiaciones de las cadenas de Automercados Cada e hipermercados Éxito, por parte del ex presidente Hugo Chávez Frías en 2010.
Indica un reportaje que publica TalCual que de la red han sido despedidos 10.000 trabajadores sin respetar sus derechos laborales y en condiciones precarias, después que la administración de Nicolás Maduro ordenó reestructurar la red en 2016, supuestamente para enfrentar la corrupción dentro de la red pública.
El cierre del último de los locales, ubicado en Charallave, se producirá próximamente y, de acuerdo con la nota, los locales serán ocupados por la empresa Salva Foods que maneja una red llamada Tiendas CLAP, la cual aparentemente nada tiene que ver con el programa de suministro de alimentos del gobierno chavista.
Lea completo el reportaje de TalCual
A pesar de la restricción de liquidez que genera el Banco Central de Venezuela con su estrategia de mantener elevado el encaje legal a niveles que prácticamente hacen insostenible la intermediación financiera, la cartera de crédito bruta del sistema bancario se incrementó, en términos nominales, 22,10% en mayo con respecto al cierre de abril, para ubicarse en 2.242.756 millones de bolívares.
Como es normal en la banca venezolana, la cartera se concentra en un número reducido de entidades y, en el caso de mayo, las 10 primeras en créditos acumularon 82,4% del total de préstamos, 1.847.643 millones de bolívares, mientras los 21 bancos restantes se quedaron con 17,6%.
El margen de intermediación financiera (el porcentaje de captaciones del público que es colocado en créditos) se ubicó en 18,41% en mayo, una mínima mejora frente al 18,39% de abril. No obstante, en comparación con mayo de 2018, este indicador cayó 31,28%, debido a que la intermediación del sistema en el mismo período del año anterior fue de 49,69%.
Es interesante destacar que la intermediación de los 10 primeros bancos en volumen de créditos fue de 16,67%, por debajo del promedio general, mientras que el margen del resto del sistema fue de 35,93%.
El Banco Exterior registra el mayor coeficiente de intermediación con 67,40%, una cifra notable visto el contexto, pero esta entidad tiene una participación de solo 3,8% de la cartera total. El estatal Banco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Banfanb) registró un índice de intermediación de 54,98%, con un 4,8% de la cartera total.
Los bancos con mayor volumen de créditos mostraron indicadores de intermediación menores. Banesco, que tiene el mayor porcentaje de la cartera bruta (14,2% en mayo) tiene un coeficiente de 25,93%; BBVA Banco Provincial, con 12,7% de la cartera total terminó el cierre de mayo con un índice de intermediación de 25,18% y el B.O.D., que concentra 12% de los préstamos alcanzó un indicador de intermediación de 42,41%.
Básicamente, lo que ocurre es que el impacto del encaje legal es mayor, lógicamente, en aquellos bancos que tienen mayores volúmenes de depósitos, por lo que la medida genera un efecto regresivo en el mercado, porque aquellas entidades que, en teoría, podrían prestar más recursos, terminan concediendo una proporción menor de créditos.
En términos nominales, la cartera de créditos registra un aumento anualizado a mayo de 32.122,90%, y los 10 principales bancos obtuvieron un incremento, en el mismo lapso, de 31.181,67%. Banesco y los estatales Del Tesoro, Bicentenario y Venezuela lograron las mayores alzas de cartera en 12 meses.
Entre mayo 2019 y el mismo mes de 2018, solo el Banco Exterior registró un incremento de la intermediación financiera en un notable 42,67%; el resto del sistema registró contracciones, la mayor de todas fue la del Banfanb (-57,63%).
En el grupo de bancos con mayores volúmenes, las disminuciones anualizadas de sus coeficientes de intermediación fueron sustanciales; Banesco (-21,31%), BBVA Provincial (-34,59%) y B.O.D. (-23,51%).
El mayor banco del sistema en captaciones del público, el Banco de Venezuela, con 41,6% del total de recursos captados, presentó una cartera de crédito bruta de 254.826 millones de bolívares, equivalente a 11,4% del total de préstamos al cierre de mayo, para un margen de intermediación de 5,03%. Este puede ser el ejemplo más ilustrativo del problema causado por una norma de encaje legal tan drástica.
A pesar de la restricción de liquidez que genera el Banco Central de Venezuela con su estrategia de mantener elevado el encaje legal a niveles que prácticamente hacen insostenible la intermediación financiera, la cartera de crédito bruta del sistema bancario se incrementó, en términos nominales, 22,10% en mayo con respecto al cierre de abril, para ubicarse en 2.242.756 millones de bolívares.
Como es normal en la banca venezolana, la cartera se concentra en un número reducido de entidades y, en el caso de mayo, las 10 primeras en créditos acumularon 82,4% del total de préstamos, 1.847.643 millones de bolívares, mientras los 21 bancos restantes se quedaron con 17,6%.
El margen de intermediación financiera (el porcentaje de captaciones del público que es colocado en créditos) se ubicó en 18,41% en mayo, una mínima mejora frente al 18,39% de abril. No obstante, en comparación con mayo de 2018, este indicador cayó 31,28%, debido a que la intermediación del sistema en el mismo período del año anterior fue de 49,69%.
Es interesante destacar que la intermediación de los 10 primeros bancos en volumen de créditos fue de 16,67%, por debajo del promedio general, mientras que el margen del resto del sistema fue de 35,93%.
El Banco Exterior registra el mayor coeficiente de intermediación con 67,40%, una cifra notable visto el contexto, pero esta entidad tiene una participación de solo 3,8% de la cartera total. El estatal Banco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Banfanb) registró un índice de intermediación de 54,98%, con un 4,8% de la cartera total.
Los bancos con mayor volumen de créditos mostraron indicadores de intermediación menores. Banesco, que tiene el mayor porcentaje de la cartera bruta (14,2% en mayo) tiene un coeficiente de 25,93%; BBVA Banco Provincial, con 12,7% de la cartera total terminó el cierre de mayo con un índice de intermediación de 25,18% y el B.O.D., que concentra 12% de los préstamos alcanzó un indicador de intermediación de 42,41%.
Básicamente, lo que ocurre es que el impacto del encaje legal es mayor, lógicamente, en aquellos bancos que tienen mayores volúmenes de depósitos, por lo que la medida genera un efecto regresivo en el mercado, porque aquellas entidades que, en teoría, podrían prestar más recursos, terminan concediendo una proporción menor de créditos.
En términos nominales, la cartera de créditos registra un aumento anualizado a mayo de 32.122,90%, y los 10 principales bancos obtuvieron un incremento, en el mismo lapso, de 31.181,67%. Banesco y los estatales Del Tesoro, Bicentenario y Venezuela lograron las mayores alzas de cartera en 12 meses.
Entre mayo 2019 y el mismo mes de 2018, solo el Banco Exterior registró un incremento de la intermediación financiera en un notable 42,67%; el resto del sistema registró contracciones, la mayor de todas fue la del Banfanb (-57,63%).
En el grupo de bancos con mayores volúmenes, las disminuciones anualizadas de sus coeficientes de intermediación fueron sustanciales; Banesco (-21,31%), BBVA Provincial (-34,59%) y B.O.D. (-23,51%).
El mayor banco del sistema en captaciones del público, el Banco de Venezuela, con 41,6% del total de recursos captados, presentó una cartera de crédito bruta de 254.826 millones de bolívares, equivalente a 11,4% del total de préstamos al cierre de mayo, para un margen de intermediación de 5,03%. Este puede ser el ejemplo más ilustrativo del problema causado por una norma de encaje legal tan drástica.
La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) abrirá una investigación relacionada con la trama de corrupción de la supuesta ayuda humanitaria, informó el presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del órgano plenipotenciario, Saúl Ortega.
«Habrá una comisión que llevará una investigación a lo profundo, que va a buscar las responsabilidades para que los órganos del poder público que administran la justicia descarguen el peso de la ley contra estos delincuentes», indicó en una entrevista en el programa Café en la Mañana, que transmite Venezolana de Televisión.
El parlamentario denunció una nueva trama de corrupción que mantienen el diputado a la Asamblea Nacional en desacato Juan Guaidó y sus aliados.
«Hay una nueva trama de corrupción que aún no ha salido, desde la oposición se nombró un procurador que sirve para que el Departamento de Justicia de Estados Unidos impida la defensa de nuestros intereses en la corte norteamericana. Nuestros abogados no se pueden presentar a defender Citgo ni a defenderse de los ataques de un conjunto de empresas que está haciendo demanda contra al país. El Gobierno norteamericano autoriza al procurador de Guaidó y estamos perdiendo el juicio y ese dinero va a sus bolsillos», denunció Ortega.
«Eso es otra forma de robo del país cómo desde la oposición y con el apoyo gringo están robando a la nación venezolana. Ya saldrán a la luz publica», sostuvo.
Ortega rechazó las declaraciones de la Alta Representante de la Unión Europea (UE), Federica Mogherini, por su subordinación a la estrategia de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para forzar un cambio de gobierno en la nación por vías inconstitucionales.
«Es un momento político en el cual Estados Unidos dirige una ofensiva por garantizar la hegemonía política en el mundo, y la Unión Europea está totalmente subordinada. La opinión de Federica Mogherini responde a esa posición de los países que pesan en la Unión Europea», expresó.
La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) abrirá una investigación relacionada con la trama de corrupción de la supuesta ayuda humanitaria, informó el presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del órgano plenipotenciario, Saúl Ortega.
«Habrá una comisión que llevará una investigación a lo profundo, que va a buscar las responsabilidades para que los órganos del poder público que administran la justicia descarguen el peso de la ley contra estos delincuentes», indicó en una entrevista en el programa Café en la Mañana, que transmite Venezolana de Televisión.
El parlamentario denunció una nueva trama de corrupción que mantienen el diputado a la Asamblea Nacional en desacato Juan Guaidó y sus aliados.
«Hay una nueva trama de corrupción que aún no ha salido, desde la oposición se nombró un procurador que sirve para que el Departamento de Justicia de Estados Unidos impida la defensa de nuestros intereses en la corte norteamericana. Nuestros abogados no se pueden presentar a defender Citgo ni a defenderse de los ataques de un conjunto de empresas que está haciendo demanda contra al país. El Gobierno norteamericano autoriza al procurador de Guaidó y estamos perdiendo el juicio y ese dinero va a sus bolsillos», denunció Ortega.
«Eso es otra forma de robo del país cómo desde la oposición y con el apoyo gringo están robando a la nación venezolana. Ya saldrán a la luz publica», sostuvo.
Ortega rechazó las declaraciones de la Alta Representante de la Unión Europea (UE), Federica Mogherini, por su subordinación a la estrategia de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para forzar un cambio de gobierno en la nación por vías inconstitucionales.
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