Asediado por acreedores de la República y Pdvsa, José Ignacio Hernández, el procurador especial designado por el presidente de la Asamblea Nacional y mandatario encargado reconocido por 50 países, Juan Guaidó, organiza un equipo internacional para tratar de recuperar recursos del Estado venezolano malversados por la corrupción en el exterior, los cuales estima en alrededor de 300.000 millones de dólares.
En una entrevista concedida a Bloomberg, Hernández sostiene que, por ahora, trabaja en condiciones precarias, entre otras cosas porque debe sostener su actividad docente en la Universidad de Harvard, porque no recibe sueldo por su trabajo para la administración Guaidó y la Asamblea Nacional.
Sin embargo, en virtud de que el gobierno de Nicolás Maduro mantiene un default de deuda en bonos, Hernández se ha convertido en el objeto de todos reclamos, ya que, además, Estados Unidos reconoce a Guaidó como Jefe de Estado.
«Si bien el gobierno de Guaido ha tomado gradualmente una cantidad no revelada de activos venezolanos del régimen de Nicolás Maduro, las sanciones significan que están efectivamente en una caja cerrada que no puede ser tocada sin la aprobación del Departamento del Tesoro y la Asamblea Nacional de Venezuela», señala la nota de Bloomberg.
Los representantes designados en el exterior esperan que la Asamblea Nacional apruebe una Ley Especial de Presupuesto próximamente, la cual permitirá movilizar recursos para asignar sueldos a estos colaboradores, hasta ahora en funciones ad honorem.
La situación con los acreedores es preocupante, porque las transacciones con bonos venezolanos están prácticamente congeladas, y los tenedores están cada vez más angustiados por cobrar, por lo que Hernández temen que se aceleren los procesos judiciales. Es llamado frecuentemente por cada vez más abogados.
De hecho, «JP Morgan Chase & Co. se prepara para bajar el peso de la nación a cero en sus índices de bonos».
La última esperanza de José Ignacio Hernández es que el gobierno de Trump apruebe una orden ejecutiva que proteja los activos de Venezuela de estos procesos que, entre otras cosas, podrían llevar a un remate de los activos de Citgo; sin embargo, esta posibilidad tiene adversarios influyentes dentro del partido Republicano.
