“He venido con el Plan de la Patria 2019-2025, escrito por el pueblo, para lograr el renacimiento económico”, aseguró Nicolás Maduro cuando entregó su programa ante el Consejo Nacional Electoral en febrero de 2018. El 20 de mayo fue reelecto con 6,2 millones de votos para 6 años más en la Presidencia y sus líneas de gobierno prevén: el Estado popular, una mayor injerencia en las áreas clave y la consolidación de la economíacomunal.
El programa busca afianzar el socialismo anunciado desde 2007 y esos objetivos se plantean cuando la crisis –resultado del modelo de controles– se profundiza. La economíaentra a su quinto año de recesión con hiperinflación y fallas de abastecimiento.
En 2007 el gobierno del fallecido Hugo Chávez esbozó una reforma de la Constitución con la finalidad de transitar hacia el socialismo, y aunque los cambios fueron rechazados en un referéndum, se incluyeron en el Plan Simón Bolívar y en las leyes del poder popular aprobadas en 2010. En aquel período, con altos precios del petróleo, se optó por nacionalizar empresas, disparar el gasto y crear un tejido de unidades socialistas. Y aunque las autoridades señalaban que debía romperse con el modelo rentista, el soporte de las acciones fueron los ingresos petroleros.
Uno de los fines del modelo era disminuir el peso del sector privado, por lo que aumentaron los controles, pero el objetivo no se alcanzó en su totalidad. El economista Ronald Balza lo explica: “No se avanzó en reducir del todo al sector privado porque se elevaron las importaciones y, cuando se formuló el segundo plan, todavía había recursos”.
Para las elecciones de 2012, Chávez presentó el Plan de la Patria con la idea de insistir en el desarrollo de otras formas de propiedad diferentes a la privada. Maduro mantuvo ese objetivo en 2013; sin embargo, no hubo nuevas empresas socialistas. Pero el presidente recrudeció los controles, lo que acentuó los desequilibrios de la economía y, en línea con la planificación centralizada, estructuró los Comités Locales de Abastecimiento y Producción.
Cuatro días después de que el CNE lo proclamó ganador de los comicios presidenciales del 20-M, Maduro se juramentó ante la asamblea nacional constituyente, y reiteró: “Venezuela ha vuelto a ratificar su rumbo: el socialismo”.
El peso del poder popular
“Se busca la transformación del Estado capitalista-burgués en un Estado comunal de transición para construir el Estado socialista”. Es la frase más repetida por el ministro de las Comunas, Aristóbulo Istúriz, en sus intervenciones. Y esa modificación está en el Plan de la Patria, el cual indica que debe pasarse a un Estado popular.
Esa transformación se ha planteado desde hace 11 años, pues si bien hay consejos comunales, comunas y empresas socialistas, para el oficialismo la base es estructurar un Estado comunal.
En el modelo –tal como sucedió en los otros planes– la presencia del sector privado se mantiene, pero minimizada. Para el gobierno es clave que los privados formen alianzas con empresas estatales y comunales. “Crear un nuevo tejido productivo con alianzas estratégicas, empresas mixtas, estatales y del poder popular”, dice el texto.
En cinco años, el cerco a los privados ha crecido. La restricción en la entrega de divisas, el control de precios, los problemas con los servicios, las ocupaciones y las regulaciones han tenido a las empresas en jaque, y hoy operan a 24% de su capacidad, según Conindustria.
Las acciones oficiales han buscado favorecer empresas públicas y socialistas; sin embargo, esas fábricas también han estado a media máquina. Hasta los últimos datos disponibles –memorias de 2015– las empresas socialistas en el sector agrícola apenas habían alcanzado 30% de sus metas de producción. Otras industrias estatales como las siderúrgicas y las cementeras operaban entre 10% y 40% de capacidad al término de 2017, de acuerdo con fuentes de esos sectores.
Richard Obuchi, economista y director de la firma ODH, apunta que “el gobierno cree que seguir con ese modelo tendrá resultados diferentes y no es así. El desbalance económico continuará”.
Pero Maduro persiste y en su plan destaca que es clave “desarrollar el sistema económicocomunal” mediante empresas de propiedad social directa, unidades familiares, grupos de intercambio solidario y demás formas asociativas para el trabajo.
En noviembre, dijo que “las comunas y consejos comunales deben ser el espacio para construir el socialismo territorial”, y añadió que había que impulsar bancos comunales. El Plan de la Patria incorpora bancos y monedas comunales. En mayo aprobó 800 millardos de bolívares para reimpulsar las entidades comunales.
Afianzar los CLAP
El plan no solo abarca empresas comunales, también le da más poder a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, constituidos en abril de 2016 para vender bolsas de comida a precios subsidiados, pero que, con los decretos de emergencia económica, tienen injerencia en la distribución de rubros básicos.
El documento indica que los comités de abastecimientos deben articularse con losconsejos comunales y la milicia, y “desarrollar una nueva lógica del sistema de distribución y producción”. Para el Ejecutivo, a los CLAP hay que transferirles “espacios productivos abandonados y tierras ociosas en la comunidad”, y darles más financiamiento.
Adicional a los comités locales, Maduro utiliza otras herramientas como el carnet de la patria, y ello forma parte del plan. Ese instrumento ha sido la herramienta más usada por el gobierno en los eventos electorales. El acceso a bolsas de comidas, bonos y viviendas está sujeto al carnet. Según el plan, “es necesario consolidar el sistema de registro y despacho mediante el carnet de la patria, fortaleciendo la transparencia y eficiencia en la distribución”, en alusión a los alimentos.
Obuchi añade que “mientras los aliados del gobierno abandonan la planificación centralizada, aquí se insiste y ello traerá más recesión”. Balza afirma: “La planificación centralizada destruye y estamos en las peores condiciones”.
