La pandemia del coronavirus ha evidenciado la necesidad de contar con una economía digital sólida para no perder el tren de la competitividad ni ampliar las brechas de desigualdad, de género y de baja productividad de la región.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) publicó un informe sobre perspectivas económicas en el que advierte que la transformación digital puede representar una salida a la crisis económica y social provocada por la pandemia de covid-19, en una región donde podrían cerrar 2,7 millones de compañías, la mayoría de ellas -2,6 millones- microempresas.
Esta cifra supondría la pérdida de 8.5 millones de puestos de trabajo en un mercado laboral que, previo a la crisis de la COVID-19, contaba con un 40% de los trabajadores sin acceso a ninguna clase de protección social y donde el 60% labora de manera informal.
“Esta crisis ha evidenciado algo fundamental que resaltamos en el informe y es que la digitalización hoy es un bien básico y necesario pero nuestra región aún tiene 40 millones de hogares sin conectividad a internet que no pueden participar en teletrabajo o teleducación”, alertó la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena.
Bárcena prevé que estas tecnologías revolucionarán los sistemas educativos y de teletrabajo, pero que “la brecha de acceso a las tecnologías digitales puede ser un nuevo rostro de la desigualdad”.
Aunque más del 67% de la población ya estaba conectada a internet antes de la pandemia advirtió que el 46% de los niños entre 5 y 12 años viven en hogares sin a internet. Unos “32 millones de menores están excluidos de la educación telemática”, recalcó.
A este dato añadió el bajo número de teletrabajadores y que las bajas velocidades de conexión también refuerzan la exclusión.
Por último, expuso algunas propuestas para universalizar el acceso a las nuevas tecnologías:
Creación de una canasta básica digital que incluya un teléfono celular, un ordenador portátil y una tableta junto a un plan de acceso a banda ancha de bajo precio. Su costo sería de alrededor del 1% del PIB y tendría que hacerse en conjunto con el sector privado.
Aplicar medidas de flexibilidad regulatoria para que haya neutralidad en la red incentivando usos de servicios de educación, salud y gobierno mediante la aplicación de tarifas cero.
Fuente: El Universal
