Cámara de Comercio de Caracas demanda a la administración pública a no desalojar las gasolineras privadas del país29/06/2020

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas publicó este 28 de junio un comunicado en donde exhortan al Ejecutivo nacional y a Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) a evitar la “entrega” de los referidos expendios de combustible en las distintas estaciones de servicio del país debido a que transgrede los estatutos del Estado de Emergencia promovidas por la nación.

Los Estados de Excepción decretados por el Ejecutivo Nacional con fundamento en los artículos 337, 338 y 339 de la Constitución no implica la conculcación o restricción indebida de los derechos fundamentales de los particulares, extensibles a las sociedades mercantiles por aplicación de los tratados internacionales, por lo que, en ninguna circunstancia, la actuación de cualquier órgano o ente del Estado podría conllevar su desconocimiento o supresión”, explica el documento, agregando que el Estado de Emergencia se ha “extendiendo de forma indebida en contravención de las previsiones constitucionales y de los derechos fundamentales”.

Por ello, la Cámara de Comercio de Caracas declara que el gobierno debe tener “la estricta observancia de los derechos fundamentales de las empresas y empresarios y dirigir su acción administrativa de acuerdo con los preceptos constitucionales”, ya que estas medidas repercuten en las tasas de desempleo y detrimento económico dentro de un contexto de alta tensión socioeconómica.

Del mismo modo, el gremio recomienda que se aplique el artículo 7 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción durante la vigencia del Estado de Emergencia Económica y el Estado de Alarma, que expresa cláusulas sobre la garantía de la legalidad constitucional y la integridad física y moral de los ciudadanos durante el periodo de emergencia nacional.

La reestructuración del negocio de distribución, importación y expendio de combustibles líquidos realizado por Pdvsa, de acuerdo con las pautas del Ejecutivo Nacional, no puede conllevar al desconocimiento arbitrario de las relaciones jurídicas de origen contractual, a la aplicación caprichosa de cláusulas exorbitantes y de potestades administrativas, ni a la conculcación de los derechos fundamentales de los concesionarios, contratistas y propietarios de estaciones de servicios”, agrega el comunicado.

Fuente: El Universal