La Asamblea Nacional en sesión ordinaria, debatió este martes en rechazo en torno al manejo inconstitucional e ilegal de la Ley de Presupuesto Nacional, debate que tuvo como resultado la aprobación del “Acuerdo sobre Ley de Presupuesto y Endeudamiento de la Administración Fiscal de 2018”.
El documento establece declarar nulo todo presupuesto formulado que contravenga las disposiciones de la Constitución, la Ley Orgánica de la Administración Financiera del sector público al no ser presentado y aprobado por la Asamblea Nacional, tal como se estableció en un acuerdo previo aprobado el 19 de octubre de 2016.
Contempla también que toda erogación con cargo a un presupuesto inexistente y que viole la constitución, acarrea responsabilidad patrimonial del Estado e individual de los funcionarios que realicen o autoricen las respectivas operaciones.
Se sustenta en el artículo 312 de la Constitución y el artículo 80 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del sector público, que rezan que cualquiera operación de crédito público realizada al margen de la Asamblea Nacional y la Constitución, será nula y no será reconocida, incluyendo cualquier operación de Endeudamiento que involucre la emisión de deuda o pacto de la misma efectuada con entes privados, organismos multilaterales o cualquier organismo extranjero.
La introducción en la plenaria estuvo a cargo del diputado y economista José Guerra (MUD/Distrito Capital) quién alertó que “en Venezuela se ha destrozado la institucionalidad fiscal del país”.
Para él, el mecanismo que ha puesto en práctica el gobierno para aprobar la Ley de Presupuesto, ha acabado con los tres instrumentos fundamentales del mismo que son: la política de ingresos, la de gastos y de financiamiento.
Citó al artículo 313 de la Constitución que establece que el gobierno está obligado a presentar ante la Asamblea Nacional, en el periodo correspondiente la Ley de Presupuesto, sino lo hiciese en la fecha prevista, automáticamente se reconduce el presupuesto: “El presupuesto vigente es el del año previo y no habrá uno nuevo. El presupuesto actual es el del 2016” aseguró.
El legislador explicó que según la Ley Orgánica de Administración Financiera del sector público en su artículo 32, el gobierno tendrá la oportunidad de presentar la ley de presupuesto hasta el 18 de octubre, pero no lo hizo y en consecuencia queda reconducido.
La presunción de acudir ante una Asamblea Nacional Constituyente írrita hace que el presupuesto sea “nulo de toda nulidad”, según lo estipulado en el artículo 312 de la Constitución; razón por la cual cualquier tipo de endeudamiento será desconocido por un nuevo gobierno sin la aprobación de la Asamblea Nacional.
Aclaró que si el gobierno en el 2018 quisiera emitir cualquier tipo de deuda, debe hacerlo a través de PDVSA, que no está sujeta a la Ley Orgánica de Administración Financiera.
El también economista advirtió que Venezuela ha entrado en un proceso de hiperinflación producto de la política fiscal irresponsable del gobierno. Así mismo señaló que el gobierno cancelará los compromisos financieros en el extranjero, pero a costa de la miseria del pueblo que muere por falta de alimentos y medicinas.
En ese contexto, la diputada Nora Bracho (MUD/Zulia) denunció que el gobierno viola la Carta Magna al presentar el presupuesto de una manera irregular e inconstitucional, primero en 2016 ante el TSJ, sin dejar de lado que hasta hoy día no se sabe por cuánto fue aprobado.
“Los presupuestos de los años 2017 y 2018 han debido ser presentados ante la legítima Asamblea Nacional, constitucionalmente electa por todos los venezolanos”.
Calificó como un nuevo zarpazo a la Constitución que el gobierno haya presentado la Ley de Presupuesto 2018 ante la Asamblea Nacional Constituyente: “¿Cuánto estima Maduro que estará oscilando el dólar?. Ese secretismo trae gravísimas consecuencias en la vida de todos los venezolanos”.
Finalmente, la diputada Tamara Adrián (MUD/Distrito Capital) precisó que sin organización presupuestaria no es posible de exigir ni rendir cuentas y que sin una ley de endeudamiento que tenga los lineamientos generales para poder controlar el endeudamiento público, todo será caos y miseria y se estará ante la imposibilidad de saber en qué, cómo y cuándo se gastaron los recursos públicos.
