Después de poco más de tres meses, el personal de la aerolínea española Air Europa volverá a pernoctar en Venezuela a partir del 3 de julio, informó el Ministerio de Economía y Finanzas en su cuenta de Twitter.
Los trabajadores de la empresa de transporte dejaron de dormir en Venezuela, tras un incidente ocurrido los primeros días de marzo, cuando el vehículo que trasladaba a la tripulación del aeropuerto internacional Simón Bolívar en Maiquetía al hotel quedó en medio de un intento de atraco en el que hubo un enfrentamiento.
Desde entonces, el personal pernocta en República Dominicana y de acuerdo con las autoridades venezolanas lo harán otra vez en el país desde el miércoles 3 de julio.
La decisión de Air Europa se suma a la de otras líneas aéreas como Air France, TAP Air Portugal y Turkish Airlines, señala el tuit del despacho de economía.
Las aerolíneas internacionales han ido abandonando operaciones en Venezuela desde 2013 por varias causas. En primer lugar, una deuda del gobierno calculada en 3.000 millones de dólares, y luego por razones operativas como los altos costos de los boletos que han mermado el flujo de viajeros e inadecuadas condiciones de mantenimiento de las instalaciones aeroportuarias.
Después de poco más de tres meses, el personal de la aerolínea española Air Europa volverá a pernoctar en Venezuela a partir del 3 de julio, informó el Ministerio de Economía y Finanzas en su cuenta de Twitter.
Los trabajadores de la empresa de transporte dejaron de dormir en Venezuela, tras un incidente ocurrido los primeros días de marzo, cuando el vehículo que trasladaba a la tripulación del aeropuerto internacional Simón Bolívar en Maiquetía al hotel quedó en medio de un intento de atraco en el que hubo un enfrentamiento.
Desde entonces, el personal pernocta en República Dominicana y de acuerdo con las autoridades venezolanas lo harán otra vez en el país desde el miércoles 3 de julio.
La decisión de Air Europa se suma a la de otras líneas aéreas como Air France, TAP Air Portugal y Turkish Airlines, señala el tuit del despacho de economía.
Las aerolíneas internacionales han ido abandonando operaciones en Venezuela desde 2013 por varias causas. En primer lugar, una deuda del gobierno calculada en 3.000 millones de dólares, y luego por razones operativas como los altos costos de los boletos que han mermado el flujo de viajeros e inadecuadas condiciones de mantenimiento de las instalaciones aeroportuarias.
La petrolera Chevron importó 104.000 barriles diarios de crudo venezolano en abril, frente a los 31.000 b/d que importó desde Venezuela, cuya empresa estatal Pdvsa enfrenta fuertes sanciones del gobierno de EEUU desde finales de enero de este año, reporta Argus.
La compañía tiene hasta el 27 de julio para hacer transacciones con Pdvsa. En Venezuela esperan que las autoridades estadounidenses extiendan el plazo a Chevron para operaciones en el país.
Chevron, que tiene el 30% de la empresa mixta Petropiar que extrae y mejora crudo extrapesado de la Faja del Orinoco, se mantiene en el país en medio de frecuentes rumores de su salida de Venezuela.
La administración de Donald Trump impuso sanciones a Pdvsa el 28 de enero como una medida para ahogar financieramente al gobierno de Nicolás Maduro y presionar su salida del poder, luego que EEUU reconociera al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente interino tras juramentarse como tal.
La decisión de EEUU ha forzado a las refinerías de ese país a buscar alternativas para evitar que el efecto de las sanciones contra Pdvsa las alcance.
La petrolera Chevron importó 104.000 barriles diarios de crudo venezolano en abril, frente a los 31.000 b/d que importó desde Venezuela, cuya empresa estatal Pdvsa enfrenta fuertes sanciones del gobierno de EEUU desde finales de enero de este año, reporta Argus.
La compañía tiene hasta el 27 de julio para hacer transacciones con Pdvsa. En Venezuela esperan que las autoridades estadounidenses extiendan el plazo a Chevron para operaciones en el país.
Chevron, que tiene el 30% de la empresa mixta Petropiar que extrae y mejora crudo extrapesado de la Faja del Orinoco, se mantiene en el país en medio de frecuentes rumores de su salida de Venezuela.
La administración de Donald Trump impuso sanciones a Pdvsa el 28 de enero como una medida para ahogar financieramente al gobierno de Nicolás Maduro y presionar su salida del poder, luego que EEUU reconociera al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente interino tras juramentarse como tal.
La decisión de EEUU ha forzado a las refinerías de ese país a buscar alternativas para evitar que el efecto de las sanciones contra Pdvsa las alcance.
La contracción de la economía en 2019 será de 33,8% en 2019, de manera que, desde 2014, la producción interna de bienes y servicios podría registrar una caída acumulada de 70%, la cual no podrá ser compensada por importaciones privadas ni remesas, ya que estas últimas no pasarán de 2.000 millones de dólares, al cierre del año.
«Los sectores más afectados en este año 2019 serán la Banca y seguros (-29,2%), Transporte (-40.1), Manufactura (-39,7%), el comercio con (-38,1%), servicios del Gobierno (-42,4%) y el PIB Petrolero (-28,7). (https://www.belongly.com/) Por su parte, la caída del consumo la ubicamos en -29.5% en 2019″.
El reporte señala que las posibilidades de moderar una disminución tan aguda del consumo mediante compras externas, tanto públicas como privadas, está severamente limitada por las extremas dificultades financieras que vivirá el país, debido a la propia dinámica recesiva de la crisis y a las sanciones internacionales que afectan al gobierno de Nicolás Maduro.
Más allá de sus inconsistencias evidentes, las propias cifras del Banco Central de Venezuela expresan la magnitud de una crisis que, de acuerdo con el análisis de la consultora, no parece tener visos de solución, al menos en el corto plazo.
«La contracción entre el tercer trimestre 2014 y el tercer trimestre del 2018 fue de -49.8% (nuestra estimación fue de -52,4% en el mismo periodo), sin embargo, el sector que absorbió la mayoría de esta brutal contracción fue el privado, con un retroceso de -63.3%, mientras el sector publico cayó -25%. Venezuela figura en la lista de los diez países que han sufrido la mayor caída del PIB en períodos de cinco años en el lapso 1960-2018, acompañado por Liberia, Georgia, Tayikistán, Azerbaiyán, Libia, Ruanda, Ucrania, Kirguistán y Armenia», señala el informe de Aristimuño Herrera & Asociados.
Esta situación del sector privado es especialmente crítica, porque el funcionamiento del sector productivo público está en el orden de entre 10% y 15% de capacidad promedio, con crisis especialmente agudas en el denominado sector básico -hierro, bauxita, minerales, petroquímico-, donde la producción es prácticamente nula, según diversas fuentes, como la ONG Transparencia Venezuela, que ha hecho un amplio seguimiento al desempeño del conglomerado de empresas estatales.
De acuerdo con el análisis de la consultora financiera y económica, la progresiva reducción del aparato productivo y la franca depresión económica de los últimos seis años no solo han reducido a la economía venezolana, en términos de PIB real, a los mismos valores de 1999, sino que han modificado su estructura, haciendo que los servicios cobren un mayor peso en la actualidad.
«Al calcular el peso por sectores dentro de la economía, el petrolero representó en el año 2000 el 18,9% del aporte al PIB, mientras que en 2018 se ubica en 11,9%. La manufactura, pesaba 16.8% en la economía para el año 2000, ubicándose en 2018 en apenas 8.5%. Venezuela se fue convirtiendo progresivamente de una economía manufacturera en una economía de servicios, ya que, en el año 2000, el total de sectores asociados a servicios pesaba 29.9% sobre el PIB, mientras que en 2018 este número escaló hasta 55.2% del total PIB«.
En cuanto al consumo, las contracciones tanto del sector público como del privado han sido abismales, especialmente en el segundo que, entre 2014 y 2018, evidenció una disminución de 58%, mientras que la demanda del sector público bajó 44%, lo que en buena medida explica la crisis de las denominadas misiones sociales, entre otras deficiencias de prestaciones y servicios públicos.
La contracción de la economía en 2019 será de 33,8% en 2019, de manera que, desde 2014, la producción interna de bienes y servicios podría registrar una caída acumulada de 70%, la cual no podrá ser compensada por importaciones privadas ni remesas, ya que estas últimas no pasarán de 2.000 millones de dólares, al cierre del año.
«Los sectores más afectados en este año 2019 serán la Banca y seguros (-29,2%), Transporte (-40.1), Manufactura (-39,7%), el comercio con (-38,1%), servicios del Gobierno (-42,4%) y el PIB Petrolero (-28,7). (https://www.belongly.com/) Por su parte, la caída del consumo la ubicamos en -29.5% en 2019″.
El reporte señala que las posibilidades de moderar una disminución tan aguda del consumo mediante compras externas, tanto públicas como privadas, está severamente limitada por las extremas dificultades financieras que vivirá el país, debido a la propia dinámica recesiva de la crisis y a las sanciones internacionales que afectan al gobierno de Nicolás Maduro.
Más allá de sus inconsistencias evidentes, las propias cifras del Banco Central de Venezuela expresan la magnitud de una crisis que, de acuerdo con el análisis de la consultora, no parece tener visos de solución, al menos en el corto plazo.
«La contracción entre el tercer trimestre 2014 y el tercer trimestre del 2018 fue de -49.8% (nuestra estimación fue de -52,4% en el mismo periodo), sin embargo, el sector que absorbió la mayoría de esta brutal contracción fue el privado, con un retroceso de -63.3%, mientras el sector publico cayó -25%. Venezuela figura en la lista de los diez países que han sufrido la mayor caída del PIB en períodos de cinco años en el lapso 1960-2018, acompañado por Liberia, Georgia, Tayikistán, Azerbaiyán, Libia, Ruanda, Ucrania, Kirguistán y Armenia», señala el informe de Aristimuño Herrera & Asociados.
Esta situación del sector privado es especialmente crítica, porque el funcionamiento del sector productivo público está en el orden de entre 10% y 15% de capacidad promedio, con crisis especialmente agudas en el denominado sector básico -hierro, bauxita, minerales, petroquímico-, donde la producción es prácticamente nula, según diversas fuentes, como la ONG Transparencia Venezuela, que ha hecho un amplio seguimiento al desempeño del conglomerado de empresas estatales.
De acuerdo con el análisis de la consultora financiera y económica, la progresiva reducción del aparato productivo y la franca depresión económica de los últimos seis años no solo han reducido a la economía venezolana, en términos de PIB real, a los mismos valores de 1999, sino que han modificado su estructura, haciendo que los servicios cobren un mayor peso en la actualidad.
«Al calcular el peso por sectores dentro de la economía, el petrolero representó en el año 2000 el 18,9% del aporte al PIB, mientras que en 2018 se ubica en 11,9%. La manufactura, pesaba 16.8% en la economía para el año 2000, ubicándose en 2018 en apenas 8.5%. Venezuela se fue convirtiendo progresivamente de una economía manufacturera en una economía de servicios, ya que, en el año 2000, el total de sectores asociados a servicios pesaba 29.9% sobre el PIB, mientras que en 2018 este número escaló hasta 55.2% del total PIB«.
En cuanto al consumo, las contracciones tanto del sector público como del privado han sido abismales, especialmente en el segundo que, entre 2014 y 2018, evidenció una disminución de 58%, mientras que la demanda del sector público bajó 44%, lo que en buena medida explica la crisis de las denominadas misiones sociales, entre otras deficiencias de prestaciones y servicios públicos.
La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) tiene prácticamente asegurado un acuerdo para prorrogar por nueve meses más los recortes de suministros que entraron en vigor el uno de enero pasado y vencieron este domingo 30 de junio.
La 176ª conferencia ministerial de la OPEP será presidida por el ministro de Petróleo de Venezuela, Manuel Quevedo, y será precedida por una reunión del comité encargado de vigilar el cumplimiento de los recortes vigentes, que además estudiará las últimas evoluciones del mercado y con base en ellas hará sus recomendaciones a la conferencia.
Después del encuentro, los ministros del sector de los 14 miembros de la OPEP volverán este martes, al secretariado de la organización para participar en la sexta reunión con sus colegas de los 10 productores aliados desde 2016.
El grupo de 24 países, llamado «OPEP+», decidió en diciembre pasado retirar del mercado 1,2 millones de barriles diarios de crudo, en búsqueda de la recuperación del precio del petróleo, que había caído a menos de 54 dólares por barril.
Aunque la medida contribuyó al encarecimiento del «oro negro» en los primeros meses del año, cuando el barril se apreció hasta cotizar por encima de los 75 dólares a fines de abril, el auge de la producción de crudo en EEUU y la desaceleración de la demanda de crudo han contrarrestado parcialmente la medida de los productores.
El barril del petróleo Brent se vende estos días en torno a los 66 dólares, un nivel moderado si se tiene en cuenta la presión al alza que ejercen otros importantes factores.
Entre ellos destaca la caída de las exportaciones de crudo de Irán debido a las sanciones impuestas a Teherán por Washington, el desplome del bombeo de Venezuela a causa de la grave crisis que atraviesa el país y los temores a cortes de suministro que despierta la escalada de las tensiones en Oriente Medio.
Los analistas dan por sentado que la OPEP+ dará luz verde a una prórroga del citado recorte hasta fines de 2019 como mínimo, y más probablemente hasta fines de marzo de 2020, después de que Arabia Saudí, el mayor productor de la OPEP, y Rusia, primer productor del grupo de aliados, alcanzasen un acuerdo previo el sábado en Japón.
Al anunciarlo a la prensa al término de la cumbre del G20 tras reunirse en la ciudad japonesa de Osaka con el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, el presidente ruso, Vladímir Putin, dijo que ambos países abogan por una prórroga de seis a nueve meses, y se inclinó más por la última variante.
De forma similar se expresó el ministro saudí de Petróleo, Jalid al Falih, a su llegada a Viena el domingo, cuando estimó que el resultado «más probable» del encuentro es una extensión hasta el 31 de marzo de 2020 del recorte.
De confirmarse la medida, la OPEP debería sancionar este lunes su parte del acuerdo, a saber, la rebaja de las extracciones conjuntas en 800.000 barriles por día repartida proporcionalmente entre 11 de los 14 miembros, ya que Irán, Venezuela y Libia están exonerados del compromiso debido a las caídas involuntarias de su bombeo que sufren por diversas razones.
El ministro iraní del petróleo, Bijan Namdar Zanganeh, denunció en Viena el carácter unilateral del acuerdo sobre el límite en la producción de crudo entre Arabia Saudita y Rusia, anunciado antes de una reunión de la OPEP.
Aunque dijo apoyar una prolongación de la baja producción en vigor, Zanganeh consideró que la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP), de la que Rusia no es miembro, «no tiene que recibir decisiones tomadas fuera de la OPEP».
Destinada a apoyar los precios del petróleo, esta prolongación de la reducción de producción fue anunciada por el presidente ruso, Vladimir Putin, al margen del G20 de Osaka, antes del encuentro de la OPEP de este lunes.
La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) tiene prácticamente asegurado un acuerdo para prorrogar por nueve meses más los recortes de suministros que entraron en vigor el uno de enero pasado y vencieron este domingo 30 de junio.
La 176ª conferencia ministerial de la OPEP será presidida por el ministro de Petróleo de Venezuela, Manuel Quevedo, y será precedida por una reunión del comité encargado de vigilar el cumplimiento de los recortes vigentes, que además estudiará las últimas evoluciones del mercado y con base en ellas hará sus recomendaciones a la conferencia.
Después del encuentro, los ministros del sector de los 14 miembros de la OPEP volverán este martes, al secretariado de la organización para participar en la sexta reunión con sus colegas de los 10 productores aliados desde 2016.
El grupo de 24 países, llamado «OPEP+», decidió en diciembre pasado retirar del mercado 1,2 millones de barriles diarios de crudo, en búsqueda de la recuperación del precio del petróleo, que había caído a menos de 54 dólares por barril.
Aunque la medida contribuyó al encarecimiento del «oro negro» en los primeros meses del año, cuando el barril se apreció hasta cotizar por encima de los 75 dólares a fines de abril, el auge de la producción de crudo en EEUU y la desaceleración de la demanda de crudo han contrarrestado parcialmente la medida de los productores.
El barril del petróleo Brent se vende estos días en torno a los 66 dólares, un nivel moderado si se tiene en cuenta la presión al alza que ejercen otros importantes factores.
Entre ellos destaca la caída de las exportaciones de crudo de Irán debido a las sanciones impuestas a Teherán por Washington, el desplome del bombeo de Venezuela a causa de la grave crisis que atraviesa el país y los temores a cortes de suministro que despierta la escalada de las tensiones en Oriente Medio.
Los analistas dan por sentado que la OPEP+ dará luz verde a una prórroga del citado recorte hasta fines de 2019 como mínimo, y más probablemente hasta fines de marzo de 2020, después de que Arabia Saudí, el mayor productor de la OPEP, y Rusia, primer productor del grupo de aliados, alcanzasen un acuerdo previo el sábado en Japón.
Al anunciarlo a la prensa al término de la cumbre del G20 tras reunirse en la ciudad japonesa de Osaka con el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, el presidente ruso, Vladímir Putin, dijo que ambos países abogan por una prórroga de seis a nueve meses, y se inclinó más por la última variante.
De forma similar se expresó el ministro saudí de Petróleo, Jalid al Falih, a su llegada a Viena el domingo, cuando estimó que el resultado «más probable» del encuentro es una extensión hasta el 31 de marzo de 2020 del recorte.
De confirmarse la medida, la OPEP debería sancionar este lunes su parte del acuerdo, a saber, la rebaja de las extracciones conjuntas en 800.000 barriles por día repartida proporcionalmente entre 11 de los 14 miembros, ya que Irán, Venezuela y Libia están exonerados del compromiso debido a las caídas involuntarias de su bombeo que sufren por diversas razones.
El ministro iraní del petróleo, Bijan Namdar Zanganeh, denunció en Viena el carácter unilateral del acuerdo sobre el límite en la producción de crudo entre Arabia Saudita y Rusia, anunciado antes de una reunión de la OPEP.
Aunque dijo apoyar una prolongación de la baja producción en vigor, Zanganeh consideró que la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP), de la que Rusia no es miembro, «no tiene que recibir decisiones tomadas fuera de la OPEP».
Destinada a apoyar los precios del petróleo, esta prolongación de la reducción de producción fue anunciada por el presidente ruso, Vladimir Putin, al margen del G20 de Osaka, antes del encuentro de la OPEP de este lunes.
Los representantes del gobierno de Nicolás Maduro y la administración interina de Juan Guaidó, reconocida por más de 50 países y recientemente avalada en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), podrían reanudar sus encuentros esta semana en un lugar no determinado, según una nota de la agencia Reuters.
La agencia cita «tres fuentes familiarizadas con el asunto»; sin embargo, dos dirigentes de Voluntad Popular, consultados por Banca y Negocios de manera extraoficial, indicaron que, aunque existe la presión de la Unión Europea, a través del denominado Grupo de Contacto, y varios gobiernos latinoamericanos, la muerte por presuntas torturas del Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo, mientras estaba bajo custodia del Dirección General de Contrainteligencia Militar (Digcim), desaconseja cualquier iniciativa en este momento, y así parece entenderlo todo el sector democrático.
El clima político se ha complicado en los últimos días, en primer lugar por la denuncia de un supuesto intento de golpe de Estado contra la administración de Maduro, que, de acuerdo con las versiones del ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, incluiría un intento de magnicidio y atentados contra figuras relevantes del gobierno chavista.
Pero ahora esta suerte de «contraofensiva» comunicacional, disparada por el presunto complot develado, se ha difuminado por el asesinato del joven capitán Acosta Arévalo, que ha sido rotunda y ampliamente condenado en varios países e instancias multilaterales.
El diálogo sigue sobre la mesa y parece ser la prioridad del representante especial de la UE para la situación de Venezuela, Enrique Iglesias, quien estaría trabajando activamente con el gobierno de Noruega y diversos organismos internacionales para promover una mesa de diálogo rápidamente, porque existe la percepción de que la crisis humanitaria en el país puede escalar, y en el resto de América Latina hay alarma por el crecimiento de la emigración venezolana que, según la OEA, podría llegar a una cifra que oscila entre 5,2 y 5,6 millones de expatriados en 2019 y entre 7,5 y 8,2 millones en 2020.
«La mayoría de los migrantes y refugiados venezolanos se encuentran en Colombia (1.3 millones), Perú (768.100), Chile (288.200), Ecuador (263.000), Brasil (168.300), Argentina (130.000), Panamá (94.400), Trinidad y Tobago (40.000), México (39.500), Guyana (36.400), República Dominicana (28.500), Costa Rica (25.700), Uruguay (8.600) y Paraguay (5.000). En términos absolutos, 4 naciones, Colombia, Perú, Chile y Ecuador, concentran más del 65% de los venezolanos que ha abandonado su país. En Curazao (26.000) y Aruba (16.000), los venezolanos representan el 15% de la población total de cada una de las islas, la más alta de la región en términos relativos», dice el informe de un grupo de trabajo coordinado por el ex alcalde exiliado, David Smolansky, que fue encargado por la Secretaría General de la OEA.
Este tema, más que cualquier situación de carácter interno, parece ser el detonante que mantiene la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, y también sobre la oposición que controla el parlamento y respalda al mandatario interino, Juan Guaidó, para que se abra un canal de diálogo que conduzca, tan pronto como sea posible, a un acuerdo que permita alcanzar alguna normalidad política e institucional que genere la gobernabilidad suficiente para aplicar un plan de recuperación económica.
Hasta ahora, señalan los dirigentes consultados, ambas partes están muy lejos de lograr un acuerdo.
Los representantes del gobierno de Nicolás Maduro y la administración interina de Juan Guaidó, reconocida por más de 50 países y recientemente avalada en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), podrían reanudar sus encuentros esta semana en un lugar no determinado, según una nota de la agencia Reuters.
La agencia cita «tres fuentes familiarizadas con el asunto»; sin embargo, dos dirigentes de Voluntad Popular, consultados por Banca y Negocios de manera extraoficial, indicaron que, aunque existe la presión de la Unión Europea, a través del denominado Grupo de Contacto, y varios gobiernos latinoamericanos, la muerte por presuntas torturas del Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo, mientras estaba bajo custodia del Dirección General de Contrainteligencia Militar (Digcim), desaconseja cualquier iniciativa en este momento, y así parece entenderlo todo el sector democrático.
El clima político se ha complicado en los últimos días, en primer lugar por la denuncia de un supuesto intento de golpe de Estado contra la administración de Maduro, que, de acuerdo con las versiones del ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, incluiría un intento de magnicidio y atentados contra figuras relevantes del gobierno chavista.
Pero ahora esta suerte de «contraofensiva» comunicacional, disparada por el presunto complot develado, se ha difuminado por el asesinato del joven capitán Acosta Arévalo, que ha sido rotunda y ampliamente condenado en varios países e instancias multilaterales.
El diálogo sigue sobre la mesa y parece ser la prioridad del representante especial de la UE para la situación de Venezuela, Enrique Iglesias, quien estaría trabajando activamente con el gobierno de Noruega y diversos organismos internacionales para promover una mesa de diálogo rápidamente, porque existe la percepción de que la crisis humanitaria en el país puede escalar, y en el resto de América Latina hay alarma por el crecimiento de la emigración venezolana que, según la OEA, podría llegar a una cifra que oscila entre 5,2 y 5,6 millones de expatriados en 2019 y entre 7,5 y 8,2 millones en 2020.
«La mayoría de los migrantes y refugiados venezolanos se encuentran en Colombia (1.3 millones), Perú (768.100), Chile (288.200), Ecuador (263.000), Brasil (168.300), Argentina (130.000), Panamá (94.400), Trinidad y Tobago (40.000), México (39.500), Guyana (36.400), República Dominicana (28.500), Costa Rica (25.700), Uruguay (8.600) y Paraguay (5.000). En términos absolutos, 4 naciones, Colombia, Perú, Chile y Ecuador, concentran más del 65% de los venezolanos que ha abandonado su país. En Curazao (26.000) y Aruba (16.000), los venezolanos representan el 15% de la población total de cada una de las islas, la más alta de la región en términos relativos», dice el informe de un grupo de trabajo coordinado por el ex alcalde exiliado, David Smolansky, que fue encargado por la Secretaría General de la OEA.
Este tema, más que cualquier situación de carácter interno, parece ser el detonante que mantiene la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, y también sobre la oposición que controla el parlamento y respalda al mandatario interino, Juan Guaidó, para que se abra un canal de diálogo que conduzca, tan pronto como sea posible, a un acuerdo que permita alcanzar alguna normalidad política e institucional que genere la gobernabilidad suficiente para aplicar un plan de recuperación económica.
Hasta ahora, señalan los dirigentes consultados, ambas partes están muy lejos de lograr un acuerdo.
Del 1 al 15 de julio los operadores deberán realizar la declaración y pago de los tributos establecidos en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (LOTEL) y la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos por los ingresos obtenidos por actividades de telecomunicaciones con fines de lucro a favor de terceros correspondientes al segundo trimestre del año.
“Estos tributos deben ser calculados en base a los los ingresos brutos que estos contribuyentes han obtenido por el ejercicio de esas actividades durante el segundo trimestre de 2019″, explicó Graciela Martínez Muñoz, Gerente de Recaudación y Fiscalización de Conatel.
Detalló además que Conatel es administritación tributaria, es decir que tiene las facultades de fiscalización, inspección y verificación, y todas aquellas contenidas en el Código Orgánico Tributario, en la LOTEL y demás normativas vigentes en la materia.
“El incumplimiento en la presentación de las declaraciones, o en el pago de los tributos respectivos, ocasiona aplicación de multas o sanciones, y el cálculo de los intereses moratorios a los que haya lugar”, agregó.
Los operadores que deban cumplir con el pago de estos tributos deben realizar su declaración en línea y pueden pagar en las oficinas del Banco del Tesoro o, mediante la plataforma del Banco de Venezuela que permite hacer las operaciones a través de su portal.
Conatel pone a disposición de los operadores los números telefónicos (0212) 909-05-83, 909-46-87, 909-04-56 al 04-59 o el correo electrónico: recaudacion@conatel.gob.ve y también su Oficina de Atención al Ciudadano ubicada en la planta baja de la sede principal de la Comisión, o directamente en la Gerencia de Recaudación y Fiscalización en el piso 1 de la citada torre.
Del 1 al 15 de julio los operadores deberán realizar la declaración y pago de los tributos establecidos en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (LOTEL) y la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos por los ingresos obtenidos por actividades de telecomunicaciones con fines de lucro a favor de terceros correspondientes al segundo trimestre del año.
“Estos tributos deben ser calculados en base a los los ingresos brutos que estos contribuyentes han obtenido por el ejercicio de esas actividades durante el segundo trimestre de 2019″, explicó Graciela Martínez Muñoz, Gerente de Recaudación y Fiscalización de Conatel.
Detalló además que Conatel es administritación tributaria, es decir que tiene las facultades de fiscalización, inspección y verificación, y todas aquellas contenidas en el Código Orgánico Tributario, en la LOTEL y demás normativas vigentes en la materia.
“El incumplimiento en la presentación de las declaraciones, o en el pago de los tributos respectivos, ocasiona aplicación de multas o sanciones, y el cálculo de los intereses moratorios a los que haya lugar”, agregó.
Los operadores que deban cumplir con el pago de estos tributos deben realizar su declaración en línea y pueden pagar en las oficinas del Banco del Tesoro o, mediante la plataforma del Banco de Venezuela que permite hacer las operaciones a través de su portal.
Conatel pone a disposición de los operadores los números telefónicos (0212) 909-05-83, 909-46-87, 909-04-56 al 04-59 o el correo electrónico: recaudacion@conatel.gob.ve y también su Oficina de Atención al Ciudadano ubicada en la planta baja de la sede principal de la Comisión, o directamente en la Gerencia de Recaudación y Fiscalización en el piso 1 de la citada torre.
El presidente boliviano, Evo Morales, aliado de Caracas, afirmó que Venezuela no debería ser tema de debate de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que a su criterio debería enfocarse en otros asuntos, como la migración.
«#Venezuela ya no es parte de la @OEA_oficial y no debería ser eje de sus debates», afirmó el gobernante en su cuenta de Twitter, en referencia a la Asamblea General del organismo que inició el miércoles en Colombia, con la crisis política venezolana como tema central.
Morales indicó en el mismo tuit que la OEA, de la cual Bolivia es miembro, debería estar al margen del caso venezolano, «más aún ahora que este organismo tiene que centrarse en temas urgentes que son de alto interés regional, como la grave crisis de los migrantes que buscan llegar al norte y mueren en esa ruta» hacia Estados Unidos.
Bolivia se ha mantenido como firme aliado de Venezuela desde que el izquierdista Morales llegó al poder en 2006, y estrechó lazos primero con el ya fallecido Hugo Chávez y luego con su sucesor, Nicolás Maduro.
La Paz también integra un Grupo de Contacto Internacional, junto a Alemania, Francia, Italia, Holanda, Portugal, España, Suecia y Reino Unido, así como Ecuador, Uruguay y Costa Rica.
La Asamblea de la OEA, que se extiende hasta el viernes, también aborda la situación de Nicaragua, sacudida por protestas antigubernamentales desde 2018, y la implementación del acuerdo de paz con la exguerrilla de las FARC en Colombia.
El presidente boliviano, Evo Morales, aliado de Caracas, afirmó que Venezuela no debería ser tema de debate de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que a su criterio debería enfocarse en otros asuntos, como la migración.
«#Venezuela ya no es parte de la @OEA_oficial y no debería ser eje de sus debates», afirmó el gobernante en su cuenta de Twitter, en referencia a la Asamblea General del organismo que inició el miércoles en Colombia, con la crisis política venezolana como tema central.
Morales indicó en el mismo tuit que la OEA, de la cual Bolivia es miembro, debería estar al margen del caso venezolano, «más aún ahora que este organismo tiene que centrarse en temas urgentes que son de alto interés regional, como la grave crisis de los migrantes que buscan llegar al norte y mueren en esa ruta» hacia Estados Unidos.
Bolivia se ha mantenido como firme aliado de Venezuela desde que el izquierdista Morales llegó al poder en 2006, y estrechó lazos primero con el ya fallecido Hugo Chávez y luego con su sucesor, Nicolás Maduro.
La Paz también integra un Grupo de Contacto Internacional, junto a Alemania, Francia, Italia, Holanda, Portugal, España, Suecia y Reino Unido, así como Ecuador, Uruguay y Costa Rica.
La Asamblea de la OEA, que se extiende hasta el viernes, también aborda la situación de Nicaragua, sacudida por protestas antigubernamentales desde 2018, y la implementación del acuerdo de paz con la exguerrilla de las FARC en Colombia.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que el diálogo congelado con la oposición en Noruega «va a continuar», pese a nuevas denuncias del gobierno socialista sobre un complot encabezado por el líder parlamentario Juan Guaidó para derrocarlo y asesinarlo.
«Quiero diálogo, quiero entendimiento, quiero acuerdos y a veces ellos dicen: ‘si el presidente dice algo, nos vamos’. Yo prefiero entonces callar (…). Esto es lo único que les puedo adelantar: el diálogo con los Noruegos sí va, va a continuar y vamos a avanzar en acuerdos verificables, cumplibles, por la paz de Venezuela», dijo Maduro en un acto transmitido en cadena de radio y televisión.
«Hay noticias nuevas, positivas (…) Lo que pasa es que estamos al frente de una oposición que no se manda a sí misma, la mandan los gringos, manda más en la oposición, decide más, Elliott Abrahams -representante de Estados Unidos para la crisis venezolana- que el balurdo (pobre hombre) este de Guaidó», agregó el mandatario.
Delegados de Maduro y Guaidó sostuvieron un primer cara a cara en Oslo en mayo, sin resultados.
El pasado 7 de junio, Guaidó, jefe del Parlamento reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de medio centenar de países, entre estos Estados Unidos, negó que estuviesen planteadas de momento nuevas reuniones.
Las palabras de Maduro se producen después de una nueva denuncia del gobierno chavista sobre un fallido «golpe de Estado» que contemplaría el asesinato del gobernante, la primera dama, Cilia Flores, y el presidente de la oficialista Asamblea Constituyente que rige en el país, Diosdado Cabello.
Trece personas fueron arrestadas, incluido un general de la Fuerza Armada, por el presunto complot, informó más temprano el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, principal representante de Maduro en las conversaciones con mediación de Noruega.
Una docena de militares y civiles son buscados por el caso. No incluyó a Guaidó entre ellos, aunque lo relacionó con la conjura llamándole «Juanito Alimaña».
Guaidó calificó las acusaciones de «novela».
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que el diálogo congelado con la oposición en Noruega «va a continuar», pese a nuevas denuncias del gobierno socialista sobre un complot encabezado por el líder parlamentario Juan Guaidó para derrocarlo y asesinarlo.
«Quiero diálogo, quiero entendimiento, quiero acuerdos y a veces ellos dicen: ‘si el presidente dice algo, nos vamos’. Yo prefiero entonces callar (…). Esto es lo único que les puedo adelantar: el diálogo con los Noruegos sí va, va a continuar y vamos a avanzar en acuerdos verificables, cumplibles, por la paz de Venezuela», dijo Maduro en un acto transmitido en cadena de radio y televisión.
«Hay noticias nuevas, positivas (…) Lo que pasa es que estamos al frente de una oposición que no se manda a sí misma, la mandan los gringos, manda más en la oposición, decide más, Elliott Abrahams -representante de Estados Unidos para la crisis venezolana- que el balurdo (pobre hombre) este de Guaidó», agregó el mandatario.
Delegados de Maduro y Guaidó sostuvieron un primer cara a cara en Oslo en mayo, sin resultados.
El pasado 7 de junio, Guaidó, jefe del Parlamento reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de medio centenar de países, entre estos Estados Unidos, negó que estuviesen planteadas de momento nuevas reuniones.
Las palabras de Maduro se producen después de una nueva denuncia del gobierno chavista sobre un fallido «golpe de Estado» que contemplaría el asesinato del gobernante, la primera dama, Cilia Flores, y el presidente de la oficialista Asamblea Constituyente que rige en el país, Diosdado Cabello.
Trece personas fueron arrestadas, incluido un general de la Fuerza Armada, por el presunto complot, informó más temprano el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, principal representante de Maduro en las conversaciones con mediación de Noruega.
Una docena de militares y civiles son buscados por el caso. No incluyó a Guaidó entre ellos, aunque lo relacionó con la conjura llamándole «Juanito Alimaña».
Guaidó calificó las acusaciones de «novela».
La banca de inversión británica Barclays bajó su proyección de inflación para el cierre de 2019 a 12.592%, lo que sería una enorme desaceleración de 90,32% si se compara con el 130.060,2% que reconoció el BCV como índice nacional de precios al cierre de 2018, y de un aún más impactante 13.317% si se contrasta con el dato de 1.689.448,2% que dio la variación de precios al término del año pasado, medida por la Asamblea Nacional.
La información fue suministrada por el socio director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, en su cuenta de Twitter, en un hilo donde reveló algunas de las proyecciones macroeconómicas actualizadas para Venezuela del banco de inversión británico.
En efecto, como consecuencia de la enorme contracción de la liquidez monetaria, básicamente determinada por la reducción del gasto público y la restrictiva política de encaje legal bancario, aparte de una severa contracción del consumo que, según Aristimuño Herrera & Asociados, por ejemplo, va por 70% en los últimos tres años, los economistas han venido ajustando sus proyecciones de inflación a la baja.
Este dato no significa una eventual desaparición del fenómeno hiperinflacionario, pero marcaría una nueva etapa en la evolución del fenómeno. No es una grandiosa noticia tal desaceleración, pero significa, de cumplirse el pronóstico, siquiera de manera aproximada, una teórica recuperación de poder de compra para la población.
Por otra parte, Oliveros destacó que la firma británica pronostica que la exportación petrolera promediará unos 580.000 barriles diarios, de los cuales solo 200.000 generarán flujo de caja para un fisco nacional que tendrá que cargar con una deuda externa que representará, al cierre del año, 152% del PIB.
La banca de inversión británica Barclays bajó su proyección de inflación para el cierre de 2019 a 12.592%, lo que sería una enorme desaceleración de 90,32% si se compara con el 130.060,2% que reconoció el BCV como índice nacional de precios al cierre de 2018, y de un aún más impactante 13.317% si se contrasta con el dato de 1.689.448,2% que dio la variación de precios al término del año pasado, medida por la Asamblea Nacional.
La información fue suministrada por el socio director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, en su cuenta de Twitter, en un hilo donde reveló algunas de las proyecciones macroeconómicas actualizadas para Venezuela del banco de inversión británico.
En efecto, como consecuencia de la enorme contracción de la liquidez monetaria, básicamente determinada por la reducción del gasto público y la restrictiva política de encaje legal bancario, aparte de una severa contracción del consumo que, según Aristimuño Herrera & Asociados, por ejemplo, va por 70% en los últimos tres años, los economistas han venido ajustando sus proyecciones de inflación a la baja.
Este dato no significa una eventual desaparición del fenómeno hiperinflacionario, pero marcaría una nueva etapa en la evolución del fenómeno. No es una grandiosa noticia tal desaceleración, pero significa, de cumplirse el pronóstico, siquiera de manera aproximada, una teórica recuperación de poder de compra para la población.
Por otra parte, Oliveros destacó que la firma británica pronostica que la exportación petrolera promediará unos 580.000 barriles diarios, de los cuales solo 200.000 generarán flujo de caja para un fisco nacional que tendrá que cargar con una deuda externa que representará, al cierre del año, 152% del PIB.
El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, discutieron posibles medidas para cortar «el apoyo financiero de todos los países que ayudan a Venezuela», según dijo el portavoz del líder latinoamericano.
Ambos mandatarios celebraron una reunión bilateral en el margen de la cumbre del G20 en la que analizaron la situación en Venezuela y evaluaron «medidas para asfixiar el apoyo económico al régimen de (Nicolás) Maduro», según dijo el portavoz de Bolsonaro, Otávio Rego Barros, en rueda de prensa.
Trump y Bolsonaro analizaron «la necesidad de encontrar una solución al Gobierno de Venezuela», y hablaron en particular del «aspecto económico para asfixiar al Gobierno de Maduro» y para «lograr una solución democrática», según el portavoz.
Los dos mandatarios comparten el concepto de que «todos aquellos países que aporten algún apoyo económico a Venezuela podrán eventualmente ser analizados para alguna acción con la que se asfixie su apoyo», dijo Barros.
El portavoz evitó aclarar si se había tratado en particular la posibilidad de imponer sanciones a países como Cuba por su respaldo al régimen de Maduro, al ser preguntado por los medios.
Al inicio de la reunión con Bolsonaro, Trump apeló a la paciencia respecto a la crisis en Venezuela, al asegurar que ese tipo de transiciones «llevan tiempo».
El mandatario se refería así al estancamiento de la estrategia estadounidense en Venezuela, donde ya hace cinco meses que Trump reconoció como presidente legítimo al líder opositor Juan Guaidó, pero éste no ha logrado arrebatar el poder a Maduro.
En las últimas semanas, la Casa Blanca ha bajado el volumen a su campaña contra Maduro, pero fuentes oficiales consultadas por EFE aseguran que los esfuerzos para presionar al chavismo continúan, aunque no se hagan públicos.
El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, discutieron posibles medidas para cortar «el apoyo financiero de todos los países que ayudan a Venezuela», según dijo el portavoz del líder latinoamericano.
Ambos mandatarios celebraron una reunión bilateral en el margen de la cumbre del G20 en la que analizaron la situación en Venezuela y evaluaron «medidas para asfixiar el apoyo económico al régimen de (Nicolás) Maduro», según dijo el portavoz de Bolsonaro, Otávio Rego Barros, en rueda de prensa.
Trump y Bolsonaro analizaron «la necesidad de encontrar una solución al Gobierno de Venezuela», y hablaron en particular del «aspecto económico para asfixiar al Gobierno de Maduro» y para «lograr una solución democrática», según el portavoz.
Los dos mandatarios comparten el concepto de que «todos aquellos países que aporten algún apoyo económico a Venezuela podrán eventualmente ser analizados para alguna acción con la que se asfixie su apoyo», dijo Barros.
El portavoz evitó aclarar si se había tratado en particular la posibilidad de imponer sanciones a países como Cuba por su respaldo al régimen de Maduro, al ser preguntado por los medios.
Al inicio de la reunión con Bolsonaro, Trump apeló a la paciencia respecto a la crisis en Venezuela, al asegurar que ese tipo de transiciones «llevan tiempo».
El mandatario se refería así al estancamiento de la estrategia estadounidense en Venezuela, donde ya hace cinco meses que Trump reconoció como presidente legítimo al líder opositor Juan Guaidó, pero éste no ha logrado arrebatar el poder a Maduro.
En las últimas semanas, la Casa Blanca ha bajado el volumen a su campaña contra Maduro, pero fuentes oficiales consultadas por EFE aseguran que los esfuerzos para presionar al chavismo continúan, aunque no se hagan públicos.
