Por fuentes indirectas, la economista y ex presidenta del Banco Central de Venezuela, Ruth de Krivoy, indicó «desconocer» el nombramiento como integrante de la Junta Directiva ad hoc que designó la Asamblea Nacional, a propuesta de una comisión especial encabezada por Macario González, y que fue aprobado en sesión plenaria este martes 16 de julio.
La ex titular del ente emisor a quien le correspondió gestionar el impacto de la primera ola de bancos caídos durante la crisis financiera de 1994, se encuentra en el exterior y está activa. Según conoció Banca y Negocios la propuesta de su nombre partió de Henry Ramos Allup y fue formalizada por Omar Barboza, integrante de la comisión evaluadora designada por el presidente del parlamento, Juan Guaidó.
La situación era confusa, pues no estaba claro si los proponentes no le avisaron previamente de su posible designación o si Krivoy rechazó expresamente la responsabilidad, en extremo compleja, de asumir la supervisión y control de activos financieros externos de la República sin soporte burocrático y herramientas adecuadas.
Banca y Negocios trató de comunicarse con algún integrante de la Comisión, pero no fue posible. Sí se conversó con otros parlamentarios que dieron versiones contradictorias sobre la situación. Macario González, en conversación con EFE, tampoco aclaró la situación de Krivoy, sin duda la integrante más experimentada y conocedora de la cuestión monetaria que pudo haber tenido este directorio ad hoc.
Krivoy no tiene militancia política acreditable, pero sus vínculos con Acción Democrática son antiguos. El ex presidente Carlos Andrés Pérez la designó como presidenta del BCV en medio del desajuste económico que provocó el intento de golpe de estado del 4 de febrero de 1992, cuando el plan de apertura denominado «El Gran Viraje» ya comenzaba a encontrar severos tropiezos.
Cuando Pérez fue defenestrado de la Presidencia en 1993, el ex mandatario interino Ramón J. Velásquez le pidió permanecer en el cargo. En diciembre de 1993 se produjo la intervención del Banco Latino, una decisión respaldada por Velásquez con la aquiescencia de Julio Sosa Rodríguez, quien sería el primer ministro de Hacienda del segundo gobierno del ex presidente Rafael Caldera.
Krivoy tuvo fuertes diferencias con la manera como el equipo de Caldera manejó la crisis bancaria, después de las caídas de los primeros bancos y decidió renunciar al BCV en abril de 1994, para ser sustituida por Antonio Casas González, hombre de más confianza del presidente.
Krivoy es fundadora de la Consultora Síntesis Financiera y tiene una obra amplia sobre temas monetarias, bacarios y económicos.
Por fuentes indirectas, la economista y ex presidenta del Banco Central de Venezuela, Ruth de Krivoy, indicó «desconocer» el nombramiento como integrante de la Junta Directiva ad hoc que designó la Asamblea Nacional, a propuesta de una comisión especial encabezada por Macario González, y que fue aprobado en sesión plenaria este martes 16 de julio.
La ex titular del ente emisor a quien le correspondió gestionar el impacto de la primera ola de bancos caídos durante la crisis financiera de 1994, se encuentra en el exterior y está activa. Según conoció Banca y Negocios la propuesta de su nombre partió de Henry Ramos Allup y fue formalizada por Omar Barboza, integrante de la comisión evaluadora designada por el presidente del parlamento, Juan Guaidó.
La situación era confusa, pues no estaba claro si los proponentes no le avisaron previamente de su posible designación o si Krivoy rechazó expresamente la responsabilidad, en extremo compleja, de asumir la supervisión y control de activos financieros externos de la República sin soporte burocrático y herramientas adecuadas.
Banca y Negocios trató de comunicarse con algún integrante de la Comisión, pero no fue posible. Sí se conversó con otros parlamentarios que dieron versiones contradictorias sobre la situación. Macario González, en conversación con EFE, tampoco aclaró la situación de Krivoy, sin duda la integrante más experimentada y conocedora de la cuestión monetaria que pudo haber tenido este directorio ad hoc.
Krivoy no tiene militancia política acreditable, pero sus vínculos con Acción Democrática son antiguos. El ex presidente Carlos Andrés Pérez la designó como presidenta del BCV en medio del desajuste económico que provocó el intento de golpe de estado del 4 de febrero de 1992, cuando el plan de apertura denominado «El Gran Viraje» ya comenzaba a encontrar severos tropiezos.
Cuando Pérez fue defenestrado de la Presidencia en 1993, el ex mandatario interino Ramón J. Velásquez le pidió permanecer en el cargo. En diciembre de 1993 se produjo la intervención del Banco Latino, una decisión respaldada por Velásquez con la aquiescencia de Julio Sosa Rodríguez, quien sería el primer ministro de Hacienda del segundo gobierno del ex presidente Rafael Caldera.
Krivoy tuvo fuertes diferencias con la manera como el equipo de Caldera manejó la crisis bancaria, después de las caídas de los primeros bancos y decidió renunciar al BCV en abril de 1994, para ser sustituida por Antonio Casas González, hombre de más confianza del presidente.
Krivoy es fundadora de la Consultora Síntesis Financiera y tiene una obra amplia sobre temas monetarias, bacarios y económicos.
Este martes fue activado un sistema de seguridad para pasajeros y equipajes, en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, estado La Guaira, que permitirá detectar objetos, sustancias y artículos que se encuentren prohibido ingresar a las diferentes unidades aéreas, informó el ministro para el Transporte, Hipólito Abreu.
En declaraciones a Venezolana de Televisión (VTV), desde el Salón Venezuela del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, destacó que es un sistema de inspección no intrusivo y que va a permitir perfeccionar los procedimientos para evitar cualquier tipo de acción discrecional por parte de los funcionarios de seguridad.
Resaltó que la instalación de estos equipos de seguridad, va de la mano con una importante inversión que se hizo. Además de los trabajos para remozar las instalaciones e incrementar la seguridad de las pistas.
Igualmente, anunció que este martes fue concluidos los trabajos en la pista 09-27. «Ha sido un trabajo bien encomiable que venimos desarrollando en el marco de la Gran Misión Transporte Venezuela», sostuvo Abreu.
Asimismo, detalló que en el Aeropuerto Internacional «General en Jefe Santiago Mariño» de Porlamar, en el José Antonio Anzoátegui, así como en otras terminales aéreas se están llevando adelante trabajos de mejoramiento.
Por su parte, el presidente del Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Carlos Vieira, indicó que estos equipos son provenientes de China.
Durante el recorrido de inspección, también estuvieron presentes el gobernador del estado La Guaira, Jorge Luis García Carneiro, el alcalde del municipio Vargas, José Alejandro Terán y el presidente de Conviasa, Ramón Velásquez.
Este martes fue activado un sistema de seguridad para pasajeros y equipajes, en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, estado La Guaira, que permitirá detectar objetos, sustancias y artículos que se encuentren prohibido ingresar a las diferentes unidades aéreas, informó el ministro para el Transporte, Hipólito Abreu.
En declaraciones a Venezolana de Televisión (VTV), desde el Salón Venezuela del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, destacó que es un sistema de inspección no intrusivo y que va a permitir perfeccionar los procedimientos para evitar cualquier tipo de acción discrecional por parte de los funcionarios de seguridad.
Resaltó que la instalación de estos equipos de seguridad, va de la mano con una importante inversión que se hizo. Además de los trabajos para remozar las instalaciones e incrementar la seguridad de las pistas.
Igualmente, anunció que este martes fue concluidos los trabajos en la pista 09-27. «Ha sido un trabajo bien encomiable que venimos desarrollando en el marco de la Gran Misión Transporte Venezuela», sostuvo Abreu.
Asimismo, detalló que en el Aeropuerto Internacional «General en Jefe Santiago Mariño» de Porlamar, en el José Antonio Anzoátegui, así como en otras terminales aéreas se están llevando adelante trabajos de mejoramiento.
Por su parte, el presidente del Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Carlos Vieira, indicó que estos equipos son provenientes de China.
Durante el recorrido de inspección, también estuvieron presentes el gobernador del estado La Guaira, Jorge Luis García Carneiro, el alcalde del municipio Vargas, José Alejandro Terán y el presidente de Conviasa, Ramón Velásquez.
La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) y la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip), realizaron este martes 16 de julio, una reunión de trabajo con representantes del Banco Central de Venezuela, el Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas, y la banca pública y privada; con el objetivo de presentar una hoja de ruta para la incorporación de las operaciones en criptoactivos soberanos al Sistema Bancario Nacional, en la cual se plantean aspectos tales como asociaciones estratégicas entre las casas de intercambio autorizadas y las instituciones bancarias que permitan captar potenciales clientes, así como definir las directrices para una resolución conjunta que autorice los puntos de venta híbridos para realizar pagos en criptomonedas y de esta manera fortalecer este nuevo mercado.
El Superintendente de la Sunacrip, Joselit Ramírez, indicó que el propósito de esta reunión fue presentar los avances del criptoactivo soberano durante este último año, para colocarlo a disposición del sector bancario, de igual manera, propiciar un acercamiento desde el punto de vista técnico, económico y de negocios que genere confianza y potencie la usabilidad del Petro como medio alternativo de pago que no va rivalizar con el bolívar.
Entre las novedades se presentaron las plataformas del PetroAhorro, mecanismo que funciona a través del sistema Patria y da la oportunidad a los usuarios de respaldar sus ingresos en Petros. Adicionalmente, el PetroPago se muestra como una pasarela de pagos destinada a personas jurídicas, facilitando la recaudación de criptoactivos a través de sus dos modalidades tales como el botón de pago dirigido al comercio electrónico y el código QR.
Por otro lado, se dio a conocer la PetroApp, billetera multimoneda que permite a los usuarios realizar de manera confiable y segura sus transacciones en criptomonedas, su diseño es parecido al de la banca electrónica convencional, lo que resulta amigable para los usuarios.
La Sudeban y Sunacrip realizaran próximamente reuniones de trabajo con los equipos técnicos de las instituciones bancarias para evaluar los avances en la hoja de ruta establecida y avanzaren el fortalecimiento e impulso de la criptomoneda soberana Petro.
Todas estas acciones se realizan para defender el patrimonio y bienestar del pueblo venezolano, fomentando el ahorro en Petros y la realización de otras actividades que impulsen la economía nacional en el marco del Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica, de acuerdo a las instrucciones emanadas por nuestro Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros.
La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) y la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip), realizaron este martes 16 de julio, una reunión de trabajo con representantes del Banco Central de Venezuela, el Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas, y la banca pública y privada; con el objetivo de presentar una hoja de ruta para la incorporación de las operaciones en criptoactivos soberanos al Sistema Bancario Nacional, en la cual se plantean aspectos tales como asociaciones estratégicas entre las casas de intercambio autorizadas y las instituciones bancarias que permitan captar potenciales clientes, así como definir las directrices para una resolución conjunta que autorice los puntos de venta híbridos para realizar pagos en criptomonedas y de esta manera fortalecer este nuevo mercado.
El Superintendente de la Sunacrip, Joselit Ramírez, indicó que el propósito de esta reunión fue presentar los avances del criptoactivo soberano durante este último año, para colocarlo a disposición del sector bancario, de igual manera, propiciar un acercamiento desde el punto de vista técnico, económico y de negocios que genere confianza y potencie la usabilidad del Petro como medio alternativo de pago que no va rivalizar con el bolívar.
Entre las novedades se presentaron las plataformas del PetroAhorro, mecanismo que funciona a través del sistema Patria y da la oportunidad a los usuarios de respaldar sus ingresos en Petros. Adicionalmente, el PetroPago se muestra como una pasarela de pagos destinada a personas jurídicas, facilitando la recaudación de criptoactivos a través de sus dos modalidades tales como el botón de pago dirigido al comercio electrónico y el código QR.
Por otro lado, se dio a conocer la PetroApp, billetera multimoneda que permite a los usuarios realizar de manera confiable y segura sus transacciones en criptomonedas, su diseño es parecido al de la banca electrónica convencional, lo que resulta amigable para los usuarios.
La Sudeban y Sunacrip realizaran próximamente reuniones de trabajo con los equipos técnicos de las instituciones bancarias para evaluar los avances en la hoja de ruta establecida y avanzaren el fortalecimiento e impulso de la criptomoneda soberana Petro.
Todas estas acciones se realizan para defender el patrimonio y bienestar del pueblo venezolano, fomentando el ahorro en Petros y la realización de otras actividades que impulsen la economía nacional en el marco del Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica, de acuerdo a las instrucciones emanadas por nuestro Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros.
Sin sorpresas concluyó el proceso para escoger a la Junta Directiva de Fedecámaras para el período 2019-2020 encabezada por el abogado y empresario hotelero Ricardo Cusanno, e integrada por Carlos Fernández Gallardo, como primer vicepresidente; Fernando Cepeda, como segundo vicepresidente y Eduardo Garmendia, como tesorero.
Esta directiva previsiblemente será ratificada sin elección en la próxima Asamblea Anual, por lo que probablemente llegue hasta 2021, de acuerdo con los estatutos del máximo ente gremial del empresariado privado nacional.
El único cargo sujeto a competencia fue la segunda Vicepresidencia, para la que se postuló la ex titular de Consecomercio María Carolina Uzcátegui, pero, como estaba previsto, el equipo presentado por Cusanno sería elegido en pleno.
Esta nueva directiva de Fedecámaras enfrenta la crisis más grave en la historia del país y debe representar a un sector productivo reducido a un estado de postración, por lo que el nuevo presidente, Ricardo Cusanno, ha venido promoviendo la necesidad de que las empresas se organicen y desarrollen estrategias colaborativas de resistencia.
Esta gestión no representa ningún cambio radical en la orientación de Fedecámaras, porque se inscribe en la línea de sucesión consensuada en la que siempre ha tratado de mantenerse la institución, salvo algunos episodios en los cuales han surgido tendencias contrapuestas, o se ha tratado de introducir la polarización política en la dinámica gremial.
Después de la disputada elección de Pedro Carmona Estanga, en 2001, quien se confrontó duramente con el empresario Alberto Cudemus, las directivas sucesivas han sido electas por consenso. A partir de la presidencia de Jorge Botti, en 2011, hubo un apreciable cambio de discurso y orientación en Fedecámaras, que se consolidó en el mandato de su sucesor, Jorge Roig.
Sin duda, la organización gremial ha logrado recuperar, en este tiempo de crisis, mucho de su prestigio perdido y ha ganado una renovada influencia más allá del sector empresarial.
El ahora ex presidente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal, se despidió satisfecho, según lo expresó durante la presentación de su Memoria y Cuenta, pero preocupado por el entorno económico del país.
Declaró que la economía venezolana registrará una contracción de 35% este año, una caída histórica, y no se ve ninguna política que permita plantearse una expectativa de recuperación.
El discurso de los empresarios destaca algunas ideas medulares:
– La lucha por defender los derechos económicos, como parte del cuerpo de los derechos humanos, especialmente la propiedad privada.
– La necesidad de incorporar a los gremios a los empresarios de todo el país.
– Abrir los canales de representación institucional a las pequeñas y medianas empresas, así como a los emprendedores.
– Participar activamente en el diseño de una nueva política económica de orientación más aperturista, que suponga, eso sí, un cambio radical de modelo económico.
– El respaldo institucional a una salida pacífica a la crisis política e institucional que restituya un estado de derecho democrático.
– La necesidad de formular políticas sociales eficientes, bien orientadas y que reincorporen a la población empobrecida a una condición de consumidores, con pleno ejercicio de su autonomía de decisión.
– Que se abandonen las políticas de controles abusivos y de inspecciones arbitrarias.
– Las empresas deben vincularse más orgánicamente a la sociedad, apoyando el desarrollo humano y cumpliendo un rol importante en el combate de la pobreza.
Sin sorpresas concluyó el proceso para escoger a la Junta Directiva de Fedecámaras para el período 2019-2020 encabezada por el abogado y empresario hotelero Ricardo Cusanno, e integrada por Carlos Fernández Gallardo, como primer vicepresidente; Fernando Cepeda, como segundo vicepresidente y Eduardo Garmendia, como tesorero.
Esta directiva previsiblemente será ratificada sin elección en la próxima Asamblea Anual, por lo que probablemente llegue hasta 2021, de acuerdo con los estatutos del máximo ente gremial del empresariado privado nacional.
El único cargo sujeto a competencia fue la segunda Vicepresidencia, para la que se postuló la ex titular de Consecomercio María Carolina Uzcátegui, pero, como estaba previsto, el equipo presentado por Cusanno sería elegido en pleno.
Esta nueva directiva de Fedecámaras enfrenta la crisis más grave en la historia del país y debe representar a un sector productivo reducido a un estado de postración, por lo que el nuevo presidente, Ricardo Cusanno, ha venido promoviendo la necesidad de que las empresas se organicen y desarrollen estrategias colaborativas de resistencia.
Esta gestión no representa ningún cambio radical en la orientación de Fedecámaras, porque se inscribe en la línea de sucesión consensuada en la que siempre ha tratado de mantenerse la institución, salvo algunos episodios en los cuales han surgido tendencias contrapuestas, o se ha tratado de introducir la polarización política en la dinámica gremial.
Después de la disputada elección de Pedro Carmona Estanga, en 2001, quien se confrontó duramente con el empresario Alberto Cudemus, las directivas sucesivas han sido electas por consenso. A partir de la presidencia de Jorge Botti, en 2011, hubo un apreciable cambio de discurso y orientación en Fedecámaras, que se consolidó en el mandato de su sucesor, Jorge Roig.
Sin duda, la organización gremial ha logrado recuperar, en este tiempo de crisis, mucho de su prestigio perdido y ha ganado una renovada influencia más allá del sector empresarial.
El ahora ex presidente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal, se despidió satisfecho, según lo expresó durante la presentación de su Memoria y Cuenta, pero preocupado por el entorno económico del país.
Declaró que la economía venezolana registrará una contracción de 35% este año, una caída histórica, y no se ve ninguna política que permita plantearse una expectativa de recuperación.
El discurso de los empresarios destaca algunas ideas medulares:
– La lucha por defender los derechos económicos, como parte del cuerpo de los derechos humanos, especialmente la propiedad privada.
– La necesidad de incorporar a los gremios a los empresarios de todo el país.
– Abrir los canales de representación institucional a las pequeñas y medianas empresas, así como a los emprendedores.
– Participar activamente en el diseño de una nueva política económica de orientación más aperturista, que suponga, eso sí, un cambio radical de modelo económico.
– El respaldo institucional a una salida pacífica a la crisis política e institucional que restituya un estado de derecho democrático.
– La necesidad de formular políticas sociales eficientes, bien orientadas y que reincorporen a la población empobrecida a una condición de consumidores, con pleno ejercicio de su autonomía de decisión.
– Que se abandonen las políticas de controles abusivos y de inspecciones arbitrarias.
– Las empresas deben vincularse más orgánicamente a la sociedad, apoyando el desarrollo humano y cumpliendo un rol importante en el combate de la pobreza.
La Unión Europea (UE) amenazó este martes 16 de julio con imponer nuevas sanciones a Venezuela si no se registran «resultados concretos» en las discusiones entre gobierno y oposición en Barbados para buscar salidas a la grave crisis política, auspiciadas por Noruega.
«En caso de que no obtengan resultados concretos en las negociaciones en curso, la UE ampliará aún más sus medidas restrictivas», indicó la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, en una declaración en nombre de los países europeos.
Delegados del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y del líder opositor, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por medio centenar de países, arribaron la víspera a Barbados para retomar los diálogos, tras acordar días atrás la instalación de una mesa de trabajo.
Los europeos acogieron «con satisfacción» la reanudación de las conversaciones auspiciadas por Noruega, como un «canal para superar la crisis», pero urgieron a «alcanzar con urgencia un resultado que permita unas elecciones transparentes y supervisadas internacionalmente».
La UE, que desde 2017 sancionó a 18 funcionarios venezolanos e impuso un embargo de armas al país, también expresó su disposición a trabajar hacia nuevas sanciones para «los miembros de las fuerzas de seguridad implicados en torturas y otras violaciones graves de derechos humanos».
El canciller español, Josep Borrell, pidió la víspera, durante una reunión con sus pares europeos en Bruselas, sanciones contra estos responsables, tras destacar el informe de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
El informe de Bachelet «confirma de manera clara y detallada el alcance y la gravedad de las violaciones de los derechos humanos, la erosión del Estado de derecho y el desmantelamiento de las instituciones democráticas en el país», señala la declaración de la UE.
Mogherini, en nombre de los 28 países del bloque, pone como ejemplo la «trágica muerte» de Rafael Acosta, un militar venezolano de 50 años que falleció el pasado 29 de junio en un hospital de Caracas por presuntas torturas durante su detención.
Además de las sanciones, la UE lanzó en febrero junto a países latinoamericanos y europeos el Grupo de Contacto Internacional (GCI), iniciativa que busca elecciones presidenciales «libres y justas» en Venezuela.
La jefa de la diplomacia, que este martes debe abordar la situación en Venezuela en la Eurocámara, reiteró que proseguirán el trabajo del GCI y de su asesor especial, el uruguayo Enrique Iglesias, de cara a lograr un «proceso electoral pacífico» para salir de la crisis.
La Unión Europea (UE) amenazó este martes 16 de julio con imponer nuevas sanciones a Venezuela si no se registran «resultados concretos» en las discusiones entre gobierno y oposición en Barbados para buscar salidas a la grave crisis política, auspiciadas por Noruega.
«En caso de que no obtengan resultados concretos en las negociaciones en curso, la UE ampliará aún más sus medidas restrictivas», indicó la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, en una declaración en nombre de los países europeos.
Delegados del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y del líder opositor, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por medio centenar de países, arribaron la víspera a Barbados para retomar los diálogos, tras acordar días atrás la instalación de una mesa de trabajo.
Los europeos acogieron «con satisfacción» la reanudación de las conversaciones auspiciadas por Noruega, como un «canal para superar la crisis», pero urgieron a «alcanzar con urgencia un resultado que permita unas elecciones transparentes y supervisadas internacionalmente».
La UE, que desde 2017 sancionó a 18 funcionarios venezolanos e impuso un embargo de armas al país, también expresó su disposición a trabajar hacia nuevas sanciones para «los miembros de las fuerzas de seguridad implicados en torturas y otras violaciones graves de derechos humanos».
El canciller español, Josep Borrell, pidió la víspera, durante una reunión con sus pares europeos en Bruselas, sanciones contra estos responsables, tras destacar el informe de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
El informe de Bachelet «confirma de manera clara y detallada el alcance y la gravedad de las violaciones de los derechos humanos, la erosión del Estado de derecho y el desmantelamiento de las instituciones democráticas en el país», señala la declaración de la UE.
Mogherini, en nombre de los 28 países del bloque, pone como ejemplo la «trágica muerte» de Rafael Acosta, un militar venezolano de 50 años que falleció el pasado 29 de junio en un hospital de Caracas por presuntas torturas durante su detención.
Además de las sanciones, la UE lanzó en febrero junto a países latinoamericanos y europeos el Grupo de Contacto Internacional (GCI), iniciativa que busca elecciones presidenciales «libres y justas» en Venezuela.
La jefa de la diplomacia, que este martes debe abordar la situación en Venezuela en la Eurocámara, reiteró que proseguirán el trabajo del GCI y de su asesor especial, el uruguayo Enrique Iglesias, de cara a lograr un «proceso electoral pacífico» para salir de la crisis.
Mientras en las filas de los partidos democráticos se amplía cada vez más el consenso en torno a la necesidad de una salida negociada al conflicto institucional venezolano, en el oficialismo se alzan voces que ven las conversaciones, con mediación del gobierno noruego, como algo cercano a una claudicación innecesaria.
De ahí las señales contradictorias. Por un lado, el máximo jefe formal del Psuv y presidente de la progubernamental Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, advirtió que no habría elecciones presidenciales adelantadas, el gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, dijo que cualquier acuerdo con la oposición pasa por un «cronograma electoral», en una entrevista con el portal Resumen del Sur, versionada por la agencia gubernamental AVN.
Por lo pronto, el chavismo parece haber abandonado la idea de convocar elecciones adelantadas del parlamento. El propio Cabello dijo que la AN debía ser renovada en 2020, como lo pauta la Constitución, pero el presidente del Legislativo, Juan Guaidó, dejó claro, por su parte, que no aceptaría comicios antes de diciembre.
Varias agencias internacionales, como Bloomberg y Argus Media, sostienen que el oficialismo y la oposición habrían convenido en la necesidad de una solución electoral en Barbados y se habría avanzado en un cronograma de nueve meses para unas presidenciales sin Nicolás Maduro como candidato.
Este lunes 15 de julio está previsto que se reinicie el «mecanismo» de diálogo, con el arbitraje del gobierno de Noruega. Ambas representaciones acordaron realizar consultas internas antes de seguir negociando y el rumbo de esta nueva ronda de conversaciones dependerá de cómo encajen ambos sectores los resultados preliminares de Barbados.
En la oposición predomina la desconfianza, pero ha avanzado la posición de seguir dialogando. Estados Unidos recibió un reporte completo de las conversaciones, indican fuentes de partidos opositores consultadas por Banca y Negocios y la posición de la administración Trump es mantenerse en el proceso, sin abandonar la presión.
En el chavismo la situación es más complicada, aparentemente. No hay consenso, y Cabello parece ser el abanderado de los que no quieren un acuerdo que suponga elecciones presidenciales; en principio, porque entienden que no tienen muchas posibilidades de ganarlas y, además, consideran que, en último caso, Estados Unidos debe hacer gestos de «buena voluntad» previos, como levantar las sanciones a Pdvsa.
El primer paso sería que el gobierno de Donald Trump no impidiera a Chevron mantener sus operaciones en Venezuela, pero el sector «duro» del chavismo no espera que eso ocurra, y si no ocurre, se reforzará su posición.
Héctor Rodríguez, por otra parte, se ha convertido en el defensor más visible de las conversaciones y de un eventual acuerdo. Algunos dirán que, en principio, porque un pacto le daría la posibilidad de ser el candidato oficialista a suceder a Maduro.
Lo que sí está claro, cuentan tres dirigentes del sector gubernamental consultados, es que la economía preocupa mucho y es el único aliciente que existe para negociar. Por supuesto, ni extraoficialmente estas fuentes reconocen que en el sector militar también habría una amplia mayoría en favor de negociar para alcanzar un acuerdo que permita normalizar al país.
La dirigencia del Psuv demanda de los negociadores un cronograma de levantamiento de las sanciones, porque esa debe ser la prioridad «ante el daño que están causando a todo el país», señala uno de los consultados. «Sin levantamiento de las sanciones no puede haber ningún tipo de acuerdo», advierte otra de las fuentes políticas.
Maduro insiste públicamente en seguir negociando. ¿Será Héctor Rodríguez la «esperanza blanca» del chavismo en unas eventuales elecciones presidenciales? Hasta ahora, eso no es más que una especulación, pero desde hace tiempo se viene «vendiendo» la idea de que el gobernador sería una buena opción para liderar una alternativa de «renovación» en el chavismo.
Mientras en las filas de los partidos democráticos se amplía cada vez más el consenso en torno a la necesidad de una salida negociada al conflicto institucional venezolano, en el oficialismo se alzan voces que ven las conversaciones, con mediación del gobierno noruego, como algo cercano a una claudicación innecesaria.
De ahí las señales contradictorias. Por un lado, el máximo jefe formal del Psuv y presidente de la progubernamental Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, advirtió que no habría elecciones presidenciales adelantadas, el gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, dijo que cualquier acuerdo con la oposición pasa por un «cronograma electoral», en una entrevista con el portal Resumen del Sur, versionada por la agencia gubernamental AVN.
Por lo pronto, el chavismo parece haber abandonado la idea de convocar elecciones adelantadas del parlamento. El propio Cabello dijo que la AN debía ser renovada en 2020, como lo pauta la Constitución, pero el presidente del Legislativo, Juan Guaidó, dejó claro, por su parte, que no aceptaría comicios antes de diciembre.
Varias agencias internacionales, como Bloomberg y Argus Media, sostienen que el oficialismo y la oposición habrían convenido en la necesidad de una solución electoral en Barbados y se habría avanzado en un cronograma de nueve meses para unas presidenciales sin Nicolás Maduro como candidato.
Este lunes 15 de julio está previsto que se reinicie el «mecanismo» de diálogo, con el arbitraje del gobierno de Noruega. Ambas representaciones acordaron realizar consultas internas antes de seguir negociando y el rumbo de esta nueva ronda de conversaciones dependerá de cómo encajen ambos sectores los resultados preliminares de Barbados.
En la oposición predomina la desconfianza, pero ha avanzado la posición de seguir dialogando. Estados Unidos recibió un reporte completo de las conversaciones, indican fuentes de partidos opositores consultadas por Banca y Negocios y la posición de la administración Trump es mantenerse en el proceso, sin abandonar la presión.
En el chavismo la situación es más complicada, aparentemente. No hay consenso, y Cabello parece ser el abanderado de los que no quieren un acuerdo que suponga elecciones presidenciales; en principio, porque entienden que no tienen muchas posibilidades de ganarlas y, además, consideran que, en último caso, Estados Unidos debe hacer gestos de «buena voluntad» previos, como levantar las sanciones a Pdvsa.
El primer paso sería que el gobierno de Donald Trump no impidiera a Chevron mantener sus operaciones en Venezuela, pero el sector «duro» del chavismo no espera que eso ocurra, y si no ocurre, se reforzará su posición.
Héctor Rodríguez, por otra parte, se ha convertido en el defensor más visible de las conversaciones y de un eventual acuerdo. Algunos dirán que, en principio, porque un pacto le daría la posibilidad de ser el candidato oficialista a suceder a Maduro.
Lo que sí está claro, cuentan tres dirigentes del sector gubernamental consultados, es que la economía preocupa mucho y es el único aliciente que existe para negociar. Por supuesto, ni extraoficialmente estas fuentes reconocen que en el sector militar también habría una amplia mayoría en favor de negociar para alcanzar un acuerdo que permita normalizar al país.
La dirigencia del Psuv demanda de los negociadores un cronograma de levantamiento de las sanciones, porque esa debe ser la prioridad «ante el daño que están causando a todo el país», señala uno de los consultados. «Sin levantamiento de las sanciones no puede haber ningún tipo de acuerdo», advierte otra de las fuentes políticas.
Maduro insiste públicamente en seguir negociando. ¿Será Héctor Rodríguez la «esperanza blanca» del chavismo en unas eventuales elecciones presidenciales? Hasta ahora, eso no es más que una especulación, pero desde hace tiempo se viene «vendiendo» la idea de que el gobernador sería una buena opción para liderar una alternativa de «renovación» en el chavismo.
A pesar del cerco financiero que Estados Unidos pretende imponer al gobierno de Nicolás Maduro mediante sanciones cada vez más duras, al parecer la conexión con Turquía funciona eficientemente, ya que el sancionado Banco Central de Venezuela (BCV) logró vender 40 millones de dólares en oro monetario el pasado 12 de julio, según un breve reporte de Bloomberg.
Como resultado de la sigilosa transacción, las reservas internacionales cayeron a 8.100 millones de dólares, una cifra que marca un mínimo histórico en casi tres décadas.
De acuerdo con Bloomberg, desde abril pasado la administración de Maduro, a través del ente emisor, ha conseguido colocar aproximadamente 24 toneladas de oro en empresas radicadas en los Emiratos Árabes Unidos y Turquía, donde su proverbial aliado Recep Tayyip Erdoğan ha puesto a las órdenes del gobierno venezolano sus capacidades de refinación de mineral precioso.
Venezuela enfrenta un déficit fiscal este año que fácilmente puede ubicarse sobre 30% del PIB, por lo que las sanciones son un fardo extremadamente pesado para conseguir un financiamiento que es literalmente urgente para cubrir necesidades básicas del gobierno.
Ante esta situación, el madurismo ha recurrido a las ventas de oro como un mecanismo -limitado, ciertamente- de financiamiento internacional. Fuentes distintas a Bloomberg señalan que el estas operaciones reflejan pérdidas importantes por costos asociados a logística y posibles descuentos.
A pesar del cerco financiero que Estados Unidos pretende imponer al gobierno de Nicolás Maduro mediante sanciones cada vez más duras, al parecer la conexión con Turquía funciona eficientemente, ya que el sancionado Banco Central de Venezuela (BCV) logró vender 40 millones de dólares en oro monetario el pasado 12 de julio, según un breve reporte de Bloomberg.
Como resultado de la sigilosa transacción, las reservas internacionales cayeron a 8.100 millones de dólares, una cifra que marca un mínimo histórico en casi tres décadas.
De acuerdo con Bloomberg, desde abril pasado la administración de Maduro, a través del ente emisor, ha conseguido colocar aproximadamente 24 toneladas de oro en empresas radicadas en los Emiratos Árabes Unidos y Turquía, donde su proverbial aliado Recep Tayyip Erdoğan ha puesto a las órdenes del gobierno venezolano sus capacidades de refinación de mineral precioso.
Venezuela enfrenta un déficit fiscal este año que fácilmente puede ubicarse sobre 30% del PIB, por lo que las sanciones son un fardo extremadamente pesado para conseguir un financiamiento que es literalmente urgente para cubrir necesidades básicas del gobierno.
Ante esta situación, el madurismo ha recurrido a las ventas de oro como un mecanismo -limitado, ciertamente- de financiamiento internacional. Fuentes distintas a Bloomberg señalan que el estas operaciones reflejan pérdidas importantes por costos asociados a logística y posibles descuentos.
Si bien existe un claro consenso entre los economistas en que la crisis económica y social fue causada por el gobierno chavista, a través de su modelo de estatización radical y su gestión monetaria imprudente, aparte de una grave incapacidad para restablecer la capacidad productiva destruida por una deliberada estrategia de «transición al socialismo», está creciendo la preocupación por el impacto social de las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea, en menor grado, sobre las actividades económicas medulares del país.
El abanderado de este cuestionamiento a la estrategia de sanciones, por ahora, es el economista Francisco Rodríguez, economista-jefe de Torino Economics y ex director de informes en el área de Desarrollo Humano en la ONU.
En un artículo reciente, publicado en The New York Times, Rodríguez cuestiona la efectividad de la presión sobre el gobierno de Maduro, a través de sanciones y establece un potencial «riesgo de hambruna» para una porción mayoritaria de la población, si no se establecen limitaciones para suprimir las fuentes regulares de ingresos del país.
Según Rodríguez, «mi investigación muestra que, tras la primera ronda de sanciones económicas, la producción de petróleo venezolano sufrió el peor colapso que haya padecido una economía productora de petróleo sin estar en guerra ni en una huelga petrolera. Como consecuencia, la economía perdió aproximadamente 17.000 millones de dólares al año. Las operaciones que no fueron afectadas —como las alianzas comerciales con China o Rusia— tuvieron un crecimiento en la producción o se estabilizaron mientras el resto de la industria petrolera colapsaba».
Y más adelante, señala: «las cosas solo empeorarán con el embargo petrolero de este año. Si tomamos la experiencia histórica de otros países que han enfrentado situaciones similares en el pasado (como Irak, Irán y Libia), la nueva ronda de sanciones petroleras podría ocasionar a la ya diezmada industria petrolera una pérdida adicional de 10.000 millones de dólares al año, lo que equivale a más de dos terceras partes de las importaciones del país en 2018″.
Rodríguez ha entrado en un debate con el también economista, Ricardo Hausmann, designado por el presidente de la Asamblea Nacional y mandatario interino reconocido por 51 países, entre los que destacan Estados Unidos y la mayoría de la Unión Europea, Juan Guaidó, como gobernador ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Para Haussmann, la estrategia de sanciones financieras no tiene un impacto real en la calidad de vida de los venezolanos, ya que el problema real está en sostener políticas económicas equivocadas a las que se suman decisiones erróneas para enfrentar sus consecuencias.
Ante los argumentos sobre la inocuidad de las sanciones en términos sociales, Rodríguez responde con una metáfora: «eso es que como decir que no se puede matar a un enfermo terminal». El economista propone aplicar un programa de petróleo por alimentos, similar al ensayo iraquí, que proteja a los ciudadanos de «las acciones de su gobierno»
Pero, el economista de Torino Economics no está solo. También el socio-director de Datanálisis, Luis Vicente León, hace cuestionamientos públicos a la estrategia de sanciones. «Entiendo que el objetivo teórico de las sanciones generales es provocar el debilitamiento del gobierno y la fractura militar para provocar su salida. Pero el resultado de esa estrategia es decepcionante en su historia en el mundo y la experiencia venezolana sólo ratifica lo que sabíamos«.
«Es obvio que las sanciones no son la causa de la crisis. Es absurdo ese planteamiento a la luz de un modelo de control, intervencionismo y hostilidad que tiene una larga experiencia de fracasos en la historia. Pero decir que las sanciones no empeoran la crisis es aún más absurdo», sostiene León en su cuenta de Twitter.
León, incluso, asume una postura más beligerante en otro comentario: «una sanción es efectiva cuando es capaz de provocar un cambio de gobierno o un cambio en el gobierno en un tiempo lo suficientemente corto como para no destruir el país que pretende ayudar. Si el tiempo es largo y la destrucción enorme, el remedio resulta peor que la enfermedad«.
El socio director de Datanálisis señala impactos concretos, como las dificultades que se agudizan para hacer mantenimientos en las infraestructuras de servicios públicos, como agua y electricidad, cuyo funcionamiento es cada vez más precario y destruyen la poca calidad de vida que queda para los sectores más vulnerables, e incluso estratos socio-económicos con ingresos más elevados.
El también economista Luis Oliveros, especialista en el área petrolera, también entró en esta polémica desde su tribuna en Twitter: «Hay que ser responsables a la hora de hablar de las sanciones. 1- Las sanciones NO iniciaron (ni de cerca) la crisis económica (culpables CH y Maduro). 2- Las sanciones SI generan problemas a los venezolanos. 3- Es mentira que las sanciones impactan solamente al régimen».
Más adelante, puntualiza: «Recordemos: una cosa son sanciones individuales (directas a personajes del régimen para generarles incentivos para un quiebre) otra muy distinta son sanciones al país (que impactan a todos los venezolanos y muy poco al régimen, que con reprimir y usarlas como excusa tiene)».
«A los cubanos (+50 años), Zimbabuenses (+30 años) y un largo etc., también les dijeron (compatriotas en el exterior) que las sanciones generarían la caída del régimen. Estamos en el peor de los mundos. Unas sanciones por muchos años, serían trágicas para los venezolanos», concluye Oliveros.
León y Oliveros enfrentan críticas, las cuales se centran básicamente en un argumento: una flexibilización de las sanciones tampoco beneficiaría directamente a los venezolanos, porque nadie garantiza que los recursos vayan a satisfacer las necesidades del país.
El debate está abierto.
Si bien existe un claro consenso entre los economistas en que la crisis económica y social fue causada por el gobierno chavista, a través de su modelo de estatización radical y su gestión monetaria imprudente, aparte de una grave incapacidad para restablecer la capacidad productiva destruida por una deliberada estrategia de «transición al socialismo», está creciendo la preocupación por el impacto social de las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea, en menor grado, sobre las actividades económicas medulares del país.
El abanderado de este cuestionamiento a la estrategia de sanciones, por ahora, es el economista Francisco Rodríguez, economista-jefe de Torino Economics y ex director de informes en el área de Desarrollo Humano en la ONU.
En un artículo reciente, publicado en The New York Times, Rodríguez cuestiona la efectividad de la presión sobre el gobierno de Maduro, a través de sanciones y establece un potencial «riesgo de hambruna» para una porción mayoritaria de la población, si no se establecen limitaciones para suprimir las fuentes regulares de ingresos del país.
Según Rodríguez, «mi investigación muestra que, tras la primera ronda de sanciones económicas, la producción de petróleo venezolano sufrió el peor colapso que haya padecido una economía productora de petróleo sin estar en guerra ni en una huelga petrolera. Como consecuencia, la economía perdió aproximadamente 17.000 millones de dólares al año. Las operaciones que no fueron afectadas —como las alianzas comerciales con China o Rusia— tuvieron un crecimiento en la producción o se estabilizaron mientras el resto de la industria petrolera colapsaba».
Y más adelante, señala: «las cosas solo empeorarán con el embargo petrolero de este año. Si tomamos la experiencia histórica de otros países que han enfrentado situaciones similares en el pasado (como Irak, Irán y Libia), la nueva ronda de sanciones petroleras podría ocasionar a la ya diezmada industria petrolera una pérdida adicional de 10.000 millones de dólares al año, lo que equivale a más de dos terceras partes de las importaciones del país en 2018″.
Rodríguez ha entrado en un debate con el también economista, Ricardo Hausmann, designado por el presidente de la Asamblea Nacional y mandatario interino reconocido por 51 países, entre los que destacan Estados Unidos y la mayoría de la Unión Europea, Juan Guaidó, como gobernador ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Para Haussmann, la estrategia de sanciones financieras no tiene un impacto real en la calidad de vida de los venezolanos, ya que el problema real está en sostener políticas económicas equivocadas a las que se suman decisiones erróneas para enfrentar sus consecuencias.
Ante los argumentos sobre la inocuidad de las sanciones en términos sociales, Rodríguez responde con una metáfora: «eso es que como decir que no se puede matar a un enfermo terminal». El economista propone aplicar un programa de petróleo por alimentos, similar al ensayo iraquí, que proteja a los ciudadanos de «las acciones de su gobierno»
Pero, el economista de Torino Economics no está solo. También el socio-director de Datanálisis, Luis Vicente León, hace cuestionamientos públicos a la estrategia de sanciones. «Entiendo que el objetivo teórico de las sanciones generales es provocar el debilitamiento del gobierno y la fractura militar para provocar su salida. Pero el resultado de esa estrategia es decepcionante en su historia en el mundo y la experiencia venezolana sólo ratifica lo que sabíamos«.
«Es obvio que las sanciones no son la causa de la crisis. Es absurdo ese planteamiento a la luz de un modelo de control, intervencionismo y hostilidad que tiene una larga experiencia de fracasos en la historia. Pero decir que las sanciones no empeoran la crisis es aún más absurdo», sostiene León en su cuenta de Twitter.
León, incluso, asume una postura más beligerante en otro comentario: «una sanción es efectiva cuando es capaz de provocar un cambio de gobierno o un cambio en el gobierno en un tiempo lo suficientemente corto como para no destruir el país que pretende ayudar. Si el tiempo es largo y la destrucción enorme, el remedio resulta peor que la enfermedad«.
El socio director de Datanálisis señala impactos concretos, como las dificultades que se agudizan para hacer mantenimientos en las infraestructuras de servicios públicos, como agua y electricidad, cuyo funcionamiento es cada vez más precario y destruyen la poca calidad de vida que queda para los sectores más vulnerables, e incluso estratos socio-económicos con ingresos más elevados.
El también economista Luis Oliveros, especialista en el área petrolera, también entró en esta polémica desde su tribuna en Twitter: «Hay que ser responsables a la hora de hablar de las sanciones. 1- Las sanciones NO iniciaron (ni de cerca) la crisis económica (culpables CH y Maduro). 2- Las sanciones SI generan problemas a los venezolanos. 3- Es mentira que las sanciones impactan solamente al régimen».
Más adelante, puntualiza: «Recordemos: una cosa son sanciones individuales (directas a personajes del régimen para generarles incentivos para un quiebre) otra muy distinta son sanciones al país (que impactan a todos los venezolanos y muy poco al régimen, que con reprimir y usarlas como excusa tiene)».
«A los cubanos (+50 años), Zimbabuenses (+30 años) y un largo etc., también les dijeron (compatriotas en el exterior) que las sanciones generarían la caída del régimen. Estamos en el peor de los mundos. Unas sanciones por muchos años, serían trágicas para los venezolanos», concluye Oliveros.
León y Oliveros enfrentan críticas, las cuales se centran básicamente en un argumento: una flexibilización de las sanciones tampoco beneficiaría directamente a los venezolanos, porque nadie garantiza que los recursos vayan a satisfacer las necesidades del país.
El debate está abierto.
Pdvsa Intevep y la empresa Bohai Drilling Service, S.A., firmaron un convenio para la aplicación de las tecnologías MULTIGEL® y ULTRAMIX® dentro del territorio nacional, formuladas para el control de aguas en los procesos de producción de petróleo y para remediar daños a la formación respectivamente.
El acuerdo fue suscrito por Argenis Rodríguez, presidente de la institución petrolera antes mencionada y por Fan Jiaqiang, director ejecutivo de la compañía asiática, el cual trata de una licencia no exclusiva para el uso de ambas tecnologías y tendrá una duración de tres años.
Actualmente, Bohai Drilling Service, S.A., se encuentra operando en el oriente venezolano y se prevé que se extienda hacia el occidente del país.
Pdvsa Intevep y la empresa Bohai Drilling Service, S.A., firmaron un convenio para la aplicación de las tecnologías MULTIGEL® y ULTRAMIX® dentro del territorio nacional, formuladas para el control de aguas en los procesos de producción de petróleo y para remediar daños a la formación respectivamente.
El acuerdo fue suscrito por Argenis Rodríguez, presidente de la institución petrolera antes mencionada y por Fan Jiaqiang, director ejecutivo de la compañía asiática, el cual trata de una licencia no exclusiva para el uso de ambas tecnologías y tendrá una duración de tres años.
Actualmente, Bohai Drilling Service, S.A., se encuentra operando en el oriente venezolano y se prevé que se extienda hacia el occidente del país.
El vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Néstor Reverol Torres, informó la instalación demesas de trabajo, conjuntamente con la Vicepresidencia Social, para organizar la territorialización de todas las acciones de gobierno en seguridad, salud, educación, cultura, deporte, alimentación y servicios.
En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter @NestorReverol, indicó que de esta manera el Gobierno nacional sigue impulsando políticas a favor del pueblo, al tiempo que aseguró que las mesas de trabajo serán replicadas con las Comunas y Consejos Comunales del país.
Esto «nos va a permitir abordar el desafío de diseñar nuevos métodos para articular las necesidades del pueblo, rumbo a las comunas y su cartografía social», sostuvo el vicepresidente sectorial.
Cabe recordar que en mayo, Néstor Reverol, se reunió con los ministros y viceministros que conforman el ente para presentarles el plan de acción del próximo cuatrimestre.
El encuentro se dio como parte de las acciones que impulsa el Gobierno nacional para el desarrollo de políticas que contribuyan a optimizar los servicios públicos del país.
El vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Néstor Reverol Torres, informó la instalación demesas de trabajo, conjuntamente con la Vicepresidencia Social, para organizar la territorialización de todas las acciones de gobierno en seguridad, salud, educación, cultura, deporte, alimentación y servicios.
En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter @NestorReverol, indicó que de esta manera el Gobierno nacional sigue impulsando políticas a favor del pueblo, al tiempo que aseguró que las mesas de trabajo serán replicadas con las Comunas y Consejos Comunales del país.
Esto «nos va a permitir abordar el desafío de diseñar nuevos métodos para articular las necesidades del pueblo, rumbo a las comunas y su cartografía social», sostuvo el vicepresidente sectorial.
Cabe recordar que en mayo, Néstor Reverol, se reunió con los ministros y viceministros que conforman el ente para presentarles el plan de acción del próximo cuatrimestre.
El encuentro se dio como parte de las acciones que impulsa el Gobierno nacional para el desarrollo de políticas que contribuyan a optimizar los servicios públicos del país.
