Banca y Negocios.- La directiva de Mercantil Servicios Financieros Internacional, filial del grupo Mercantil domiciliada en Panamá, aclaró mediante un comunicado que el canje de acciones suspendido por la Superintendencia Nacional de Valores constituye «parte de una reorganización corporativa interna» del conglomerado financiero.
En la comunicación, firmada por el secretario de la junta, Guillermo Ponce, se aclara que la suscripción de nuevas acciones de Mercantil Servicios Financieros Internacional (MSFI) está dirigida «única y exclusivamente» a los accionistas de la entidad panameña; es decir, el canje solo opera para los tenedores de participaciones de MSFI que deseen entregar acciones de Mercantil Servicios Financieros, empresa que cotiza en la Bolsa de Valores de Caracas.
El comunicado señala que se los representantes de Mercantil Servicios Financieros se han reunido con la Superintendencia Nacional de Valores para explicar la operación y se espera que el ente regulador tome las decisiones que correspondan.
Como se recordará, la Superintendencia Nacional de Valores (Sunaval) solicitó a la Bolsa de Valores de Caracas suspender temporalmente la liquidación de las acciones de Mercantil Servicios Financieros, debido al considerable número y monto de operaciones de canje de acciones, realizadas el pasado 10 de septiembre, entre participaciones de Mercantil Servicios Financieros (MSF) y Mercantil Servicios Financieros Internacional (MSFI), papeles que se cotizan en la Bolsa de Valores de Panamá.
De acuerdo con la Sunaval, en comunicación suscrita por el superintendente Carlos Henrique Herrera y dirigida al presidente de la BVC, Gustavo Pulido, este 10 de septiembre se transaron 4.051.956.894.103 bolívares, equivalentes a 197.595.323,89 dólares, que representan 48,34% del capital social de la empresa emisora, lo que supone un evento que debe ser investigado por el ente regulador.
Según un reporte de Rendivalores Casa de Bolsa, luego de la desconsolidación de sus filiales en el exterior, el grupo Mercantil lanzó en la Bolsa de Valores de Panamá acciones listadas como Mercantil Servicios Financieros Internacional (MSFI), el pasado 10 de septiembre, las cuales abrieron con cotizaciones de 4,1 dólares por unidad para las Clase A y 4 dólares para las Clase B. La capitalización de la emisora ascendió a 425 millones de dólares.
(Valium)
Banca y Negocios.- La directiva de Mercantil Servicios Financieros Internacional, filial del grupo Mercantil domiciliada en Panamá, aclaró mediante un comunicado que el canje de acciones suspendido por la Superintendencia Nacional de Valores constituye «parte de una reorganización corporativa interna» del conglomerado financiero.
En la comunicación, firmada por el secretario de la junta, Guillermo Ponce, se aclara que la suscripción de nuevas acciones de Mercantil Servicios Financieros Internacional (MSFI) está dirigida «única y exclusivamente» a los accionistas de la entidad panameña; es decir, el canje solo opera para los tenedores de participaciones de MSFI que deseen entregar acciones de Mercantil Servicios Financieros, empresa que cotiza en la Bolsa de Valores de Caracas.
El comunicado señala que se los representantes de Mercantil Servicios Financieros se han reunido con la Superintendencia Nacional de Valores para explicar la operación y se espera que el ente regulador tome las decisiones que correspondan.
Como se recordará, la Superintendencia Nacional de Valores (Sunaval) solicitó a la Bolsa de Valores de Caracas suspender temporalmente la liquidación de las acciones de Mercantil Servicios Financieros, debido al considerable número y monto de operaciones de canje de acciones, realizadas el pasado 10 de septiembre, entre participaciones de Mercantil Servicios Financieros (MSF) y Mercantil Servicios Financieros Internacional (MSFI), papeles que se cotizan en la Bolsa de Valores de Panamá.
De acuerdo con la Sunaval, en comunicación suscrita por el superintendente Carlos Henrique Herrera y dirigida al presidente de la BVC, Gustavo Pulido, este 10 de septiembre se transaron 4.051.956.894.103 bolívares, equivalentes a 197.595.323,89 dólares, que representan 48,34% del capital social de la empresa emisora, lo que supone un evento que debe ser investigado por el ente regulador.
Según un reporte de Rendivalores Casa de Bolsa, luego de la desconsolidación de sus filiales en el exterior, el grupo Mercantil lanzó en la Bolsa de Valores de Panamá acciones listadas como Mercantil Servicios Financieros Internacional (MSFI), el pasado 10 de septiembre, las cuales abrieron con cotizaciones de 4,1 dólares por unidad para las Clase A y 4 dólares para las Clase B. La capitalización de la emisora ascendió a 425 millones de dólares.
(Valium)
Banca y Negocios.- Desde la firma de la orden ejecutiva del gobierno de Donald Trump, en agosto del año 2017, en la que se emitieron sanciones financieras contra Venezuela, el país ha enfrentado un bloqueo financiero internacional, revela el Reporte Sanciones y Bloqueo, Crimen de Lesa Humanidad contra Venezuela, elaborado por la Consultoría Jurídica de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
Al respecto, el informe señala que las cuentas en bancos corresponsales como el Commerzbank AG, Citibank y Bank of China Frankfurt, en las que Venezuela mantenía para agosto del año 2017 alrededor de 150.000 millones de dólares fueron cerradas a partir de las medidas impuestas.
«Los bancos se alinearon al bloqueo impidiendo la utilización de los recursos para la adquisición de Alimentos y Medicinas. Los recursos se mantuvieron bloqueados en el caso de Bank of China en Frankfurt hasta marzo del año 2018», apunta el documento.
Reseña el informe que, producto de las sanciones, Venezuela no ha podido mantener cuentas en Dólares Americanos (USD), por lo que se hizo necesario la búsqueda de bancos europeos, del Medio Oriente y Asia, viéndose en la necesidad de adoptar el Euro como principal divisa y utilizar otras monedas de mercados emergentes (liras turcas, dírhams y yuanes), situación que ha arrojado importantes pérdidas por diferencial cambiario y en mayores costos transaccionales y financieros para la República.
Banca y Negocios.- Desde la firma de la orden ejecutiva del gobierno de Donald Trump, en agosto del año 2017, en la que se emitieron sanciones financieras contra Venezuela, el país ha enfrentado un bloqueo financiero internacional, revela el Reporte Sanciones y Bloqueo, Crimen de Lesa Humanidad contra Venezuela, elaborado por la Consultoría Jurídica de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
Al respecto, el informe señala que las cuentas en bancos corresponsales como el Commerzbank AG, Citibank y Bank of China Frankfurt, en las que Venezuela mantenía para agosto del año 2017 alrededor de 150.000 millones de dólares fueron cerradas a partir de las medidas impuestas.
«Los bancos se alinearon al bloqueo impidiendo la utilización de los recursos para la adquisición de Alimentos y Medicinas. Los recursos se mantuvieron bloqueados en el caso de Bank of China en Frankfurt hasta marzo del año 2018», apunta el documento.
Reseña el informe que, producto de las sanciones, Venezuela no ha podido mantener cuentas en Dólares Americanos (USD), por lo que se hizo necesario la búsqueda de bancos europeos, del Medio Oriente y Asia, viéndose en la necesidad de adoptar el Euro como principal divisa y utilizar otras monedas de mercados emergentes (liras turcas, dírhams y yuanes), situación que ha arrojado importantes pérdidas por diferencial cambiario y en mayores costos transaccionales y financieros para la República.
Banca y Negocios.- El 61% de los venezolanos dice haber sido víctima directa de prácticas corruptas, especialmente cobro de sobornos y 87% considera que la corrupción es un fenómeno generalizado que se ha incrementado en los últimos años, mientras 90% desconfía abiertamente de las autoridades policiales y del sistema judicial.
Estos resultados aparecen en el más reciente Barómetro Global de la Corrupción, desarrollado por ONG Transparencia Internacional, para el cual se entrevistaron 17.000 personas en 18 países de la región, como una muestra representativa de la población de América Latina y el Caribe.
De acuerdo con el sondeo, solo 19% de los venezolanos encuestados cree que denunciar la corrupción puede tener algún grado de eficacia para lograr el castigo de estas actividades ilícitas.
A escala regional, una de cada cinco personas ha sufrido extorsión sexual en América Latina y el Caribe, según la organización Transparencia Internacional, que subraya que la corrupción avanza y vulnera los derechos de los ciudadanos ante unas autoridades impasibles y poco eficaces.
El Barómetro Global de la Corrupción pone de manifiesto que «más de la mitad» de los ciudadanos cree que la corrupción está empeorando en su país y que sus gobiernos hacen «un mal trabajo» para combatirla, pecan de falta de integridad y de laxitud frente al fenómeno.
Por ejemplo, según la ONG, 91% de los venezolanos «sostiene que su gobierno está fracasando en la lucha contra la corrupción», al igual que el 79% de los panameños y el 72% de los dominicanos.
Como novedad, el informe de Transparencia Internacional quiso este año explorar la vertiente de género en la corrupción y concluyó que muchas mujeres se ven obligadas a prestar favores sexuales para poder acceder a servicios públicos, como la atención médica y la educación.
Según el documento, uno de cada cinco ciudadanos ha sufrido extorsión sexual o conoce a alguien que haya pasado por esa situación, y el 71% de los encuestados afirmó que se trata de un fenómeno que ocurre, al menos, de forma ocasional.
Los países con mayor proporción de casos reportados fueron Barbados (30%) y Guatemala (23%).
Ante esta situación, la organización instó líderes políticos a «reconocer y abordar las formas de corrupción que afectan principalmente a las mujeres» y a aplicar el Compromiso de Lima sobre la corrupción, adoptado en 2018.
En total, un 85% de la población de América Latina y el Caribe califica la corrupción de «gran problema», mientras que solo el 13% la ve como un problema menor.
«La ciudadanía tiene derecho a denunciar la corrupción y esperar que los políticos actúen de manera íntegra», señaló Patricia Moreira, directora general de Transparencia Internacional.
La organización ha investigado también los sobornos a la hora de acceder a servicios elementales como la atención médica o la obtención de un documento de identidad, por ejemplo.
Del total de las personas encuestadas, más de una de cada cinco (21%) pagó un soborno para obtener estos servicios.
Venezuela es el único país de todos los observados donde la mayoría de los ciudadanos, un 61%, indicó que les habían pedido pagar sobornos, destaca el informe.
Y estas prácticas opacas ganan fuerza en época de elecciones, donde la compra de votos es una práctica habitual en gran parte de los países sondeados.
Según Transparencia Internacional, a una de cada 4 de las personas encuestadas le ofrecieron un soborno durante elecciones nacionales, regionales o locales. Un hábito que suele combinarse con amenazas para que el electorado vote de una determinada manera.
En México, una de cada dos personas recibió un soborno a cambio de su voto y una de cada cuatro fue amenazada con represalias.
Transparencia Internacional advierte de que estas prácticas corruptas hacen que la ciudadanía pierda la confianza las instituciones.
«Muy a menudo, presidentes, parlamentarios y otros líderes políticos actúan para favorecer sus propios intereses, a costa de los ciudadanos a cuyo servicio deberían estar», denunció Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional.
Así, en Venezuela, donde el 87% de los encuestados sostuvo que la corrupción había aumentado en su país en los últimos años, el 90% de los ciudadanos afirmó tener poca o ninguna confianza en la Justicia y en la policía.
En Colombia, El Salvador, Guatemala, Panamá y Perú ocurre lo mismo: el 90% de la población aseguró no confiar en esas instituciones.
Además, el 53% de los encuestados cree que la oficina del presidente o del primer ministro y el Parlamento son las instituciones públicas más corruptas.
El problema, recuerda Transparencia Internacional, es que la gran mayoría de los ciudadanos no conoce sus derechos, a lo que se añade el temor a sufrir represalias si denuncian los casos de corrupción, algo que le sucede al 73% de los encuestados.
En algunos países se duda también sobre la eficacia de las denuncias. Mientras que en Brasil el 57% de la población cree que la denuncia puede servir para que se tomen medidas, en Venezuela solo un 19% cree que puede ser eficaz.
Aún así, el 77% de los ciudadanos defiende que denunciar los hechos puede influir positivamente en la lucha contra la corrupción, por lo que Transparencia Internacional instó a los gobiernos a «canalizar la energía positiva» para «empoderar a la población».
Banca y Negocios.- El 61% de los venezolanos dice haber sido víctima directa de prácticas corruptas, especialmente cobro de sobornos y 87% considera que la corrupción es un fenómeno generalizado que se ha incrementado en los últimos años, mientras 90% desconfía abiertamente de las autoridades policiales y del sistema judicial.
Estos resultados aparecen en el más reciente Barómetro Global de la Corrupción, desarrollado por ONG Transparencia Internacional, para el cual se entrevistaron 17.000 personas en 18 países de la región, como una muestra representativa de la población de América Latina y el Caribe.
De acuerdo con el sondeo, solo 19% de los venezolanos encuestados cree que denunciar la corrupción puede tener algún grado de eficacia para lograr el castigo de estas actividades ilícitas.
A escala regional, una de cada cinco personas ha sufrido extorsión sexual en América Latina y el Caribe, según la organización Transparencia Internacional, que subraya que la corrupción avanza y vulnera los derechos de los ciudadanos ante unas autoridades impasibles y poco eficaces.
El Barómetro Global de la Corrupción pone de manifiesto que «más de la mitad» de los ciudadanos cree que la corrupción está empeorando en su país y que sus gobiernos hacen «un mal trabajo» para combatirla, pecan de falta de integridad y de laxitud frente al fenómeno.
Por ejemplo, según la ONG, 91% de los venezolanos «sostiene que su gobierno está fracasando en la lucha contra la corrupción», al igual que el 79% de los panameños y el 72% de los dominicanos.
Como novedad, el informe de Transparencia Internacional quiso este año explorar la vertiente de género en la corrupción y concluyó que muchas mujeres se ven obligadas a prestar favores sexuales para poder acceder a servicios públicos, como la atención médica y la educación.
Según el documento, uno de cada cinco ciudadanos ha sufrido extorsión sexual o conoce a alguien que haya pasado por esa situación, y el 71% de los encuestados afirmó que se trata de un fenómeno que ocurre, al menos, de forma ocasional.
Los países con mayor proporción de casos reportados fueron Barbados (30%) y Guatemala (23%).
Ante esta situación, la organización instó líderes políticos a «reconocer y abordar las formas de corrupción que afectan principalmente a las mujeres» y a aplicar el Compromiso de Lima sobre la corrupción, adoptado en 2018.
En total, un 85% de la población de América Latina y el Caribe califica la corrupción de «gran problema», mientras que solo el 13% la ve como un problema menor.
«La ciudadanía tiene derecho a denunciar la corrupción y esperar que los políticos actúen de manera íntegra», señaló Patricia Moreira, directora general de Transparencia Internacional.
La organización ha investigado también los sobornos a la hora de acceder a servicios elementales como la atención médica o la obtención de un documento de identidad, por ejemplo.
Del total de las personas encuestadas, más de una de cada cinco (21%) pagó un soborno para obtener estos servicios.
Venezuela es el único país de todos los observados donde la mayoría de los ciudadanos, un 61%, indicó que les habían pedido pagar sobornos, destaca el informe.
Y estas prácticas opacas ganan fuerza en época de elecciones, donde la compra de votos es una práctica habitual en gran parte de los países sondeados.
Según Transparencia Internacional, a una de cada 4 de las personas encuestadas le ofrecieron un soborno durante elecciones nacionales, regionales o locales. Un hábito que suele combinarse con amenazas para que el electorado vote de una determinada manera.
En México, una de cada dos personas recibió un soborno a cambio de su voto y una de cada cuatro fue amenazada con represalias.
Transparencia Internacional advierte de que estas prácticas corruptas hacen que la ciudadanía pierda la confianza las instituciones.
«Muy a menudo, presidentes, parlamentarios y otros líderes políticos actúan para favorecer sus propios intereses, a costa de los ciudadanos a cuyo servicio deberían estar», denunció Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional.
Así, en Venezuela, donde el 87% de los encuestados sostuvo que la corrupción había aumentado en su país en los últimos años, el 90% de los ciudadanos afirmó tener poca o ninguna confianza en la Justicia y en la policía.
En Colombia, El Salvador, Guatemala, Panamá y Perú ocurre lo mismo: el 90% de la población aseguró no confiar en esas instituciones.
Además, el 53% de los encuestados cree que la oficina del presidente o del primer ministro y el Parlamento son las instituciones públicas más corruptas.
El problema, recuerda Transparencia Internacional, es que la gran mayoría de los ciudadanos no conoce sus derechos, a lo que se añade el temor a sufrir represalias si denuncian los casos de corrupción, algo que le sucede al 73% de los encuestados.
En algunos países se duda también sobre la eficacia de las denuncias. Mientras que en Brasil el 57% de la población cree que la denuncia puede servir para que se tomen medidas, en Venezuela solo un 19% cree que puede ser eficaz.
Aún así, el 77% de los ciudadanos defiende que denunciar los hechos puede influir positivamente en la lucha contra la corrupción, por lo que Transparencia Internacional instó a los gobiernos a «canalizar la energía positiva» para «empoderar a la población».
Últimas Noticias.- El Presidente de la República, Nicolás Maduro, resaltó este jueves que Venezuela es “víctima de un robo multimillonario como parte del bloqueo económico impuesto por EEUU”.
La denuncia fue hecha por el Mandatario en entrevista televisiva con el expresidente ecuatoriano, Rafael Correa, en su programa Conversando con Correa, transmitido originalmente por Rusia Today.
“Venezuela en el mundo no puede abrir o cerrar cuentas bancarias, no puede pagar ningún tipo de productos, y ahora se nos amenaza con un bloqueo naval completo”, precisó.
Destacó igualmente que el Gobierno venezolano ha diseñado programas y alternativas para atender a la población más vulnerable en medio del bloqueo económico. Comparó las cifras del ingresos anuales de dólares por la venta de petróleo hasta 2015 ($50.000 millones) y en la actualidad ($4.000 millones).
Últimas Noticias.- El Presidente de la República, Nicolás Maduro, resaltó este jueves que Venezuela es “víctima de un robo multimillonario como parte del bloqueo económico impuesto por EEUU”.
La denuncia fue hecha por el Mandatario en entrevista televisiva con el expresidente ecuatoriano, Rafael Correa, en su programa Conversando con Correa, transmitido originalmente por Rusia Today.
“Venezuela en el mundo no puede abrir o cerrar cuentas bancarias, no puede pagar ningún tipo de productos, y ahora se nos amenaza con un bloqueo naval completo”, precisó.
Destacó igualmente que el Gobierno venezolano ha diseñado programas y alternativas para atender a la población más vulnerable en medio del bloqueo económico. Comparó las cifras del ingresos anuales de dólares por la venta de petróleo hasta 2015 ($50.000 millones) y en la actualidad ($4.000 millones).
Los países del llamado Grupo de Lima presentaron al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, un proyecto de resolución sobre Venezuela, en el que piden la creación de una comisión que investigue las supuestas violaciones de los derechos y libertades fundamentales desde enero de 2014.
Nueve de los once países que forman el Grupo (Argentina, Brasil, Canadá, Chie, Colombia, Guatemala, Honduras, Paraguay y Perú), además de Guyana, figuran como los principales proponentes de la resolución, que será debatida a finales de la próxima semana en el Consejo de Derechos Humanos (CDH).
Según la versión aparecida en la página web del CDH, el proyecto de resolución solicita a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que dirige Michelle Bachelet, que se asegure de que la comisión investigadora empezará su trabajo rápidamente y que le proporcione los recursos necesarios para este fin.
De aprobarse la resolución, su mandato incluirá identificar a los responsables de las violaciones de los derechos humanos y formular recomendaciones para que paguen por sus actos, así como cooperar con las autoridades de Venezuela, la sociedad civil, la ONU y la OEA para mejorar la situación.
Los países del llamado Grupo de Lima presentaron al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, un proyecto de resolución sobre Venezuela, en el que piden la creación de una comisión que investigue las supuestas violaciones de los derechos y libertades fundamentales desde enero de 2014.
Nueve de los once países que forman el Grupo (Argentina, Brasil, Canadá, Chie, Colombia, Guatemala, Honduras, Paraguay y Perú), además de Guyana, figuran como los principales proponentes de la resolución, que será debatida a finales de la próxima semana en el Consejo de Derechos Humanos (CDH).
Según la versión aparecida en la página web del CDH, el proyecto de resolución solicita a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que dirige Michelle Bachelet, que se asegure de que la comisión investigadora empezará su trabajo rápidamente y que le proporcione los recursos necesarios para este fin.
De aprobarse la resolución, su mandato incluirá identificar a los responsables de las violaciones de los derechos humanos y formular recomendaciones para que paguen por sus actos, así como cooperar con las autoridades de Venezuela, la sociedad civil, la ONU y la OEA para mejorar la situación.
El precio de la Canasta Alimentaria Familiar –CAF– de agosto de 2019 se ubicó en 5.378.265,66 bolívares, aumentando Bs. 2.130.793,53, 65,6%, con respecto al mes de julio de 2019 y 45.912,6% entre agosto de 2018 y agosto de 2019.
Se requieren 134,5 salarios mínimos (Bs. 40.000,00) para poder adquirir la canasta alimentaria, referida a una familia de cinco miembros: Bs. 179.275,52 diarios, más de 4 salarios mínimos cada día, 7,17 dólares diarios, mientras el salario mínimo es de 1,60 dólares mensuales. (idealhealth123.com) El costo total de esta cesta de alimentos básicos, medida por el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), fue de 215,13 dólares.
Todos los rubros de la canasta alimentaria aumentaron de precio: azúcar y sal 106,9%; granos, 91,7%; leche, quesos y huevos, 83,5%; café, 75,2%; pescados y mariscos, 69,5%; raíces, tubérculos y otros, 64,1%; frutas y hortalizas, 62,3%; salsas y mayonesas, 60,4%; carnes y sus preparados, 56,8%; cereales y productos derivados, 51,3% y grasas y aceites, 45,7%.
Tres productos presentaron problemas de escasez: leche en polvo, atún enlatado y pan: el 5% de los 60 insumos básicos que contiene la canasta.
Adicionalmente, escasean 23 productos básicos como: leche condesada, suavizante y medicamentos como Losartán Potásico, Amlodipina, Aspirinas, Omeprazol, Lansoprazol, Dilantin, Di-Eudrin, Glibenclamida, Glidan, Biofit; anticonceptivos Belara y Trental; Tamsulon, Zyloric, Tamsulosina, Heprox, Secotex, Urimax, Clopidogrel y antialérgicos, entre otros, e inyectadoras. En total, escasean al menos 26 productos en este registro.
El precio de la Canasta Alimentaria Familiar –CAF– de agosto de 2019 se ubicó en 5.378.265,66 bolívares, aumentando Bs. 2.130.793,53, 65,6%, con respecto al mes de julio de 2019 y 45.912,6% entre agosto de 2018 y agosto de 2019.
Se requieren 134,5 salarios mínimos (Bs. 40.000,00) para poder adquirir la canasta alimentaria, referida a una familia de cinco miembros: Bs. 179.275,52 diarios, más de 4 salarios mínimos cada día, 7,17 dólares diarios, mientras el salario mínimo es de 1,60 dólares mensuales. (idealhealth123.com) El costo total de esta cesta de alimentos básicos, medida por el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), fue de 215,13 dólares.
Todos los rubros de la canasta alimentaria aumentaron de precio: azúcar y sal 106,9%; granos, 91,7%; leche, quesos y huevos, 83,5%; café, 75,2%; pescados y mariscos, 69,5%; raíces, tubérculos y otros, 64,1%; frutas y hortalizas, 62,3%; salsas y mayonesas, 60,4%; carnes y sus preparados, 56,8%; cereales y productos derivados, 51,3% y grasas y aceites, 45,7%.
Tres productos presentaron problemas de escasez: leche en polvo, atún enlatado y pan: el 5% de los 60 insumos básicos que contiene la canasta.
Adicionalmente, escasean 23 productos básicos como: leche condesada, suavizante y medicamentos como Losartán Potásico, Amlodipina, Aspirinas, Omeprazol, Lansoprazol, Dilantin, Di-Eudrin, Glibenclamida, Glidan, Biofit; anticonceptivos Belara y Trental; Tamsulon, Zyloric, Tamsulosina, Heprox, Secotex, Urimax, Clopidogrel y antialérgicos, entre otros, e inyectadoras. En total, escasean al menos 26 productos en este registro.
El gigante de telecomunicaciones estadounidense AT&T está considerando deshacerse de la división de televisión por satélite DirecTV, según informaron al diario Wall Street Journal fuentes conocedoras del asunto.
De confirmarse la operación, se trataría de un importante cambio de rumbo para AT&T después de varios años en los que el director ejecutivo de la compañía, Randall Stephenson, transformara la empresa en un conglomerado mediático.
La compañía, apunta Wall Street Journal, está considerando varias opciones, entre ellas convertir a DirecTV en una empresa pública separada o combinar los bienes de DirecTV con los de Dish Network Corp, su competencia directa.
AT&T, dice el diario especializado, podría sin embargo decidir quedarse con la división, puesto que pese al declive que está experimentando la televisión por cable frente a plataformas digitales como Netflix o HBO, sigue contribuyendo un considerable volumen de beneficios.
AT&T compró DirecTV en 2015 por 49.000 millones de dólares, y en la actualidad este servicio de televisión vía satélite está siendo analizado en detalle después de que el inversor Elliot Management Corp revelara una inversión de 3.200 millones de dólares, y pidiera cambios estratégicos.
En concreto, señaló que AT&T debería deshacerse de DirecTV.
En cuanto a la posible fusión de DirecTV y Dish Network, el Wall Street Journal subrayó un posible problema con las regulaciones de EE.UU., a la vez que recuerda que cuando el predecesor de Dish y el antiguo propietario de DirecTV intentaron unirse en 2001, la acción fue bloqueada por las autoridades.
El gigante de telecomunicaciones estadounidense AT&T está considerando deshacerse de la división de televisión por satélite DirecTV, según informaron al diario Wall Street Journal fuentes conocedoras del asunto.
De confirmarse la operación, se trataría de un importante cambio de rumbo para AT&T después de varios años en los que el director ejecutivo de la compañía, Randall Stephenson, transformara la empresa en un conglomerado mediático.
La compañía, apunta Wall Street Journal, está considerando varias opciones, entre ellas convertir a DirecTV en una empresa pública separada o combinar los bienes de DirecTV con los de Dish Network Corp, su competencia directa.
AT&T, dice el diario especializado, podría sin embargo decidir quedarse con la división, puesto que pese al declive que está experimentando la televisión por cable frente a plataformas digitales como Netflix o HBO, sigue contribuyendo un considerable volumen de beneficios.
AT&T compró DirecTV en 2015 por 49.000 millones de dólares, y en la actualidad este servicio de televisión vía satélite está siendo analizado en detalle después de que el inversor Elliot Management Corp revelara una inversión de 3.200 millones de dólares, y pidiera cambios estratégicos.
En concreto, señaló que AT&T debería deshacerse de DirecTV.
En cuanto a la posible fusión de DirecTV y Dish Network, el Wall Street Journal subrayó un posible problema con las regulaciones de EE.UU., a la vez que recuerda que cuando el predecesor de Dish y el antiguo propietario de DirecTV intentaron unirse en 2001, la acción fue bloqueada por las autoridades.
La banca de Estados Unidos necesita más «claridad» sobre las sanciones impuestas por la Casa Blanca en agosto pasado a Venezuela y mientras tanto trata de «descifrar» a qué venezolanos aceptar como clientes y a cuáles rechazar por pertenecer al entorno del presidente Nicolás Maduro.
La medida ha afectado a «todos los bancos. No hay ninguno que haya escapado y a todos los clientes venezolanos», aseguró David Schwartz, presidente y director ejecutivo de la Asociación de Banqueros Internacionales de la Florida (FIBA), que reunió este jueves en Miami a banqueros en un taller para orientarles sobre este particular.
Desde la entrada en vigor en agosto de la orden ejecutiva del presidente de EE.UU., Donald Trump, FIBA conformó inmediatamente un grupo de trabajo de seis bancos y abogados expertos que ha estado en contacto permanente con el Gobierno para precisar los alcances de este bloqueo a los bienes de Maduro.
Aunque en conversaciones con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) el sector ha logrado que se agreguen excepciones a la regla, Schwartz subrayó que «persiste la falta de claridad y detalle» de una medida que «es muy amplia».
Esta sanción a personas y empresas del régimen de Maduro por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de OFAC, «abarca a mucha gente y por precaución muchos bancos prefieren cerrar cuentas de venezolanos para no correr riesgo», precisó Schwartz.
El directivo bancario señaló que la orden de Trump provocó un «caos» en Florida, por las tradicionales relaciones entre los residentes y empresas del estado y el país suramericano y por la importante comunidad de venezolanos en la región.
Daniel Gutiérrez, de Ocean Bank, quien participó en el taller, señaló que desde que comenzaron las sanciones económicas al régimen de Maduro han logrado elaborar una «lista negra» de más de 900 allegados al mandatario que ha sido incorporada a los filtros de transferencias bancarias.
De igual forma, tras las sanciones de agosto elaboraron otra lista, hasta ahora de 187 «designados» por Juan Guaidó, reconocido por unos cincuenta Gobiernos como presidente encargado de Venezuela, entre ellos el de Estados Unidos, que son aceptados por la banca.
Esto se logró, dijo Gutiérrez, gracias a una excepción a la regla que pidió la banca en sus conversaciones con OFAC.
Sin embargo, Gutiérrez dijo que la orden de Trump pone en aprietos a la banca, que además tiene que lidiar e invertir muchos recursos y dinero para combatir el lavado de dinero.
«Nosotros, los bancos, tenemos que descifrar una transacción que en vida real aparentemente es inocente cuando puede tener un problema de lavado de activos», dijo.
«Con toda la corrupción, con el lavado, con las sanciones, con saber con quién tratamos, eso es un monstruo difícil de roer, es un monstruo difícil de descifrar», se quejó.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) calcula que el lavado de dinero mueve entre 800.000 millones y 2 billones de dólares al año a nivel global.
Gutiérrez dijo que en este foro analizaron estas sanciones con miras a la preparación de auditorias porque la banca es «un rubro en el que estamos siendo constantemente examinados».
La banca de Estados Unidos necesita más «claridad» sobre las sanciones impuestas por la Casa Blanca en agosto pasado a Venezuela y mientras tanto trata de «descifrar» a qué venezolanos aceptar como clientes y a cuáles rechazar por pertenecer al entorno del presidente Nicolás Maduro.
La medida ha afectado a «todos los bancos. No hay ninguno que haya escapado y a todos los clientes venezolanos», aseguró David Schwartz, presidente y director ejecutivo de la Asociación de Banqueros Internacionales de la Florida (FIBA), que reunió este jueves en Miami a banqueros en un taller para orientarles sobre este particular.
Desde la entrada en vigor en agosto de la orden ejecutiva del presidente de EE.UU., Donald Trump, FIBA conformó inmediatamente un grupo de trabajo de seis bancos y abogados expertos que ha estado en contacto permanente con el Gobierno para precisar los alcances de este bloqueo a los bienes de Maduro.
Aunque en conversaciones con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) el sector ha logrado que se agreguen excepciones a la regla, Schwartz subrayó que «persiste la falta de claridad y detalle» de una medida que «es muy amplia».
Esta sanción a personas y empresas del régimen de Maduro por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de OFAC, «abarca a mucha gente y por precaución muchos bancos prefieren cerrar cuentas de venezolanos para no correr riesgo», precisó Schwartz.
El directivo bancario señaló que la orden de Trump provocó un «caos» en Florida, por las tradicionales relaciones entre los residentes y empresas del estado y el país suramericano y por la importante comunidad de venezolanos en la región.
Daniel Gutiérrez, de Ocean Bank, quien participó en el taller, señaló que desde que comenzaron las sanciones económicas al régimen de Maduro han logrado elaborar una «lista negra» de más de 900 allegados al mandatario que ha sido incorporada a los filtros de transferencias bancarias.
De igual forma, tras las sanciones de agosto elaboraron otra lista, hasta ahora de 187 «designados» por Juan Guaidó, reconocido por unos cincuenta Gobiernos como presidente encargado de Venezuela, entre ellos el de Estados Unidos, que son aceptados por la banca.
Esto se logró, dijo Gutiérrez, gracias a una excepción a la regla que pidió la banca en sus conversaciones con OFAC.
Sin embargo, Gutiérrez dijo que la orden de Trump pone en aprietos a la banca, que además tiene que lidiar e invertir muchos recursos y dinero para combatir el lavado de dinero.
«Nosotros, los bancos, tenemos que descifrar una transacción que en vida real aparentemente es inocente cuando puede tener un problema de lavado de activos», dijo.
«Con toda la corrupción, con el lavado, con las sanciones, con saber con quién tratamos, eso es un monstruo difícil de roer, es un monstruo difícil de descifrar», se quejó.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) calcula que el lavado de dinero mueve entre 800.000 millones y 2 billones de dólares al año a nivel global.
Gutiérrez dijo que en este foro analizaron estas sanciones con miras a la preparación de auditorias porque la banca es «un rubro en el que estamos siendo constantemente examinados».
Un total de 41 países siguen necesitando ayuda alimentaria externa, siendo los conflictos la causa principal de los elevados niveles de inseguridad alimentaria y con unas condiciones meteorológicas adversas -en particular la escasez de lluvias en África- que afectan gravemente a la disponibilidad y acceso a los alimentos de millones de personas, según explica un estudio trimestral de las Naciones Unidas.
Los países de la lista – que incluye a 31 de África- no han variado en los últimos seis meses, según el informe Perspectivas de cosechas y situación alimentaria publicado hoy por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Los 41 países que necesitan actualmente ayuda alimentaria externa son: Afganistán, Bangladesh, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camerún, Chad, Congo, Djibouti, Eritrea, Etiopía, Guinea, Haití, República Centroafricana, República Popular Democrática de Corea, República Democrática del Congo, Iraq, Kenya, Lesotho, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Malí, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Níger, Nigeria, Pakistán, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, República Árabe Siria, Uganda, Venezuela, Yemen y Zimbabwe.
Al mismo tiempo, las cosechas de cereales se anuncian abundantes en varios países de América Latina y Asia, mientras que la mejora de las condiciones de seguridad ha contribuido a impulsar la producción agrícola en la República Árabe Siria.
Los conflictos provocan hambre
Cerca de la mitad de los 41 países necesitados de ayuda son escenario de disturbios civiles o conflictos en toda regla, mientras que otros se enfrentan a una grave escasez de recursos debido a la gran afluencia de refugiados procedentes de países vecinos que experimentan tensiones.
En Afganistán, 3,6 millones de personas se encuentran en niveles de inseguridad alimentaria de “Emergencia” (Fase 4 de la CIF), y otros 10 millones en niveles de “Crisis” (Fase 3 de la CIF). En Sudan del Sur, se estima que unos 6,35 millones de personas -es decir, el 54 por ciento del total de la población-, padecen de grave inseguridad alimentaria.
En Siria, si bien el aumento de la producción de la cosecha de trigo de 2019 mejoró la disponibilidad de cereales en el país, hay todavía unos 6,5 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria, y otros 2,5 millones de personas más corren el riesgo de caer en esta misma situación si no cuentan con el apoyo adecuado para sus medios de subsistencia.
Los conflictos y la inseguridad civil son también los principales factores de la inseguridad alimentaria en Burundi, Camerún, la República Democrática del Congo, Yemen y partes de Myanmar y Nigeria.
En Venezuela, la hiperinflación ha erosionado gravemente el poder adquisitivo local, generando graves limitaciones al acceso de los hogares a los alimentos, mientras que se espera un descenso de la producción de cereales debido a la falta de insumos agrícolas. Unos 4,3 millones de personas han abandonado el país y se han establecido en países vecinos, donde sus necesidades humanitarias son “significativas”, según el informe.
Lluvias escasas
La falta de precipitaciones -incluyendo una grave sequía en África oriental-, están agravando la situación de inseguridad alimentaria en varios países de la región.
Se prevé que la producción total de cereales en África oriental en 2019 descienda un 5,6 por ciento a partir de 2018, con las mayores contracciones de producción en Kenya y el Sudán. Los precios del maíz y el sorgo han aumentado fuertemente, hasta situarse en niveles elevados en toda la región. La seguridad alimentaria se ha deteriorado aún más en Kenya y Somalia.
En África occidental, las estaciones meteorológicas de Mauritania registraron fuertes déficits estacionales de precipitaciones a mediados de agosto, y los análisis de teledetección de las condiciones de los pastizales en algunas partes del país indican el nivel más bajo de producción de biomasa en los últimos 20 años. Se ha señalado una situación similar en el norte de Senegal.
Las condiciones climáticas adversas redujeron igualmente a la mitad la cosecha de cereales de 2019 en Zimbabwe, donde se prevé que el número de personas en situación de inseguridad alimentaria casi se duplique a principios de 2020, en comparación con el mismo período del año anterior. Se esperan tendencias similares en varios países vecinos.
También se anuncia que la producción agrícola en la República Popular Democrática de Corea será menor de lo habitual, debido a las lluvias inferiores a la media y a la escasa disponibilidad de agua para el riego en el segundo trimestre de 2019. Se estima que alrededor del 40 por ciento de la población padece inseguridad alimentaria y necesita urgentemente ayuda alimentaria, según los resultados de una misión de evaluación conjunta rápida FAO/PMA de la seguridad alimentaria realizada el pasado mes de abril.
En total, la FAO espera que la producción total de cereales de 2019 para los 51 países de bajos ingresos y con déficit de alimentos (PBIDA) se mantenga prácticamente sin cambios, en 473,5 millones de toneladas, resultado del incremento en Asia, que compensa el descenso en África.
Un total de 41 países siguen necesitando ayuda alimentaria externa, siendo los conflictos la causa principal de los elevados niveles de inseguridad alimentaria y con unas condiciones meteorológicas adversas -en particular la escasez de lluvias en África- que afectan gravemente a la disponibilidad y acceso a los alimentos de millones de personas, según explica un estudio trimestral de las Naciones Unidas.
Los países de la lista – que incluye a 31 de África- no han variado en los últimos seis meses, según el informe Perspectivas de cosechas y situación alimentaria publicado hoy por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Los 41 países que necesitan actualmente ayuda alimentaria externa son: Afganistán, Bangladesh, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camerún, Chad, Congo, Djibouti, Eritrea, Etiopía, Guinea, Haití, República Centroafricana, República Popular Democrática de Corea, República Democrática del Congo, Iraq, Kenya, Lesotho, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Malí, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Níger, Nigeria, Pakistán, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, República Árabe Siria, Uganda, Venezuela, Yemen y Zimbabwe.
Al mismo tiempo, las cosechas de cereales se anuncian abundantes en varios países de América Latina y Asia, mientras que la mejora de las condiciones de seguridad ha contribuido a impulsar la producción agrícola en la República Árabe Siria.
Los conflictos provocan hambre
Cerca de la mitad de los 41 países necesitados de ayuda son escenario de disturbios civiles o conflictos en toda regla, mientras que otros se enfrentan a una grave escasez de recursos debido a la gran afluencia de refugiados procedentes de países vecinos que experimentan tensiones.
En Afganistán, 3,6 millones de personas se encuentran en niveles de inseguridad alimentaria de “Emergencia” (Fase 4 de la CIF), y otros 10 millones en niveles de “Crisis” (Fase 3 de la CIF). En Sudan del Sur, se estima que unos 6,35 millones de personas -es decir, el 54 por ciento del total de la población-, padecen de grave inseguridad alimentaria.
En Siria, si bien el aumento de la producción de la cosecha de trigo de 2019 mejoró la disponibilidad de cereales en el país, hay todavía unos 6,5 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria, y otros 2,5 millones de personas más corren el riesgo de caer en esta misma situación si no cuentan con el apoyo adecuado para sus medios de subsistencia.
Los conflictos y la inseguridad civil son también los principales factores de la inseguridad alimentaria en Burundi, Camerún, la República Democrática del Congo, Yemen y partes de Myanmar y Nigeria.
En Venezuela, la hiperinflación ha erosionado gravemente el poder adquisitivo local, generando graves limitaciones al acceso de los hogares a los alimentos, mientras que se espera un descenso de la producción de cereales debido a la falta de insumos agrícolas. Unos 4,3 millones de personas han abandonado el país y se han establecido en países vecinos, donde sus necesidades humanitarias son “significativas”, según el informe.
Lluvias escasas
La falta de precipitaciones -incluyendo una grave sequía en África oriental-, están agravando la situación de inseguridad alimentaria en varios países de la región.
Se prevé que la producción total de cereales en África oriental en 2019 descienda un 5,6 por ciento a partir de 2018, con las mayores contracciones de producción en Kenya y el Sudán. Los precios del maíz y el sorgo han aumentado fuertemente, hasta situarse en niveles elevados en toda la región. La seguridad alimentaria se ha deteriorado aún más en Kenya y Somalia.
En África occidental, las estaciones meteorológicas de Mauritania registraron fuertes déficits estacionales de precipitaciones a mediados de agosto, y los análisis de teledetección de las condiciones de los pastizales en algunas partes del país indican el nivel más bajo de producción de biomasa en los últimos 20 años. Se ha señalado una situación similar en el norte de Senegal.
Las condiciones climáticas adversas redujeron igualmente a la mitad la cosecha de cereales de 2019 en Zimbabwe, donde se prevé que el número de personas en situación de inseguridad alimentaria casi se duplique a principios de 2020, en comparación con el mismo período del año anterior. Se esperan tendencias similares en varios países vecinos.
También se anuncia que la producción agrícola en la República Popular Democrática de Corea será menor de lo habitual, debido a las lluvias inferiores a la media y a la escasa disponibilidad de agua para el riego en el segundo trimestre de 2019. Se estima que alrededor del 40 por ciento de la población padece inseguridad alimentaria y necesita urgentemente ayuda alimentaria, según los resultados de una misión de evaluación conjunta rápida FAO/PMA de la seguridad alimentaria realizada el pasado mes de abril.
En total, la FAO espera que la producción total de cereales de 2019 para los 51 países de bajos ingresos y con déficit de alimentos (PBIDA) se mantenga prácticamente sin cambios, en 473,5 millones de toneladas, resultado del incremento en Asia, que compensa el descenso en África.
El presidente Iván Duque sancionó este miércoles la ley que permite nacionalizar a más de 25.000 niños venezolanos que han nacido en Colombia en los últimos cuatro años, en medio de la crisis de migrantes que afronta el vecino país por la difícil situación social y política en el vecino país. La Ley había sido aprobada el pasado 27 de agosto por el Senado y tras ser conciliada, había pasado a manos del primer mandatario.
El proyecto había sido presentado por la Defensoría del Pueblo. Es importante precisar que la Ley introduce la presunción del domicilio de la residencia y ánimo de permanencia en Colombia de las personas venezolanas, cuyos hijos e hijas hayan nacido en territorio nacional desde el 1° de enero de 2015 y hasta 2 años después de su promulgación.
La Ley será objeto de reglamentación.
El presidente Iván Duque sancionó este miércoles la ley que permite nacionalizar a más de 25.000 niños venezolanos que han nacido en Colombia en los últimos cuatro años, en medio de la crisis de migrantes que afronta el vecino país por la difícil situación social y política en el vecino país. La Ley había sido aprobada el pasado 27 de agosto por el Senado y tras ser conciliada, había pasado a manos del primer mandatario.
El proyecto había sido presentado por la Defensoría del Pueblo. Es importante precisar que la Ley introduce la presunción del domicilio de la residencia y ánimo de permanencia en Colombia de las personas venezolanas, cuyos hijos e hijas hayan nacido en territorio nacional desde el 1° de enero de 2015 y hasta 2 años después de su promulgación.
La Ley será objeto de reglamentación.
