El presidente de la Confederación Venezolana de Industriales, (Conindustria), Adán Celis, sostuvo que el sector industrial compite con productos importados que carecen del «más mínimo control sanitario», por lo que instó que haya un marco con condiciones y normas.
«Tenemos que ir a una economía libre donde se mezclen productos importados con nuestros productos, pero que los productos nacionales compitan en igualdad de condiciones», apuntó.
Destacó que la operatividad de las empresas se ve reducida por factores como las fallas eléctricas y el desabastecimiento de combustible.
«Las inversiones industriales se hacen a largo plazo, tienes que tener seguridad jurídica», explicó.
Celis manifestó que en el sector comercial se mueve en un contexto de opacidad y políticas desordenadas. «El control de precios permanece (…) y en cualquier momento puede aplicarse», señaló.
Sobre la visible apertura económica que experimenta el mercado venezolano, Celis advirtió que «la falta de reglas claras ha afectado la producción».
Si bien reconoce el efecto de las sanciones económicas impulsadas por Estados Unidos contra el Gobierno venezolano, recalca que el impacto es muy pequeño. «Han creado dificultades en cuanto al manejo de las cuentas en dólares», admitió. (Xanax)
Enfatizó que a su juicio, atribuirle toda la responsabilidad de la situación económica del país a las sanciones, «es comparar una picada de mosquito con una de culebra».
«Hace veinte años en Venezuela habían unas 13 mil empresas (…) ahora han ido desapareciendo, las políticas económicas las han matado», sentenció.
El presidente de la Confederación Venezolana de Industriales, (Conindustria), Adán Celis, sostuvo que el sector industrial compite con productos importados que carecen del «más mínimo control sanitario», por lo que instó que haya un marco con condiciones y normas.
«Tenemos que ir a una economía libre donde se mezclen productos importados con nuestros productos, pero que los productos nacionales compitan en igualdad de condiciones», apuntó.
Destacó que la operatividad de las empresas se ve reducida por factores como las fallas eléctricas y el desabastecimiento de combustible.
«Las inversiones industriales se hacen a largo plazo, tienes que tener seguridad jurídica», explicó.
Celis manifestó que en el sector comercial se mueve en un contexto de opacidad y políticas desordenadas. «El control de precios permanece (…) y en cualquier momento puede aplicarse», señaló.
Sobre la visible apertura económica que experimenta el mercado venezolano, Celis advirtió que «la falta de reglas claras ha afectado la producción».
Si bien reconoce el efecto de las sanciones económicas impulsadas por Estados Unidos contra el Gobierno venezolano, recalca que el impacto es muy pequeño. «Han creado dificultades en cuanto al manejo de las cuentas en dólares», admitió. (Xanax)
Enfatizó que a su juicio, atribuirle toda la responsabilidad de la situación económica del país a las sanciones, «es comparar una picada de mosquito con una de culebra».
«Hace veinte años en Venezuela habían unas 13 mil empresas (…) ahora han ido desapareciendo, las políticas económicas las han matado», sentenció.
Los grupos políticos del Parlamento Europeo volvieron a mostrar este miércoles su división sobre la situación y la crisis humanitaria en Venezuela, en un debate donde populares, liberales y conservadores chocaron con la posición de la izquierda.
El eurodiputado español, Leopoldo López Gil, padre del preso político, Leopoldo López, aseguró que el Parlamento Europeo puede revertir esta situación con un liderazgo adecuado del alto representante, y «elevando las sanciones a responsables de continuas violaciones de derechos humanos».
El socialista Javi López pidió «visibilizar la realidad de refugiados y migrantes venezolanos» y citó cifras como que 82 % de la población carece de agua, o la ausencia de 90 % de los medicamentos necesarios en el país.
El eurodiputado español de Ciudadanos Jordi Cañas citó a los 4,5 millones de personas que se han tenido que exiliar ya de Venezuela y señaló que cualquier opción que no sea devolver la democracia al país «cronificará esta situación».
Hermann Tertsch, del partido español de extrema derecha Vox, afeó que oyendo al grupo socialdemócrata «da la impresión de que la situación en Venezuela se debe a una catástrofe natural».
Idoia Villanueva, del partido español de izquierda Podemos, criticó que el enfoque de la Unión Europea y de Estados Unidos «no ha servido para resolver ninguno de los problemas de Venezuela».
Los grupos políticos del Parlamento Europeo volvieron a mostrar este miércoles su división sobre la situación y la crisis humanitaria en Venezuela, en un debate donde populares, liberales y conservadores chocaron con la posición de la izquierda.
El eurodiputado español, Leopoldo López Gil, padre del preso político, Leopoldo López, aseguró que el Parlamento Europeo puede revertir esta situación con un liderazgo adecuado del alto representante, y «elevando las sanciones a responsables de continuas violaciones de derechos humanos».
El socialista Javi López pidió «visibilizar la realidad de refugiados y migrantes venezolanos» y citó cifras como que 82 % de la población carece de agua, o la ausencia de 90 % de los medicamentos necesarios en el país.
El eurodiputado español de Ciudadanos Jordi Cañas citó a los 4,5 millones de personas que se han tenido que exiliar ya de Venezuela y señaló que cualquier opción que no sea devolver la democracia al país «cronificará esta situación».
Hermann Tertsch, del partido español de extrema derecha Vox, afeó que oyendo al grupo socialdemócrata «da la impresión de que la situación en Venezuela se debe a una catástrofe natural».
Idoia Villanueva, del partido español de izquierda Podemos, criticó que el enfoque de la Unión Europea y de Estados Unidos «no ha servido para resolver ninguno de los problemas de Venezuela».
Pdvsa cambia de estrategia para la constitución de empresas mixtas en la Faja Petrolera del Orinoco y ahora apela a empresas privadas con capital local, en lugar de a otras corporaciones estatales, con el objetivo de asegurar la capacidad e inversiones necesarias para incrementar la producción a entre 1.500.000 y 2.000.000 de barriles por día en 2020, según refiere una nota de Argus Media.
El Tribunal Supremo de Justicia aprobó la constitución de nuevas empresas mixtas, como parte de un plan de Pdvsa para rescatar un esquema en crisis y que no estaba dando los resultados esperados; sin embargo, este proceso no estará exento de polémica.
El socio privado del consorcio PetroSur, que tiene previsto explotar el bloque Junín de la Faja, es una empresa denominada Inversiones Petroleras Iberoamericanas (IPI) que, según la nota citada, es una empresa registrada en Chipre y donde participan el «ex presidente y director ejecutivo de Repsol, Alfonso Cortina, el ex asesor de asuntos legales de Repsol, Ramón Blanco Balin, y el inversionista venezolano Alejandro Betancourt, el socio principal de Derwick Associates, según documentos legales venezolanos, españoles, holandeses y chipriotas e informes internos de Pdvsa y correspondencia obtenida por Argus».
Derwick es una marca polémica porque se la ha vinculado a presuntas irregularidades en la contratación de equipos durante la emergencia eléctrica de 2010. El ex ministro de Petróleo, Rafael Ramírez, de hecho cuestionó recientemente que el TSJ haya autorizado la asociación de Pdvsa con una empresa donde participa Betancourt. A «esta empresa le están entregando Junín 10, que es una de las mejores áreas de Pdvsa en la Faja. Espero que tengamos un gobierno nacionalista y responsable, y que todo esto se revierta», dijo el ex presidente de la petrolera estatal, también señalado por presuntos actos de corrupción, al portal Sumarium.
Este bloque cuenta con reservas de crudo extrapesado por el orden de 1.030 millones de barriles. IPI realizará un pago inicial de 400 millones de dólares a Pdvsa por los derechos de desarrollo de Junin 10.
Este campo fue originalmente asignado en 2010 a una empresa conjunta de Pdvsa con la CNPC estatal china. CNPC se retiró en 2014 después de que PdV no pudo pagar su participación en la inversión de capital.
Pdvsa está trabajando en otra asociación upstream en el este de Venezuela, donde su accionista minoritario en el inactivo proyecto PetroDelta propone gastar 800 millones de dólares, durante tres años para producir 100,000 b / d de crudo pesado a cambio de un control operativo completo y derechos de comercialización.
El propietario del 40% de PetroDelta es CT Energy, cuyos altos ejecutivos son el magnate venezolano de telecomunicaciones Oswaldo Cisneros y el presidente de Element Capital Advisors con sede en Panamá, Francisco D’Agostino, también venezolano.
PetroDelta abarca seis campos maduros en los estados de Monagas y Delta Amacuro. A fines de 2012, los campos tenían reservas probadas de 107,8 millones de barriles de crudo mayormente pesado que oscilaban entre 12 ° y 22 ° API, más gas asociado, según el Ministerio de Petróleo.
El despacho especificó cinco de las empresas revisadas como PetroCumarebo, Baripetrol, PetroOritupano, PetroGuarico y PetroUrdaneta, que produjeron solo 2.340 b / d combinados a fines de 2018 cuando la meta era de 7.300 b / d en 2017, dice el gobierno.
Los cambios no fueron comunicados a la Asamblea Nacional controlada por la oposición, que tiene un mandato constitucional para aprobar todas las empresas conjuntas petroleras.
La producción de petróleo de Venezuela se ha recuperado en los últimos meses, alcanzando un promedio de 770,000 b / d en noviembre, frente a 650,000 b / d en septiembre, según las estimaciones de Argus. Se espera un nuevo repunte en el promedio de diciembre.
Pdvsa cambia de estrategia para la constitución de empresas mixtas en la Faja Petrolera del Orinoco y ahora apela a empresas privadas con capital local, en lugar de a otras corporaciones estatales, con el objetivo de asegurar la capacidad e inversiones necesarias para incrementar la producción a entre 1.500.000 y 2.000.000 de barriles por día en 2020, según refiere una nota de Argus Media.
El Tribunal Supremo de Justicia aprobó la constitución de nuevas empresas mixtas, como parte de un plan de Pdvsa para rescatar un esquema en crisis y que no estaba dando los resultados esperados; sin embargo, este proceso no estará exento de polémica.
El socio privado del consorcio PetroSur, que tiene previsto explotar el bloque Junín de la Faja, es una empresa denominada Inversiones Petroleras Iberoamericanas (IPI) que, según la nota citada, es una empresa registrada en Chipre y donde participan el «ex presidente y director ejecutivo de Repsol, Alfonso Cortina, el ex asesor de asuntos legales de Repsol, Ramón Blanco Balin, y el inversionista venezolano Alejandro Betancourt, el socio principal de Derwick Associates, según documentos legales venezolanos, españoles, holandeses y chipriotas e informes internos de Pdvsa y correspondencia obtenida por Argus».
Derwick es una marca polémica porque se la ha vinculado a presuntas irregularidades en la contratación de equipos durante la emergencia eléctrica de 2010. El ex ministro de Petróleo, Rafael Ramírez, de hecho cuestionó recientemente que el TSJ haya autorizado la asociación de Pdvsa con una empresa donde participa Betancourt. A «esta empresa le están entregando Junín 10, que es una de las mejores áreas de Pdvsa en la Faja. Espero que tengamos un gobierno nacionalista y responsable, y que todo esto se revierta», dijo el ex presidente de la petrolera estatal, también señalado por presuntos actos de corrupción, al portal Sumarium.
Este bloque cuenta con reservas de crudo extrapesado por el orden de 1.030 millones de barriles. IPI realizará un pago inicial de 400 millones de dólares a Pdvsa por los derechos de desarrollo de Junin 10.
Este campo fue originalmente asignado en 2010 a una empresa conjunta de Pdvsa con la CNPC estatal china. CNPC se retiró en 2014 después de que PdV no pudo pagar su participación en la inversión de capital.
Pdvsa está trabajando en otra asociación upstream en el este de Venezuela, donde su accionista minoritario en el inactivo proyecto PetroDelta propone gastar 800 millones de dólares, durante tres años para producir 100,000 b / d de crudo pesado a cambio de un control operativo completo y derechos de comercialización.
El propietario del 40% de PetroDelta es CT Energy, cuyos altos ejecutivos son el magnate venezolano de telecomunicaciones Oswaldo Cisneros y el presidente de Element Capital Advisors con sede en Panamá, Francisco D’Agostino, también venezolano.
PetroDelta abarca seis campos maduros en los estados de Monagas y Delta Amacuro. A fines de 2012, los campos tenían reservas probadas de 107,8 millones de barriles de crudo mayormente pesado que oscilaban entre 12 ° y 22 ° API, más gas asociado, según el Ministerio de Petróleo.
El despacho especificó cinco de las empresas revisadas como PetroCumarebo, Baripetrol, PetroOritupano, PetroGuarico y PetroUrdaneta, que produjeron solo 2.340 b / d combinados a fines de 2018 cuando la meta era de 7.300 b / d en 2017, dice el gobierno.
Los cambios no fueron comunicados a la Asamblea Nacional controlada por la oposición, que tiene un mandato constitucional para aprobar todas las empresas conjuntas petroleras.
La producción de petróleo de Venezuela se ha recuperado en los últimos meses, alcanzando un promedio de 770,000 b / d en noviembre, frente a 650,000 b / d en septiembre, según las estimaciones de Argus. Se espera un nuevo repunte en el promedio de diciembre.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó el miércoles a favor de acusar al presidente Donald Trump por obstrucción del Congreso, tras aprobar un cargo de abuso de poder contra el mandatario, abriendo la vía para un juicio en el Senado para su destitución.
La Cámara baja controlada por la oposición demócrata convirtió así a Trump en el tercer mandatario en la historia de Estados Unidos en ser sometido a un juicio político, por abusar de su cargo al pedirle a Ucrania investigar a su posible rival electoral en 2020 Joe Biden, y por bloquear los esfuerzos de los legisladores para investigar sus acciones.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a la oposición demócrata de intentar «anular» su victoria electoral tras la aprobación en la Cámara de Representantes de cargos para someterlo a un juicio político.
Desde un mitín en Michigan, Trump acusó a los demócratas de actuar «consumidos por el odio» y de «intentar anular los votos de diez millones de patriotas estadounidenses».
Trump se convierte así en el tercer mandatario estadounidense sometido a un procedimiento de impeachment; el primero fue Andrew Johnson en 1868 y el segundo Bill Clinton en 1998, por acusación de perjurio tras negar bajo juramento conductas impropias con la pasante de la Casa Blanca Mónica Lewinsky.
Hubo otro presidente, Richard M. Nixon, que evitó con su renuncia un juicio político en 1974 por su activa participación en el caso de espionaje político conocido como Watergate, cuando se negó a entregar conversaciones grabadas en su oficina de la Casa Blanca al Congreso.
Los demócratas estadounidenses, mayoritarios en la Cámara Baja, votaron este miércoles 18 de diciembre la apertura de un juicio político contra Donald Trump por el caso ucraniano. Sin embargo, es poco probable que el presidente sea destituido: el resultado del proceso depende del Senado, dominado por los republicanos.
El 25 de julio, Trump pidió por teléfono al nuevo presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que Kiev investigara a Joe Biden, su posible rival demócrata en las presidenciales de 2020, y a su hijo Hunter.
Los demócratas de la Cámara de Representantes abrieron una investigación con miras a un juicio político contra Trump el 24 de septiembre, tras enterarse del contenido de la conversación entre él y Zelenski gracias a un denunciante anónimo.
La oposición sospecha que presionó a Ucrania al condicionar una ayuda militar de unos 400 millones de dólares al anuncio de esas investigaciones.
Trump asegura que sus conversaciones con Zelenski fueron «perfectas» y repite, sin pruebas, que Joe y Hunter Biden son «corruptos», porque el hijo del ex vicepresidente demócrata estuvo en el directorio de Burisma, un grupo de gas ucraniano acusado de prácticas dudosas.
En octubre y noviembre, el Comité de Investigación de la Cámara interrogó a una decena de testigos durante audiencias a puerta cerrada y luego públicas. La Casa Blanca se negó a colaborar, y el jefe de gabinete del presidente, Mick Mulvaney, y el ex asesor de Seguridad Nacional John Bolton no testificaron.
Testimonios indirectos de diplomáticos o de funcionarios de la administración señalaron presiones de Trump a Kiev.
El embajador estadounidense para la Unión Europea, Gordon Sondland, presentó el testimonio más comprometedor. El empresario nombrado por Trump confirmó que el presidente estadounidense había invitado a Zelenski a la Casa Blanca a cambio del anuncio de investigaciones contra Biden, según las «órdenes» del mandatario republicano.
Pero Trump «nunca le dijo directamente que la ayuda» militar formaba parte del acuerdo, y Sondland admitió que hizo «su propia deducción» al vincular los dos casos.
Los congresistas republicanos apoyan a su líder: no hubo ningún acuerdo de toma y daca, ya que la ayuda militar se dio a Ucrania sin que Kiev anunciara ninguna investigación, y Trump solo usó sus prerrogativas presidenciales para luchar contra la corrupción en Ucrania.
Los republicanos denuncian testimonios basados en rumores y hablan de una teoría conspirativa según la cual Ucrania, y no Rusia, interfirió en las elecciones de 2016 para ayudar a los demócratas.
El Comité Judicial de la Cámara aprobó el 10 de diciembre dos cargos contra Trump.
Según la acusación, Trump cometió «abuso de poder» al pedirle a Zelenski que abriera una investigación sobre Biden. Al hacer eso socavó «la integridad» de los comicios del próximo año.
Los demócratas del Comité también acusaron al presidente estadounidense de «obstaculizar el buen funcionamiento del Congreso» al impedir que los miembros de su administración testificaran durante la investigación.
La Cámara Baja, donde los demócratas tienen una amplia mayoría de 233 escaños contra 197, votó el miércoles 18 de diciembre y aprobó ambos artículos en sesión plenaria.
Es muy probable que el presidente sea absuelto durante el juicio político en el Senado, en enero.
En la Cámara Alta, donde los republicanos tienen 53 de los 100 escaños, los demócratas deberán convencer a 20 senadores del partido gobernante para votar a favor de uno de los dos cargos contra Trump. La tarea es casi imposible, dada la profunda división entre ambas formaciones políticas.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó el miércoles a favor de acusar al presidente Donald Trump por obstrucción del Congreso, tras aprobar un cargo de abuso de poder contra el mandatario, abriendo la vía para un juicio en el Senado para su destitución.
La Cámara baja controlada por la oposición demócrata convirtió así a Trump en el tercer mandatario en la historia de Estados Unidos en ser sometido a un juicio político, por abusar de su cargo al pedirle a Ucrania investigar a su posible rival electoral en 2020 Joe Biden, y por bloquear los esfuerzos de los legisladores para investigar sus acciones.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a la oposición demócrata de intentar «anular» su victoria electoral tras la aprobación en la Cámara de Representantes de cargos para someterlo a un juicio político.
Desde un mitín en Michigan, Trump acusó a los demócratas de actuar «consumidos por el odio» y de «intentar anular los votos de diez millones de patriotas estadounidenses».
Trump se convierte así en el tercer mandatario estadounidense sometido a un procedimiento de impeachment; el primero fue Andrew Johnson en 1868 y el segundo Bill Clinton en 1998, por acusación de perjurio tras negar bajo juramento conductas impropias con la pasante de la Casa Blanca Mónica Lewinsky.
Hubo otro presidente, Richard M. Nixon, que evitó con su renuncia un juicio político en 1974 por su activa participación en el caso de espionaje político conocido como Watergate, cuando se negó a entregar conversaciones grabadas en su oficina de la Casa Blanca al Congreso.
Los demócratas estadounidenses, mayoritarios en la Cámara Baja, votaron este miércoles 18 de diciembre la apertura de un juicio político contra Donald Trump por el caso ucraniano. Sin embargo, es poco probable que el presidente sea destituido: el resultado del proceso depende del Senado, dominado por los republicanos.
El 25 de julio, Trump pidió por teléfono al nuevo presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que Kiev investigara a Joe Biden, su posible rival demócrata en las presidenciales de 2020, y a su hijo Hunter.
Los demócratas de la Cámara de Representantes abrieron una investigación con miras a un juicio político contra Trump el 24 de septiembre, tras enterarse del contenido de la conversación entre él y Zelenski gracias a un denunciante anónimo.
La oposición sospecha que presionó a Ucrania al condicionar una ayuda militar de unos 400 millones de dólares al anuncio de esas investigaciones.
Trump asegura que sus conversaciones con Zelenski fueron «perfectas» y repite, sin pruebas, que Joe y Hunter Biden son «corruptos», porque el hijo del ex vicepresidente demócrata estuvo en el directorio de Burisma, un grupo de gas ucraniano acusado de prácticas dudosas.
En octubre y noviembre, el Comité de Investigación de la Cámara interrogó a una decena de testigos durante audiencias a puerta cerrada y luego públicas. La Casa Blanca se negó a colaborar, y el jefe de gabinete del presidente, Mick Mulvaney, y el ex asesor de Seguridad Nacional John Bolton no testificaron.
Testimonios indirectos de diplomáticos o de funcionarios de la administración señalaron presiones de Trump a Kiev.
El embajador estadounidense para la Unión Europea, Gordon Sondland, presentó el testimonio más comprometedor. El empresario nombrado por Trump confirmó que el presidente estadounidense había invitado a Zelenski a la Casa Blanca a cambio del anuncio de investigaciones contra Biden, según las «órdenes» del mandatario republicano.
Pero Trump «nunca le dijo directamente que la ayuda» militar formaba parte del acuerdo, y Sondland admitió que hizo «su propia deducción» al vincular los dos casos.
Los congresistas republicanos apoyan a su líder: no hubo ningún acuerdo de toma y daca, ya que la ayuda militar se dio a Ucrania sin que Kiev anunciara ninguna investigación, y Trump solo usó sus prerrogativas presidenciales para luchar contra la corrupción en Ucrania.
Los republicanos denuncian testimonios basados en rumores y hablan de una teoría conspirativa según la cual Ucrania, y no Rusia, interfirió en las elecciones de 2016 para ayudar a los demócratas.
El Comité Judicial de la Cámara aprobó el 10 de diciembre dos cargos contra Trump.
Según la acusación, Trump cometió «abuso de poder» al pedirle a Zelenski que abriera una investigación sobre Biden. Al hacer eso socavó «la integridad» de los comicios del próximo año.
Los demócratas del Comité también acusaron al presidente estadounidense de «obstaculizar el buen funcionamiento del Congreso» al impedir que los miembros de su administración testificaran durante la investigación.
La Cámara Baja, donde los demócratas tienen una amplia mayoría de 233 escaños contra 197, votó el miércoles 18 de diciembre y aprobó ambos artículos en sesión plenaria.
Es muy probable que el presidente sea absuelto durante el juicio político en el Senado, en enero.
En la Cámara Alta, donde los republicanos tienen 53 de los 100 escaños, los demócratas deberán convencer a 20 senadores del partido gobernante para votar a favor de uno de los dos cargos contra Trump. La tarea es casi imposible, dada la profunda división entre ambas formaciones políticas.
La Vicepresidencia de Economía informó en su cuenta Twitter @ViceEconomia acerca de los términos y condiciones del Sistema de Intercambio de Monedas y Criptoactivos de la Plataforma Patria.
Dichos pasos son necesarios para que los pensionados, jubilados y empleados públicos puedan tener toda la información necesaria y conocer de primera mano la manera en la que podrán transar el Petroaguinaldo que será asignado por el Gobierno Nacional.
Al respecto, la cuenta Twitter @ViceEconomia publicó: «Conoce los términos y condiciones del Sistema de Intercambio de Monedas y Criptoactivos a través de la Plataforma Patria blog.patria.org.ve/sistema-interc…».
La Vicepresidencia de Economía informó en su cuenta Twitter @ViceEconomia acerca de los términos y condiciones del Sistema de Intercambio de Monedas y Criptoactivos de la Plataforma Patria.
Dichos pasos son necesarios para que los pensionados, jubilados y empleados públicos puedan tener toda la información necesaria y conocer de primera mano la manera en la que podrán transar el Petroaguinaldo que será asignado por el Gobierno Nacional.
Al respecto, la cuenta Twitter @ViceEconomia publicó: «Conoce los términos y condiciones del Sistema de Intercambio de Monedas y Criptoactivos a través de la Plataforma Patria blog.patria.org.ve/sistema-interc…».
Diputados consignaron este miércoles un documento ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para solicitar que se anule la modificación ilegal de la Ley de Interior y Debate de la Asamblea Nacional (AN), aprobada el martes por diputados de oposición.
«Consideramos que la modificación del Reglamento es violatorio de la Constitución Nacional y de varias leyes del ordenamiento jurídico del país», expresó el diputado suplente por el estado Yaracuy, Jesús Gabriel Peña Navas.
Agregó que la decisión que tomaron algunos miembros de la AN en desacato «vulnera una de las responsabilidades más importantes. A nosotros (diputados suplentes) nos eligió el pueblo para que protestemos lo que creamos que nos está perjudicando, para que hagamos presencia en los barrios, caseríos, para que combatamos la hambruna y las fallas en los servicios públicos», enfatizó Peña Navas en transmisión de Venezolana de Televisión (VTV).
El también exsecretario nacional por el partido Acción Democrática (AD), manifestó su disposición de acatar la decisión que tome el máximo tribunal venezolano. «Si es negada nuestra solicitud lo acataremos; pero esperamos que se haga justicia, que se cumpla con lo establecido en la Constitución», puntualizó.
Peña Navas se encontraba acompañado por los diputados José Gregroio Noriega y Leandro Domínguez.
Un grupo de 93 diputados de oposición aprobó este martes de forma ilegal la reforma de los artículos 13 numeral 4, 46 y 56 del reglamento, para permitir a los parlamentarios en el exilio votar y sesionar a distancia.
En ese sentido, el parlamentario por el Bloque de la Patria, Francisco Torrealba, cuestionó la decisión de la AN en desacato de «crear un parlamento virtual» que pretende incluir a los diputados «prófugos de la justicia venezolana».
Señaló Torrealba que el presidente de la AN y autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó, pretende desestabilizar los protocolos para las elecciones del Parlamento Nacional correspondientes el 5 de enero de 2020.
Diputados consignaron este miércoles un documento ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para solicitar que se anule la modificación ilegal de la Ley de Interior y Debate de la Asamblea Nacional (AN), aprobada el martes por diputados de oposición.
«Consideramos que la modificación del Reglamento es violatorio de la Constitución Nacional y de varias leyes del ordenamiento jurídico del país», expresó el diputado suplente por el estado Yaracuy, Jesús Gabriel Peña Navas.
Agregó que la decisión que tomaron algunos miembros de la AN en desacato «vulnera una de las responsabilidades más importantes. A nosotros (diputados suplentes) nos eligió el pueblo para que protestemos lo que creamos que nos está perjudicando, para que hagamos presencia en los barrios, caseríos, para que combatamos la hambruna y las fallas en los servicios públicos», enfatizó Peña Navas en transmisión de Venezolana de Televisión (VTV).
El también exsecretario nacional por el partido Acción Democrática (AD), manifestó su disposición de acatar la decisión que tome el máximo tribunal venezolano. «Si es negada nuestra solicitud lo acataremos; pero esperamos que se haga justicia, que se cumpla con lo establecido en la Constitución», puntualizó.
Peña Navas se encontraba acompañado por los diputados José Gregroio Noriega y Leandro Domínguez.
Un grupo de 93 diputados de oposición aprobó este martes de forma ilegal la reforma de los artículos 13 numeral 4, 46 y 56 del reglamento, para permitir a los parlamentarios en el exilio votar y sesionar a distancia.
En ese sentido, el parlamentario por el Bloque de la Patria, Francisco Torrealba, cuestionó la decisión de la AN en desacato de «crear un parlamento virtual» que pretende incluir a los diputados «prófugos de la justicia venezolana».
Señaló Torrealba que el presidente de la AN y autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó, pretende desestabilizar los protocolos para las elecciones del Parlamento Nacional correspondientes el 5 de enero de 2020.
La Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción (Fedecámaras) de Venezuela vaticinó este martes que el país se dirige a un resurgimiento parcial de la economía en 2020 pese a la severa crisis que tiene a la mayoría de la población en la miseria.
En un comunicado, la mayor patronal de Venezuela auguró que el próximo año estará «signado por la existencia de grandes brechas que retratan a dos países», siendo uno de ellos el resultado «del fracaso de las erráticas políticas públicas y especialmente las económicas».
Por otro lado, prosigue el escrito, se espera «un resurgimiento de la economía influenciada por las fuerzas del mercado que se imponen a las ideologías, y donde la sociedad decidió emprender y prevalecer pese a las constantes vicisitudes«, cuyos «beneficios y oportunidades arropan a toda la ciudadanía».
Fedecámaras subrayó que por primera vez la economía privada representa una cuarta parte de los ingresos en divisas del país, lo que «significa que aquel mito del rentismo petrolero, está dejando de existir» en la nación con las mayores reservas de crudo y que siempre ha vivido de su exportación.
Más de la mitad de las operaciones comerciales de Venezuela se hacen ahora en divisas pese a la existencia desde 2003 de un control gubernamental en esta materia que se ha flexibilizado en los últimos meses.
«A la postre, la industria petrolera ya no constituirá el ingreso central del país, teniendo que ser acompañada de un proceso de diversificación productiva, cambiando la correlación entre la nación, el Estado y su Gobierno«, sostienen los empresarios.
El gremio cúpula cree que hace falta rescatar las capacidades de financiamiento de la banca, que fueron cortadas este año por el Ejecutivo, y generar impulsos para la inversión privada, luego de que la economía cayera más del 50% en el último quinquenio cuando miles de empresas cerraron sus puertas.
«Asumimos el compromiso de reactivar y recuperar el tejido empresarial, mediante unas reglas de juego claras, que garanticen altos niveles de productividad y competitividad, para lo cual es mucho lo que el estado debe hacer, y así contribuir a la superación de la tragedia humanitaria que vivimos», agrega el comunicado.
Según la patronal, el 2018 fue «el peor año de la historia de todos los sectores productivos del país» como consecuencia de «un modelo político que tiene como objetivo la destrucción de las libertades económicas, de la empresa privada y la libre iniciativa».
La Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción (Fedecámaras) de Venezuela vaticinó este martes que el país se dirige a un resurgimiento parcial de la economía en 2020 pese a la severa crisis que tiene a la mayoría de la población en la miseria.
En un comunicado, la mayor patronal de Venezuela auguró que el próximo año estará «signado por la existencia de grandes brechas que retratan a dos países», siendo uno de ellos el resultado «del fracaso de las erráticas políticas públicas y especialmente las económicas».
Por otro lado, prosigue el escrito, se espera «un resurgimiento de la economía influenciada por las fuerzas del mercado que se imponen a las ideologías, y donde la sociedad decidió emprender y prevalecer pese a las constantes vicisitudes«, cuyos «beneficios y oportunidades arropan a toda la ciudadanía».
Fedecámaras subrayó que por primera vez la economía privada representa una cuarta parte de los ingresos en divisas del país, lo que «significa que aquel mito del rentismo petrolero, está dejando de existir» en la nación con las mayores reservas de crudo y que siempre ha vivido de su exportación.
Más de la mitad de las operaciones comerciales de Venezuela se hacen ahora en divisas pese a la existencia desde 2003 de un control gubernamental en esta materia que se ha flexibilizado en los últimos meses.
«A la postre, la industria petrolera ya no constituirá el ingreso central del país, teniendo que ser acompañada de un proceso de diversificación productiva, cambiando la correlación entre la nación, el Estado y su Gobierno«, sostienen los empresarios.
El gremio cúpula cree que hace falta rescatar las capacidades de financiamiento de la banca, que fueron cortadas este año por el Ejecutivo, y generar impulsos para la inversión privada, luego de que la economía cayera más del 50% en el último quinquenio cuando miles de empresas cerraron sus puertas.
«Asumimos el compromiso de reactivar y recuperar el tejido empresarial, mediante unas reglas de juego claras, que garanticen altos niveles de productividad y competitividad, para lo cual es mucho lo que el estado debe hacer, y así contribuir a la superación de la tragedia humanitaria que vivimos», agrega el comunicado.
Según la patronal, el 2018 fue «el peor año de la historia de todos los sectores productivos del país» como consecuencia de «un modelo político que tiene como objetivo la destrucción de las libertades económicas, de la empresa privada y la libre iniciativa».
La cartera de crédito de la banca venezolana creció en noviembre 22,5% y se ubicó en 8.692.859.691 miles de bolívares, lo que representa una expansión 4,3 puntos porcentuales menor a la de octubre, un comportamiento que, si se considera el efecto esperado de la indexación de la cartera de crédito comercial a la variación del tipo de cambio oficial, es mejor al que indicaban análisis iniciales de cifras del Banco Central de Venezuela (BCV).
De acuerdo con la información reportada en un Informe Bancario de la firma consultora Aristimuño Herrera & Asociados, la cartera se incrementó en 1.595.830.541 miles de bolívares. Los 10 primeros bancos en otorgamiento de créditos registraron un aumento consolidado de 24,92%, mientras que el resto del sistema incrementó sus créditos en 11,53% en el décimo primer mes del año.
Al tipo de cambio oficial de cierre de noviembre, la cartera de crédito de la banca ascendió a 223 millones de dólares y se contrajo 26,46%, por el efecto de la devaluación del bolívar, en comparación con los 303,25 millones de dólares a los que llegó, según la paridad cambiaria oficial de cierre de octubre.
El crecimiento anualizado a noviembre de la cartera en bolívares fue de 3.331,8%, mientras que en octubre fue de 4.775%. En un año, el portafolio de préstamo de la banca cayó 86,65% valorado en dólares, pues al tipo de cambio del cierre de noviembre de 2018, la cartera era equivalente a 1.670,44 millones de dólares.
Un hecho a resaltar en el análisis del comportamiento de la cartera de crédito en noviembre es que, a pesar de que la banca pública ostenta un amplio dominio en captaciones del público, el sector privado mantiene el liderazgo del mercado de créditos.
Entre los 10 primeros bancos en otorgamiento de préstamos, Banesco (con una cuota de mercado de 16,2%), BBVA Provincial (12,2%), Mercantil (8,5%), BOD (7,4%), Exterior (6,1%) y Banco Nacional de Crédito (3,9%) concentran 54,3% de la cartera de los 10 líderes, que absorbieron 83,5% de los préstamos totales del sistema.
El Banco de Venezuela es el ente público con mayor volumen de préstamos otorgados con una participación de mercado de 11,1%, que lo coloca en el tercer puesto en el ranking de esta cuenta.
Si se miran los porcentajes de intermediación, se observa una baja generalizada entre los bancos privados, salvo el caso del Banco Exterior que puntualmente registra un coeficiente de 114,21% y es el único de los 10 líderes que reportó una tendencia positiva en este indicador, al cierre de noviembre.
Banesco (29,33%), BBVA Provincial (22,26%) y BOD (22,17%) son las instituciones privadas con mayor porcentaje de intermediación en el reporte bancario de noviembre. Entre el «Top 10» del sistema, el Banco de Venezuela es el que registra el menor coeficiente con apenas 3,35%, un dato que algunos analistas explican como el resultado de su elevado volumen de captaciones en un entorno de baja demanda de préstamos.
En la banca del Estado destacan en intermadiación financiera los casos del Banco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Banfanb) -puesto 6 por tamaño de cartera- con un índice de 55,17%, ciertamente elevado, pero con una importante caída si se compara con el 86% de septiembre; y el Banco del Tesoro, con 17,15%.
La intermediación financiera de los 10 líderes en créditos promedió en noviembre 12,75% y en el resto del sistema fue de 30,26%, lo que denota el esfuerzo de algunas instituciones pequeñas por mantener sus niveles de ingresos financieros derivados de la cartera, ya que en la banca se viene agudizando la reducción de los ingresos por créditos frente a los gastos totales.
El Banco Nacional de Crédito (BNC) llegó a la décima posición del sistema, gracias a que registró el mayor crecimiento porcentual de cartera de crédito, con una expansión de 61,78%, mientras que DelSur destacó entre las instituciones más pequeñas, con un incremento de 41,16%.
En volumen, el BBVA Provincial incrementó sus créditos en 307.219.655 miles de bolívares, el mejor desempeño entre los 10 grandes, mientras que Banco Plaza, con un aumento de 35.168.976 miles de bolívares, fue el que más subió su cartera entre los pequeños, en noviembre.
El índice de morosidad de la cartera de créditos se ubicó en 4,67% en noviembre. Este indicador viene subiendo de manera sostenida; por ejemplo, en octubre fue de 3,41% y en el décimo primer mes de 2018 alcanzó apenas a 1,09%. En todo caso, estos datos siguen revelando que, en el contexto crítico de la economía venezolana, la calidad del portafolio de préstamos del sistema es adecuada.
Banesco, con 0%, Banco Mercantil (0,02%), BBVA Provincial (0,40%) y Banco de Venezuela (0,49%) destacan por sus mínimos índices de morosidad.
Las provisiones para cobertura de la mora alcanzaron en septiembre a 53,49% de los créditos vencidos y en litigio, una importante contracción de 13,83 puntos porcentuales en comparación con octubre y, frente a este mismo indicador en noviembre de 2018 hay una reducción de 291,15 puntos porcentuales en esta cuenta, ya que en el mismo corte del año pasado la cobertura fue de 344,64%.
El descenso de las provisiones para cobertura de cartera morosa es un síntoma de la fuerte desaceleración del aumento de las utilidades del sistema y de su creciente incapacidad para generar ingresos derivados de la intermediación financiera.
La banca presenta una cartera de créditos cuyo crecimiento viene siendo cada vez más estrecho, medido en bolívares, lo que evidencia que la estrategia de encaje legal tiene un impacto grave en el negocio medular. La demanda de créditos comerciales está prácticamente paralizada, según reportan varias instituciones, debido a la indexación, por lo que no parece factible esperar que esta tendencia se revierta, al menos, en el corto plazo.
La cartera de crédito de la banca venezolana creció en noviembre 22,5% y se ubicó en 8.692.859.691 miles de bolívares, lo que representa una expansión 4,3 puntos porcentuales menor a la de octubre, un comportamiento que, si se considera el efecto esperado de la indexación de la cartera de crédito comercial a la variación del tipo de cambio oficial, es mejor al que indicaban análisis iniciales de cifras del Banco Central de Venezuela (BCV).
De acuerdo con la información reportada en un Informe Bancario de la firma consultora Aristimuño Herrera & Asociados, la cartera se incrementó en 1.595.830.541 miles de bolívares. Los 10 primeros bancos en otorgamiento de créditos registraron un aumento consolidado de 24,92%, mientras que el resto del sistema incrementó sus créditos en 11,53% en el décimo primer mes del año.
Al tipo de cambio oficial de cierre de noviembre, la cartera de crédito de la banca ascendió a 223 millones de dólares y se contrajo 26,46%, por el efecto de la devaluación del bolívar, en comparación con los 303,25 millones de dólares a los que llegó, según la paridad cambiaria oficial de cierre de octubre.
El crecimiento anualizado a noviembre de la cartera en bolívares fue de 3.331,8%, mientras que en octubre fue de 4.775%. En un año, el portafolio de préstamo de la banca cayó 86,65% valorado en dólares, pues al tipo de cambio del cierre de noviembre de 2018, la cartera era equivalente a 1.670,44 millones de dólares.
Un hecho a resaltar en el análisis del comportamiento de la cartera de crédito en noviembre es que, a pesar de que la banca pública ostenta un amplio dominio en captaciones del público, el sector privado mantiene el liderazgo del mercado de créditos.
Entre los 10 primeros bancos en otorgamiento de préstamos, Banesco (con una cuota de mercado de 16,2%), BBVA Provincial (12,2%), Mercantil (8,5%), BOD (7,4%), Exterior (6,1%) y Banco Nacional de Crédito (3,9%) concentran 54,3% de la cartera de los 10 líderes, que absorbieron 83,5% de los préstamos totales del sistema.
El Banco de Venezuela es el ente público con mayor volumen de préstamos otorgados con una participación de mercado de 11,1%, que lo coloca en el tercer puesto en el ranking de esta cuenta.
Si se miran los porcentajes de intermediación, se observa una baja generalizada entre los bancos privados, salvo el caso del Banco Exterior que puntualmente registra un coeficiente de 114,21% y es el único de los 10 líderes que reportó una tendencia positiva en este indicador, al cierre de noviembre.
Banesco (29,33%), BBVA Provincial (22,26%) y BOD (22,17%) son las instituciones privadas con mayor porcentaje de intermediación en el reporte bancario de noviembre. Entre el «Top 10» del sistema, el Banco de Venezuela es el que registra el menor coeficiente con apenas 3,35%, un dato que algunos analistas explican como el resultado de su elevado volumen de captaciones en un entorno de baja demanda de préstamos.
En la banca del Estado destacan en intermadiación financiera los casos del Banco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Banfanb) -puesto 6 por tamaño de cartera- con un índice de 55,17%, ciertamente elevado, pero con una importante caída si se compara con el 86% de septiembre; y el Banco del Tesoro, con 17,15%.
La intermediación financiera de los 10 líderes en créditos promedió en noviembre 12,75% y en el resto del sistema fue de 30,26%, lo que denota el esfuerzo de algunas instituciones pequeñas por mantener sus niveles de ingresos financieros derivados de la cartera, ya que en la banca se viene agudizando la reducción de los ingresos por créditos frente a los gastos totales.
El Banco Nacional de Crédito (BNC) llegó a la décima posición del sistema, gracias a que registró el mayor crecimiento porcentual de cartera de crédito, con una expansión de 61,78%, mientras que DelSur destacó entre las instituciones más pequeñas, con un incremento de 41,16%.
En volumen, el BBVA Provincial incrementó sus créditos en 307.219.655 miles de bolívares, el mejor desempeño entre los 10 grandes, mientras que Banco Plaza, con un aumento de 35.168.976 miles de bolívares, fue el que más subió su cartera entre los pequeños, en noviembre.
El índice de morosidad de la cartera de créditos se ubicó en 4,67% en noviembre. Este indicador viene subiendo de manera sostenida; por ejemplo, en octubre fue de 3,41% y en el décimo primer mes de 2018 alcanzó apenas a 1,09%. En todo caso, estos datos siguen revelando que, en el contexto crítico de la economía venezolana, la calidad del portafolio de préstamos del sistema es adecuada.
Banesco, con 0%, Banco Mercantil (0,02%), BBVA Provincial (0,40%) y Banco de Venezuela (0,49%) destacan por sus mínimos índices de morosidad.
Las provisiones para cobertura de la mora alcanzaron en septiembre a 53,49% de los créditos vencidos y en litigio, una importante contracción de 13,83 puntos porcentuales en comparación con octubre y, frente a este mismo indicador en noviembre de 2018 hay una reducción de 291,15 puntos porcentuales en esta cuenta, ya que en el mismo corte del año pasado la cobertura fue de 344,64%.
El descenso de las provisiones para cobertura de cartera morosa es un síntoma de la fuerte desaceleración del aumento de las utilidades del sistema y de su creciente incapacidad para generar ingresos derivados de la intermediación financiera.
La banca presenta una cartera de créditos cuyo crecimiento viene siendo cada vez más estrecho, medido en bolívares, lo que evidencia que la estrategia de encaje legal tiene un impacto grave en el negocio medular. La demanda de créditos comerciales está prácticamente paralizada, según reportan varias instituciones, debido a la indexación, por lo que no parece factible esperar que esta tendencia se revierta, al menos, en el corto plazo.
El presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) Ricardo Cusanno urge alcanzar “un gran acuerdo nacional que permita reinsertarnos en el mundo globalizado y darle oportunidades al más desposeído”.
En entrevista para Unión Radio, subrayó que este año se generó un gran cambio que demuestra que se puede salir de la crisis.
Considera que los apagones fueron determinantes para el cambio que se gestó en 2019, “hicieron evidente el tema de la dolarización, la fuerza de los hechos avasalló a la ideología”.
“Primero equipararon el dólar paralelo con el oficial lo que permitió que las remesas entraran por la vía oficial. El gran aplauso que le damos a todo esto es que Venezuela dejó de ser rentista, hoy el venezolano no espera que el Estado le regale nada, clama a gritos que el mundo de la política se ponga de acuerdo para dilucidar un futuro prometedor, la gente pide desarrollar sus capacidades”, apuntó.
Cussano explicó que este año ingresaron en divisas unos $23 mil millones y 25% proveniente del sector privado. “Tres mil del empresario emprendedor que decidió no cerrar y por otra lado por vía de las remesas legales, son dólares que llegaron a la economía venezolana”.
Resaltó que la correlación que existía entre lo aportado por privados y la renta petrolera del Estado “se acabó y eso pone a la nación en una condición distinta”.
Cussano opina que ese cambio obliga al Estado y al gobierno a establecer condiciones para que lo ocurrido se amplíe. “No digo que nos dolaricemos, sino que ese despertar de las fuerzas vivas del ciudadano tenga un norte y un objetivo claro para mejorar la calidad de vida obviamente esto pasa por estabilidad política”.
El presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) Ricardo Cusanno urge alcanzar “un gran acuerdo nacional que permita reinsertarnos en el mundo globalizado y darle oportunidades al más desposeído”.
En entrevista para Unión Radio, subrayó que este año se generó un gran cambio que demuestra que se puede salir de la crisis.
Considera que los apagones fueron determinantes para el cambio que se gestó en 2019, “hicieron evidente el tema de la dolarización, la fuerza de los hechos avasalló a la ideología”.
“Primero equipararon el dólar paralelo con el oficial lo que permitió que las remesas entraran por la vía oficial. El gran aplauso que le damos a todo esto es que Venezuela dejó de ser rentista, hoy el venezolano no espera que el Estado le regale nada, clama a gritos que el mundo de la política se ponga de acuerdo para dilucidar un futuro prometedor, la gente pide desarrollar sus capacidades”, apuntó.
Cussano explicó que este año ingresaron en divisas unos $23 mil millones y 25% proveniente del sector privado. “Tres mil del empresario emprendedor que decidió no cerrar y por otra lado por vía de las remesas legales, son dólares que llegaron a la economía venezolana”.
Resaltó que la correlación que existía entre lo aportado por privados y la renta petrolera del Estado “se acabó y eso pone a la nación en una condición distinta”.
Cussano opina que ese cambio obliga al Estado y al gobierno a establecer condiciones para que lo ocurrido se amplíe. “No digo que nos dolaricemos, sino que ese despertar de las fuerzas vivas del ciudadano tenga un norte y un objetivo claro para mejorar la calidad de vida obviamente esto pasa por estabilidad política”.
“Vamos a trabajar las fiscalizaciones de una manera informativa para que el que no esté cumpliendo con las normas se ponga a derecho”. Estamos fortaleciendo el área del 0800 calidad, (0800 2254323) y por la página web www.sencamer.gob.ve, canales de comunicación para los usuarios y usuarias”, informó este lunes la Directora General del Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (Sencamer), Ana María Ponce.
Durante una entrevista en el programa Al Aire Con MinComercio, conducido por la titular de la cartera de Comercio Nacional, Eneida Laya, y que trasmite Radio Miraflores, Ponce dio a conocer que Sencamer es una institución que tiene la responsabilidad de asegurar la calidad de los bienes y servicios, asimismo, que un producto o servicio cumpla con los requisitos y que tenga el contenido apropiado.
“Sencamer contribuye al fortalecimiento de la calidad de los bienes y servicios del país (…) promoviendo la elaboración de normas, que mejoren la calidad de los bienes y servicios. Estas normas son las Covenin, normas técnicas, que elaboramos a través de nuestro subsistema de normalización, también fomentando la infraestructura metrológica para garantizar mediciones exactas que le permitan al pueblo acceder a bienes y servicios que no le vulneren su salud y que a la vez protejan al medio ambiente”.
Ponce aclaró, que “los servicios de mayor demanda es el trámite CPE, que se trata de la verificación del contenido neto. Es decir, si un producto tiene 350 gramos, tras ser verificado se genera un código alfa numérico, que por lo general se coloca debajo del contenido neto para certificar que sea real”.
El registro de empresas manufactureras es otro registro que solicitan y el tercero es el certificado de producto nacional e importado, que permite comercializar los productos en el país, garantizando al pueblo la salud y la seguridad.
Por otra parte, Ponce, quien se desempeña como presidenta del Fondo de Normalización de Calidad y Metrología (Fodenorca), resaltó que su función es la metrología industrial, la cual es necesaria para el industrial, ya que le permite al empresario utilizar eficientemente los componentes, porque van a verter la cantidad exacta de los productos y Fodenorca calibra.
“Cuando los pesos están descalibrados, Fodenorca los verifica, antes de entrar el producto a ver si aprueba el modelo que debe ser. Se realiza una verificación inicial y una periódica”, explicó Ponce.
“Vamos a trabajar las fiscalizaciones de una manera informativa para que el que no esté cumpliendo con las normas se ponga a derecho”. Estamos fortaleciendo el área del 0800 calidad, (0800 2254323) y por la página web www.sencamer.gob.ve, canales de comunicación para los usuarios y usuarias”, informó este lunes la Directora General del Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (Sencamer), Ana María Ponce.
Durante una entrevista en el programa Al Aire Con MinComercio, conducido por la titular de la cartera de Comercio Nacional, Eneida Laya, y que trasmite Radio Miraflores, Ponce dio a conocer que Sencamer es una institución que tiene la responsabilidad de asegurar la calidad de los bienes y servicios, asimismo, que un producto o servicio cumpla con los requisitos y que tenga el contenido apropiado.
“Sencamer contribuye al fortalecimiento de la calidad de los bienes y servicios del país (…) promoviendo la elaboración de normas, que mejoren la calidad de los bienes y servicios. Estas normas son las Covenin, normas técnicas, que elaboramos a través de nuestro subsistema de normalización, también fomentando la infraestructura metrológica para garantizar mediciones exactas que le permitan al pueblo acceder a bienes y servicios que no le vulneren su salud y que a la vez protejan al medio ambiente”.
Ponce aclaró, que “los servicios de mayor demanda es el trámite CPE, que se trata de la verificación del contenido neto. Es decir, si un producto tiene 350 gramos, tras ser verificado se genera un código alfa numérico, que por lo general se coloca debajo del contenido neto para certificar que sea real”.
El registro de empresas manufactureras es otro registro que solicitan y el tercero es el certificado de producto nacional e importado, que permite comercializar los productos en el país, garantizando al pueblo la salud y la seguridad.
Por otra parte, Ponce, quien se desempeña como presidenta del Fondo de Normalización de Calidad y Metrología (Fodenorca), resaltó que su función es la metrología industrial, la cual es necesaria para el industrial, ya que le permite al empresario utilizar eficientemente los componentes, porque van a verter la cantidad exacta de los productos y Fodenorca calibra.
“Cuando los pesos están descalibrados, Fodenorca los verifica, antes de entrar el producto a ver si aprueba el modelo que debe ser. Se realiza una verificación inicial y una periódica”, explicó Ponce.
