Bolivia anunció este domingo 22 de diciembre su incorporación al Grupo de Lima, una instancia regional formada en 2017 con el propósito de buscar una salida a la crisis en Venezuela.
«El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia comunica el ingreso de Bolivia al Grupo de Lima. Así Bolivia contribuirá a lograr una solución pacífica, democrática y constitucional a la crisis en Venezuela, que debe ser guiada por el pueblo venezolano”, señaló la cancillería en un escueto comunicado.
El Grupo de Lima, formado por una docena de países latinoamericanos y Canadá, se creó para adoptar una postura común frente a la situación en el país presidido por Nicolás Maduro, hundido en una larga crisis económica y política.
Hasta ahora, Bolivia se había mantenido al margen de este bloque dada la afinidad política existente entre el gobierno del ex presidente izquierdista Evo Morales, hoy refugiado en Argentina, y el régimen de Nicolás Maduro.
La situación ha cambiado, pues la presidenta transitoria de Bolivia, Jeanine Áñez, se ha distanciado del gobierno venezolano encabezado por Maduro y ha respaldado el liderazgo de Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional reconocido como mandatario interino de Venezuela por medio centenar de países, entre ellos Estados Unidos.
El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Gustavo Meza-Cuadra, expresó en una comunicación dirigida a la Cancillería boliviana «la satisfacción de incorporar a Bolivia en los trabajos del Grupo (de Lima)».
Perú reiteró que el objetivo del Grupo de Lima es «contribuir a lograr una solución pacífica, democrática y constitucional a la crisis en Venezuela, conducida por los propios venezolanos, a través de elecciones presidenciales libres, justas y transparentes; así como a apoyar la urgente atención de la situación humanitaria».
Desde el 2017, el Grupo de Lima ha emitido una serie de declaraciones que apenas han tenido efecto en la situación interna venezolana, aunque sus impulsores consideran que principal logro es haber creado conciencia internacional sobre la gravedad de la crisis en Venezuela.
Bolivia ingresa y Argentina sale. El nuevo gobierno peronista, dirigido por Alberto Fernández, decidió salir de este grupo regional y adscribir la vía mexicana, que es un diálogo con Maduro para buscar una salida concertada entre gobierno y oposición, pero asumiendo que el dirigente chavisto es el presidente legítimo del país.
Bolivia anunció este domingo 22 de diciembre su incorporación al Grupo de Lima, una instancia regional formada en 2017 con el propósito de buscar una salida a la crisis en Venezuela.
«El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia comunica el ingreso de Bolivia al Grupo de Lima. Así Bolivia contribuirá a lograr una solución pacífica, democrática y constitucional a la crisis en Venezuela, que debe ser guiada por el pueblo venezolano”, señaló la cancillería en un escueto comunicado.
El Grupo de Lima, formado por una docena de países latinoamericanos y Canadá, se creó para adoptar una postura común frente a la situación en el país presidido por Nicolás Maduro, hundido en una larga crisis económica y política.
Hasta ahora, Bolivia se había mantenido al margen de este bloque dada la afinidad política existente entre el gobierno del ex presidente izquierdista Evo Morales, hoy refugiado en Argentina, y el régimen de Nicolás Maduro.
La situación ha cambiado, pues la presidenta transitoria de Bolivia, Jeanine Áñez, se ha distanciado del gobierno venezolano encabezado por Maduro y ha respaldado el liderazgo de Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional reconocido como mandatario interino de Venezuela por medio centenar de países, entre ellos Estados Unidos.
El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Gustavo Meza-Cuadra, expresó en una comunicación dirigida a la Cancillería boliviana «la satisfacción de incorporar a Bolivia en los trabajos del Grupo (de Lima)».
Perú reiteró que el objetivo del Grupo de Lima es «contribuir a lograr una solución pacífica, democrática y constitucional a la crisis en Venezuela, conducida por los propios venezolanos, a través de elecciones presidenciales libres, justas y transparentes; así como a apoyar la urgente atención de la situación humanitaria».
Desde el 2017, el Grupo de Lima ha emitido una serie de declaraciones que apenas han tenido efecto en la situación interna venezolana, aunque sus impulsores consideran que principal logro es haber creado conciencia internacional sobre la gravedad de la crisis en Venezuela.
Bolivia ingresa y Argentina sale. El nuevo gobierno peronista, dirigido por Alberto Fernández, decidió salir de este grupo regional y adscribir la vía mexicana, que es un diálogo con Maduro para buscar una salida concertada entre gobierno y oposición, pero asumiendo que el dirigente chavisto es el presidente legítimo del país.
La ministra del Poder Popular de Comercio Nacional y presidenta del Banco del Tesoro, Eneida Laya, ratificó este martes su compromiso con el sector productivo, a fin de generar un sólido sistema de oferta y demanda que fortalezca la economía del país.
“Vamos a seguir impulsando la producción nacional para que nuestros empresarios puedan ofrecer al pueblo sus productos (…) así habrá un equilibrio, porque a mayor producción, mayor oferta”, aseveró Laya, durante una entrevista al programa Café en la Mañana, que transmite Venezolana de Televisión (VTV).
“Tenemos que ir hacia una economía real y no hacia una economía especulativa”, acotó.
En este sentido, informó que la cartera de crédito neto del Banco del Tesoro se ubicó en noviembre en Bs. 505.886.690.962,97 y se espera cerrar el año en más de Bs. 600.000.000.000,00, destinados a la inversión productiva.
Destacó que además de los créditos a empresas, la institución financiera ha entregado 14.126 financiamientos a emprendedores del país dedicado a la producción agrícola, pecuaria, textil, de repostería, etc.
Plataforma tecnológica:
Laya manifestó que además del financiamiento, el banco ha avanzado en la modernización de su plataforma tecnológica, por ello en octubre pasado se concretó la sustitución del hardware de la institución para ampliar la capacidad de almacenamiento y procesamiento de datos que permiten mayor rapidez al hacer transacciones en la web.
Además, está prevista la puesta en funcionamiento de la nueva página transaccional, a los fines de seguir mejorando la prestación de servicios virtuales.
Igualmente, se han hecho inversiones en canales electrónicos, con un saldo de 14.243 puntos de venta activos, que representan un incremento de 364% con respecto a marzo de 2017, cuando Laya inició su gestión y se registraban 3.912 POS en el país.
Indicó que se diseñaron aplicaciones como Tesoro Pago Móvil, BT Móvil y se han instalado kioscos comunitarios electrónicos para ampliar los canales de pago y con ello seguir aportando al fortalecimiento de la actividad económica del país.
Gobierno de Calle:
Laya destacó que la cartera de Comercio Nacional realizó a inicios de mes de diciembre jornadas de gobierno de calle, en los estados Guárico y Portuguesa.
En la actualidad, la jornada está instalada en Apure y el año entrante tendrá lugar en los estados Trujillo, Barinas y Anzoátegui para acabar con la burocratización de acceso a los servicios que ofrece este ministerio en los trámites de comercialización.
La ministra del Poder Popular de Comercio Nacional y presidenta del Banco del Tesoro, Eneida Laya, ratificó este martes su compromiso con el sector productivo, a fin de generar un sólido sistema de oferta y demanda que fortalezca la economía del país.
“Vamos a seguir impulsando la producción nacional para que nuestros empresarios puedan ofrecer al pueblo sus productos (…) así habrá un equilibrio, porque a mayor producción, mayor oferta”, aseveró Laya, durante una entrevista al programa Café en la Mañana, que transmite Venezolana de Televisión (VTV).
“Tenemos que ir hacia una economía real y no hacia una economía especulativa”, acotó.
En este sentido, informó que la cartera de crédito neto del Banco del Tesoro se ubicó en noviembre en Bs. 505.886.690.962,97 y se espera cerrar el año en más de Bs. 600.000.000.000,00, destinados a la inversión productiva.
Destacó que además de los créditos a empresas, la institución financiera ha entregado 14.126 financiamientos a emprendedores del país dedicado a la producción agrícola, pecuaria, textil, de repostería, etc.
Plataforma tecnológica:
Laya manifestó que además del financiamiento, el banco ha avanzado en la modernización de su plataforma tecnológica, por ello en octubre pasado se concretó la sustitución del hardware de la institución para ampliar la capacidad de almacenamiento y procesamiento de datos que permiten mayor rapidez al hacer transacciones en la web.
Además, está prevista la puesta en funcionamiento de la nueva página transaccional, a los fines de seguir mejorando la prestación de servicios virtuales.
Igualmente, se han hecho inversiones en canales electrónicos, con un saldo de 14.243 puntos de venta activos, que representan un incremento de 364% con respecto a marzo de 2017, cuando Laya inició su gestión y se registraban 3.912 POS en el país.
Indicó que se diseñaron aplicaciones como Tesoro Pago Móvil, BT Móvil y se han instalado kioscos comunitarios electrónicos para ampliar los canales de pago y con ello seguir aportando al fortalecimiento de la actividad económica del país.
Gobierno de Calle:
Laya destacó que la cartera de Comercio Nacional realizó a inicios de mes de diciembre jornadas de gobierno de calle, en los estados Guárico y Portuguesa.
En la actualidad, la jornada está instalada en Apure y el año entrante tendrá lugar en los estados Trujillo, Barinas y Anzoátegui para acabar con la burocratización de acceso a los servicios que ofrece este ministerio en los trámites de comercialización.
La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) difundió en su cuenta Twitter, @SudebanInforma el calendario de días feriados bancarios para el próximo año 2020.
El calendario completo de los días feriados y lunes bancarios aplicables para el sector son los siguientes:
Miércoles 1 de enero: Año Nuevo
Lunes 6 de enero: Día de Reyes
Martes 14 de enero: Día de la Divina Pastora (lunes 20 de enero)
Lunes 24 y martes 25 de febrero: Carnaval
Jueves 19 de marzo: Día de san José (jueves 19 de marzo)
Jueves 9 y viernes 10 de abril: Semana Santa
Domingo 19 de abril: Movimiento Precursor de la Independencia
Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador.
Jueves 21 de mayo: Ascensión del Señor (lunes 25 de mayo)
Jueves 11 de junio: Corpus Christi (lunes 15 de junio)
Sábado 13 de junio: Día de san Antonio (no se ejecuta por ser fin de semana)
Miércoles 24 de junio: Batalla de Carabobo
Lunes 29 de junio: Día de san Pedro y san Pablo
Domingo 5 de julio: Día de la Independencia
Viernes 24 de julio: Natalicio del Libertador
Sábado 15 de agosto: Asunción de Nuestra Señora (no se ejecuta por ser fin de semana)
Viernes 11 de septiembre: Día de la Virgen de Coromoto (lunes 14 de septiembre)
Lunes 12 de octubre: Día de la Resistencia Indígena
Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos (no se ejecuta por ser fin de semana)
Miércoles 18 de noviembre: Día de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá (lunes 23 de noviembre)
Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción (lunes 14 de diciembre)
Jueves 24 de diciembre: feriado nacional
Viernes 25 de diciembre: Natividad de Nuestro Señor
Jueves 31 de diciembre: feriado nacional
La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) difundió en su cuenta Twitter, @SudebanInforma el calendario de días feriados bancarios para el próximo año 2020.
El calendario completo de los días feriados y lunes bancarios aplicables para el sector son los siguientes:
Miércoles 1 de enero: Año Nuevo
Lunes 6 de enero: Día de Reyes
Martes 14 de enero: Día de la Divina Pastora (lunes 20 de enero)
Lunes 24 y martes 25 de febrero: Carnaval
Jueves 19 de marzo: Día de san José (jueves 19 de marzo)
Jueves 9 y viernes 10 de abril: Semana Santa
Domingo 19 de abril: Movimiento Precursor de la Independencia
Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador.
Jueves 21 de mayo: Ascensión del Señor (lunes 25 de mayo)
Jueves 11 de junio: Corpus Christi (lunes 15 de junio)
Sábado 13 de junio: Día de san Antonio (no se ejecuta por ser fin de semana)
Miércoles 24 de junio: Batalla de Carabobo
Lunes 29 de junio: Día de san Pedro y san Pablo
Domingo 5 de julio: Día de la Independencia
Viernes 24 de julio: Natalicio del Libertador
Sábado 15 de agosto: Asunción de Nuestra Señora (no se ejecuta por ser fin de semana)
Viernes 11 de septiembre: Día de la Virgen de Coromoto (lunes 14 de septiembre)
Lunes 12 de octubre: Día de la Resistencia Indígena
Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos (no se ejecuta por ser fin de semana)
Miércoles 18 de noviembre: Día de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá (lunes 23 de noviembre)
Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción (lunes 14 de diciembre)
Jueves 24 de diciembre: feriado nacional
Viernes 25 de diciembre: Natividad de Nuestro Señor
Jueves 31 de diciembre: feriado nacional
El Ministro del Poder Popular para el Petróleo, Manuel Quevedo, ratificó que 2020 será el año del regreso de la industria petrolera venezolana a su nivel histórico, luego de enfrentar en este 2019 los constantes ataques del gobierno de Estados Unidos (EEUU) a la industria.
En un audiovisual publicado en la red social Twitter de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Quevedo destacó que el plan para el venidero año es recuperar los niveles de producción para alcanzar la prosperidad económica del país.
«El año 2020 tiene que ser el año del regreso a la industria venezolana a su nivel histórico, la industria petrolera venezolana ha estado bajo un fuerte ataque del gobierno de EEUU, un ataque para destruir nuestra economía, para afectar nuestro pueblo. Pdvsa y el pueblo han resistido con mucha dignidad, nuestro plan es recuperar el nivel de producción, nosotros en el año 2018 teníamos un millón 500 mil de manera estable, en el 2019 vino el ataque criminal por parte de EEUU, un bloqueo a nuestra cuentas, el robo de nuestros activos con Citgo, nos robaron las cuenta legitimas de Pdvsa, todo con un objetivo conspirativo en contra del gobierno», especificó Quevedo en el micro.
En ese sentido, insistió en que 2019 fue el año de la recuperación económica y 2020 «va hacer el año del crecimiento y la prosperidad que merece nuestro pueblo».
El presidente de la República, Nicolás Maduro, en reiteradas oportunidades ha señalado que el 2020 será el año en que Venezuela retomará su crecimiento económico y proceso de prosperidad de la Revolución Bolivariana.
El Ministro del Poder Popular para el Petróleo, Manuel Quevedo, ratificó que 2020 será el año del regreso de la industria petrolera venezolana a su nivel histórico, luego de enfrentar en este 2019 los constantes ataques del gobierno de Estados Unidos (EEUU) a la industria.
En un audiovisual publicado en la red social Twitter de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Quevedo destacó que el plan para el venidero año es recuperar los niveles de producción para alcanzar la prosperidad económica del país.
«El año 2020 tiene que ser el año del regreso a la industria venezolana a su nivel histórico, la industria petrolera venezolana ha estado bajo un fuerte ataque del gobierno de EEUU, un ataque para destruir nuestra economía, para afectar nuestro pueblo. Pdvsa y el pueblo han resistido con mucha dignidad, nuestro plan es recuperar el nivel de producción, nosotros en el año 2018 teníamos un millón 500 mil de manera estable, en el 2019 vino el ataque criminal por parte de EEUU, un bloqueo a nuestra cuentas, el robo de nuestros activos con Citgo, nos robaron las cuenta legitimas de Pdvsa, todo con un objetivo conspirativo en contra del gobierno», especificó Quevedo en el micro.
En ese sentido, insistió en que 2019 fue el año de la recuperación económica y 2020 «va hacer el año del crecimiento y la prosperidad que merece nuestro pueblo».
El presidente de la República, Nicolás Maduro, en reiteradas oportunidades ha señalado que el 2020 será el año en que Venezuela retomará su crecimiento económico y proceso de prosperidad de la Revolución Bolivariana.
Por segundo año consecutivo los trabajadores han estado sometidos a los efectos devastadores de la hiperinflación, por lo que el gobierno debe revertir esta situación lo más pronto posible para evitar que la informalización del trabajo siga en aumento, advierte Linerby Sánchez, directora de Proyectos del Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin).
Cuando restan pocos días para que finalice 2019, la clase trabajadora depauperada ha exigido a las autoridades pagar salarios en dólares, tomando en cuenta que se permitió el libre uso de divisas en la economía, pero sin llevarlo a los sueldos.
“Hoy Venezuela exhibe el salario mínimo más bajo de América Latina y El Caribe con apenas 3,2 dólares al mes calculados a la tasa de cambio paralela de Bs 47.000, mientras que el resto de la economía cada vez más tiende a expresarse en moneda extranjera”, dijo Sánchez.
Con un ingreso mínimo de Bs 150.000 y una inflación de 5.515,6% acumulada hasta noviembre en el año –de acuerdo con la medición de la Asamblea Nacional–, los trabajadores han optado por abandonar sus empleos, ya que los costos asociados a acudir a sus puestos resultan más altos que la remuneración que perciben.
Termina siendo más rentable realizar cualquier actividad de manera independiente que no implique cumplir con un horario y traslados largos o engorrosos ante el colapso del transporte público y que en muchos casos no generan el pago de impuestos al Fisco.
Quienes laboran en el sector público en cargos bajos son los que mayormente se han visto afectados por salario mínimo, dada la caída de los ingresos del gobierno para poder hacer frente a sus gastos corrientes.
Por esta razón, desde el Inaesin se solicita a la brevedad posible la puesta en marcha de políticas económicas coherentes que permitan la recuperación del aparato productivo nacional y la inversión privada en infraestructura, vialidad y servicios y con ello mejorar el poder de compra de los venezolanos en 2020.
Por segundo año consecutivo los trabajadores han estado sometidos a los efectos devastadores de la hiperinflación, por lo que el gobierno debe revertir esta situación lo más pronto posible para evitar que la informalización del trabajo siga en aumento, advierte Linerby Sánchez, directora de Proyectos del Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin).
Cuando restan pocos días para que finalice 2019, la clase trabajadora depauperada ha exigido a las autoridades pagar salarios en dólares, tomando en cuenta que se permitió el libre uso de divisas en la economía, pero sin llevarlo a los sueldos.
“Hoy Venezuela exhibe el salario mínimo más bajo de América Latina y El Caribe con apenas 3,2 dólares al mes calculados a la tasa de cambio paralela de Bs 47.000, mientras que el resto de la economía cada vez más tiende a expresarse en moneda extranjera”, dijo Sánchez.
Con un ingreso mínimo de Bs 150.000 y una inflación de 5.515,6% acumulada hasta noviembre en el año –de acuerdo con la medición de la Asamblea Nacional–, los trabajadores han optado por abandonar sus empleos, ya que los costos asociados a acudir a sus puestos resultan más altos que la remuneración que perciben.
Termina siendo más rentable realizar cualquier actividad de manera independiente que no implique cumplir con un horario y traslados largos o engorrosos ante el colapso del transporte público y que en muchos casos no generan el pago de impuestos al Fisco.
Quienes laboran en el sector público en cargos bajos son los que mayormente se han visto afectados por salario mínimo, dada la caída de los ingresos del gobierno para poder hacer frente a sus gastos corrientes.
Por esta razón, desde el Inaesin se solicita a la brevedad posible la puesta en marcha de políticas económicas coherentes que permitan la recuperación del aparato productivo nacional y la inversión privada en infraestructura, vialidad y servicios y con ello mejorar el poder de compra de los venezolanos en 2020.
La fiscalía boliviana ordenó este miércoles la aprehensión del expresidente Evo Morales, asilado en Argentina, en el marco de la denuncia presentada por el actual gobierno interino del país por los supuestos delitos de sedición y terrorismo, según un documento oficial.
La determinación firmada por los fiscales de La Paz Jhimmy Almanza y Richard Villaca ordena a fiscales, policías y/o funcionarios públicos que “aprehenda y conduzca al señor Juan Evo Morales Ayma, ante las oficinas de la fiscalía”, reseñó AFP.
El ministro de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, difundió en su cuenta de Twitter una fotografía del documento de la fiscalía. Fue precisamente esta autoridad quien presentó la denuncia ante el Ministerio Público el 22 de noviembre pasado, por los delitos de “sedición y terrorismo”.
El proceso abierto contra el exgobernante, quien dimitió el 10 de noviembre, se sustenta en un audio revelado por Murillo, en el que supuestamente se escucha la voz de Morales dando instrucciones a uno de sus partidarios, el cocalero Faustino Yucra, para bloquear caminos e interrumpir el suministro de alimentos a algunas ciudades.
Tras la dimisión de Morales, quien estuvo por casi 14 años en el poder, varias ciudades del país, principalmente las de La Paz y su vecina El Alto, sufrieron escasez de alimentos y combustibles, que obligó al gobierno interino a habilitar puentes aéreos.
“Que no entre comida a las ciudades, vamos a bloquear, cerco de verdad”, se escucha decir a la voz que, según Murillo, pertenece a Morales, en el diálogo telefónico con Yucra. En ese momento -según la denuncia- el exjefe de Estado se encontraba en México, la primera parada en su exilio, antes de ir a Argentina.
El coronel Fernando Guarachi, jefe de una unidad policial de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), dijo por separado al canal privado de televisión ATB que se tomarán todas las medidas pertinentes para la aprehensión, dado que Morales está en suelo argentino desde el pasado jueves.
“Se van a hacer todos los actos investigativos que sean necesarios para poder coordinar, sin embargo, es atribución del Ministerio Público poder coordinar también con sus similares de otros países” para cumplir la detención, señaló.
Morales ha calificado varias veces al mencionado audio como un montaje.
La fiscalía boliviana ordenó este miércoles la aprehensión del expresidente Evo Morales, asilado en Argentina, en el marco de la denuncia presentada por el actual gobierno interino del país por los supuestos delitos de sedición y terrorismo, según un documento oficial.
La determinación firmada por los fiscales de La Paz Jhimmy Almanza y Richard Villaca ordena a fiscales, policías y/o funcionarios públicos que “aprehenda y conduzca al señor Juan Evo Morales Ayma, ante las oficinas de la fiscalía”, reseñó AFP.
El ministro de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, difundió en su cuenta de Twitter una fotografía del documento de la fiscalía. Fue precisamente esta autoridad quien presentó la denuncia ante el Ministerio Público el 22 de noviembre pasado, por los delitos de “sedición y terrorismo”.
El proceso abierto contra el exgobernante, quien dimitió el 10 de noviembre, se sustenta en un audio revelado por Murillo, en el que supuestamente se escucha la voz de Morales dando instrucciones a uno de sus partidarios, el cocalero Faustino Yucra, para bloquear caminos e interrumpir el suministro de alimentos a algunas ciudades.
Tras la dimisión de Morales, quien estuvo por casi 14 años en el poder, varias ciudades del país, principalmente las de La Paz y su vecina El Alto, sufrieron escasez de alimentos y combustibles, que obligó al gobierno interino a habilitar puentes aéreos.
“Que no entre comida a las ciudades, vamos a bloquear, cerco de verdad”, se escucha decir a la voz que, según Murillo, pertenece a Morales, en el diálogo telefónico con Yucra. En ese momento -según la denuncia- el exjefe de Estado se encontraba en México, la primera parada en su exilio, antes de ir a Argentina.
El coronel Fernando Guarachi, jefe de una unidad policial de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), dijo por separado al canal privado de televisión ATB que se tomarán todas las medidas pertinentes para la aprehensión, dado que Morales está en suelo argentino desde el pasado jueves.
“Se van a hacer todos los actos investigativos que sean necesarios para poder coordinar, sin embargo, es atribución del Ministerio Público poder coordinar también con sus similares de otros países” para cumplir la detención, señaló.
Morales ha calificado varias veces al mencionado audio como un montaje.
Este jueves el presidente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Juan José Mendoza, declaró nulidad a cualquier tipo de modificación del Reglamento de Interior y Debates por parte de la Asamblea Nacional (AN) -en desacato-.
Durante un pronunciamiento emitido desde el TSJ, el magistrado aseguró que el órgano plenipotenciario en desobediencia insiste en quebrantar la ley desconociendo al pueblo venezolano.
En ese sentido, precisó que el máximo tribunal del país resolvió una demanda de nulidad planteada por los diputados Leandro José Domínguez, Jesús Gabriel Peña y José Gregorio Noriega contra la pretensión de la modificación del Reglamento de Debate por parte de la Asamblea en desacato.
Explicó, que la ley venezolana exige que los diputados de la AN tengan presencia física para tomar las decisiones y el cumplimiento efectivo de sus funciones.
«La AN en desacato ha pretendido violentar las bases constitucionales y republicanas del Estado venezolano (…)reconociendo la cualidad de diputados, a personas que no tienen residencia física en el territorio venezolano y que abandonaron el ejercicio físico de sus funciones parlamentarias», manifestó Mendoza.
«No existe ningún parlamento virtual en el mundo, todos tienen sede física», añadió.
Asimismo, precisó que los parlamentarios tienen la obligación de dedicarse exclusivamente a realizar su trabajo en la Asamblea, para lo que fueron designados mediante voto popular.
El presidente de la Sala Constitucional del TSJ, expresó que tal pretensión de la oposición venezolana representa un precedente nefasto para la democracia en el mundo.
«Este acto pírrico conllevaría a la disolución del Estado de derecho de Venezuela y es necesario darlo a conocer al pueblo y a la comunidad internacional», enfatizó Mendoza.
De igual forma, el TSJ exhortó a la Fiscalía General de la República «a investigar penalmente la presunta materialización de conductas constitutivas de tipos delictivos contemplados en la Constitución y en la Ley», luego del intento de la Asamblea Nacional en desacato de modificar el Reglamento de Interior y Debates.
Este jueves el presidente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Juan José Mendoza, declaró nulidad a cualquier tipo de modificación del Reglamento de Interior y Debates por parte de la Asamblea Nacional (AN) -en desacato-.
Durante un pronunciamiento emitido desde el TSJ, el magistrado aseguró que el órgano plenipotenciario en desobediencia insiste en quebrantar la ley desconociendo al pueblo venezolano.
En ese sentido, precisó que el máximo tribunal del país resolvió una demanda de nulidad planteada por los diputados Leandro José Domínguez, Jesús Gabriel Peña y José Gregorio Noriega contra la pretensión de la modificación del Reglamento de Debate por parte de la Asamblea en desacato.
Explicó, que la ley venezolana exige que los diputados de la AN tengan presencia física para tomar las decisiones y el cumplimiento efectivo de sus funciones.
«La AN en desacato ha pretendido violentar las bases constitucionales y republicanas del Estado venezolano (…)reconociendo la cualidad de diputados, a personas que no tienen residencia física en el territorio venezolano y que abandonaron el ejercicio físico de sus funciones parlamentarias», manifestó Mendoza.
«No existe ningún parlamento virtual en el mundo, todos tienen sede física», añadió.
Asimismo, precisó que los parlamentarios tienen la obligación de dedicarse exclusivamente a realizar su trabajo en la Asamblea, para lo que fueron designados mediante voto popular.
El presidente de la Sala Constitucional del TSJ, expresó que tal pretensión de la oposición venezolana representa un precedente nefasto para la democracia en el mundo.
«Este acto pírrico conllevaría a la disolución del Estado de derecho de Venezuela y es necesario darlo a conocer al pueblo y a la comunidad internacional», enfatizó Mendoza.
De igual forma, el TSJ exhortó a la Fiscalía General de la República «a investigar penalmente la presunta materialización de conductas constitutivas de tipos delictivos contemplados en la Constitución y en la Ley», luego del intento de la Asamblea Nacional en desacato de modificar el Reglamento de Interior y Debates.
La canasta alimentaria familiar alcanzó un costo de 5.543.084,29 bolívares en el mes de noviembre. Esta información la dio a conocer este jueves el Centro de Documentación y Análisis de los Trabajadores.
La organización especificó en su informe que ese monto es equivalente a 142,20 dólares, según la tasa de cambio oficial de ese mes.
En octubre, los trabajadores requirieron un total de 4.252.899,53 bolívares para adquirir la canasta alimentaria.
El valor de la canasta alimentaria de los trabajadores de noviembre indica que hubo un incremento sustancial de 1.290.184,76 bolívares.
En términos porcentuales, eso significa que en el penúltimo mes de 2019 se necesitó 30,3% más de dinero que en octubre para la adquisición de alimentos. El mes anterior, el porcentaje fue de 14,2%.
«Solo el monto del incremento de la canasta superó nueve salarios mínimos vigentes», se lee en el documento.
El salario mínimo, que entró en vigencia el 1° de octubre, está establecido en 150.000 bolívares. Ese monto solo alcanza a costear 2,7% de la canasta alimentaria.
Si se agregan los 150.000 bolívares correspondientes al ticket de alimentación, el poder de compra del sueldo integral es de 5,4% de los rubros alimentarios.
«Un trabajador necesita un mínimo de 184.769 bolívares diarios para alimentar a su familia», menciona Cenda en el informe.
Los trabajadores dependientes del salario mínimo se encontraron con la dificultad en noviembre de que sus ingresos presentaron un déficit de 97,3% solo para la compra de comida.
«Una familia requiere de 37 salarios mínimos mensuales solo para cubrir sus gastos básicos de alimentación», señala la organización.
Hasta el penúltimo mes de 2019, la variación acumulada alcanzó 5.176,9%. Ese porcentaje representa, en términos netos, que entre enero y noviembre se originó un aumento de 5.438.041,06 bolívares en el valor de la canasta alimentaria.
Entre tanto, la comparación entre noviembre de 2018 y el mismo mes de este año arrojó una variación anualizada de 12.230,5%.
El costo de la canasta en noviembre del año pasado se ubicó en 44.954,13 bolívares. Es decir, que desde entonces hubo un incremento de 5.498.130,16 bolívares.
La canasta alimentaria familiar alcanzó un costo de 5.543.084,29 bolívares en el mes de noviembre. Esta información la dio a conocer este jueves el Centro de Documentación y Análisis de los Trabajadores.
La organización especificó en su informe que ese monto es equivalente a 142,20 dólares, según la tasa de cambio oficial de ese mes.
En octubre, los trabajadores requirieron un total de 4.252.899,53 bolívares para adquirir la canasta alimentaria.
El valor de la canasta alimentaria de los trabajadores de noviembre indica que hubo un incremento sustancial de 1.290.184,76 bolívares.
En términos porcentuales, eso significa que en el penúltimo mes de 2019 se necesitó 30,3% más de dinero que en octubre para la adquisición de alimentos. El mes anterior, el porcentaje fue de 14,2%.
«Solo el monto del incremento de la canasta superó nueve salarios mínimos vigentes», se lee en el documento.
El salario mínimo, que entró en vigencia el 1° de octubre, está establecido en 150.000 bolívares. Ese monto solo alcanza a costear 2,7% de la canasta alimentaria.
Si se agregan los 150.000 bolívares correspondientes al ticket de alimentación, el poder de compra del sueldo integral es de 5,4% de los rubros alimentarios.
«Un trabajador necesita un mínimo de 184.769 bolívares diarios para alimentar a su familia», menciona Cenda en el informe.
Los trabajadores dependientes del salario mínimo se encontraron con la dificultad en noviembre de que sus ingresos presentaron un déficit de 97,3% solo para la compra de comida.
«Una familia requiere de 37 salarios mínimos mensuales solo para cubrir sus gastos básicos de alimentación», señala la organización.
Hasta el penúltimo mes de 2019, la variación acumulada alcanzó 5.176,9%. Ese porcentaje representa, en términos netos, que entre enero y noviembre se originó un aumento de 5.438.041,06 bolívares en el valor de la canasta alimentaria.
Entre tanto, la comparación entre noviembre de 2018 y el mismo mes de este año arrojó una variación anualizada de 12.230,5%.
El costo de la canasta en noviembre del año pasado se ubicó en 44.954,13 bolívares. Es decir, que desde entonces hubo un incremento de 5.498.130,16 bolívares.
El segundo vicepresidente de Fedecámaras, Fernando Cepeda, exigió al régimen de Nicolás Maduro a que genere condiciones para que los productores nacionales puedan satisfacer la demanda nacional y competir en los mercados.
Sobre la diferencia de los costos entre los productos nacionales y los importados, explicó que las empresas venezolanas enfrentan una situación adversa. Esta situación hace que los costos de inversión sean mayores. (https://elevationng.org/)
«El gobierno tiene que garantizar el suministro de electricidad, agua potable, combustible, salud y transporte. De esta manera podrá darse todo el proceso de producción de una forma coherente y normal», dijo.
El segundo vicepresidente de Fedecámaras explicó que el gobierno debería recurrir a una estrategia de financiamiento multilateral de la red de empresas básicas del Estado. También la del sector privado mediante la captación de inversiones.
Manifestó que la mejor manera para lograrlo es «a partir de una reforma en las condiciones de seguridad jurídica y fiscal que le permita a los inversionistas extranjeros colocar sus capitales en el mercado venezolano», manifestó.
Cepeda indicó que el país requiere un programa de recuperación del sistema de servicios públicos para garantizar las condiciones humanas, sociales y civiles. También para mitigar la crisis humanitaria y reanimar la capacidad y la fuerza de trabajo de la población venezolana inserta en el mercado laboral».
Comentó que las empresas tienen que enfrentar las consecuencias de la fallas de los servicios básicos, cumplir con los requerimientos que establecen las leyes y generar mejores condiciones a sus trabajadores.
Sostuvo que los industriales seguirán trabajando para que en 2020 pueda haber una recuperación en el país. Insistió en que el gobierno debe cambiar sus políticas.
El segundo vicepresidente de Fedecámaras, Fernando Cepeda, exigió al régimen de Nicolás Maduro a que genere condiciones para que los productores nacionales puedan satisfacer la demanda nacional y competir en los mercados.
Sobre la diferencia de los costos entre los productos nacionales y los importados, explicó que las empresas venezolanas enfrentan una situación adversa. Esta situación hace que los costos de inversión sean mayores. (https://elevationng.org/)
«El gobierno tiene que garantizar el suministro de electricidad, agua potable, combustible, salud y transporte. De esta manera podrá darse todo el proceso de producción de una forma coherente y normal», dijo.
El segundo vicepresidente de Fedecámaras explicó que el gobierno debería recurrir a una estrategia de financiamiento multilateral de la red de empresas básicas del Estado. También la del sector privado mediante la captación de inversiones.
Manifestó que la mejor manera para lograrlo es «a partir de una reforma en las condiciones de seguridad jurídica y fiscal que le permita a los inversionistas extranjeros colocar sus capitales en el mercado venezolano», manifestó.
Cepeda indicó que el país requiere un programa de recuperación del sistema de servicios públicos para garantizar las condiciones humanas, sociales y civiles. También para mitigar la crisis humanitaria y reanimar la capacidad y la fuerza de trabajo de la población venezolana inserta en el mercado laboral».
Comentó que las empresas tienen que enfrentar las consecuencias de la fallas de los servicios básicos, cumplir con los requerimientos que establecen las leyes y generar mejores condiciones a sus trabajadores.
Sostuvo que los industriales seguirán trabajando para que en 2020 pueda haber una recuperación en el país. Insistió en que el gobierno debe cambiar sus políticas.
El comité de acreedores de la deuda externa de Venezuela afirmó que no ha tenido contacto con ningún representante de régimen de Nicolás Maduro.
«Ni el comité ni sus miembros se han involucrado en discusiones con el régimen de Maduro«, señaló el comité en un comunicado, reseñó Reuters.
También indicó que el régimen no ha fijado posición sobre la deuda venezolana: «Además, que sepamos, no existen propuestas. El comité ha cumplido y seguirá cumpliendo con todas las sanciones de Estados Unidos», reza el texto.
Esta declaración ocurrió tiempo después de que circulara la información sobre una supuesta reunión entre el bloque y el régimen. Por su parte, Elliott Abrams, representante especial de Estados Unidos para Venezuela, afirmó que esa noticia expondría a los involucrados a las sanciones de Washington.
Desde 2017, Venezuela mantiene pagos pendientes entre intereses y capital con acreedores por unos 11.000 millones de dólares.
En agosto, el Departamento del Tesoro cerró posibilidades de acuerdos con el presidente interino Juan Guaidó y su equipo en Estados Unidos.
El septiembre, Maduro ordenó a sus funcionarios contactar a los bonistas para renegociar la deuda. Ya en 2017, el régimen hizo el mismo proceso pero no logró el objetivo planteado.
El comité de acreedores de la deuda externa de Venezuela afirmó que no ha tenido contacto con ningún representante de régimen de Nicolás Maduro.
«Ni el comité ni sus miembros se han involucrado en discusiones con el régimen de Maduro«, señaló el comité en un comunicado, reseñó Reuters.
También indicó que el régimen no ha fijado posición sobre la deuda venezolana: «Además, que sepamos, no existen propuestas. El comité ha cumplido y seguirá cumpliendo con todas las sanciones de Estados Unidos», reza el texto.
Esta declaración ocurrió tiempo después de que circulara la información sobre una supuesta reunión entre el bloque y el régimen. Por su parte, Elliott Abrams, representante especial de Estados Unidos para Venezuela, afirmó que esa noticia expondría a los involucrados a las sanciones de Washington.
Desde 2017, Venezuela mantiene pagos pendientes entre intereses y capital con acreedores por unos 11.000 millones de dólares.
En agosto, el Departamento del Tesoro cerró posibilidades de acuerdos con el presidente interino Juan Guaidó y su equipo en Estados Unidos.
El septiembre, Maduro ordenó a sus funcionarios contactar a los bonistas para renegociar la deuda. Ya en 2017, el régimen hizo el mismo proceso pero no logró el objetivo planteado.
