En sesión permanente del Directorio del Consejo Nacional Electoral se aprobó la reforma del Título XIV del Reglamento de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre), en lo concerniente a la observación nacional electoral y el acompañamiento internacional.
Así lo informó Venezolana de Televisión, indicando que “con esta modificación se introduce una sustitución de la terminología utilizada hasta este momento, con la institución de la veeduría nacional electoral y la veeduría internacional electoral“.
La reforma se fundamenta “en la experiencia acumulada por el órgano comicial en esta materia y por la propia regulación vigente, que condiciona la presencia de observadores con base en principios como la no injerencia, la soberanía y el respeto a las autoridades“, precisa la información oficial.
El CNE ha reiterado que mantiene su interés de ser árbitro imparcial y “promover la participación en términos de equidad y de respeto al pluralismo, con las máximas garantías de transparencia y confiabilidad de cara a la renovación de las autoridades del Parlamento venezolano“.
Fuente: El Universal
En sesión permanente del Directorio del Consejo Nacional Electoral se aprobó la reforma del Título XIV del Reglamento de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre), en lo concerniente a la observación nacional electoral y el acompañamiento internacional.
Así lo informó Venezolana de Televisión, indicando que “con esta modificación se introduce una sustitución de la terminología utilizada hasta este momento, con la institución de la veeduría nacional electoral y la veeduría internacional electoral“.
La reforma se fundamenta “en la experiencia acumulada por el órgano comicial en esta materia y por la propia regulación vigente, que condiciona la presencia de observadores con base en principios como la no injerencia, la soberanía y el respeto a las autoridades“, precisa la información oficial.
El CNE ha reiterado que mantiene su interés de ser árbitro imparcial y “promover la participación en términos de equidad y de respeto al pluralismo, con las máximas garantías de transparencia y confiabilidad de cara a la renovación de las autoridades del Parlamento venezolano“.
Fuente: El Universal
El Consejo Nacional Electoral (CNE) realizará hasta el 23 de octubre la auditoría del software de las máquinas de votación, de cara a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.
Esta verificación, que contará con la participación de las organizaciones políticas, se lleva a cabo con la finalidad de revisar el hardware, software y datos de la máquina de votación, lo cual implica la revisión del código fuente, así como pruebas en la máquina de votación, para comprobar el correcto funcionamiento del sistema de votación.
Con las auditorías, el Poder Electoral garantiza la transparencia del proceso antes, durante y después del evento electoral, contando con el aval de las diferentes organizaciones con fines políticos y expertos electorales internacionales.
Fuente: El Universal
El Consejo Nacional Electoral (CNE) realizará hasta el 23 de octubre la auditoría del software de las máquinas de votación, de cara a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.
Esta verificación, que contará con la participación de las organizaciones políticas, se lleva a cabo con la finalidad de revisar el hardware, software y datos de la máquina de votación, lo cual implica la revisión del código fuente, así como pruebas en la máquina de votación, para comprobar el correcto funcionamiento del sistema de votación.
Con las auditorías, el Poder Electoral garantiza la transparencia del proceso antes, durante y después del evento electoral, contando con el aval de las diferentes organizaciones con fines políticos y expertos electorales internacionales.
Fuente: El Universal
El servicio de transferencias Zelle para los clientes de Wells Fargo en Venezuela fue restituido luego de haber sido suspendido hace casi cuatro meses.
La institución Early Warning Services, dueña de Zelle, envió a sus usuarios de Wells Fargo afectados un correo en el que notificaron que habían actualizado el Anexo del Servicio de Transferencia, publicó el site especializado en economía Banca y Negocios.
“Hemos modificado el Anexo del Servicio de Transferencia de Zelle al Contrato de Acceso por Internet de Wells Fargo con términos y condiciones actualizados, y para eliminar la información desactualizada”, dice el mensaje fechado el 29 de septiembre, detalló el portal.
A principios de junio, Wells Fargo notificó a sus clientes en el país que el servicio iba a ser suspendido a partir del día 26.
En un correo la entidad financiera indicó que el finiquito se basaba en el artículo 28 (b) del contrato de servicio online y la sección 6.B del contrato de servicio de Zelle.
Este último establece que en caso de que el usuario viole alguno de los términos y condiciones del acuerdo por realizar transacciones no autorizadas o fraudulentas relacionadas con su cuenta, el banco podrá suspender o dar por terminado el acceso al servicio de transferencia.
De este modo se limitaban las siguientes operaciones por la aplicación:
En ese momento, el economista Luis Oliveros explicó a El Nacional que la decisión se debía a la vigilancia del Departamento de Estado a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros sobre movimientos irregulares de capital ligados de una u otra manera a las operaciones con funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro.
“La banca norteamericana está tratando de disminuir el riesgo que tienen las operaciones con venezolanos. Entonces quieren disminuir estas operaciones, por lo que toman este tipo de medidas arbitrarias que afectará a muchísimas personas”, señaló.
Wells Fargo aclaró luego que solo suspendió el servicio de Zelle a los clientes que hicieron un uso que no era consistente con el pretendido. A la fecha no se sabe cuántas personas se vieron afectadas.
“Si identificamos un uso que es inconsistente con el uso pretendido para esos productos y servicios, Wells Fargo elimina el acceso a esos servicios para esos usuarios. No podemos comentar sobre situaciones de clientes específicos debido a la confidencialidad y la privacidad del cliente”, subrayó la entidad.
Fuente: El Nacional
El servicio de transferencias Zelle para los clientes de Wells Fargo en Venezuela fue restituido luego de haber sido suspendido hace casi cuatro meses.
La institución Early Warning Services, dueña de Zelle, envió a sus usuarios de Wells Fargo afectados un correo en el que notificaron que habían actualizado el Anexo del Servicio de Transferencia, publicó el site especializado en economía Banca y Negocios.
“Hemos modificado el Anexo del Servicio de Transferencia de Zelle al Contrato de Acceso por Internet de Wells Fargo con términos y condiciones actualizados, y para eliminar la información desactualizada”, dice el mensaje fechado el 29 de septiembre, detalló el portal.
A principios de junio, Wells Fargo notificó a sus clientes en el país que el servicio iba a ser suspendido a partir del día 26.
En un correo la entidad financiera indicó que el finiquito se basaba en el artículo 28 (b) del contrato de servicio online y la sección 6.B del contrato de servicio de Zelle.
Este último establece que en caso de que el usuario viole alguno de los términos y condiciones del acuerdo por realizar transacciones no autorizadas o fraudulentas relacionadas con su cuenta, el banco podrá suspender o dar por terminado el acceso al servicio de transferencia.
De este modo se limitaban las siguientes operaciones por la aplicación:
En ese momento, el economista Luis Oliveros explicó a El Nacional que la decisión se debía a la vigilancia del Departamento de Estado a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros sobre movimientos irregulares de capital ligados de una u otra manera a las operaciones con funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro.
“La banca norteamericana está tratando de disminuir el riesgo que tienen las operaciones con venezolanos. Entonces quieren disminuir estas operaciones, por lo que toman este tipo de medidas arbitrarias que afectará a muchísimas personas”, señaló.
Wells Fargo aclaró luego que solo suspendió el servicio de Zelle a los clientes que hicieron un uso que no era consistente con el pretendido. A la fecha no se sabe cuántas personas se vieron afectadas.
“Si identificamos un uso que es inconsistente con el uso pretendido para esos productos y servicios, Wells Fargo elimina el acceso a esos servicios para esos usuarios. No podemos comentar sobre situaciones de clientes específicos debido a la confidencialidad y la privacidad del cliente”, subrayó la entidad.
Fuente: El Nacional
El Banco Central de Venezuela bloqueó en días pasados un sistema privado de pago en dólares dentro del país. Sin embargo, los expertos en finanzas califican como un error esta decisión y recomiendan la apertura urgente de mecanismos similares para poder cancelar bienes y servicios en monedas distintas al bolívar.
Henkel García, director de la firma Econométrica, explicó a la Voz de América que la decisión del ente financiero se dio luego de que se filtrara información según la cual la banca trabajaba en un sistema de pago en dólares con la modalidad de tarjeta de débito.
“Había la posibilidad de que quien tuviera una cuenta custodia, con dólares físicos como respaldo, pudiese utilizar tarjetas de débito para hacer pagos de bienes y servicios en Venezuela. Eso requería de un organismo privado que se encargaría de la compensación de ese sistema”, dijo el analista financiera al periodista Gustavo Ocando.
Explicó que la circular del BCV detuvo el sistema de golpe, pues no permitió la existencia de un sistema de pago interbancario, pero las cuentas custodia y las transferencias electrónicas dentro de los mismos bancos sí podrán continuar.
El economista José Manuel Uzcátegui exigió por su parte una aclaratoria del BCV sobre su decisión.
En un mensaje publicado en Twitter señaló que el ahorro institucional en divisas es sano para la seguridad y operatividad en una economía “informalizada y dolarizada”.
El economista Manuel Sutherland dijo a VOA que esta decisión representa un retroceso: “Debería permitirse que esos instrumentos sirvan, sobre todo, para recibir remesas de una manera barata”.
Para Sutherland, la política cambiaria en Venezuela, regida por un control oficial desde hace 17 años, se ha llevado a bandazos. Atribuye la última restricción del BCV a la abrupta caída de la demanda de bolívares.
“Ante una situación de desaparición o destrucción progresiva del bolívar gracias a la hiperinflación, es muy necesario que se abran otros instrumentos de pago para solventar las necesidades monetarias para pagar desde un mercado hasta un vehículo. Los bolívares no alcanzan para eso”, lamentó.
Desde diciembre del año pasado, un grupo de bancos privados de Venezuela ofreció a sus clientes la alternativa de contar con una cuenta para guardar sus dólares o euros. Es lo que se ha bautizado como “cuenta custodia”.
En meses recientes, la mayoría de esas entidades adelantó la posibilidad de hacer pagos con esos fondos en el país con tarjetas de crédito o débito. Pero el Banco Central lo frenó.
El texto del BCV exigió el “cese inmediato de cualquier producto o servicio que los bancos universales y microfinancieros se encuentren ofreciendo a sus clientes, que impliquen el pago de bienes y servicios en divisas con cargo a las cuentas en moneda extranjera en el sistema financiero nacional”.
Fuente: El Nacional
El Banco Central de Venezuela bloqueó en días pasados un sistema privado de pago en dólares dentro del país. Sin embargo, los expertos en finanzas califican como un error esta decisión y recomiendan la apertura urgente de mecanismos similares para poder cancelar bienes y servicios en monedas distintas al bolívar.
Henkel García, director de la firma Econométrica, explicó a la Voz de América que la decisión del ente financiero se dio luego de que se filtrara información según la cual la banca trabajaba en un sistema de pago en dólares con la modalidad de tarjeta de débito.
“Había la posibilidad de que quien tuviera una cuenta custodia, con dólares físicos como respaldo, pudiese utilizar tarjetas de débito para hacer pagos de bienes y servicios en Venezuela. Eso requería de un organismo privado que se encargaría de la compensación de ese sistema”, dijo el analista financiera al periodista Gustavo Ocando.
Explicó que la circular del BCV detuvo el sistema de golpe, pues no permitió la existencia de un sistema de pago interbancario, pero las cuentas custodia y las transferencias electrónicas dentro de los mismos bancos sí podrán continuar.
El economista José Manuel Uzcátegui exigió por su parte una aclaratoria del BCV sobre su decisión.
En un mensaje publicado en Twitter señaló que el ahorro institucional en divisas es sano para la seguridad y operatividad en una economía “informalizada y dolarizada”.
El economista Manuel Sutherland dijo a VOA que esta decisión representa un retroceso: “Debería permitirse que esos instrumentos sirvan, sobre todo, para recibir remesas de una manera barata”.
Para Sutherland, la política cambiaria en Venezuela, regida por un control oficial desde hace 17 años, se ha llevado a bandazos. Atribuye la última restricción del BCV a la abrupta caída de la demanda de bolívares.
“Ante una situación de desaparición o destrucción progresiva del bolívar gracias a la hiperinflación, es muy necesario que se abran otros instrumentos de pago para solventar las necesidades monetarias para pagar desde un mercado hasta un vehículo. Los bolívares no alcanzan para eso”, lamentó.
Desde diciembre del año pasado, un grupo de bancos privados de Venezuela ofreció a sus clientes la alternativa de contar con una cuenta para guardar sus dólares o euros. Es lo que se ha bautizado como “cuenta custodia”.
En meses recientes, la mayoría de esas entidades adelantó la posibilidad de hacer pagos con esos fondos en el país con tarjetas de crédito o débito. Pero el Banco Central lo frenó.
El texto del BCV exigió el “cese inmediato de cualquier producto o servicio que los bancos universales y microfinancieros se encuentren ofreciendo a sus clientes, que impliquen el pago de bienes y servicios en divisas con cargo a las cuentas en moneda extranjera en el sistema financiero nacional”.
Fuente: El Nacional
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, lanzó este jueves 15 de octubre una llamada de alerta sobre los peligros de la corrupción de gobiernos y empresarios en tiempos de pandemia y advirtió de que puede “minar gravemente la buena gobernanza en todo el mundo” y ralentizar aún más la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
“La respuesta a la pandemia está creando nuevas oportunidades para explotar la supervisión débil y la transparencia inadecuada, desviando los fondos destinados a las personas que más lo necesitan”, dijo Guterres en un breve mensaje, en el que subrayó que ante esta situación de urgencia los gobiernos “pueden actuar apresuradamente sin verificar los proveedores o determinar precios justos”.
El secretario general de la ONU también cargó contra los “comerciantes sin escrúpulos” capaces de vender productos defectuosos, pruebas mal fabricadas o medicamentos falsificados.
Se trata de una mezcla que, para Guterres, ha causado el aumento escandaloso de los precios de bienes necesarios y la desviación de los mercados, y ha impedido que muchas personas tengan acceso a unos tratamientos que les hubieran salvado la vida.
Por estas razones, instó al trabajo en común para acabar con estas prácticas ilegales tomando “medidas drásticas contra los flujos financieros ilícitos y los paraísos fiscales”.
“Juntos tenemos que crear, sin demora, unos sistemas más sólidos para la rendición de cuentas, la transparencia y la integridad. Tenemos que hacer que todos los líderes rindan cuentas”, aseguró Guterres.
Asimismo, animó a las personas conocedoras de estos hechos en gobiernos y empresas a que denuncien los hechos desde el anonimato.
“Debemos proteger los derechos de las personas que denuncian las fechorías y reconocer su valentía”, dijo.
Guterres también recordó que para muchas personas en todas las regiones del mundo, la corrupción “ha sido durante muchos años una fuente de desconfianza e indignación contra sus líderes y sus gobiernos”.
“Pero la corrupción en los tiempos de covid-19 tiene el potencial de minar gravemente la buena gobernanza en todo el mundo y de desviarnos aún más del camino para lograr los Objetivos del Desarrollo Sostenible”, concluyó.
Fuente: El Nacional
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, lanzó este jueves 15 de octubre una llamada de alerta sobre los peligros de la corrupción de gobiernos y empresarios en tiempos de pandemia y advirtió de que puede “minar gravemente la buena gobernanza en todo el mundo” y ralentizar aún más la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
“La respuesta a la pandemia está creando nuevas oportunidades para explotar la supervisión débil y la transparencia inadecuada, desviando los fondos destinados a las personas que más lo necesitan”, dijo Guterres en un breve mensaje, en el que subrayó que ante esta situación de urgencia los gobiernos “pueden actuar apresuradamente sin verificar los proveedores o determinar precios justos”.
El secretario general de la ONU también cargó contra los “comerciantes sin escrúpulos” capaces de vender productos defectuosos, pruebas mal fabricadas o medicamentos falsificados.
Se trata de una mezcla que, para Guterres, ha causado el aumento escandaloso de los precios de bienes necesarios y la desviación de los mercados, y ha impedido que muchas personas tengan acceso a unos tratamientos que les hubieran salvado la vida.
Por estas razones, instó al trabajo en común para acabar con estas prácticas ilegales tomando “medidas drásticas contra los flujos financieros ilícitos y los paraísos fiscales”.
“Juntos tenemos que crear, sin demora, unos sistemas más sólidos para la rendición de cuentas, la transparencia y la integridad. Tenemos que hacer que todos los líderes rindan cuentas”, aseguró Guterres.
Asimismo, animó a las personas conocedoras de estos hechos en gobiernos y empresas a que denuncien los hechos desde el anonimato.
“Debemos proteger los derechos de las personas que denuncian las fechorías y reconocer su valentía”, dijo.
Guterres también recordó que para muchas personas en todas las regiones del mundo, la corrupción “ha sido durante muchos años una fuente de desconfianza e indignación contra sus líderes y sus gobiernos”.
“Pero la corrupción en los tiempos de covid-19 tiene el potencial de minar gravemente la buena gobernanza en todo el mundo y de desviarnos aún más del camino para lograr los Objetivos del Desarrollo Sostenible”, concluyó.
Fuente: El Nacional
La Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (Avavit) alertó sobre el «quiebre inminente y cierre de operaciones definitivo» del sector, lo que pone en riesgo a 15.000 empleos directos y 60.000 indirectos, luego que el gobierno decidió prorrogar por 30 días más, hasta el 12 de noviembre, la restricción de vuelos comerciales, lo que significa que la industria llegará a 8 meses de paralización total.
La Avavit, en su comunicado dice que el cierre de las agencias tendrá un impacto muy fuerte en todo el sector turístico, que genera 300.000 fuentes de trabajo directas y 1 millón de empleos indirectos. El gremio sostiene que la mayoría de la fuerza laboral en el subsector de agencias de viaje son mujeres «sostenes de familias con años de servicio en el sector turismo».
El gremio de agencias de viaje recuerda que ha emitido diversas comunicaciones directas a las autoridades regulatorias con propuestas que permiten un reinicio seguro de actividades, como: apertura previa de las agencias a la reanudación de las operaciones aeronáuticas, inclusión del sector en los períodos de flexibilización en el contexto del plan 7+7, y reapertura de las oficinas del Saime, entre otras.
La situación del sector turismo en general es crítica. De acuerdo con un estudio realizado por Datanálisis, esta es una de las áreas de la economía que ha recibido un impacto «catastrófico» de la pandemia de COVID-19, no solo en Venezuela, aunque la situación local es prácticamente desesperada desde antes que apareciera el coronavirus.
Fuente: Banca y Negocios
La Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (Avavit) alertó sobre el «quiebre inminente y cierre de operaciones definitivo» del sector, lo que pone en riesgo a 15.000 empleos directos y 60.000 indirectos, luego que el gobierno decidió prorrogar por 30 días más, hasta el 12 de noviembre, la restricción de vuelos comerciales, lo que significa que la industria llegará a 8 meses de paralización total.
La Avavit, en su comunicado dice que el cierre de las agencias tendrá un impacto muy fuerte en todo el sector turístico, que genera 300.000 fuentes de trabajo directas y 1 millón de empleos indirectos. El gremio sostiene que la mayoría de la fuerza laboral en el subsector de agencias de viaje son mujeres «sostenes de familias con años de servicio en el sector turismo».
El gremio de agencias de viaje recuerda que ha emitido diversas comunicaciones directas a las autoridades regulatorias con propuestas que permiten un reinicio seguro de actividades, como: apertura previa de las agencias a la reanudación de las operaciones aeronáuticas, inclusión del sector en los períodos de flexibilización en el contexto del plan 7+7, y reapertura de las oficinas del Saime, entre otras.
La situación del sector turismo en general es crítica. De acuerdo con un estudio realizado por Datanálisis, esta es una de las áreas de la economía que ha recibido un impacto «catastrófico» de la pandemia de COVID-19, no solo en Venezuela, aunque la situación local es prácticamente desesperada desde antes que apareciera el coronavirus.
Fuente: Banca y Negocios
Venezuela está aumentando su producción y exportación de carbón a países europeos, según cifras y datos de seguimiento de embarcaciones, mientras busca nuevas fuentes de divisas en medio de las estrictas sanciones estadounidenses destinadas a presionar la salida de Nicolás Maduro.
De acuerdo con Reuters, las exportaciones de carbón de Venezuela se triplicaron a 310.000 toneladas el año pasado, generando casi 40 millones de dólares, luego que Washington sancionara a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), según información de Comtrade, o la base de datos de comercio de la ONU.
Este año, las exportaciones de carbón van camino a superar esa cifra. Los envíos hasta junio fueron 365.000 toneladas, que generaron 37 millones de dólares, señalaron los datos.
El aumento de las exportaciones muestra cómo Venezuela ha encontrado nuevas fuentes de ingresos en el exterior después de las sanciones de Estados Unidos a industrias como el petróleo y el oro, en los últimos dos años, y cómo va adaptándose a esas restricciones en la medida que surgen.
Si bien las crecientes exportaciones de carbón no se acercan a cubrir los miles de millones de dólares en ingresos petroleros perdidos, las modestas fuentes de divisas son una bendición en la lucha de Maduro por mantenerse en el poder.
Las ventas de divisas de las empresas públicas al Banco Central de Venezuela alcanzaron los 477 millones de dólares a septiembre de 2020, mientras que en 2014 sumaron 40.000 millones de dólares.
Reino Unido, que no reconoce al gobierno de Maduro y tiene sanciones limitadas contra Venezuela, fue uno de los principales destinos de las exportaciones de carbón. Recibió 23,6 millones de libras (unos 30,83 millones de dólares) de carbón venezolano hasta julio de 2020, frente a 13,2 millones de libras en 2019 y ninguna en 2018, según su Oficina de Estadísticas Nacionales.
Una carga que salió del puerto de Maracaibo a mediados de marzo con destino a Belfast fue comprada por Lissan Coal Company, una unidad de LCC Group, según un documento del puerto venezolano visto por Reuters.
LCC Group, con sede en Cookstown, Irlanda del Norte, no respondió a las llamadas y correos electrónicos en busca de comentarios. El Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido tampoco respondió a una solicitud de comentarios.
Si bien las sanciones estadounidenses no mencionan explícitamente el carbón, sí amenazan con sancionar a cualquier empresa que se considere que ha “ayudado materialmente” al gobierno.
Peter Harrell, experto en sanciones en el Departamento de Estado bajo el mandato del expresidente Barack Obama, dijo que probablemente le da a Estados Unidos la autoridad legal para expandir las sanciones al sector del carbón, pero es poco probable que sancione a los compradores europeos sin previo aviso.
“Sería muy inusual que el gobierno de Estados Unidos sancionara a una empresa que comercializa carbón venezolano sin antes sancionar específicamente a la empresa estatal exportadora de carbón”, agregó Harrell.
Fuente: Banca y Negocios
Venezuela está aumentando su producción y exportación de carbón a países europeos, según cifras y datos de seguimiento de embarcaciones, mientras busca nuevas fuentes de divisas en medio de las estrictas sanciones estadounidenses destinadas a presionar la salida de Nicolás Maduro.
De acuerdo con Reuters, las exportaciones de carbón de Venezuela se triplicaron a 310.000 toneladas el año pasado, generando casi 40 millones de dólares, luego que Washington sancionara a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), según información de Comtrade, o la base de datos de comercio de la ONU.
Este año, las exportaciones de carbón van camino a superar esa cifra. Los envíos hasta junio fueron 365.000 toneladas, que generaron 37 millones de dólares, señalaron los datos.
El aumento de las exportaciones muestra cómo Venezuela ha encontrado nuevas fuentes de ingresos en el exterior después de las sanciones de Estados Unidos a industrias como el petróleo y el oro, en los últimos dos años, y cómo va adaptándose a esas restricciones en la medida que surgen.
Si bien las crecientes exportaciones de carbón no se acercan a cubrir los miles de millones de dólares en ingresos petroleros perdidos, las modestas fuentes de divisas son una bendición en la lucha de Maduro por mantenerse en el poder.
Las ventas de divisas de las empresas públicas al Banco Central de Venezuela alcanzaron los 477 millones de dólares a septiembre de 2020, mientras que en 2014 sumaron 40.000 millones de dólares.
Reino Unido, que no reconoce al gobierno de Maduro y tiene sanciones limitadas contra Venezuela, fue uno de los principales destinos de las exportaciones de carbón. Recibió 23,6 millones de libras (unos 30,83 millones de dólares) de carbón venezolano hasta julio de 2020, frente a 13,2 millones de libras en 2019 y ninguna en 2018, según su Oficina de Estadísticas Nacionales.
Una carga que salió del puerto de Maracaibo a mediados de marzo con destino a Belfast fue comprada por Lissan Coal Company, una unidad de LCC Group, según un documento del puerto venezolano visto por Reuters.
LCC Group, con sede en Cookstown, Irlanda del Norte, no respondió a las llamadas y correos electrónicos en busca de comentarios. El Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido tampoco respondió a una solicitud de comentarios.
Si bien las sanciones estadounidenses no mencionan explícitamente el carbón, sí amenazan con sancionar a cualquier empresa que se considere que ha “ayudado materialmente” al gobierno.
Peter Harrell, experto en sanciones en el Departamento de Estado bajo el mandato del expresidente Barack Obama, dijo que probablemente le da a Estados Unidos la autoridad legal para expandir las sanciones al sector del carbón, pero es poco probable que sancione a los compradores europeos sin previo aviso.
“Sería muy inusual que el gobierno de Estados Unidos sancionara a una empresa que comercializa carbón venezolano sin antes sancionar específicamente a la empresa estatal exportadora de carbón”, agregó Harrell.
Fuente: Banca y Negocios
El plan de la italiana Eni para drenar la carga del buque de almacenamiento Nabarima, considerado un riesgo ambiental potencial, se ha retrasado durante semanas debido a las preocupaciones sobre las sanciones de Estados Unidos a Venezuela, informó Argus Media.
La unidad flotante de almacenamiento y descarga (FSO) de Nabarima, con bandera venezolana, había sido incluida en la lista de sancionados en agosto, y los trabajadores informaron inundaciones dentro y fuera del barco. A principios de septiembre, Eni dijo que la embarcación se había estabilizado y se había resuelto una fuga de agua.
El FSO, que transporta a una capacidad de hasta 1,3 millones de barriles de crudo, ha estado amarrado en el campo costa afuera de Corocoro, en el Golfo de Paria, durante 10 años.
El campo pertenece a PetroSucre, una empresa conjunta operada por Pdvsa y sobre la que Eni tiene una participación minoritaria del 26%.
«En las últimas semanas hemos presentado una propuesta técnica de vanguardia a PDVSA», dijo Eni a Argus. La empresa manifestó que en el marco de un «diálogo constante y cooperativo» con el Departamento de Estado de Estados Unidos y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que administra las sanciones, se encuentra a la espera de autorización para seguir adelante con la operación.
«Hemos pedido luz verde para proceder, a fin de evitar cualquier riesgo de sanciones. Hay una respuesta pendiente», dijo Eni.
El Gobierno de Venezuela ha negado cualquier problema con el buque. En un comunicado del 5 de septiembre, PetroSucre dijo que el barco no representaba ningún riesgo ambiental y consideró la información sobre su falta de integridad estructural como «noticias falsas» destinadas a justificar las sanciones de Estados Unidos. Desde entonces, ni Pdvsa ni el gobierno venezolano se han pronunciado.
No está claro si una transferencia de barco a barco requeriría una exención específica de la OFAC o garantías explícitas de que la operación, realizada por motivos de seguridad y medioambientales, no violaría el régimen de sanciones de EE.UU. Tampoco está claro si Eni conservaría la propiedad del petróleo para poder usarlo o venderlo, y cómo se pagaría a PetroSucre.
Fuente: Banca y Negocios
El plan de la italiana Eni para drenar la carga del buque de almacenamiento Nabarima, considerado un riesgo ambiental potencial, se ha retrasado durante semanas debido a las preocupaciones sobre las sanciones de Estados Unidos a Venezuela, informó Argus Media.
La unidad flotante de almacenamiento y descarga (FSO) de Nabarima, con bandera venezolana, había sido incluida en la lista de sancionados en agosto, y los trabajadores informaron inundaciones dentro y fuera del barco. A principios de septiembre, Eni dijo que la embarcación se había estabilizado y se había resuelto una fuga de agua.
El FSO, que transporta a una capacidad de hasta 1,3 millones de barriles de crudo, ha estado amarrado en el campo costa afuera de Corocoro, en el Golfo de Paria, durante 10 años.
El campo pertenece a PetroSucre, una empresa conjunta operada por Pdvsa y sobre la que Eni tiene una participación minoritaria del 26%.
«En las últimas semanas hemos presentado una propuesta técnica de vanguardia a PDVSA», dijo Eni a Argus. La empresa manifestó que en el marco de un «diálogo constante y cooperativo» con el Departamento de Estado de Estados Unidos y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que administra las sanciones, se encuentra a la espera de autorización para seguir adelante con la operación.
«Hemos pedido luz verde para proceder, a fin de evitar cualquier riesgo de sanciones. Hay una respuesta pendiente», dijo Eni.
El Gobierno de Venezuela ha negado cualquier problema con el buque. En un comunicado del 5 de septiembre, PetroSucre dijo que el barco no representaba ningún riesgo ambiental y consideró la información sobre su falta de integridad estructural como «noticias falsas» destinadas a justificar las sanciones de Estados Unidos. Desde entonces, ni Pdvsa ni el gobierno venezolano se han pronunciado.
No está claro si una transferencia de barco a barco requeriría una exención específica de la OFAC o garantías explícitas de que la operación, realizada por motivos de seguridad y medioambientales, no violaría el régimen de sanciones de EE.UU. Tampoco está claro si Eni conservaría la propiedad del petróleo para poder usarlo o venderlo, y cómo se pagaría a PetroSucre.
Fuente: Banca y Negocios
En Sesión Ordinaria y mediante la aprobación de un acuerdo, la Asamblea Nacional desconoce y declara «inexistente e ineficaz», la «Ley Antibloqueo» que «viola principios de organización del poder público y crea un marco autocrático exento de controles jurídicos y políticos para el régimen usurpador».
El parlamento electo en 2015 declara que el polémico instrumento fue dictado de manera inconstitucional por la «fraudulenta ANC» e insta ainvestigar y establecer responsabilidades civiles, penales y administrativas a los personas, que estén involucrados en su ilegítima promulgación y aplicación.
El referido acuerdo advierte que, toda persona, natural o jurídica, que realice acuerdos o negociaciones al amparo de este instrumento «paralegal y de aplicación fáctica, podría estar incurso en delitos de lesa patria, asociación ilícita para delinquir, aprovechamiento de bienes provenientes del delito, peculado de uso y doloso, aprovechamiento indebido de bienes públicos y otros delitos previstos en el ordenamiento jurídico vigente».
Los parlamentarios ratificaron respaldo al texto propuesto y aprobado en la Comisión Permanente de Finanzas, y destacaron el cumplimiento del numeral 4 que define y establece que «cualquier negociación o contrato será ilegal y desconocida por la Asamblea Nacional y no tendrá ningún valor en Venezuela y en el exterior».
El presidente de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo, diputado Alfonso Marquina, presentó el Proyecto de Acuerdo e indicó que el Gobierno «pretende justificar la aprobación de este adefesio con la supuesta defensa de los derechos humanos»; «irónicamente presentada por un Gobierno que viola sistemáticamente los derechos humanos» y denunció que «antes y después de la usurpación de Nicolás Maduro en el poder, la economía ha disminuido un 85%».
«Ese marco normativo autocrático le da mando a Maduro para desaplicar leyes, usurpando funciones del TSJ; facultades para desconocer normas constitucionales; firmar contratos con empresas extranjeras para le explotación y explotación de nuestro petróleo y manejar las cuentas del Tesoro Nacional e los ingresos adicionales de manera discrecional y pretende liquidar la garantía constitucional prevista en el artículo 314», declaró Marquina.
Fuente: Banca y Negocios
En Sesión Ordinaria y mediante la aprobación de un acuerdo, la Asamblea Nacional desconoce y declara «inexistente e ineficaz», la «Ley Antibloqueo» que «viola principios de organización del poder público y crea un marco autocrático exento de controles jurídicos y políticos para el régimen usurpador».
El parlamento electo en 2015 declara que el polémico instrumento fue dictado de manera inconstitucional por la «fraudulenta ANC» e insta ainvestigar y establecer responsabilidades civiles, penales y administrativas a los personas, que estén involucrados en su ilegítima promulgación y aplicación.
El referido acuerdo advierte que, toda persona, natural o jurídica, que realice acuerdos o negociaciones al amparo de este instrumento «paralegal y de aplicación fáctica, podría estar incurso en delitos de lesa patria, asociación ilícita para delinquir, aprovechamiento de bienes provenientes del delito, peculado de uso y doloso, aprovechamiento indebido de bienes públicos y otros delitos previstos en el ordenamiento jurídico vigente».
Los parlamentarios ratificaron respaldo al texto propuesto y aprobado en la Comisión Permanente de Finanzas, y destacaron el cumplimiento del numeral 4 que define y establece que «cualquier negociación o contrato será ilegal y desconocida por la Asamblea Nacional y no tendrá ningún valor en Venezuela y en el exterior».
El presidente de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo, diputado Alfonso Marquina, presentó el Proyecto de Acuerdo e indicó que el Gobierno «pretende justificar la aprobación de este adefesio con la supuesta defensa de los derechos humanos»; «irónicamente presentada por un Gobierno que viola sistemáticamente los derechos humanos» y denunció que «antes y después de la usurpación de Nicolás Maduro en el poder, la economía ha disminuido un 85%».
«Ese marco normativo autocrático le da mando a Maduro para desaplicar leyes, usurpando funciones del TSJ; facultades para desconocer normas constitucionales; firmar contratos con empresas extranjeras para le explotación y explotación de nuestro petróleo y manejar las cuentas del Tesoro Nacional e los ingresos adicionales de manera discrecional y pretende liquidar la garantía constitucional prevista en el artículo 314», declaró Marquina.
Fuente: Banca y Negocios
Economistas calificaron la decisión del Banco Central de Venezuela (BCV), con respecto a la prohibición de servicios que impliquen pagos en divisas, con cargo a las cuentas en moneda extranjera en el sistema financiero nacional, como poco acertada y un retroceso delicado para una política de apertura nacional e internacional.
Sostuvieron que el comunicado emitido el 09 de octubre por el Banco Central presenta “ciertas ambigüedades” y esperan que los vacíos puedan aclararse lo antes posible.
Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica, aseguró que la máxima institución financiera del país “ha puesto un freno” al avance de la “dolarización en las transacciones“, al prohibir a los bancos nacionales facilitar operaciones con cargo en las cuentas en moneda extranjera.
Igualmente, aclaró que no se impedirá la movilización de cuentas en divisas, sino que los fondos se deben convertir a bolívares, a través de las mesas de cambio. “Eso es un sinsentido, hace poco atractivo el producto, eleva los costos operativos y socava la confianza. Al final, la gente seguirá pagando en dólares en efectivo”, agregó.
Por su parte, el economista Urbi Garay respaldó la declaración de Oliveros al manifestar que “los dólares seguirán saliendo hasta tanto no se instrumente un programa económico integral que contemple frentes en el ámbito cambiario, fiscal y monetario, se abra la economía y se recupere la confianza en el país”.
Mientras tanto, el analista económico Tomás Socías López aseguró que las cuentas en dólares estaban “dando respiro” a la población, al igual que “la dolarización del país, la oferta de bonos de la Nación“, en plazo determinado para su reconocimiento, y otras medidas que habían acarreado entusiasmo al sector económico.
“Cualquier restricción, medida o resolución legal que limite las cuentas bancarias en dólares traería un retroceso en estas políticas económicas”, añadió.
Fuente: El Universal
Economistas calificaron la decisión del Banco Central de Venezuela (BCV), con respecto a la prohibición de servicios que impliquen pagos en divisas, con cargo a las cuentas en moneda extranjera en el sistema financiero nacional, como poco acertada y un retroceso delicado para una política de apertura nacional e internacional.
Sostuvieron que el comunicado emitido el 09 de octubre por el Banco Central presenta “ciertas ambigüedades” y esperan que los vacíos puedan aclararse lo antes posible.
Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica, aseguró que la máxima institución financiera del país “ha puesto un freno” al avance de la “dolarización en las transacciones“, al prohibir a los bancos nacionales facilitar operaciones con cargo en las cuentas en moneda extranjera.
Igualmente, aclaró que no se impedirá la movilización de cuentas en divisas, sino que los fondos se deben convertir a bolívares, a través de las mesas de cambio. “Eso es un sinsentido, hace poco atractivo el producto, eleva los costos operativos y socava la confianza. Al final, la gente seguirá pagando en dólares en efectivo”, agregó.
Por su parte, el economista Urbi Garay respaldó la declaración de Oliveros al manifestar que “los dólares seguirán saliendo hasta tanto no se instrumente un programa económico integral que contemple frentes en el ámbito cambiario, fiscal y monetario, se abra la economía y se recupere la confianza en el país”.
Mientras tanto, el analista económico Tomás Socías López aseguró que las cuentas en dólares estaban “dando respiro” a la población, al igual que “la dolarización del país, la oferta de bonos de la Nación“, en plazo determinado para su reconocimiento, y otras medidas que habían acarreado entusiasmo al sector económico.
“Cualquier restricción, medida o resolución legal que limite las cuentas bancarias en dólares traería un retroceso en estas políticas económicas”, añadió.
Fuente: El Universal
