La situación de los sectores no permisados se mejoraría con la eliminación del método 7+7, señalan los economistas, quienes aseguran que el virus no se combate con paralizar el país.
Desde hace meses los gremios empresariales del país han venido solicitando la derogación del esquema 7+7, ya que causa el cierre de negocios, empresas, industrias, comercios, además de pérdida de empleos que tanto se necesita, señaló el presidente de Conindustria, Adán Celis.
En ese sentido, señaló que «saludamos que se considere eliminar la medida. Lástima que no se hizo antes. y esperemos que de verdad se concrete y no caiga en el tintero como muchos otros anuncios antes».
El representante gremial destacó que para combatir el Covid-19 se necesita el cumplimiento de medidas de bioseguridad y la aplicación masiva de vacuna, no con la paralización de la economía «o terminaremos con un virus llamado desempleo, pérdida de empresas y productividad».
Por lo que Celis recordó que «a través de Fedecámaras ofrecimos un plan complementario de vacunación para colaborar con una función del Estado, vacunar a los ciudadanos. Hasta ahora no recibimos respuesta».
Sin embargo, subrayó que la apertura no tendría sentido si se continúa con la escasez de combustible en el país. «Hicimos un planteamiento formal para resolver el tema combustible en base a dos aristas. Una, que cese la exportación de gasoil y otros derivados. Dos que se permita al sector privado importar combustible», detalló.
En ese sentido dijo que la verdadera solución «pasa por la apertura del sector petrolero a la inversión privada. Si el Estado no puede manejar las refinerías más grandes del mundo».
De esta manera solicitó «un proceso de licitación transparente para que vengan los mejores del mundo a invertir y contemos con los combustibles que necesitamos exportar para producir divisas para el país», aseveró.
Por su parte, el economista Luis Oliveros dijo que está «totalmente de acuerdo con que se elimine ese 7+7. Si uno sale por Caracas de verdad que no se ve, no hay diferencia entre una semana radical y una flexible en la mayoría de los sectores».
Agregó que «por ejemplo, el sector turismo necesita una apertura. Que lo dejen trabajar, con esto del 7+7 tenían innumerables problemas para trabajar. Desde mi punto de vista, es una excelente noticia».
A su juicio, la medida no resolverá la crisis, «pero sin duda mejorará la situación económica de esos sectores. El caso del turismo tiene muchos problemas para poder operar. Hay algunos que no pueden trabajar en semana radical, que no pueden abrir».
«El sector comercio es otro que sin lugar a dudas también se verá beneficiado. Había empresas que por abrir tenían problemas con la policía o la GNB (Guardia Nacional Bolivariana) que les pedían plata para seguir operando. Con esta apertura, ciertamente las cosas deberían mejorar un poco», afirmó.
Reiteró que «la crisis no se acabará, aún seguirá, solo que tendrán un poquito más de libertad para poder trabajar».
Adán Celis señaló que desde hace 20 años, «las malas políticas económicas» y ahora los efectos del Covid-19, «causaron la pérdida de 10 mil industrias. Empresas trabajan a 18% de su capacidad por fallas de servicios y combustible».
Fuente: Banca y Negocios
La situación de los sectores no permisados se mejoraría con la eliminación del método 7+7, señalan los economistas, quienes aseguran que el virus no se combate con paralizar el país.
Desde hace meses los gremios empresariales del país han venido solicitando la derogación del esquema 7+7, ya que causa el cierre de negocios, empresas, industrias, comercios, además de pérdida de empleos que tanto se necesita, señaló el presidente de Conindustria, Adán Celis.
En ese sentido, señaló que «saludamos que se considere eliminar la medida. Lástima que no se hizo antes. y esperemos que de verdad se concrete y no caiga en el tintero como muchos otros anuncios antes».
El representante gremial destacó que para combatir el Covid-19 se necesita el cumplimiento de medidas de bioseguridad y la aplicación masiva de vacuna, no con la paralización de la economía «o terminaremos con un virus llamado desempleo, pérdida de empresas y productividad».
Por lo que Celis recordó que «a través de Fedecámaras ofrecimos un plan complementario de vacunación para colaborar con una función del Estado, vacunar a los ciudadanos. Hasta ahora no recibimos respuesta».
Sin embargo, subrayó que la apertura no tendría sentido si se continúa con la escasez de combustible en el país. «Hicimos un planteamiento formal para resolver el tema combustible en base a dos aristas. Una, que cese la exportación de gasoil y otros derivados. Dos que se permita al sector privado importar combustible», detalló.
En ese sentido dijo que la verdadera solución «pasa por la apertura del sector petrolero a la inversión privada. Si el Estado no puede manejar las refinerías más grandes del mundo».
De esta manera solicitó «un proceso de licitación transparente para que vengan los mejores del mundo a invertir y contemos con los combustibles que necesitamos exportar para producir divisas para el país», aseveró.
Por su parte, el economista Luis Oliveros dijo que está «totalmente de acuerdo con que se elimine ese 7+7. Si uno sale por Caracas de verdad que no se ve, no hay diferencia entre una semana radical y una flexible en la mayoría de los sectores».
Agregó que «por ejemplo, el sector turismo necesita una apertura. Que lo dejen trabajar, con esto del 7+7 tenían innumerables problemas para trabajar. Desde mi punto de vista, es una excelente noticia».
A su juicio, la medida no resolverá la crisis, «pero sin duda mejorará la situación económica de esos sectores. El caso del turismo tiene muchos problemas para poder operar. Hay algunos que no pueden trabajar en semana radical, que no pueden abrir».
«El sector comercio es otro que sin lugar a dudas también se verá beneficiado. Había empresas que por abrir tenían problemas con la policía o la GNB (Guardia Nacional Bolivariana) que les pedían plata para seguir operando. Con esta apertura, ciertamente las cosas deberían mejorar un poco», afirmó.
Reiteró que «la crisis no se acabará, aún seguirá, solo que tendrán un poquito más de libertad para poder trabajar».
Adán Celis señaló que desde hace 20 años, «las malas políticas económicas» y ahora los efectos del Covid-19, «causaron la pérdida de 10 mil industrias. Empresas trabajan a 18% de su capacidad por fallas de servicios y combustible».
Fuente: Banca y Negocios
Edgar Machado, presidente del Sindicato de Maestros del Distrito Capital, resaltó que no existen condiciones para un posible retorno a las clases, debido a que 85 % de la infraestructura de los planteles educativos no están aptas para el retorno.
«Los servicios de agua no funcionan en 70% de las unidades educativas en Caracas y bajones eléctricos importantes», dijo.
En entrevista para Unión Radio, explicó que con respecto a las clases a distancia aseguró que 60 % de los docentes no cuentan con dispositivos electrónicos adecuados para impartir las clases, lo que genera un retraso para los estudiantes.
«La salida es sentarnos en una mesa a discutir cuál sería la situación más idónea para poder trabajar. Eso tiene que ser con un protocolo de salud con los especialistas en las diferentes escuelas con los padres y representantes; porque no es el Ministerio de Educación el que tiene que decir que se vaya a clases; tienen que ser los padres y representantes que vean si tenemos las condiciones o no para el regreso», afirmó.
Fuente: Finanzas Digital
Edgar Machado, presidente del Sindicato de Maestros del Distrito Capital, resaltó que no existen condiciones para un posible retorno a las clases, debido a que 85 % de la infraestructura de los planteles educativos no están aptas para el retorno.
«Los servicios de agua no funcionan en 70% de las unidades educativas en Caracas y bajones eléctricos importantes», dijo.
En entrevista para Unión Radio, explicó que con respecto a las clases a distancia aseguró que 60 % de los docentes no cuentan con dispositivos electrónicos adecuados para impartir las clases, lo que genera un retraso para los estudiantes.
«La salida es sentarnos en una mesa a discutir cuál sería la situación más idónea para poder trabajar. Eso tiene que ser con un protocolo de salud con los especialistas en las diferentes escuelas con los padres y representantes; porque no es el Ministerio de Educación el que tiene que decir que se vaya a clases; tienen que ser los padres y representantes que vean si tenemos las condiciones o no para el regreso», afirmó.
Fuente: Finanzas Digital
El presidente de la Cámara Venezolana de Franquicias (Profranquicias), Carlos Durán, afirmó que durante el primer cuatrimestre del 2021 más del 65% de los afiliados se han desarrollado abriendo una tienda con sus respectivas marcas, y además han nacido 200 emprendimientos durante pandemia.
Comentó que por las fallas en los servicios públicos, la hiperinflación y la falta de combustible, las franquicias en Venezuela han tenido que reinventarse como muchos negocios.
“Han nacido nuevos emprendimientos bastante importantes desde febrero de 2020 hasta ahora, lo que es bueno, ya que se había venido teniendo una caída en las ventas, en el crecimiento de los negocios y en la expansión en las regiones”, comentó.
En entrevista para Fedecámaras Radio, aclaró que luego de 7 años de caída en el Producto Interno Bruto (PIB) y de otras variables en la economía nacional, las franquicias ya empiezan a “asomar matices de recuperación”, gracias a lo que es la reinversión.
“Nos hemos apalancado bastante, gracias a que el 75% de los negocios, es decir, franquicias en Venezuela ya tienen plataforma digitales. La entrada de la transformación digital más de facto, ha hecho que nuestros negocios estén a la orden del día”, dijo.
Fuente: Finanzas Digital
El presidente de la Cámara Venezolana de Franquicias (Profranquicias), Carlos Durán, afirmó que durante el primer cuatrimestre del 2021 más del 65% de los afiliados se han desarrollado abriendo una tienda con sus respectivas marcas, y además han nacido 200 emprendimientos durante pandemia.
Comentó que por las fallas en los servicios públicos, la hiperinflación y la falta de combustible, las franquicias en Venezuela han tenido que reinventarse como muchos negocios.
“Han nacido nuevos emprendimientos bastante importantes desde febrero de 2020 hasta ahora, lo que es bueno, ya que se había venido teniendo una caída en las ventas, en el crecimiento de los negocios y en la expansión en las regiones”, comentó.
En entrevista para Fedecámaras Radio, aclaró que luego de 7 años de caída en el Producto Interno Bruto (PIB) y de otras variables en la economía nacional, las franquicias ya empiezan a “asomar matices de recuperación”, gracias a lo que es la reinversión.
“Nos hemos apalancado bastante, gracias a que el 75% de los negocios, es decir, franquicias en Venezuela ya tienen plataforma digitales. La entrada de la transformación digital más de facto, ha hecho que nuestros negocios estén a la orden del día”, dijo.
Fuente: Finanzas Digital
El primer vicepresidente de Fedecámaras, Carlos Fernández, señaló sobre la posible eliminación del esquema 7+7 y la aplicación de flexibilización casi total en el país que reciben la información «con beneplácito porque ha sido una lucha de casi 7 meses en el sector empresarial, en el que venimos planteando la necesidad de modificar este racionamiento».
Asimismo, indicó en el programa «A Tiempo», transmitido por Unión Radio, que en esta etapa, «es fundamental la conciencia ciudadana para tratar de evitar los contagios», por lo que hace un llamado a sus agremiados y a los comerciantes en todo el país «para que intensifiquen las medidas de bioseguridad en sus instalaciones».
«Con este anuncio, que está en espera de confirmación, de alguna manera se van a revertir los efectos negativos que tiene la interrupción cada 7 días de las actividades», agregó.
En cuanto al plan para la recuperación de los servicios públicos, acotó que «no tiene sentido que el Estado se reserve para sí tantos sectores de los servicios públicos».
«Estos, en general, deben ser espacios para la libre iniciativa y desarrollo en el sector privado. Hay que darle oportunidad al sector empresarial privado. Si esto se aplica, estamos seguros que en un corto plazo tendremos muchos mejores servicios y resultados», explicó.
Comentó que un buen modelo productivo implica que el Estado «se ocupe de sus funciones esenciales, y que le permita a la iniciativa privada todo lo que tenga que ver con los bienes y servicios».
«Seguiremos tratando de darle soluciones a los problemas de los ciudadanos, y para esto, son necesarias mejores condiciones para el desempeño de la actividad privada», agregó.
Enfatizó que «es necesario un nuevo modelo de desarrollo económico y social, que le dé protagonismo a la empresa privada en el progreso material de la nación».
Fuente: Finanzas Digital
El primer vicepresidente de Fedecámaras, Carlos Fernández, señaló sobre la posible eliminación del esquema 7+7 y la aplicación de flexibilización casi total en el país que reciben la información «con beneplácito porque ha sido una lucha de casi 7 meses en el sector empresarial, en el que venimos planteando la necesidad de modificar este racionamiento».
Asimismo, indicó en el programa «A Tiempo», transmitido por Unión Radio, que en esta etapa, «es fundamental la conciencia ciudadana para tratar de evitar los contagios», por lo que hace un llamado a sus agremiados y a los comerciantes en todo el país «para que intensifiquen las medidas de bioseguridad en sus instalaciones».
«Con este anuncio, que está en espera de confirmación, de alguna manera se van a revertir los efectos negativos que tiene la interrupción cada 7 días de las actividades», agregó.
En cuanto al plan para la recuperación de los servicios públicos, acotó que «no tiene sentido que el Estado se reserve para sí tantos sectores de los servicios públicos».
«Estos, en general, deben ser espacios para la libre iniciativa y desarrollo en el sector privado. Hay que darle oportunidad al sector empresarial privado. Si esto se aplica, estamos seguros que en un corto plazo tendremos muchos mejores servicios y resultados», explicó.
Comentó que un buen modelo productivo implica que el Estado «se ocupe de sus funciones esenciales, y que le permita a la iniciativa privada todo lo que tenga que ver con los bienes y servicios».
«Seguiremos tratando de darle soluciones a los problemas de los ciudadanos, y para esto, son necesarias mejores condiciones para el desempeño de la actividad privada», agregó.
Enfatizó que «es necesario un nuevo modelo de desarrollo económico y social, que le dé protagonismo a la empresa privada en el progreso material de la nación».
Fuente: Finanzas Digital
El economista y profesor universitario, José Manuel Puente, señaló que la inflación anualizada de Venezuela está por encima de 2.000%, lo que significa que es la segunda más alta del mundo y la primera de Latinoamérica desde hace más de 3o años.
Asimismo, indicó en «Entrevista Venevisión» que lo que costaba el 1 de enero un bolívar del 2021, si sigue la tendencia costaría 2.600 bolívares el 31 de diciembre, y «es algo abrumador».
«Recordemos que Venezuela es la segunda hiperinflación del siglo XXI, la primera fue Zimbabwe, y es la primera hiperinflación que sufre América Latina desde 1989, la última hiperinflación que vivió América Latina fue Perú de Alan García, o sea que Latinoamérica hace tres décadas se olvidó de los problemas de hiperinflación porque aprendió a cómo manejar su política fiscal, monetaria y cambiaria», explicó.
Sostuvo que el único país que no aprendió nada esos ciclos de desastre «fue Venezuela, que está cometiendo hoy los errores que cometió Perú, Chile y Argentina en los años 80».
En cuanto a una posisble reconversión monetaria en el país, acotó que «es inevitable»: «el cono monetario ha perdido su capacidad de pago en bienes y servicios, por lo que se hace inevitable modificar el cono monetario y eliminar seis ceros».
Apuntó que bien sea en agosto o septiembre, «el Gobierno va a implementar una nueva reconversión con un nuevo cono monetario y con la eliminación de ceros, pero algo que hay que tener muy claro y lo he dicho en los últimos 10 años, mientras tú no ataques el origen el centro del problema que es la hiperinflación, no importa cuántas reconversiones hagas, siempre vas a tener que hacer una más porque esa alta y persistente inflación se come la capacidad del papel billete y monedas emitidas».
Aclaró que el problema macroeconómico de Venezuela no son las sanciones impuestas por Estados Unidos, sino la mala gestión del Gobierno.
fuente: Finanzas Digital
El economista y profesor universitario, José Manuel Puente, señaló que la inflación anualizada de Venezuela está por encima de 2.000%, lo que significa que es la segunda más alta del mundo y la primera de Latinoamérica desde hace más de 3o años.
Asimismo, indicó en «Entrevista Venevisión» que lo que costaba el 1 de enero un bolívar del 2021, si sigue la tendencia costaría 2.600 bolívares el 31 de diciembre, y «es algo abrumador».
«Recordemos que Venezuela es la segunda hiperinflación del siglo XXI, la primera fue Zimbabwe, y es la primera hiperinflación que sufre América Latina desde 1989, la última hiperinflación que vivió América Latina fue Perú de Alan García, o sea que Latinoamérica hace tres décadas se olvidó de los problemas de hiperinflación porque aprendió a cómo manejar su política fiscal, monetaria y cambiaria», explicó.
Sostuvo que el único país que no aprendió nada esos ciclos de desastre «fue Venezuela, que está cometiendo hoy los errores que cometió Perú, Chile y Argentina en los años 80».
En cuanto a una posisble reconversión monetaria en el país, acotó que «es inevitable»: «el cono monetario ha perdido su capacidad de pago en bienes y servicios, por lo que se hace inevitable modificar el cono monetario y eliminar seis ceros».
Apuntó que bien sea en agosto o septiembre, «el Gobierno va a implementar una nueva reconversión con un nuevo cono monetario y con la eliminación de ceros, pero algo que hay que tener muy claro y lo he dicho en los últimos 10 años, mientras tú no ataques el origen el centro del problema que es la hiperinflación, no importa cuántas reconversiones hagas, siempre vas a tener que hacer una más porque esa alta y persistente inflación se come la capacidad del papel billete y monedas emitidas».
Aclaró que el problema macroeconómico de Venezuela no son las sanciones impuestas por Estados Unidos, sino la mala gestión del Gobierno.
fuente: Finanzas Digital
Manuel Enrique Figuera, presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología (SVI), señaló que no están dadas las condiciones para relajar la cuarentena, «a pesar de que el método 7+7 no tiene fundamento técnico».
Asimismo, indicó en una entrevita con la periodista Áryeli Vera, transmitida por Unión Radio, que ese mecanismo «fue un experimento y no sabemos cuál fue el impacto, más allá del económico».
«Decirle a la población que no hace falta el 7+7 es dar a entender que el problema se resolvió, que no tenemos que cuidarnos y no es así. Siguen muchos casos y fallecidos por Covid-19», destacó.
Recordó la flexibilización que hubo en Carnaval: «el hecho de que entrara la variante Gama (Brasil) se diseminó por eso».
Pidió que expertos en el área se relacionen más con el plan de vacunación que se realiza en Venezuela. «No se ha publicado un plan de vacuna que especifique cómo se va a vacunar o a quiénes, así como tampoco ha habido capacitación de las personas que están vacunando, y algunos de ellos ofrecen información incorrecta desde el punto de vista científico y técnico», sumó.
Recordó que entre las vacunas permitidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), solo la Sinopharm es la que está en el país.
«La Sputnik V y la Sinopharm han demostrado ser muy buenas desde el punto de vista de efectividad. No entendemos por qué la OMS no ha terminado de aprobar la Sputnik V, quizá sea por la producción de su segunda dosis y los retrasos de entrega, creo que es más un tema logístico que de calidad», acotó.
Manifestó que muchas personas viajan a «Estados Unidos donde hay alternativas como Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, las cuales son aceptadas en esos países. Otros en el Caribe también es más sencillo vacunarse por eso vemos ese turismo de vacunación».
Fuente: Finanzas Digital
(Tramadol)
Manuel Enrique Figuera, presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología (SVI), señaló que no están dadas las condiciones para relajar la cuarentena, «a pesar de que el método 7+7 no tiene fundamento técnico».
Asimismo, indicó en una entrevita con la periodista Áryeli Vera, transmitida por Unión Radio, que ese mecanismo «fue un experimento y no sabemos cuál fue el impacto, más allá del económico».
«Decirle a la población que no hace falta el 7+7 es dar a entender que el problema se resolvió, que no tenemos que cuidarnos y no es así. Siguen muchos casos y fallecidos por Covid-19», destacó.
Recordó la flexibilización que hubo en Carnaval: «el hecho de que entrara la variante Gama (Brasil) se diseminó por eso».
Pidió que expertos en el área se relacionen más con el plan de vacunación que se realiza en Venezuela. «No se ha publicado un plan de vacuna que especifique cómo se va a vacunar o a quiénes, así como tampoco ha habido capacitación de las personas que están vacunando, y algunos de ellos ofrecen información incorrecta desde el punto de vista científico y técnico», sumó.
Recordó que entre las vacunas permitidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), solo la Sinopharm es la que está en el país.
«La Sputnik V y la Sinopharm han demostrado ser muy buenas desde el punto de vista de efectividad. No entendemos por qué la OMS no ha terminado de aprobar la Sputnik V, quizá sea por la producción de su segunda dosis y los retrasos de entrega, creo que es más un tema logístico que de calidad», acotó.
Manifestó que muchas personas viajan a «Estados Unidos donde hay alternativas como Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, las cuales son aceptadas en esos países. Otros en el Caribe también es más sencillo vacunarse por eso vemos ese turismo de vacunación».
Fuente: Finanzas Digital
(Tramadol)
El entorno económico del país impacta negativamente en la producción de alimentos. La escasez de combustible y la ausencia de planes crediticios y de políticas públicas como el plan de siembra 2021 atentan contra el sector primario.
A esta conclusión llegaron los presidentes de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos de Venezuela (SIVIAA), Saúl López, y de la Asociación Venezolana de Agricultura Familiar (SVIAA), Juan Carlos Montesinos, en rueda de prensa efectuada en Caracas.
El ingeniero López aseveró que “de las más de 500 mil hectáreas de maíz que podrían haberse sembrado solo se ejecutaron 180 mil, de las 200 mil hectáreas de arroz únicamente se materializaron 40 mil”.
Aseveró que el sector primario nacional está a la deriva, “el ejecutivo no ha presentado un plan de siembra para 2021, es la primera vez que no se ejecuta esta política en los últimos 60 o 50 años, algo inédito”.
El ciclo de siembra pudo haber sido bueno debido a que las condiciones climáticas son favorables, “pero no ha sido posible porque no hay gasoil en el campo venezolano y porque las fuentes de financiamiento como los créditos bancarios no existen en este país”, dijo López.
Piden aprobación de Ley de Agricultura Familiar.
Por su parte, Juan Carlos Montesinos, presidente de la Asociación Venezolana de Economía Familiar – AVAF- en los primeros seis meses del año se perdieron 600 mil toneladas de alimentos sólidos y 480 millones de litros de leche, debido a la severa escasez de combustible en las zonas productivas del país.
“Las cifras las estimamos con base en cálculos propios y con el aporte de los receptores de la producción. Urge que el Ejecutivo nacional active un plan de suministro de gasolina” y explicó que “el no arrimar la leche a la industria está generando enormes pérdidas para el sector”.
Montesinos dijo que la inflación sigue impactando en los costos de la producción de hortalizas. “A principios de año, el kilo de verduras se cotizaba a Bs.200.000 en el mercado venezolano. En julio el mismo producto cuesta Bs. 3.000.000”.
El abogado Montesinos resaltó que el poder adquisitivo del venezolano, está cada día más mermado “y la gente de está alimentando muy mal debido al alto costo de los comestibles”.
Finalmente, dijo que “los agricultores familiares de Venezuela garantizamos 80% de la producción de las frutas y hortalizas del país. Y se necesitan al menos 700 millones de dólares para producir alimentos en el segundo semestre de 2021”.
Fuente: El Universal
El entorno económico del país impacta negativamente en la producción de alimentos. La escasez de combustible y la ausencia de planes crediticios y de políticas públicas como el plan de siembra 2021 atentan contra el sector primario.
A esta conclusión llegaron los presidentes de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos de Venezuela (SIVIAA), Saúl López, y de la Asociación Venezolana de Agricultura Familiar (SVIAA), Juan Carlos Montesinos, en rueda de prensa efectuada en Caracas.
El ingeniero López aseveró que “de las más de 500 mil hectáreas de maíz que podrían haberse sembrado solo se ejecutaron 180 mil, de las 200 mil hectáreas de arroz únicamente se materializaron 40 mil”.
Aseveró que el sector primario nacional está a la deriva, “el ejecutivo no ha presentado un plan de siembra para 2021, es la primera vez que no se ejecuta esta política en los últimos 60 o 50 años, algo inédito”.
El ciclo de siembra pudo haber sido bueno debido a que las condiciones climáticas son favorables, “pero no ha sido posible porque no hay gasoil en el campo venezolano y porque las fuentes de financiamiento como los créditos bancarios no existen en este país”, dijo López.
Piden aprobación de Ley de Agricultura Familiar.
Por su parte, Juan Carlos Montesinos, presidente de la Asociación Venezolana de Economía Familiar – AVAF- en los primeros seis meses del año se perdieron 600 mil toneladas de alimentos sólidos y 480 millones de litros de leche, debido a la severa escasez de combustible en las zonas productivas del país.
“Las cifras las estimamos con base en cálculos propios y con el aporte de los receptores de la producción. Urge que el Ejecutivo nacional active un plan de suministro de gasolina” y explicó que “el no arrimar la leche a la industria está generando enormes pérdidas para el sector”.
Montesinos dijo que la inflación sigue impactando en los costos de la producción de hortalizas. “A principios de año, el kilo de verduras se cotizaba a Bs.200.000 en el mercado venezolano. En julio el mismo producto cuesta Bs. 3.000.000”.
El abogado Montesinos resaltó que el poder adquisitivo del venezolano, está cada día más mermado “y la gente de está alimentando muy mal debido al alto costo de los comestibles”.
Finalmente, dijo que “los agricultores familiares de Venezuela garantizamos 80% de la producción de las frutas y hortalizas del país. Y se necesitan al menos 700 millones de dólares para producir alimentos en el segundo semestre de 2021”.
Fuente: El Universal
El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) publicó las condiciones mínimas requeridas ante la reactivación de las operaciones aéreas en el país, que estuvieron más de un año suspendidas debido al coronavirus. El objeto es preparar las aeronaves y tripulaciones para el funcionamiento seguro.
El organismo señaló mediante una resolución una serie de medidas ajustadas a las recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional para mitigar los efectos causados por la pandemia, que deberán cumplirse durante los siguientes 30 días a su publicación.
“Considerando los elementos novedosos que representan un problema para la seguridad operacional, por el tiempo que ha transcurrido desde la suspensión de las operaciones aéreas y que supondrá la caducidad de muchos procesos y el vencimiento de certificados y documentos así como los efectos de la preservación e inactividad de las aeronaves y personal aeronáutico”, manifestó.
Se aprobó la suspensión temporal de la normativa que restringe la modalidad de clases online o a distancia por parte de los Centros de Instrucción y Centros de Entrenamiento durante el estado de alarma en el país. También quedan sin efecto los requerimientos para la renovación de las licencias y certificados médicos aeronáuticos.
Se aprobaron las propuestas de medidas necesarias para comenzar de manera presencial el entrenamiento práctico impartido por los Centros de Instrucción Aeronáutico, los Centros de Entrenamiento Aeronáutico e Instructores de Vuelos Certificados de la Aviación General.
Asimismo destaca la atención controlada y programada a la renovación de licencias y certificados médicos aeronáuticos del personal técnico perteneciente a la Organización de Mantenimiento Aeronáutico Certificadas, autorizándose a impartir de manera presencial la instrucción práctica en entrenadores sintéticos y en vuelo real en aeronaves, dirigidos a pilotos, alumnos pilotos y tripulantes de cabina, optantes a la emisión o renovación de una licencia o una habilitación aeronáutica.
“Se autorizaron los vuelos de aviación general con fines de instrucción de pilotos y alumnos pilotos, y el inicio del proceso de otorgamiento y renovación de licencia, habilitaciones y certificado médico del personal aeronáutico con el fin de coadyuvar a la preparación ante una posible reactivación general del sector aéreo nacional”, señaló.
El INAC dijo que se considerará inicialmente la activación progresiva de los instructores y evaluadores de vuelo de los diferentes tipos de aeronaves, que contribuirán a la recapacitación del personal de pilotos con tiempo prolongado sin ejercer la actividad.
Finalmente, el organismo indicó que se aprobaron las propuestas de medidas necesarias para el retorno progresivo a la nueva normalidad de las operaciones aéreas del Estado venezolano.
Fuente: El Nacional
El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) publicó las condiciones mínimas requeridas ante la reactivación de las operaciones aéreas en el país, que estuvieron más de un año suspendidas debido al coronavirus. El objeto es preparar las aeronaves y tripulaciones para el funcionamiento seguro.
El organismo señaló mediante una resolución una serie de medidas ajustadas a las recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional para mitigar los efectos causados por la pandemia, que deberán cumplirse durante los siguientes 30 días a su publicación.
“Considerando los elementos novedosos que representan un problema para la seguridad operacional, por el tiempo que ha transcurrido desde la suspensión de las operaciones aéreas y que supondrá la caducidad de muchos procesos y el vencimiento de certificados y documentos así como los efectos de la preservación e inactividad de las aeronaves y personal aeronáutico”, manifestó.
Se aprobó la suspensión temporal de la normativa que restringe la modalidad de clases online o a distancia por parte de los Centros de Instrucción y Centros de Entrenamiento durante el estado de alarma en el país. También quedan sin efecto los requerimientos para la renovación de las licencias y certificados médicos aeronáuticos.
Se aprobaron las propuestas de medidas necesarias para comenzar de manera presencial el entrenamiento práctico impartido por los Centros de Instrucción Aeronáutico, los Centros de Entrenamiento Aeronáutico e Instructores de Vuelos Certificados de la Aviación General.
Asimismo destaca la atención controlada y programada a la renovación de licencias y certificados médicos aeronáuticos del personal técnico perteneciente a la Organización de Mantenimiento Aeronáutico Certificadas, autorizándose a impartir de manera presencial la instrucción práctica en entrenadores sintéticos y en vuelo real en aeronaves, dirigidos a pilotos, alumnos pilotos y tripulantes de cabina, optantes a la emisión o renovación de una licencia o una habilitación aeronáutica.
“Se autorizaron los vuelos de aviación general con fines de instrucción de pilotos y alumnos pilotos, y el inicio del proceso de otorgamiento y renovación de licencia, habilitaciones y certificado médico del personal aeronáutico con el fin de coadyuvar a la preparación ante una posible reactivación general del sector aéreo nacional”, señaló.
El INAC dijo que se considerará inicialmente la activación progresiva de los instructores y evaluadores de vuelo de los diferentes tipos de aeronaves, que contribuirán a la recapacitación del personal de pilotos con tiempo prolongado sin ejercer la actividad.
Finalmente, el organismo indicó que se aprobaron las propuestas de medidas necesarias para el retorno progresivo a la nueva normalidad de las operaciones aéreas del Estado venezolano.
Fuente: El Nacional
La Comisión Especial para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación Nacional presentará la próxima semana su informe preliminar ante la plenaria de la Asamblea Nacional (AN). Así lo anunciaron los voceros de la reunión de este miércoles, los vicepresidentes de la instancia parlamentaria, diputados Luis Eduardo Martínez y Francisco Torrealba.
Ratificaron el “rechazo de la comisión a la violencia que pretenden imponer en el país sectores extremistas de la derecha”. Se pronunciaron sobre la agenda de trabajo que tienen prevista con la finalidad de promover espacios para el debate sincero a favor del bienestar de todo el país.
Informaron que también “rechazan cualquier intento de intervención extranjera, acciones violentas contra los venezolanos, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) y las leyes, así como a las solidaridades automáticas hacia sectores conspirativos, pues cada quien debe asumir las consecuencias de sus actos”.
El diputado Martínez exhortó a los venezolanos a seguir trabajando a favor del diálogo y la paz. Hizo un llamado a la dirigencia política para que participen el próximo 21 de noviembre en el proceso de elección de autoridades estadales y municipales, como una forma de lograr la reconciliación a través del ejercicio del voto como un mecanismo que facilita la construcción de la plataforma necesaria para salir adelante. Dijo que, como ejes centrales del trabajo parlamentario, se mantienen las materias de economía, servicios públicos y lo social.
Por su parte, el diputado Torrealba destacó que en el informe preliminar que presentarán la próxima semana a la Plenaria de la AN destacará la sistematización de los avances de la comisión durante su primera etapa. Dijo que el informe será remitido al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, quien solicitó esta información para trabajar en forma conjunta con el Poder Legislativo.
Torrealba agregó que retomarán los encuentros nacionales con los sectores nacionales, para seguir instalando las comisiones de diálogo estadales. Sobre las propuestas que han recibido, señaló que estas serán enviadas a las comisiones permanentes, en donde, atendiendo el aspecto legal y reglamentario, se abordarán como una materia legislativa. También están previstos encuentros de trabajo para evaluar las revisiones de las políticas públicas a solicitud de los participantes en las mesas de trabajo instaladas en todo el país.
Por último, Torrealba recalcó que se mantiene el diálogo, que pasa por altos y bajos, siguiendo lo establecido en la CRBV y la democracia venezolana.
Fuente: Asamblea Nacional
La Comisión Especial para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación Nacional presentará la próxima semana su informe preliminar ante la plenaria de la Asamblea Nacional (AN). Así lo anunciaron los voceros de la reunión de este miércoles, los vicepresidentes de la instancia parlamentaria, diputados Luis Eduardo Martínez y Francisco Torrealba.
Ratificaron el “rechazo de la comisión a la violencia que pretenden imponer en el país sectores extremistas de la derecha”. Se pronunciaron sobre la agenda de trabajo que tienen prevista con la finalidad de promover espacios para el debate sincero a favor del bienestar de todo el país.
Informaron que también “rechazan cualquier intento de intervención extranjera, acciones violentas contra los venezolanos, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) y las leyes, así como a las solidaridades automáticas hacia sectores conspirativos, pues cada quien debe asumir las consecuencias de sus actos”.
El diputado Martínez exhortó a los venezolanos a seguir trabajando a favor del diálogo y la paz. Hizo un llamado a la dirigencia política para que participen el próximo 21 de noviembre en el proceso de elección de autoridades estadales y municipales, como una forma de lograr la reconciliación a través del ejercicio del voto como un mecanismo que facilita la construcción de la plataforma necesaria para salir adelante. Dijo que, como ejes centrales del trabajo parlamentario, se mantienen las materias de economía, servicios públicos y lo social.
Por su parte, el diputado Torrealba destacó que en el informe preliminar que presentarán la próxima semana a la Plenaria de la AN destacará la sistematización de los avances de la comisión durante su primera etapa. Dijo que el informe será remitido al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, quien solicitó esta información para trabajar en forma conjunta con el Poder Legislativo.
Torrealba agregó que retomarán los encuentros nacionales con los sectores nacionales, para seguir instalando las comisiones de diálogo estadales. Sobre las propuestas que han recibido, señaló que estas serán enviadas a las comisiones permanentes, en donde, atendiendo el aspecto legal y reglamentario, se abordarán como una materia legislativa. También están previstos encuentros de trabajo para evaluar las revisiones de las políticas públicas a solicitud de los participantes en las mesas de trabajo instaladas en todo el país.
Por último, Torrealba recalcó que se mantiene el diálogo, que pasa por altos y bajos, siguiendo lo establecido en la CRBV y la democracia venezolana.
Fuente: Asamblea Nacional
La Fiscalía general de la Corte de Apelaciones de Roma aceptó este miércoles la solicitud de extradición hecha por Venezuela del expresidente de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y exministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, quien se encuentra en Italia y es requerido por los presuntos delitos de peculado doloso, evasión de procedimiento licitatorio y asociación para delinquir.
En un documento emitido por el procurador de Roma, Luigi Giuliano, se expresó que el Fiscal General de esa Corte, Roberto Cavallone, manifestó su opinión favorable a la extradición de Ramírez, hecha por la Justicia venezolana, según un tuit del ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Freddy Ñáñez.
Según el texto, el fiscal general no consideró suficientes las defensas de Ramírez y estimó que el caso no era de persecución política y que habría infligido «daño para la Republica Bolivariana de Venezuela».
Del mismo modo, se afirma que Venezuela hizo la solicitud de extradición por los delitos de peculado doloso, evasión de licitación, asociación para delinquir y financiación del terrorismo, que tiene correspondencia en el ordenamiento jurídico italiano.
Se afirma también que «no existen elementos» para creer que el proceso penal pendiente ante la autoridad judicial de Venezuela «sea el resultado de una actividad persecutoria determinada por motivos políticos o que el país no respetará los derechos fundamentales del imputado».
Asimismo, se asevera en el texto que «parece necesario» que el Estado que hace el requerimiento «asegure los tiempos y métodos para el desarrollo del proceso penal y la detención cautelar».
El exministro es investigado en Venezuela por al menos siete casos de corrupción y posee solicitud formal de extradición y alerta roja de Interpol
En julio del año pasado, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) declaró «procedente» la solicitud de extradición del exministro de Petróleo y expresó que asumía el compromiso ante Italia de que Ramírez será juzgado bajo «las debidas garantías» y «únicamente por su presunta participación» en la comisión de estos delitos.
Ramírez, quien fue ministro de Petróleo y presidente de PDVSA entre 2002 y 2014 durante los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, también se desempeñó como embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), entre 2014 y 2016. Fue acusado por la Fiscalía venezolana de liderar una presunta trama de corrupción, junto a su primo Diego Salazar, y el empresario Jorge Enrique Luongo, de la que habrían obtenido más de 1.347 millones de euros a través del blanqueo de capitales, entre 2011 y 2012. (vulcanpost.com)
Ramírez también está vinculado al caso del «buque fantasma», propiedad de la empresa inexistente Petro Saudi Saturn, contratado en 2010 para la explotación de gas costa afuera como parte del proyecto Gran Mariscal de Ayacucho, que habría estado inoperativo el 60 % del tiempo, y por el que el Estado pagó 1.175.300 dólares.
Asimismo, el expresidente de PDVSA también está relacionado con el caso de la Oficina de Inteligencia de Mercadeo y Política Petrolera, con sede en Viena, donde presuntamente se manipularon los escaladores AGA y el Factor K, componentes necesarios para la fijación del precio del crudo.
Los «errores de cálculo» en los escaladores AGA pudieron generar pérdidas de hasta 6 dólares por barril (para la determinación de regalías), mientras que la desviación del factor K pudiera superar los 5.000 millones de dólares, entre 2009 y septiembre de 2017.
Fuente: Banca y Negocios
La Fiscalía general de la Corte de Apelaciones de Roma aceptó este miércoles la solicitud de extradición hecha por Venezuela del expresidente de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y exministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, quien se encuentra en Italia y es requerido por los presuntos delitos de peculado doloso, evasión de procedimiento licitatorio y asociación para delinquir.
En un documento emitido por el procurador de Roma, Luigi Giuliano, se expresó que el Fiscal General de esa Corte, Roberto Cavallone, manifestó su opinión favorable a la extradición de Ramírez, hecha por la Justicia venezolana, según un tuit del ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Freddy Ñáñez.
Según el texto, el fiscal general no consideró suficientes las defensas de Ramírez y estimó que el caso no era de persecución política y que habría infligido «daño para la Republica Bolivariana de Venezuela».
Del mismo modo, se afirma que Venezuela hizo la solicitud de extradición por los delitos de peculado doloso, evasión de licitación, asociación para delinquir y financiación del terrorismo, que tiene correspondencia en el ordenamiento jurídico italiano.
Se afirma también que «no existen elementos» para creer que el proceso penal pendiente ante la autoridad judicial de Venezuela «sea el resultado de una actividad persecutoria determinada por motivos políticos o que el país no respetará los derechos fundamentales del imputado».
Asimismo, se asevera en el texto que «parece necesario» que el Estado que hace el requerimiento «asegure los tiempos y métodos para el desarrollo del proceso penal y la detención cautelar».
El exministro es investigado en Venezuela por al menos siete casos de corrupción y posee solicitud formal de extradición y alerta roja de Interpol
En julio del año pasado, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) declaró «procedente» la solicitud de extradición del exministro de Petróleo y expresó que asumía el compromiso ante Italia de que Ramírez será juzgado bajo «las debidas garantías» y «únicamente por su presunta participación» en la comisión de estos delitos.
Ramírez, quien fue ministro de Petróleo y presidente de PDVSA entre 2002 y 2014 durante los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, también se desempeñó como embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), entre 2014 y 2016. Fue acusado por la Fiscalía venezolana de liderar una presunta trama de corrupción, junto a su primo Diego Salazar, y el empresario Jorge Enrique Luongo, de la que habrían obtenido más de 1.347 millones de euros a través del blanqueo de capitales, entre 2011 y 2012. (vulcanpost.com)
Ramírez también está vinculado al caso del «buque fantasma», propiedad de la empresa inexistente Petro Saudi Saturn, contratado en 2010 para la explotación de gas costa afuera como parte del proyecto Gran Mariscal de Ayacucho, que habría estado inoperativo el 60 % del tiempo, y por el que el Estado pagó 1.175.300 dólares.
Asimismo, el expresidente de PDVSA también está relacionado con el caso de la Oficina de Inteligencia de Mercadeo y Política Petrolera, con sede en Viena, donde presuntamente se manipularon los escaladores AGA y el Factor K, componentes necesarios para la fijación del precio del crudo.
Los «errores de cálculo» en los escaladores AGA pudieron generar pérdidas de hasta 6 dólares por barril (para la determinación de regalías), mientras que la desviación del factor K pudiera superar los 5.000 millones de dólares, entre 2009 y septiembre de 2017.
Fuente: Banca y Negocios
