Los productores agrupados en la Federación Nacional de Asociaciones de Cañicultores (Fesoca) esperan una definición de las condiciones de precios y de insumos antes del inicio de la zafra, prevista para diciembre.
El presidente de Fesoca, José Ricardo Álvarez mencionó que “estamos requiriendo una política de precios que se pueda manejar dentro de la situación inflacionaria”. Dijo que este mecanismo permitirá “hacer nuestras proyecciones”.
El precio propuesto por la Federación en septiembre fue Bs 10.148 el kilo y el pre acordado en las Mesas fue de Bs 6.200. Esperan reunirse con el Gobierno para definir la política de precios, dado que ese precio fue acordado antes de la zafra. Esperan que se produzcan nuevas reuniones en el Ministerio de Agricultura Productiva y Tierras, para revisar la estructura de costos, así como las condiciones del sector.
Detalló que para esta zafra, se estima que la producción alcance 3,5 millones de toneladas, que sólo cubre el 25% del consumo nacional, similar al ciclo del año pasado.
En su opinión se tiene que hacer un “frente común” para incrementar la producción y garantizar el acceso al consumidor final. Estima que de aplicarse las propuestas del sector, la recuperación sería en cinco años.
Al describir la situación del sector, explicó que la producción ha descendido en 10 años, por falta de rentabilidad del cultivo, insuficiencia de insumos, fertilizantes, maquinaría y repuestos.
Señaló que la distribución del 75% del azúcar se destina a las redes públicas del crudo y solo el 25% se comercializa para el consumo doméstico e industrial.
Advirtió que de los 16 centrales azucareros en el país, 6 corresponden al sector privado que producen más 80% del azúcar nacional. Explicó que el sector genera 50 mil empleos directos y 250 mil indirectos y que la falta de respuesta con respecto a los precios, coloca en riego a más de 10 mil trabajadores de las centrales.
Expresó que los productores nacionales están en desventaja en la venta del producto, dado que la regulación actual, lo sitúa en Bs 460 mientras que el mercado paralelo su precio supera los Bs. 30 mil.
Los productores agrupados en la Federación Nacional de Asociaciones de Cañicultores (Fesoca) esperan una definición de las condiciones de precios y de insumos antes del inicio de la zafra, prevista para diciembre.
El presidente de Fesoca, José Ricardo Álvarez mencionó que “estamos requiriendo una política de precios que se pueda manejar dentro de la situación inflacionaria”. Dijo que este mecanismo permitirá “hacer nuestras proyecciones”.
El precio propuesto por la Federación en septiembre fue Bs 10.148 el kilo y el pre acordado en las Mesas fue de Bs 6.200. Esperan reunirse con el Gobierno para definir la política de precios, dado que ese precio fue acordado antes de la zafra. Esperan que se produzcan nuevas reuniones en el Ministerio de Agricultura Productiva y Tierras, para revisar la estructura de costos, así como las condiciones del sector.
Detalló que para esta zafra, se estima que la producción alcance 3,5 millones de toneladas, que sólo cubre el 25% del consumo nacional, similar al ciclo del año pasado.
En su opinión se tiene que hacer un “frente común” para incrementar la producción y garantizar el acceso al consumidor final. Estima que de aplicarse las propuestas del sector, la recuperación sería en cinco años.
Al describir la situación del sector, explicó que la producción ha descendido en 10 años, por falta de rentabilidad del cultivo, insuficiencia de insumos, fertilizantes, maquinaría y repuestos.
Señaló que la distribución del 75% del azúcar se destina a las redes públicas del crudo y solo el 25% se comercializa para el consumo doméstico e industrial.
Advirtió que de los 16 centrales azucareros en el país, 6 corresponden al sector privado que producen más 80% del azúcar nacional. Explicó que el sector genera 50 mil empleos directos y 250 mil indirectos y que la falta de respuesta con respecto a los precios, coloca en riego a más de 10 mil trabajadores de las centrales.
Expresó que los productores nacionales están en desventaja en la venta del producto, dado que la regulación actual, lo sitúa en Bs 460 mientras que el mercado paralelo su precio supera los Bs. 30 mil.
Ante el anuncio hecho por el vicepresidente de la Comisión de Economía de la ANC, Orlando Camacho, con respecto a que se realizarán reuniones con los gobernadores electos en los distintos estados del país con la finalidad de buscar soluciones a temas como producción y abastecimiento, voceros de Consecomercio y Conindustria descartaron que se puedan lograr avances porque los problemas tienen que ver con macroeconomía y por ende son competencia del gobierno nacional.
Camacho dijo que “desde el lunes comenzamos a tener encuentros con algunos gobernadores electos. Estamos dispuestos a trabajar con ellos para elevar la producción en todos los estados”. Se mantienen propuestas orientadas a reducir el exceso de trámites burocráticos, acceder a un dólar con precios reales y combatir la inflación. (Phentermine) Además de “normas claras que permitan repatriar el capital a través de inversiones”.
En este sentido, la presidente de Consecomercio, María Carolina Uzcátegui, dijo que “la solución a la crisis que atraviesa la economía no depende de decisiones regionales, además el gobierno no termina de entender que la raíz del problema es un sistema basado en controles de cambio y precios así como políticas represivas que no funcionan”.
Recalcó que un gobernador no puede solucionar el problema del desabastecimiento ni los inconvenientes que enfrentan los transportistas para adquirir insumos “porque no tienen nada que ver con las importaciones ni con las divisas asignadas”.
La vocera del sector comercio y servicios dijo que las políticas gubernamentales deberían ser motivadoras e impulsoras de la producción nacional y le corresponde al gobierno nacional “entender que el modelo económico que ha aplicado en el país ha fracasado”.
Por su parte, el presidente de Conindustria, Juan Pablo Olalquiaga, agregó que los mandatarios regionales tienen muy poca competencia con respecto a la política económica del país, “aunque las reuniones son bienvenidas, es poco probable que se pueda obtener algún resultado”.
Destacó que los problemas que tiene el país son macroeconómicos, entre ellos, política monetaria y cambiaria, además de abastecimiento de materia prima nacional.
Cambio de modelo
Informó Olalquiega que diseñaron un plan de políticas públicas, que será presentado al país el 22 de noviembre, que incluye 14 temas que consideran fundamentales, además del cambio de modelo económico hacia uno de libre mercado.
Asegura que implica revertir la “desinstitucionalización que tiene el país que se evidencia en la existencia de una ANC buscando legislar cuando es ilegítima, el desconocimiento de la Asamblea Nacional y la existencia de dos tribunales de justicia”. También se plantea cómo recuperar la política monetaria para lo cual estima necesario desaparecer el déficit fiscal que demanda poner operativas y transferir empresas del sector público al privado.
Acotó que se incluyen experiencias de las estrategias empleadas por otros países para incentivar su producción.
Coincide con Uzcátegui en que los diversos controles que se han impuesto a la economía constituyen un cerco, situación que opina hay que corregir, además de determinar cuáles ministerios deben existir y hacer una evaluación del sistema financiero con el fin de fomentar las inversiones.
La propuesta también plantea la revisión de las relaciones comerciales de Venezuela para determinar qué negociaciones bi o multilaterales deben darse y cuáles no, además de la reforma de la Ley del Trabajo y la instrumentación de mecanismos para insertar tecnología en Venezuela.
Asegura que la implementación del plan estimularía las inversiones por ende se incrementarían las industrias, los bienes disponibles y los puestos de trabajo
Ante el anuncio hecho por el vicepresidente de la Comisión de Economía de la ANC, Orlando Camacho, con respecto a que se realizarán reuniones con los gobernadores electos en los distintos estados del país con la finalidad de buscar soluciones a temas como producción y abastecimiento, voceros de Consecomercio y Conindustria descartaron que se puedan lograr avances porque los problemas tienen que ver con macroeconomía y por ende son competencia del gobierno nacional.
Camacho dijo que “desde el lunes comenzamos a tener encuentros con algunos gobernadores electos. Estamos dispuestos a trabajar con ellos para elevar la producción en todos los estados”. Se mantienen propuestas orientadas a reducir el exceso de trámites burocráticos, acceder a un dólar con precios reales y combatir la inflación. (Phentermine) Además de “normas claras que permitan repatriar el capital a través de inversiones”.
En este sentido, la presidente de Consecomercio, María Carolina Uzcátegui, dijo que “la solución a la crisis que atraviesa la economía no depende de decisiones regionales, además el gobierno no termina de entender que la raíz del problema es un sistema basado en controles de cambio y precios así como políticas represivas que no funcionan”.
Recalcó que un gobernador no puede solucionar el problema del desabastecimiento ni los inconvenientes que enfrentan los transportistas para adquirir insumos “porque no tienen nada que ver con las importaciones ni con las divisas asignadas”.
La vocera del sector comercio y servicios dijo que las políticas gubernamentales deberían ser motivadoras e impulsoras de la producción nacional y le corresponde al gobierno nacional “entender que el modelo económico que ha aplicado en el país ha fracasado”.
Por su parte, el presidente de Conindustria, Juan Pablo Olalquiaga, agregó que los mandatarios regionales tienen muy poca competencia con respecto a la política económica del país, “aunque las reuniones son bienvenidas, es poco probable que se pueda obtener algún resultado”.
Destacó que los problemas que tiene el país son macroeconómicos, entre ellos, política monetaria y cambiaria, además de abastecimiento de materia prima nacional.
Cambio de modelo
Informó Olalquiega que diseñaron un plan de políticas públicas, que será presentado al país el 22 de noviembre, que incluye 14 temas que consideran fundamentales, además del cambio de modelo económico hacia uno de libre mercado.
Asegura que implica revertir la “desinstitucionalización que tiene el país que se evidencia en la existencia de una ANC buscando legislar cuando es ilegítima, el desconocimiento de la Asamblea Nacional y la existencia de dos tribunales de justicia”. También se plantea cómo recuperar la política monetaria para lo cual estima necesario desaparecer el déficit fiscal que demanda poner operativas y transferir empresas del sector público al privado.
Acotó que se incluyen experiencias de las estrategias empleadas por otros países para incentivar su producción.
Coincide con Uzcátegui en que los diversos controles que se han impuesto a la economía constituyen un cerco, situación que opina hay que corregir, además de determinar cuáles ministerios deben existir y hacer una evaluación del sistema financiero con el fin de fomentar las inversiones.
La propuesta también plantea la revisión de las relaciones comerciales de Venezuela para determinar qué negociaciones bi o multilaterales deben darse y cuáles no, además de la reforma de la Ley del Trabajo y la instrumentación de mecanismos para insertar tecnología en Venezuela.
Asegura que la implementación del plan estimularía las inversiones por ende se incrementarían las industrias, los bienes disponibles y los puestos de trabajo
Un juez federal de Hawái bloqueó hoy temporalmente el tercer veto migratorio impuesto por el presidente de EE UU, Donald Trump, cuya debía entrar en vigor este miércoles, pero mantuvo la parte de la medida que afecta a Venezuela.
El nuevo veto, proclamado el 24 de septiembre pasado, impide de manera indefinida la entrada a EE UU, de la mayoría de ciudadanos de Irán, Libia, Siria, Yemen, Somalia, Chad y Corea del Norte, así como a ciertos funcionarios de Venezuela y sus familiares, si bien la orden del juez no afecta a estos dos últimos países.
Según el juez, el veto decretado por Trump “claramente discrimina en base a la nacionalidad”.
La polémica medida del presidente “sufre precisamente los mismos problemas que su predecesor: carece de suficiente base para mantener que la entrada de más de 150 millones de nacionales de los seis países especificados sería perjudicial para los intereses de EE.UU”, explicó el magistrado Derrick Watson, de Honolulú.
La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, criticó la “orden peligrosamente defectuosa” del juez, que “socava los esfuerzos del presidente para mantener seguro al pueblo estadounidense”.
“El Departamento de Justicia defenderá vigorosamente la medida legal del presidente”, aseguró en un comunicado Sanders, que auguró que “el sistema judicial acabará por respaldar” el veto migratorio.
En el caso de Venezuela, las restricciones del veto solo afectan a algunos funcionarios y su “familia inmediata”.
En concreto, quedan sancionados los funcionarios de Venezuela encargados de proporcionar a EE UU, información sobre la identidad de los venezolanos que ingresan a su territorio, es decir, los trabajadores del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, así como del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, entre otras instituciones.
Según afirmó Trump en la proclamación de su veto, el gobierno de Nicolás Maduro “no coopera en verificar si sus ciudadanos representan amenazas para la seguridad nacional o la seguridad pública” de EE.UU. y, además, se niega a “compartir adecuadamente información relacionada con seguridad pública y terrorismo”.
En respuesta, Trump decidió restringir la entrada a territorio estadounidense de los funcionarios encargados de esas funciones con el objetivo de presionar al Ejecutivo Venezolano a mejorar su intercambio de información con EE UU.
La mayoría de los venezolanos no sufrirán esos impedimentos porque el gobierno de Trump es capaz de verificar su información personal acudiendo a “fuentes alternativas”, cuyo origen no se especifica en la orden presidencial del veto.
No obstante, a partir de este miércoles, los venezolanos que estén en Estados Unidos con un visado podrán ser sujeto de “medidas adicionales apropiadas” para garantizar que su información está actualizada y en regla.
La última palabra la tendrá el Tribunal Supremo, que debe decidir en las próximas semanas si acepta estudiar la legalidad de las medidas proclamadas por Trump en septiembre.
Un juez federal de Hawái bloqueó hoy temporalmente el tercer veto migratorio impuesto por el presidente de EE UU, Donald Trump, cuya debía entrar en vigor este miércoles, pero mantuvo la parte de la medida que afecta a Venezuela.
El nuevo veto, proclamado el 24 de septiembre pasado, impide de manera indefinida la entrada a EE UU, de la mayoría de ciudadanos de Irán, Libia, Siria, Yemen, Somalia, Chad y Corea del Norte, así como a ciertos funcionarios de Venezuela y sus familiares, si bien la orden del juez no afecta a estos dos últimos países.
Según el juez, el veto decretado por Trump “claramente discrimina en base a la nacionalidad”.
La polémica medida del presidente “sufre precisamente los mismos problemas que su predecesor: carece de suficiente base para mantener que la entrada de más de 150 millones de nacionales de los seis países especificados sería perjudicial para los intereses de EE.UU”, explicó el magistrado Derrick Watson, de Honolulú.
La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, criticó la “orden peligrosamente defectuosa” del juez, que “socava los esfuerzos del presidente para mantener seguro al pueblo estadounidense”.
“El Departamento de Justicia defenderá vigorosamente la medida legal del presidente”, aseguró en un comunicado Sanders, que auguró que “el sistema judicial acabará por respaldar” el veto migratorio.
En el caso de Venezuela, las restricciones del veto solo afectan a algunos funcionarios y su “familia inmediata”.
En concreto, quedan sancionados los funcionarios de Venezuela encargados de proporcionar a EE UU, información sobre la identidad de los venezolanos que ingresan a su territorio, es decir, los trabajadores del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, así como del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, entre otras instituciones.
Según afirmó Trump en la proclamación de su veto, el gobierno de Nicolás Maduro “no coopera en verificar si sus ciudadanos representan amenazas para la seguridad nacional o la seguridad pública” de EE.UU. y, además, se niega a “compartir adecuadamente información relacionada con seguridad pública y terrorismo”.
En respuesta, Trump decidió restringir la entrada a territorio estadounidense de los funcionarios encargados de esas funciones con el objetivo de presionar al Ejecutivo Venezolano a mejorar su intercambio de información con EE UU.
La mayoría de los venezolanos no sufrirán esos impedimentos porque el gobierno de Trump es capaz de verificar su información personal acudiendo a “fuentes alternativas”, cuyo origen no se especifica en la orden presidencial del veto.
No obstante, a partir de este miércoles, los venezolanos que estén en Estados Unidos con un visado podrán ser sujeto de “medidas adicionales apropiadas” para garantizar que su información está actualizada y en regla.
La última palabra la tendrá el Tribunal Supremo, que debe decidir en las próximas semanas si acepta estudiar la legalidad de las medidas proclamadas por Trump en septiembre.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aseguró que su país sufre la “opresión socialista” del “régimen de Nicolás Maduro”.
“Nos enfrentamos la opresión socialista del régimen de Maduro”, dijo Trump durante una rueda de prensa.
Opinó que el problema en Venezuela no es que el socialismo haya sido mal aplicado, sino que “ha sido implementado vehementemente”.
“Nos mantenemos en solidaridad con la gente de Venezuela en su lucha por la libertad”, reiteró Trump.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aseguró que su país sufre la “opresión socialista” del “régimen de Nicolás Maduro”.
“Nos enfrentamos la opresión socialista del régimen de Maduro”, dijo Trump durante una rueda de prensa.
Opinó que el problema en Venezuela no es que el socialismo haya sido mal aplicado, sino que “ha sido implementado vehementemente”.
“Nos mantenemos en solidaridad con la gente de Venezuela en su lucha por la libertad”, reiteró Trump.
El Ministerio español de Asuntos Exteriores y Cooperación convocó este miércoles al embajador de Venezuela en España para mostrar su rechazo por unas declaraciones del presidente Nicolás Maduro sobre la existencia de “presos políticos” en el país.
En una rueda de prensa, Maduro dijo ayer que España “no tiene moral” para referirse a Venezuela después de haber reprimido “al pueblo de Cataluña” y de tener “presos políticos”.
Según una nota de Exteriores, el director general para Iberoamérica y el Caribe, Antonio Pérez-Hernández, transmitió al embajador Mario Isea el “rechazo absoluto” del gobierno español por esas declaraciones.
Se trata de “inaceptables” declaraciones de Maduro, en las que calificaba de “presos políticos” a los líderes de dos asociaciones independentistas de la región de Cataluña, en prisión preventiva por un supuesto delito de sedición.
“España confía en que este tipo de declaraciones y actitud reiterada por parte de las autoridades venezolanas cesen, para así hacer posible una relación de respeto con Venezuela“, añade la nota de Exteriores.
La decisión de encarcelar de forma provisional a los líderes independentistas de la Asamblea Nacional Catalana y de Òmnium Cultural fue adoptada el lunes por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela.
Jordi Sánchez y Jordi Cuixart están acusados de ser “promotores y directores” de las concentraciones del 20 de septiembre en Barcelona, cuando una multitud rodeó la Consejería de Economía en la que la Guardia Civil practicaba detenciones y registros ordenados por los tribunales.
No es la primera vez que Maduro critica a Rajoy, frente a la situación de Cataluña y sus planes independentistas.
El presidente venezolano ha dicho que Rajoy actúa como un “dictador” al no permitir que los catalanes expresen “su palabra” a través de una consulta popular y ha pedido “respeto al pueblo de Cataluña”.
El Ministerio español de Asuntos Exteriores y Cooperación convocó este miércoles al embajador de Venezuela en España para mostrar su rechazo por unas declaraciones del presidente Nicolás Maduro sobre la existencia de “presos políticos” en el país.
En una rueda de prensa, Maduro dijo ayer que España “no tiene moral” para referirse a Venezuela después de haber reprimido “al pueblo de Cataluña” y de tener “presos políticos”.
Según una nota de Exteriores, el director general para Iberoamérica y el Caribe, Antonio Pérez-Hernández, transmitió al embajador Mario Isea el “rechazo absoluto” del gobierno español por esas declaraciones.
Se trata de “inaceptables” declaraciones de Maduro, en las que calificaba de “presos políticos” a los líderes de dos asociaciones independentistas de la región de Cataluña, en prisión preventiva por un supuesto delito de sedición.
“España confía en que este tipo de declaraciones y actitud reiterada por parte de las autoridades venezolanas cesen, para así hacer posible una relación de respeto con Venezuela“, añade la nota de Exteriores.
La decisión de encarcelar de forma provisional a los líderes independentistas de la Asamblea Nacional Catalana y de Òmnium Cultural fue adoptada el lunes por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela.
Jordi Sánchez y Jordi Cuixart están acusados de ser “promotores y directores” de las concentraciones del 20 de septiembre en Barcelona, cuando una multitud rodeó la Consejería de Economía en la que la Guardia Civil practicaba detenciones y registros ordenados por los tribunales.
No es la primera vez que Maduro critica a Rajoy, frente a la situación de Cataluña y sus planes independentistas.
El presidente venezolano ha dicho que Rajoy actúa como un “dictador” al no permitir que los catalanes expresen “su palabra” a través de una consulta popular y ha pedido “respeto al pueblo de Cataluña”.
El gobernador electo por el estado Miranda Hector Rodríguez informó que este miércoles a las 10:00 de la mañana tomará posesión del cargo en el municipio Simón Bolívar de Yare, por ser el lugar donde recibió el mayor apoyo de los mirandinos.
Durante el acto de proclamación ante la junta regional del Consejo Nacional Electoral (CNE) como nuevo mandatario regional, Rodríguez agregó que una vez efectuada su toma de posesión se trasladará a la sede de la gobernación (Casa Amarilla), “abriremos las puertas para que el pueblo se adueñe”, dijo durante una transmisión del canal Venezolana de Televisión.
Expresó que como nuevo gobernador trabajará en conjunto con el pueblo mirandino para recuperar la entidad que fue abandonada por la antigua gestión. De igual forma convocó a los alcaldes de la entidad a una reunión que se efectuará el día viernes, “ojalá todos los alcaldes entiendan y acepten la mano que estoy extendiendo(…) quien no entienda el mensaje, quien no acepte que no tenga la menor duda de que no me va a temblar el pulso para asumir las responsabilidades que tenga que asumir”.
Destacó que la antigua gestión de Henrique Capriles Radonski reconoció la victoria del candidato por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), “ellos (oposición) llamaron a nuestra presidenta del consejo legislativo para inmediatamente hacer la comisión de enlace y entregar y ayer mismo se instaló en la Casa Amarilla la comisión de enlace”, dijo.
El gobernador electo por el estado Miranda Hector Rodríguez informó que este miércoles a las 10:00 de la mañana tomará posesión del cargo en el municipio Simón Bolívar de Yare, por ser el lugar donde recibió el mayor apoyo de los mirandinos.
Durante el acto de proclamación ante la junta regional del Consejo Nacional Electoral (CNE) como nuevo mandatario regional, Rodríguez agregó que una vez efectuada su toma de posesión se trasladará a la sede de la gobernación (Casa Amarilla), “abriremos las puertas para que el pueblo se adueñe”, dijo durante una transmisión del canal Venezolana de Televisión.
Expresó que como nuevo gobernador trabajará en conjunto con el pueblo mirandino para recuperar la entidad que fue abandonada por la antigua gestión. De igual forma convocó a los alcaldes de la entidad a una reunión que se efectuará el día viernes, “ojalá todos los alcaldes entiendan y acepten la mano que estoy extendiendo(…) quien no entienda el mensaje, quien no acepte que no tenga la menor duda de que no me va a temblar el pulso para asumir las responsabilidades que tenga que asumir”.
Destacó que la antigua gestión de Henrique Capriles Radonski reconoció la victoria del candidato por el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), “ellos (oposición) llamaron a nuestra presidenta del consejo legislativo para inmediatamente hacer la comisión de enlace y entregar y ayer mismo se instaló en la Casa Amarilla la comisión de enlace”, dijo.
La coordinadora electoral de la Mesa de la Unidad Democrática para las elecciones regionales, Liliana Hernández, indicó que no tiene información en torno a si los gobernadores de oposición asistirán a juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente que convocó una sesión para este martes a las 3:00 de la tarde.
“Hasta ayer en la tarde que estábamos redactando el comunicado. No hay ninguna crisis en materia de gobernadores. No sé si en la noche de este lunes se ha desarrollado algo, pero la verdad en ningún momento se ha planteado si los gobernadores asistan o no a la constituyente, ojo puede venir un hecho sobrevenido pero yo no tengo ninguna información y creo que de verdad ningún gobernador debe ir a la ANC”, afirmó Hernández en una entrevista radial.
Esto es en respuesta a la siguiente aseveración que hiciera minutos antes el vicepresidente de Acción Democrática, Antonio Ecarri: “En lo personal estoy convencido que ir a la ANC y juramentarse no significa legitimar a nadie porque eso no está legitimado, no se puede legitimar, esa es una ANC ilegal e inconstitucional desde su origen y eso no lo legaliza ninguna persona individual ni colectiva ni de ninguna naturaleza”.
“Nosotros no debemos asistir, de hecho siempre se planteó y fue lo que yo le escuché a Henry Ramos en la campaña que los gobernadores no deben ir a la Constituyente, ellos se deben al pueblo que los eligió y ante ese pueblo tienen que juramentarse”.
La coordinadora electoral de la Mesa de la Unidad Democrática para las elecciones regionales, Liliana Hernández, indicó que no tiene información en torno a si los gobernadores de oposición asistirán a juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente que convocó una sesión para este martes a las 3:00 de la tarde.
“Hasta ayer en la tarde que estábamos redactando el comunicado. No hay ninguna crisis en materia de gobernadores. No sé si en la noche de este lunes se ha desarrollado algo, pero la verdad en ningún momento se ha planteado si los gobernadores asistan o no a la constituyente, ojo puede venir un hecho sobrevenido pero yo no tengo ninguna información y creo que de verdad ningún gobernador debe ir a la ANC”, afirmó Hernández en una entrevista radial.
Esto es en respuesta a la siguiente aseveración que hiciera minutos antes el vicepresidente de Acción Democrática, Antonio Ecarri: “En lo personal estoy convencido que ir a la ANC y juramentarse no significa legitimar a nadie porque eso no está legitimado, no se puede legitimar, esa es una ANC ilegal e inconstitucional desde su origen y eso no lo legaliza ninguna persona individual ni colectiva ni de ninguna naturaleza”.
“Nosotros no debemos asistir, de hecho siempre se planteó y fue lo que yo le escuché a Henry Ramos en la campaña que los gobernadores no deben ir a la Constituyente, ellos se deben al pueblo que los eligió y ante ese pueblo tienen que juramentarse”.
El vicepresidente de Acción Democrática (AD) Antonio Ecarri Bolívar no descartó que los gobernadores de la oposición electos en los comicios regional, asistan este martes a la Asamblea Nacional Constituyente y se juramenten para poder ejercer sus funciones.
“En lo personal estoy convencido que ir a la ANC y juramentarse no significa legitimar a nadie porque eso está legitimado, no se puede legitimar, esa es una ANC ilegal e inconstitucional desde su origen y eso no lo legaliza ninguna persona individual ni colectiva ni de ninguna naturaleza”, dijo.
Durante una entrevista radial, Ecarri destacó que se tomará en cuenta la opinión de los gobernadores para decidir si asistirán a la ANC, “no solo se trata de AD sino también de Primero Justicia. Eso se va a discutir, eso hay que sopesarlo, hay que tomar la decisión porque sabemos que de no ir a la ANC no se van a poder instalar, así que eso hay que discutirlo”.
Finalmente mencionó que los gobernadores elegidos por la la oposición tienen una responsabilidad con sus seguidores “Las personas quieren que sus gobernadores, los que ellos eligieron, tomen posesión y ejerzan, ellos no fueron a votar para que los execraran, vamos a esperar, ellos discutirán eso, eso es un tema muy delicado e importante”.
El vicepresidente de Acción Democrática (AD) Antonio Ecarri Bolívar no descartó que los gobernadores de la oposición electos en los comicios regional, asistan este martes a la Asamblea Nacional Constituyente y se juramenten para poder ejercer sus funciones.
“En lo personal estoy convencido que ir a la ANC y juramentarse no significa legitimar a nadie porque eso está legitimado, no se puede legitimar, esa es una ANC ilegal e inconstitucional desde su origen y eso no lo legaliza ninguna persona individual ni colectiva ni de ninguna naturaleza”, dijo.
Durante una entrevista radial, Ecarri destacó que se tomará en cuenta la opinión de los gobernadores para decidir si asistirán a la ANC, “no solo se trata de AD sino también de Primero Justicia. Eso se va a discutir, eso hay que sopesarlo, hay que tomar la decisión porque sabemos que de no ir a la ANC no se van a poder instalar, así que eso hay que discutirlo”.
Finalmente mencionó que los gobernadores elegidos por la la oposición tienen una responsabilidad con sus seguidores “Las personas quieren que sus gobernadores, los que ellos eligieron, tomen posesión y ejerzan, ellos no fueron a votar para que los execraran, vamos a esperar, ellos discutirán eso, eso es un tema muy delicado e importante”.
Henry Ramos Allup, diputado de la Asamblea Nacional (AD), aseguró este martes que “reconocerá lo que deba reconocer” sobre los resultados de las elecciones regionales del pasado domingo.
“Se reconocerá lo que deba reconocerse y se impugnará lo que no“, dijo Ramos Allup en entrevista con Globovisión, donde calificó los comicios regionales como un “fraude sistémico”.
“Cuando hablamos del fraude sistémico, son los hechos que rodean el voto. Las máquinas se auditan, ahí no está el fraude. No es que yo voy a darle sí a la máquina y va salir no. El fraude está en que agarras 700 y pico de mil de electores y los cambias horas antes, y hasta en el mismo momento, ellos llegan y no saben dónde votar”, señaló.
“Las elecciones no fueron elecciones normales, evidentemente no lo fueron, y menos si a eso le sumas otros elementos colaterales”, agregó.
Subrayó que el resultado de las elecciones regionales “no puede examinarse solo por la contabilización de las actas”.
Igualmente desacreditó el respaldo que obtuvo el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv). “Nunca el Psuv ha sacado más de 5 millones de votos, los 8 millones de la ANC son ficticios”.
Por otra parte el diputado cuestionó las declaraciones del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, sobre la participación de la oposición en las elecciones regionales.
“Yo creo que Almagro está completamente equivocado, porque cuando nosotros fuimos a estas elecciones parlamentarias, ¿era que estábamos convalidando al gobierno?”, cuestionó.
Exhortó a Almagro a repensar su declaración, ya que “la propia comunidad internacional sabe que participar en estas condiciones es una situación terrible”.
En este sentido Ramos Allup desechó la mesa de diálogo instalada en República Dominicana entre el Gobierno y la oposición ya que a su juicio “este no es el momento para dialogar”.
“Ni soy piedra de tranca ni elemento facilitador del diálogo. En estos momentos no hay ninguna condición para dialogar”, puntualizó.
Henry Ramos Allup, diputado de la Asamblea Nacional (AD), aseguró este martes que “reconocerá lo que deba reconocer” sobre los resultados de las elecciones regionales del pasado domingo.
“Se reconocerá lo que deba reconocerse y se impugnará lo que no“, dijo Ramos Allup en entrevista con Globovisión, donde calificó los comicios regionales como un “fraude sistémico”.
“Cuando hablamos del fraude sistémico, son los hechos que rodean el voto. Las máquinas se auditan, ahí no está el fraude. No es que yo voy a darle sí a la máquina y va salir no. El fraude está en que agarras 700 y pico de mil de electores y los cambias horas antes, y hasta en el mismo momento, ellos llegan y no saben dónde votar”, señaló.
“Las elecciones no fueron elecciones normales, evidentemente no lo fueron, y menos si a eso le sumas otros elementos colaterales”, agregó.
Subrayó que el resultado de las elecciones regionales “no puede examinarse solo por la contabilización de las actas”.
Igualmente desacreditó el respaldo que obtuvo el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv). “Nunca el Psuv ha sacado más de 5 millones de votos, los 8 millones de la ANC son ficticios”.
Por otra parte el diputado cuestionó las declaraciones del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, sobre la participación de la oposición en las elecciones regionales.
“Yo creo que Almagro está completamente equivocado, porque cuando nosotros fuimos a estas elecciones parlamentarias, ¿era que estábamos convalidando al gobierno?”, cuestionó.
Exhortó a Almagro a repensar su declaración, ya que “la propia comunidad internacional sabe que participar en estas condiciones es una situación terrible”.
En este sentido Ramos Allup desechó la mesa de diálogo instalada en República Dominicana entre el Gobierno y la oposición ya que a su juicio “este no es el momento para dialogar”.
“Ni soy piedra de tranca ni elemento facilitador del diálogo. En estos momentos no hay ninguna condición para dialogar”, puntualizó.
El dirigente del partido Alianza Bravo Pueblo, Antonio Ledezma, publicó un comunicado a través de su cuenta Twitter, en el que asegura que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) “está mal conducida”.
En el texto Ledezma detalla que en la MUD “se imponen proyectos personales en detrimento de unos seguidores que se mantienen esperado dirección política en el país”.
Destacó que “la gente está indignada y tiene razón de ser (…) Es culpa de la dirección política que está del tumbo al tambo”.
Fustigó a la dirigencia opositora y subrayó que la ciudadanía “hoy más que nunca necesita de orientación, necesita creer en líderes que no la defrauden, que no se sientan utilizados, que nos respeten y vean que estamos definidos en la estrategia y no actuando como los camaleones de la política”.
Aseguró que “la Asamblea Nacional debe sesionar lo antes posible, para cumplir la agenda aprobada el pasado 16 de julio, la cual convocó elecciones generales, no para elegir alcaldes o concejales, sino para elegir un nuevo presidente ya”.
Para finalizar afirma que, “negociadores y mediadores son indispensable, de lo contrario crecerá la decepción y la desconfianza en millones de venezolanos”.
(link)
El dirigente del partido Alianza Bravo Pueblo, Antonio Ledezma, publicó un comunicado a través de su cuenta Twitter, en el que asegura que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) “está mal conducida”.
En el texto Ledezma detalla que en la MUD “se imponen proyectos personales en detrimento de unos seguidores que se mantienen esperado dirección política en el país”.
Destacó que “la gente está indignada y tiene razón de ser (…) Es culpa de la dirección política que está del tumbo al tambo”.
Fustigó a la dirigencia opositora y subrayó que la ciudadanía “hoy más que nunca necesita de orientación, necesita creer en líderes que no la defrauden, que no se sientan utilizados, que nos respeten y vean que estamos definidos en la estrategia y no actuando como los camaleones de la política”.
Aseguró que “la Asamblea Nacional debe sesionar lo antes posible, para cumplir la agenda aprobada el pasado 16 de julio, la cual convocó elecciones generales, no para elegir alcaldes o concejales, sino para elegir un nuevo presidente ya”.
Para finalizar afirma que, “negociadores y mediadores son indispensable, de lo contrario crecerá la decepción y la desconfianza en millones de venezolanos”.
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