El fomento de relaciones basadas en el equilibrio y el respeto es el objetivo central de las normas de convivencia armónica que dictó la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), a fin de mantener una adecuada interacción con los poderes constituidos, indicó la presidenta del órgano plenipotenciario, Delcy Rodríguez.
El decreto constituyente tiene entre sus objetivos fundamentales preservar la seguridad pública, la paz y la soberanía nacional, y busca resolver las dificultades actuales, pasadas y sobrevenidas, que puedan afectar la relación entre el poder constituyente originario y el poder constituido, detalló Rodríguez.
“Mediante este decreto se permite la subsanación y reparación de las desviaciones de poder de instancias del poder constituido. La ANC podrá decretar medidas sobre competencia, funcionamiento y organización de los órganos del poder público. Y esto es de cumplimiento inmediato. Sin menoscabo de las funciones consustanciales de cada rama del poder público”, detalló, en transmisión de VTV.
Desde la Casa Amarilla, en Caracas, Rodríguez explicó que todos los organismos del poder público quedan subordinados a la ANC y están obligados a cumplir y hacer cumplir los actos jurídicos que emanen de dicha asamblea, dirigidos a los fines de la seguridad pública, la soberanía e independencia nacional.
“Esto está contemplado en el artículo 349 de la Constitución, que contempla que el poder constituido no podrá oponerse ni obstruir las decisiones que asuma el poder constituyente originario”, destacó.
Fijar responsables de la violencia
Rodríguez puntualizó las funciones de la Comisión de la Verdad de la ANC: Levantar información sobre los hechos de violencia política registrados desde 1999, así como las dinámicas delictivas presentes en esos crímenes.
“No solamente estamos atendiendo el pasado, estamos previniendo que en el futuro ocurran nuevamente estos hechos de violencia política. Por eso este es un instrumento para la sanación del pueblo venezolano. Es importante determinar y declarar la responsabilidad moral y política de los presuntos responsables de estos crímenes, y reparar a las víctimas. Es importante que el país sepa lo que ha ocurrido y por qué ocurrió”, explicó.
Detalló, asimismo, que esta instancia tendrá una duración de 11 meses y sus integrantes gozarán de inmunidad y demás prerrogativas, así como acceso a todos los archivos existentes, con el fin de garantizar el máximo avance de las investigaciones.
La normativa contempla la posibilidad de que la comisión invite a personalidades destacadas, en el ámbito nacional e internacional, con experiencia en derechos humanos y vinculadas con el tema.
La Comisión de la Verdad está facultada para entrevistar a cualquier persona, autoridad o servidor público, con el propósito de adelantar la investigación, y además podrá “celebrar audiencias públicas o privadas con la participación de las víctimas y los presuntos responsables, con el fin de obtener información y reparar a las víctimas, y en un proceso humano de entendimiento lograr la reconciliación”.
