El diputado Carlos Paparoni (Unidad-Mérida), dijo este martes durante el debate de la Asamblea Nacional  sobre el último informe de  la FAO “no se ajusta a la verdadera a situación y a la crisis humanitaria que vive el pueblo venezolano”.

Recordó que hace un año y medio un grupo de parlamentarios visitaron la sede de la FAO y que el representante de ese organismo en Venezuela, señor

Marcelo Rosende se negaba a recibirlos. “Los venezolanos que  estamos acostumbrados a leer los informes de la FAO, felicitan al gobierno nacional y a la revolución, por su gran trabajo contra el hambre en nuestro país cuando es una falsedad”, afirmó el legislador.

Insistió que el último informe  de la FAO dice que es justamente Venezuela, el único país en América Latina,  que más representa la malnutrición y para la fecha habla de un 13 por ciento.

“Solo sabemos que esas cifras no representan la realidad de nuestro país”, aseguró el asambleísta.

Destacó que a pesar de lo que diga la FAO, hoy estamos viendo que en Venezuela “tenemos una crisis humanitaria que está matando a niños, jóvenes, adultos y viejos”.

“En cuatro años de gobierno del presidente Nicolás Maduro se inventaron los llamado Clap y  apostaron  en la anticorrupción en ellos, cuando todo el mundo sabe las irregularidades que se cometen” y que han anunciado una serie de planes  que no han podido sacarnos de la crisis en la que estamos sumergidos, comentó.

Señaló que ahora el propio presidente Maduro habla del Plan “Conejo” que lo que ha hecho, hasta los momentos, es dejarnos cifras  preocupantes.

Recordó el parlamentario que el señor Freddy Bernal, el cerebro de los Clap,  decía que un conejo no era una mascota y que representaba 2.5 kilogramos de carne.

“Yo le digo que, lamentablemente, este gobierno no ha hecho nada acabar con hambruna que viven los venezolanos”, expresó finalmente el diputado Paparoni.

El diputado William Dávila, (Unidad / Mérida), aseguró este  martes que lo dicho por Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Michel Temer, mandatario de Brasil, entre otros, en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), ratifica que en Venezuela no hay democracia.

Dávila, quien también es presidente de Asuntos Internacionales del Parlasur, aseveró que desde  hace tiempo  en Venezuela dejó de existir una democracia plena  y fundacional para beneficio del pueblo venezolano.

“Algunos países que forman parte  de la  declaración de Lima los cuales se reunieron  con el presidente de Estados Unidos para manifestar una preocupación que es general  en la región, confirman que el pueblo venezolano en este momento  está viviendo en carne propia el desabastecimiento, la falta de medicamentos y la tendencia hiperinflacionaria que ha destruido por completo el salario del trabajador  y el alcance de la comida  para los sectores populares”, dijo Dávila.

Considera Williams Dávila, quien también es miembro de la Comisión de Política Exterior, que estas  acciones no pueden verse como una amenaza para el  pueblo venezolano. A su juicio, esto es simplemente la expresión de la comunidad internacional que repudia y rechaza, por un lado, a un gobierno constituyente  instalado en la “espuria” Asamblea Nacional  Constituyente (ANC), y por el otro lado  porque en Venezuela   “hay  un régimen que sistemáticamente ha convertido la violación de los Derechos Humanos, la persecución política y la tortura como política y, en consecuencia,  la comunidad  internacional hoy día no puede hacerse el papel de ciega, muda  o sorda  ante esta situación”, expresó.

Para el legislador es necesario que se deban aplicar sanciones a Venezuela desde  la Unión Europea (UE) y  países de  América, pues considera que corresponden  utilizar  los mecanismos  en materia de Derechos Humanos.

“Bajo ningún concepto debe entenderse eso como intervencionismo o injerencismo, simplemente  es la reivindicación humana de  los valores y principios de la democracia universal, que es lo que está en juego hoy en día en Venezuela”, aseveró.

Dávila se mostró en desacuerdo con un diálogo entre el gobierno y sectores  de la denominada coalición opositora por considerar que la prioridad es el proceso electoral de gobernadores, ya que a su juicio es necesario el rescate de la república desde abajo hacia arriba para recuperar la descentralización.

El diputado William Dávila aprovechó la oportunidad para denunciar que un sector neo populista que aún existe en el Parlasur, sostuvo una reunión con la constituyente “espuria”, con los  magistrados del Tribunal Supremo de Justica (TSJ) y directivos del Consejo Nacional Electoral (CNE), con la intención de confundir y pretender  sacar a los parlamentarios de la oposición venezolana dentro de dicho organismo

“Los  diputados de la oposición contamos  con el respaldo de la mayoría de los parlamentarios del Mercosur en el plenario para permitir que la oposición siga representando al pueblo venezolano  en el  Parlasur”, puntualizó el legislador.

Los diputados de la Asamblea Nacional perteneciente a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) aprobaron este martes en sesión ordinaria el Acuerdo de Rechazo y Desaprobación de un Nuevo Decreto de Estado de Excepción y de Emergencia Económica.

El Acuerdo establece entre sus primeros considerando que el Decreto Número 3.074 del 11 de septiembre de 2017, publicado en Gaceta Oficial número 41.233 de la misma fecha pero difundida el 14 de septiembre de 2017, declara nuevamente un estado de excepción y de emergencia económica en todo el territorio nacional.

De igual forma indica que desde el 14 de enero de 2016, Nicolás Maduro ha mantenido al país bajo un estado de emergencia económica, acudiendo a toda clase de subterfugios para burlar los límites temporales claramente fijados por el artículo 338 de la Constitución, el cual no permite que el estado de emergencia económica y su prorroga se prolonguen por más de ciento veinte días.

El documento considera además, que durante los años 2016 y 2017 se han acrecentado y acentuado los problemas económicos y sociales que afectan a los venezolanos, en relación con el desabastecimiento, la inflación, el limitado acceso a medicinas y otros insumos médicos, porque la declaración del estado de emergencia económica ha sido utilizada para desconocer las atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional y generar mayor concentración de poder en la Presidencia de la República, sin pensar en medidas estructurales de rectificación enmarcadas en la legalidad ordinaria y en políticas públicas diseñadas para el mediano y el largo plazo.

Asimismo señala que la actual Asamblea Nacional ha desaprobada reiteradamente los decretos de estados de excepción dictados por quien detenta la Presidencia de la República, o sus prórrogas, sin que el gobierno se halla sometido a lo resuelto por esta AN, contando para ello con el respaldo fáctico de decisiones constitucionalmente írritas de Tribunal Supremo de Justicia.

Al respecto acuerda en primer lugar rechazar enérgicamente y desaprobar el Decreto número 3.074 del 11 de septiembre de 2017 publicado en Gaceta Oficial número 41.233 de la misma fecha pero difundida el 14 de septiembre 2017.

El referido Acuerdo denuncia que el Decreto número 3.074 profundiza la grave alteración del orden constitucional y democrático que sufre Venezuela y representa un completo desconocimiento de la Constitución por parte del Gobierno nacional.

Reitera que son absolutamente nulas y jurídicamente inexistentes las operaciones de endeudamiento o crédito público que sean celebradas sin la intervención  de la Asamblea Nacional, en los términos constitucionalmente establecidos.

El texto insta a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a los órganos del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) para que contribuyan, junto a la Asamblea Nacional y al pueblo de Venezuela a poner freno al desmantelamiento de la Democracia y del Estado de Derecho que está siendo llevando a cabo por el Ejecutivo Nacional y las institucionales que están a su servicio.

Se acordó que el instrumento será remitido al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien a solicitud de esta Asamblea Nacional advirtió desde el 2016, sobre la falta de cumplimiento por el gobierno de Nicolás Maduro de las exigencias y controles establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en materia de estados de excepción.

Debate

La propuesta del Acuerdo de rechazo y desaprobación de un nuevo decreto de Estado de Excepción y de Emergencia Económica, fue presentada por el diputado Alfonso Marquina (Unidad-Lara), quien señaló que el referido decreto implementado por el Gobierno nacional ha traído hambre, desnutrición en la mayoría de los venezolanos.

En este sentido, indicó que hoy 19.000.000 millones de habitantes en Venezuela han pedido entre cinco y doce kilos, “precisamente porque no tiene la posibilidad de acceder a los alimentos de primera necesidad porque no los consiguen y otros porque son costosos, a consecuencia de la inflación.

Aseguró que 40% de los niños menores de cinco años producto del referido decreto de emergencia económica, están padeciendo de desnutrición y 18.000.000 millones de venezolanos comen dos veces o menos al día.

“Este decreto económico lo que ha hecho es empobrecer, generar hambre, miseria en Venezuela, afectando sobre todo a los más sagrado como son nuestros hijos.

Por su parte, el parlamentario de la Unidad por el estado Zulia, Omar Barboza aseguró que la vocación totalitaria del régimen de Nicolás Maduro es lo que ha dado lugar al decreto de Emergencia Económica, el cual tiene como objetivo central, gobernar sin control.

“Manejar el dinero público sin ser sometido a los controles constitucionales para que siga la fiesta de la corrupción, que tanto daño ha hecho al pueblo de Venezuela y a sus instituciones. Violando claramente el artículo 338 de la Constitución, en cuanto a la competencia de la AN en negar 10 veces esta solicitud por parte del Gobierno sobre el decreto de Emergencia Económica así como las prórrogas”.

Entretanto el diputado Williams Dávila (Unidad-Mérida) catalogó el decreto como hambreador y con el cual, se denota el fracaso de un modelo económico, así como el fracaso de una ideología rezagada que ha querido controlar todo, enfatizó.

Dávila aseguró que el Ejecutivo busca a través de dicho decreto es obviar el control del Parlamento Nacional y profundizar el endeudamiento.

“El Gobierno ¿cómo va a pagar la cantidad 12 mil millones de dólares el próximo año? ¿Recortado las importaciones para afectar aún más la comida de los venezolanos? porque este es un país prácticamente no produce nada”.

Reitero que el Ejecutivo busca establecer un mecanismo para eliminar el control de la AN e imponer  por la vía de la ilegal  ANC, promover a través de leyes figuras para una hegemonía política en Venezuela.

El Gobierno Nacional retomará len los p’roximos días las consultas con el sector cárnico, proteína animal; leche, huevos y otros tipos de carnes, ovino y caprinos a propósito de la Ley de Abastecimiento soberano y precios acordados o Ley del Plan 50 propuesta por el Presidente de la República Nicolás Maduro, así lo indicó el ministro de Agricultura Productiva y Tierras, Wilmar Castro Soteldo.

En este sentido manifestó que aún no se ha logrado un acuerdo en concreto, sin embargo, se estableció un esquema de banda que se espera discutir, donde se beneficien todos los actores interesados.

El Ministro dio apertura este lunes, a la cuarta mesa de trabajo con oleaginosas, leguminosa y algodón.  Comentó, que el fin de estos encuentros es alcanzar la definición, metodología que permita sincerar la estructuración de costos en los diferentes rubros que hasta la fecha se están abordando. “La semana pasada se efectuó la reunión con el sector del maíz, caña de azúcar, café y arroz en este último se llegó acuerdos”.

El titular de la cartera agrícola indicó que se “debe construir la reserva estratégica agroalimentaria”.

Castro Soteldo agregó que en el caso de la soya “los estados  Anzoátegui, Monagas, Portuguesa y Trujillo, están teniendo un buen rendimiento de 3.800 a 4.000 mil kilos por hectáreas con semilla nacional”.

También anunció que este ciclo inicia con unas 10 mil hectáreas con semilla nacional  y 50 mil hectáreas con semilla importada, con el reto de  sembrar  un millón cien mil hectáreas que es el requerimiento de consumo nacional, con el fin de ahorrar divisas.

Sobre el girasol, Castro Soteldo notificó que para este rubro existe semilla para 30 mil hectáreas con la intención de desarrollar e  incrementar  las  áreas en unas 60 a 70 mil hectáreas de girasol en el ciclo venidero, indicó el Ministerio en una nota de prensa.

Ajonjolí

Castro Soteldo, informó este lunes, que se tiene previsto  sembrar 116 mil hectáreas de ajonjolí en Portuguesa, Cojedes y Barinas, asimismo detalló que en el ciclo pasado se logró sembrar 98 mil hectáreas. En este sentido, el titular de Cartera Agrícola explicó, que el 100% de la producción de ajonjolí se importa.

“Del ajonjolí no se transfiere ninguna divisa al banco central, esto se traduce en un impacto en el campesino, eleva los precios de forma exagerada y genera una ganancia excesiva en esta producción”, expresó.

Ante la opción oficial de implementar un sistema de cambio sobre la base de una canasta de monedas, que excluye  al dólar en sus operaciones,  el economista José Manuel Puente, propone “destrancar el juego recesivo” de la economía  y establecer un esquema cambiario único y competitivo.

Esta decisión del Gobierno “tiene mucho que ver con el colapso y las restricciones  del sector externo de la economía”, dijo   el profesor titular del Centro de Políticas Públicas del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) y, de master en la UCV.

“Venezuela tiene en este momento el nivel de reservas internacionales más bajo desde 1995, por primera vez en 21 años su nivel ha caído por debajo de 10 mil millones de dólares”, refirió el investigador.

“El gobierno no tiene suficientes dólares para seguir liquidándolos en subastas Dicom, en consecuencia”, destacó, “es una cortina de humo perfecta para evadir ese colapso del sector externo”.

Puente consideró que se trata de “una decisión equivocada y es poco probable que tenga éxito, por varias razones: 1) el 80% de las transacciones comerciales que se hacen en el mundo, se hacen en dólares y euros. 2) Venezuela tiene una economía que hace sus transacciones naturales en dólares, porque su principal socio comercial, tanto por exportaciones como por importaciones, es Estados Unidos. Para una economía que tiene un vínculo tan poderoso con ese país y su moneda, se hace mucho más difícil hacer este cambio; más,  cuando implica una canasta de monedas con rublos y rupias que no son referencia en el mundo”.

Sugirió  “destrancar el juego recesivo de la economía, el país  tiene cuatro años consecutivos de recesión, es la primera vez en la historia que presenta una recesión tan prolongada; en este lapso ha habido una caída  de  35% del Producto Interno Bruto y una de las piedras de tranca para romper este ciclo, es desmontando el control de cambio ya agotado, por uno único y competitivo”. En su opinión “inevitablemente Venezuela tiene que buscar ayuda internacional para fortalecer las reservas y  proporcionar dólares  al aparato productivo”.

Los ex presidentes que conforman el grupo de Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA)  alertaron a los países americanos de las actuaciones del régimen de Nicolás Maduro contra los venezolanos a través de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y grupos paramilitares.

En un comunicado firmado por Oscar Arias y Laura Chinchilla, de México, Vicente Fox y Andrés Pastrana de Colombia, entre otros, los ex mandatarios apelan a la intervención del  papa Francisco para “ponerle freno al desbordamiento dictatorial en Venezuela y pueda abrir espacios  para una transición”.

Hicieron una alerta ante los gobiernos de los Estados partes de la Organización de Estados Americanos (OEA), acerca del clima de abierta represión y de afirmación de la dictadura de Nicolás Maduro mediante violencia inaudita con desprecio sin precedentes por los elementos esenciales de la democracia y componentes fundamentales.

A continuación el comunicado completo:

ALERTA A LOS GOBIERNOS AMERICANOS Y APELACIÓN AL VATICANO 

Los ex Jefes de Estado y de Gobierno firmantes de las declaraciones de Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) hacen un nuevo alerta ante los gobiernos de los Estados partes de la Organización de Estados Americanos, acerca del clima de abierta represión y de afirmación de la narco-dictadura de Nicolás Maduro Moros en Venezuela – como la muestran los informes del Secretario General de la OEA – mediante una violencia inaudita, con desprecio sin precedentes por los elementos esenciales de la democracia y los componentes fundamentales de su ejercicio, tal y como los enuncia la Carta Democrática Interamericana.

Los gobernantes democráticos del Continente y los europeos son conscientes del esfuerzo de lucha pacífica y democrática que despliega el pueblo venezolano para defender sus libertades, a cuyo efecto, en rechazo de lo anterior y de la grave crisis humanitaria que a la vez le afecta, optó por la realización de una consulta popular legítima el pasado 16 de julio – el ejercicio del voto frente a la agresión de las armas de quienes le oprimen – ordenada por la Asamblea Nacional en ejercicio de sus competencias constitucionales y que ha implicado un triple mandato afirmativo de la soberanía: (1) La orden dirigida a Nicolás Maduro Moros, para que suspenda la inconstitucional asamblea constituyente corporativa que ha convocado de forma unilateral, desconociendo el principio del voto universal, directo y secreto, para el venidero día 30 de julio; lo que han denunciado igualmente las instituciones y academias más reconocidas del mundo en materia constitucional; (2) la exigencia a la Fuerza Armada para que respete el orden constitucional y su legalidad democrática; y (3) el mandato para que se proceda a la renovación de los poderes públicos de acuerdo a lo establecido a la Constitución, y a la realización de elecciones libres y transparentes así como la conformación de un gobierno de unidad nacional para restituir el orden constitucional.

Hemos de rechazar y denunciar, en consecuencia, tanto las actuaciones del gobierno represor de Maduro a través de miembros de la Fuerza Armada y sus grupos paramilitares, que sigue dejando víctimas mortales, heridos y encarcelados a diario en todo el país, y las detenciones que, sin la intervención del Ministerio Público y de modo arbitrario ha ordenado en contra de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia recién electos por la Asamblea Nacional, ejecutadas por miembros de la policía política.

El empeño de consolidar de modo definitivo la dictadura, con su inconstitucional Asamblea corporativa y el costo en un centenar de vidas y atentados a la integridad personal de miles de personas que viene significando, junto al desconocimiento por el presidente Maduro de los mandatos que contiene la consulta popular realizada, no puede seguir concitando la mirada pasiva de algunos gobernantes de las Américas. Ellos, abroquelados en la defensa de supuestos intereses – que se tornan espurios ante la relevancia de las violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos que ocurren – manchan de sangre por omisión a sus respectivas políticas exteriores.

Apelamos, una vez más, a la autoridad moral de Su Santidad Francisco, cuya palabra y acción, en esta grave circunstancia que padecen y sufren todos los venezolanos, sin distingos, puede ser capaz de ponerle freno al desbordamiento dictatorial en Venezuela y abrirle espacios para una transición que, fundada en los resultados de la citada consulta popular y la liberación de los presos políticos, devuelva la paz y la concordia en esa querida nación, que fuera cuna de la libertad.

27 de julio de 2017

Oscar Arias, Costa Rica

José María Aznar, España

Nicolás Ardito Barletta, Panamá

Belisario Betancur, Colombia

Armando Calderón Sol, El Salvador

Rafael Ángel Calderón, Costa Rica

Laura Chinchilla, Costa Rica

Alfredo Cristiani, El Salvador

Vicente Fox, México

Lucio Gutiérrez, Ecuador

Luis Alberto Lacalle, Uruguay

Jamil Mahuad, Ecuador

Mireya Moscoso, Panamá

Andrés Pastrana, Colombia

Jorge Tuto Quiroga, Bolivia

Miguel Ángel Rodríguez, Costa Rica

Fernando de la Rúa, Argentina

Álvaro Uribe V., Colombia

Nicolás Maduro, presidente de la República, propuso que aquellos funcionarios públicos acusados de “robar al pueblo” sean detenidos y llevados a la cárcel.

“Quienes hayan robado al pueblo y saboteado las empresas públicas, como Pdvsa, habrá que meterlos presos y hacerlos trabajar el campo. Funcionario al que se le descuba saboteando y robando al pueblo, será destituido y puesto preso inmediatamente”, aseguró durante una movilización en el Palacio de Miraflores.

El mandatario señaló que los trabajadores de comunas y de los otros sectores públicos del país deberían trabajar de manera transparente para asegurar que “el proceso revolucionario” funcione apropiadamente.

Por otra parte, el jefe de Estado hizo referencia a la participación de Donald Trump este martes en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde criticó el modelo socialista implementado por el régimen venezolano.

“Yo reto a Donald Trump, a que hagamos un debate donde usted quiera sobre el sistema del socialismo bolivariano que Venezuela ha fundado”, expresó.

El precio de la canasta alimentaria familiar registró el mes pasado otro récord. Se ubicó en 2.012.556,55 bolívares, un alza de 39,4% con relación al mes previo y un incremento de 424,2% en comparación con agosto del año pasado, informó el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros.

El Cendas precisó que en agosto una familia de 5 miembros debía reunir 20,6 salarios mínimos (97.531,56 bolívares) para poder adquirir los 58 alimentos que integran la cesta. Por día la familia tenía que disponer de 67.085,21 bolívares.

Añadió que en agosto aumentaron todos los rubros de la canasta alimentaria. El grupo que presentó más variación fue el de salsa y mayonesa, que pasó de 22.378,27 bolívares a 37.897,72 bolívares, un repunte de 69,4%. La salsa de tomate de 910 gramos, por ejempló, subió de 8.873,12 bolívares a 24.391,66 bolívares, 174,9%.

El segundo grupo que más repuntó fue el de la leche, quesos y huevos, que varió de 220.242,47 bolívares a 369.129,90 bolívares, un alza de 67,6%. El Cendas refirió que el cartón de huevos (30 unidades) se elevó a 34.946,66 bolívares. Es decir, que cada huevo cuesta 1.164,88 bolívares.

El rubro de grasas y aceites fue el tercero que más se incrementó: de 36.008,49 bolívares a 59.011,18 bolívares, un aumento de 63,9%. El organismo destacó que el aceite de maíz estuvo escaso y en los pocos locales que se conseguía lo vendían en 16.438,09 bolívares el litro.

En el caso del grupo de carnes y sus preparados, la variación fue de 52,6%. El Cendas destacó que el kilo de carne para bistec pasó a 25.478,26 bolívares y el de pollo a 16.062 bolívares.

Además, el grupo de azúcar y sal repuntó 48,6%; café 35,1%; cereales y productos derivados 31,7%; frutas y hortalizas 24,1%; pescados y mariscos 21,1%; granos 15,3%; y raíces, tubérculos y otros 8,9%.

El centro de documentación agregó que el mes pasado 14 de los 58 productos (24,13%) que integran la canasta alimentaria presentaron problemas de escasez. Entre ellos, leche en polvo, margarina, azúcar, aceite de maíz, queso amarillo, arvejas, lentejas, arroz, harina de trigo, pan, pastas alimenticias, harina de maíz, café y mayonesa.

LA CIFRA

13.900 bolívares es el precio promedio en el que se conseguía un almuerzo ejecutivo el mes pasado, según el Cendas. El monto del ticket de alimentación era de solo 5.100 bolívares diarios.

Petróleos de Venezuela está imposibilitada de satisfacer la demanda del mercado interno de derivados de hidrocarburos como la gasolina porque no cuenta con el flujo de caja suficiente para pagar al contado a los proveedores internacionales, dado que ellos ya no le dan crédito, aseguraron fuentes del sector sindical.

“Con el colapso de las refinerías en el país desde 2013, Pdvsa se ve obligada a importar casi todo el combustible que requiere el consumo interno, pero por no honrar sus compromisos ha perdido la confianza de los proveedores internacionales, que prefieren desviar los cargamentos a clientes que cancelan cash”, manifestó José Bodas, directivo de la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela.

El dirigente precisó que el mercado doméstico representa para la petrolera un gasto de 12 millardos de dólares al año, de los cuales no tiene disponibilidad. Ese monto es para la importación de 200.000 barriles diarios de gasolina y 70.000 barriles de diesel.  A esto se agrega la compra de entre 50.000 y 70.000 barriles diarios de crudo liviano utilizados como diluyente para mejorar el petróleo pesado de la faja del Orinoco.

“Las compañías se cansaron de que Pdvsa deje pasar un mes o más con los buques llenos de combustible atracados en los muelles venezolanos hasta que la empresa les cancele el cargamento”, dijo el sindicalista. Agregó que por cada día sin descargar el combustible del buque la empresa es penalizada con una multa de 24.000 dólares.

Bodas insistió en que esta situación y la casi paralización de las operaciones de las refinerías del país, originan los problemas de escasez de combustible desde hace meses en las estaciones de servicio del interior del país, pero que “ya está llegando a las grandes ciudades como Barcelona-Puerto La Cruz, Maturín, Puerto Ordaz, Valencia e incluso zonas de Caracas”.

El gobierno evalúa implementar un sistema de bandas para poder determinar el nuevo precio de los alimentos que forman parte del llamado Plan 50, anunciado por el gobernante Nicolás Maduro el jueves 7 de septiembre.

Desde la semana pasada los ministros: de Agricultura y Tierras, Wilmar Castro Soteldo; de Economía, Ramón Lobo, y de Alimentación, Luis Alberto Medina, así como representantes de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos se han estado reuniendo con productores de distintos rubros, para informarles lo que se pretende hacer con el plan.

Los representantes del gobierno establecieron mesas de trabajo, por rubro, e insistieron en que a diferencia de años anteriores ahora los alimentos no van a tener un precio regulado por varios meses o años, sino que se va a acordar con los productores cuáles deben ser los nuevos montos.

“Nos hablaron de trabajar con un sistema de bandas que refleje los costos de producción y cómo estos se van moviendo. Sería algo público. La idea es que los precios que se establezcan estén dentro de las bandas”, afirmó Roger Figueroa, presidente de la Cámara Venezolana de Industrias Lácteas.

Otra fuente del sector lácteo, que participó en las reuniones, coincidió en que las bandas es una de las estrategias que se está evaluando. “El miércoles 13 de septiembre nos reunimos en la sede del MAT y nos dijeron que vamos a un sistema concertado de bandas, pero los encuentros van a continuar”.

La fuente aseguró que hoy se llevará a cabo otra reunión entre los representantes del gobierno y los productores para continuar debatiendo el tema. “Hasta el momento los encuentros han sido bastante amenos. Quedó claro que no tiene sentido seguir haciendo lo de antes. No sirve que nos pidan una estructura de costos y fijar un precio, porque con esta inflación que tenemos al día siguiente ya esa estructura y el precio quedan rezagados y el productor empieza a tener pérdidas”.

El ministro Castro Soteldo aseguró el miércoles 13 que para hoy está previsto dar a conocer cuál será el nuevo precio de varios rubros.

Fuentes de información. “Otra de las cosas que dijeron los ministros en la reunión es que no había recursos para importar más leche en polvo y se les pidió a los productores que apoyen la industria nacional”, añadió Carlos Albornoz, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, quien también ha participado en los encuentros.

El directivo cree que el gobierno usará datos del Programa Integral para el Desarrollo Lechero, para tener una referencia de los costos.

Pidel hace encuestas a los productores cada 15 días y con la información se hace una serie de cálculos que son publicados posteriormente, dijo Albornoz.

Fedenaga pidió que para los precios de la carne, también se tome como referencia los números que maneja la Asociación Venezolana de Frigoríficos y Mataderos Industriales.

“Quedamos en que se van a tomar en consideración los precios que hay en este momento y que además se van a respetar todos los procesos que interfieren para poder llevar la carne del campo a los hogares”.

Recordó que el precio de un animal en pie es diferente al precio que tiene cuando se lleva al matadero y posteriormente a la carnicería. “Anteriormente se ponía un precio regulado a discreción de un solo funcionario, sin conocimiento en los procesos”.

En los encuentros, los productores han manifestado que necesitan más seguridad. Albornoz repudió el asesinato del productor Joaquín Herrera, de 41 años de edad, y de su hijo de 13 años de edad, ocurrido el domingo en Cojedes.

El dato

En enero de 2013, el Ejecutivo también estuvo evaluando la posibilidad de implementar un esquema de bandas de precios, pero para los productos que no estaban regulados. La entonces ministra de Comercio Edmée Betancourt aseguró que su despacho estaba revisando las estructuras de costos, con la intención de “neutralizar” los aumentos.