La última vez que el gobierno de Nicolás Maduro le permitió al Banco Central de Venezuela y al Instituto Nacional de Estadísticas publicar los datos de las mediciones del índice nacional de precios al consumidor fue en diciembre de 2013. Desde entonces han transcurrido 35 meses sin que los venezolanos conozcan el comportamiento de los precios de los bienes que consumen.
El ocultamiento de los indicadores económicos y sociales comenzó en el gobierno de Hugo Chávez, pero se afianzó como política de Estado con Maduro, según un documento elaborado por los diputados del partido Primero Justicia, que será presentando por la Comisión de Finanzas. “No solo es un atropello contra Venezuela, sino que también es ilegal porque viola los artículos de la Constitución referidos al principio de la transparencia en la gestión pública (artículos 141 y 331), lo que genera efectos negativos en lo económico para la República como se evidencia en el encarecimiento de la deuda externa, entre otros aspectos”, destaca el informe.
Los diputados también responsabilizan al Ministerio de Finanzas de haber obviado la publicación de un indicador clave como el de gestión fiscal. “Todo ello obedece a una política del gobierno para que no se conozca la realidad económica y social de Venezuela”, afirman.
Las estadísticas que llevan más tiempo desaparecidas son las de la industria manufacturera, las cuales se desconocen desde hace 12 años. Las últimas cifras cuya divulgación fue prohibida fueron las de la deuda pública externa e interna, que debieron ser publicadas hace mes y medio.
Las importaciones y exportaciones, los ingresos y egresos de divisas del BCV y la balanza de pago dejaron de difundirse hace 13 meses; mientras que el producto interno bruto nominal, que muestra el crecimiento de la economía, lleva 23 meses sin ser presentadas.
El índice de escasez se oculta desde hace 34 meses, justo en el momento en que se agudizó el desabastecimiento de productos básicos en abastos, supermercados y mercados municipales. Un mes antes, Maduro había ordenado no mostrar el índice de remuneración de los asalariados, señala el informe.
El coeficiente de Gini –que era uno de los índices preferidos del ex ministro de Planificación, Jorge Giordani– tiene 35 meses sin publicarse y hace 45 meses se prohibió suministrar la información estadística referida a cada uno de los estados.
El documento refiere que la encuesta Nacional de Consumo de Alimentos dejó de ser divulgada hace 29 meses, los indicadores básicos de salud no se conocen desde hace 59 meses y los indicadores básicos de educación desde hace 35 meses. El anuario de mortalidad anual no se difunde desde 2013.
Desde hace 16 meses tampoco se han expuesto las estadísticas oficiales como las relacionadas con la pobreza por necesidades básicas insatisfechas y con la pobreza por línea de ingreso. Desde hace 35 meses no se muestran cifras oficiales sobre el índice de desarrollo humano y el PODE (Petróleo y Otros Datos Estadísticos).
El informe indica que según el BCV, la República se inscribió en el Sistema General de Divulgación de Datos el 29 de marzo de 2001. En ese momento fue cuando se decidió asignar la coordinación nacional de ese sistema al instituto emisor a través de la Gerencia de Estadísticas Económicas. “El Sistema General de Divulgación de Datos aborda tres esferas fundamentales: la calidad de los datos, planes de desarrollo de sistemas estadísticos y divulgación de datos. Estas tres esferas prioritarias constituyen colectivamente una sólida base sobre la cual podrán formularse políticas a largo plazo de desarrollo estadístico”. Pero como están ausentes, nada de esto puede llevarse a cabo, señala el documento.
