Acuerdo de convivencia democrática proponen los facilitadores25/01/2017

Pasar a una segunda fase del diálogo Gobierno-Oposición “sin condicionamientos mutuos”,  que incorpore las lecciones previas  e incluya un mecanismo de seguimiento, verificación y garantías de los convenios, figuran entre las recomendaciones planteadas en el proyecto de “Acuerdo de Convivencia Democrática” propuesto por el grupo de acompañantes en el interrumpido proceso de negociaciones entre representantes del Ejecutivo nacional y de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

En el documento, de carácter privado, entregado por el grupo de mediadores de Unasur a las partes que integran la mesa de negociaciones, se considera que, con base a los resultados alcanzados y las experiencias recogidas durante los encuentros efectuados durante los meses comprendidos entre octubre y diciembre de 2016, que existen puntos coincidentes “para una nueva fase del diálogo que esperamos formen parte de un Acuerdo de Convivencia Democrática”

En el cuerpo de propuestas se insiste en primer lugar en la necesidad del reconocimiento mutuo  y el respeto a la institucionalidad entre las partes en conflicto. Igualmente, se propone  la conformación de una “Plenaria Conjunta” en la que participen cuatro delegados de cada sector del diálogo, y de la  que formen parte también representantes de la Santa Sede, la Secretaría General de UNASUR, representada por el Director de Asuntos Políticos y Defensa y los expresidentes Leonel Fernández, José Luis Rodríguez Zapatero y Martín Torrijos.

Temas y Objetivos estratégicos
Cuatro son los aspectos fundamentalmente abordados en el documento de los acompañantes, en los cuales se establecen exigencias puntuales a todos los Poderes de los cuales dependa el éxito de las negociaciones, como celebrar elecciones previstas en la Constitución;  establecer comisiones de la verdad y la justicia y, entre otras, solventar los problemas de producción e importación, sin que puedan interpretarse como medidas  injerencistas. Son ellos:

1) La Paz, el respeto constitucional y la convivencia institucional, en cuyo tema se plantea, entre otros, la normalización del ejercicio de las funciones, donde  se insta a la Asamblea Nacional (AN)  a apegarse al texto constitucional y a las normas del país en la adopción de las medidas que permitan el ejercicio de sus competencias, así como desincorporar en elección plenaria a los diputados de Amazonas; exhortar al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a  superar la situación planteada en ese Estado y que se encomiende al Consejo Nacional Electoral la convocatoria a nuevas elecciones en una fecha sugerida por las partes, así como determinar la superación la situación de desacato de la AN; restituir las funciones de la Asamblea y evaluar los alcances de los decretos de Emergencia Económica y su impacto.

 2) Verdad y Justicia, estableciendo las subcomisiones de la verdad, la cual deberá definir los hechos de violencia y las fórmulas de reparación y reconciliación, incluyendo una propuesta sobre los casos que puedan tener consecuencias judiciales, así como la revisión, verificación y respuesta a la situación de las personas privadas de libertad, con base en los insumos proporcionados por la MUD

3) Situación socioeconómica, que contemple la implementación de medidas para el abastecimiento de medicamentos y alimentos dirigidas a contribuir a solventar los problemas relacionados con su producción e importaciónsin que se interprete como injerencistas; la revisión por parte de la AN de los acuerdos de financiamiento suscritos por el Gobierno nacional con miras a lograr su aprobación para lograr el desarrollo de la economía del país, entre otros.

4) Institucionalidad y Cronograma Electoral, en el cual se defina la cooperación conjunta, en el marco institucional, para exhortar al TSJ que se pueda proceder, conforme corresponda,  a cooperar en el nuevo nombramiento de los dos rectores del CNE, previa presentación por ambas partes de los candidatos; así como la aprobación del cronograma electoral para la realización de las elecciones de gobernadores y alcaldes durante el año en curso, y la elaboración al correspondiente para el 2018., y el seguimiento y verificación para ambos casos.

Condicionamiento
Que el proceso no sea utilizado con fines partidistas; mantener el respeto  y la convivencia entre las partes, así como la confianza en la neutralidad de la tarea y propuestas de los acompañantes, quienes asumirían la responsabilidad de comunicar los resultados, previa notificación a las partes.