Un total de 110 Organizaciones No Gubernamentales, incluso 19 sedes regionales del Colegio de Abogados, académicos y miembros de la sociedad civil exigen la renuncia del defensor del Pueblo, Tarek William Saab, por su respaldo público a la sentencia 155 de la Sala Constitucional que suprimió la inmunidad parlamentaria.
Rafael Uzcátegui, coordinador de Provea, informó que la petición fue formulada en una carta entregada ayer en el despacho del defensor.
Dijo que repudian que William Saab, presidente del Consejo Moral Republicano, manifestara públicamente su apoyo al fallo del Tribunal Supremo de Justicia, en declaraciones ofrecidas el 29 de marzo, sin que esta fuera la posición del organismo. Las ONG consideran que hay divergencia de criterios, como se evidenció el 31 de marzo cuando la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, una de las integrantes del Consejo, criticó los dictámenes 155 y la 156, y denunció la ruptura del hilo constitucional.
“El apoyo del defensor del Pueblo a la sentencia no solo es fraudulento por no haber sido resultado de un consenso entre los miembros del Consejo Moral Republicano; también constituye un menosprecio de la institución parlamentaria, de la que él mismo fue parte, en abierta violación a la Constitución y al Estado de Derecho”, indicó Uzcátegui.
Las ONG indicaron que el defensor ha asumido, sin pudor, su respaldo al gobierno y no ha resguardado los derechos humanos ni ha protegido a las víctimas. Uzcátegui afirmó que el funcionario no ha tomado las medidas para corregir las actuaciones de la Defensoría, organismo señalado por su falta de independencia por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Recordó que los fallos del TSJ han sido considerados por juristas como un golpe de Estado.
“En contraste, el primer defensor del Pueblo de Perú, Jorge Satistevan de Noriega, ejerció una función valiente ante la ausencia de democracia durante el gobierno de Alberto Fujimori”, argumentaron las ONG, colegios de abogados y miembros de la sociedad civil.
Subrayaron en la misiva que, en medio de la crisis del país, urge un funcionario que “se coloque al lado de las víctimas de las graves violaciones a derechos humanos que ocurren diariamente, cuyas manifestaciones más evidentes son el aumento de la pobreza, el hambre, la falta de acceso a medicinas y a la atención en salud en general, así como la pérdida de vidas producto de la violencia”.
Carlos Correa, director de Espacio Público, señaló que las víctimas no encuentran eco en la Defensoría: “En la Defensoría prevalecen motivaciones de naturaleza política partidista. El defensor no cumple con los estándares que le obligan la Constitución y los estándares internacionales de los derechos humanos”, expresó.
Diputado detenido.
Ligia Bolívar, directora del Centro de Derechos Humanos de la UCAB, recordó que en abril de 2002 fueron las ONG las que atendieron el llamado del entonces diputado Tarek William Saab ante la violación de sus derechos.
“Cuando las organizaciones hemos hecho monitoreo, enviado, como corresponde, informaciones sobre la Defensoría del Pueblo y como no cumple con sus atribuciones, nos han llamado golpistas. Las ONG rechazamos el golpe de Estado de 2002, porque no fue un impasse ni un vacío de poder, y nos trasladamos a la Disip para velar por la integridad personal del único diputado preso, Tarek William Saab. Resulta doblemente indignante que ese señor tenga un desprecio como el que ha manifestado por la Asamblea Nacional y la inmunidad parlamentaria. Eso es suficiente para pedir su renuncia, por su desprecio a una institución que no solo es la base de la democracia, sino de la que él formó parte”, subrayó.
IPYS llama a defender libertades
El Instituto de Prensa y Sociedad Venezuela realizó ayer en la noche una protesta por Twitter denominada “Un minuto de silencio por la libertad de expresión”. La organización exigió que se respete este derecho constitucional. En la presentación del Estudio Censura y Autocensura 2016, IPYS destacó: “Un país sin información es un país a retazos, aislado y a la deriva”.
El estudio fue expuesto por la directora ejecutiva de IPYS, Marianela Balbi, y la directora de Libertades Informativas, Mariengracia Chirinos. Destacaron que el año pasado, mientras las protestas pacíficas eran reprimidas, pocos medios de comunicación informaban.
Indicaron que la bandera de la censura la tienen los poderes públicos: 64% de los 252 periodistas consultados reportó restricciones para acceder a la información del CNE. 82% de los periodistas cree que la opacidad se concreta mediante el ocultamiento y las trabas para acceder a documentos y datos oficiales sobre política, economía y aspectos sociales.
